FGR pide extradición de Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont; está acusado de delincuencia organizada
La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que solicitó la extradición del empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la exconductora de televisión, Inés Gómez Mont, quien cuenta con dos órdenes de aprehensión.
En un comunicado, la FGR informó que Víctor Manuel “N”, cuenta con orden de aprehensión vigente por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, dentro de la Fiscalía Especializada. Además de una orden de aprehensión vigente, por defraudación fiscal, en la Fiscalía Especializada de Control Competencial de la FGR.
La Agencia de Investigación Criminal (AIC), en su momento, solicitó, a INTERPOL la emisión de una ficha roja de localización para la detención internacional, la cual fue concedida, publicada y se encuentra vigente.
“Por otra parte, la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales de la FGR solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores, el trámite ante las autoridades estadounidenses para obtener la detención provisional con fines de extradición en este caso”, dice el comunicado.
Desde el 17 de octubre, un Juez migratorio estadounidense determinó la deportación de Álvarez Puga, ante lo cual, sus abogados recurrieron esa orden de deportación, por lo que la autoridad se pronunciará el 12 de noviembre sobre la procedencia de su envío a México.
Actualmente, Víctor Manuel “N”, se encuentra recluido en las instalaciones migratorias de Miami, Florida.
#FGRInforma | Víctor Manuel “N”, cuenta con órdenes de aprehensión vigentes por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal, por parte de #FEMDO y #FECOC de la #FGR. 1/3 pic.twitter.com/EE7XOkvtmu
— FGR México (@FGRMexico) October 28, 2025
Tribunal de Florida bloquea su traslado fuera del distrito
Un tribunal federal en Estados Unidos ordenó que Víctor Manuel Álvarez Puga reciba una audiencia individualizada de fianza o que sea liberado, y prohíbe a las autoridades transferirlo fuera del distrito mientras se cumple la orden judicial.
La resolución emitida el 15 de octubre por el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida responde al recurso presentado por Álvarez Puga, quien cuestionaba la legalidad de su detención por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) el 24 de septiembre de 2025. Tras su arresto, fue trasladado al centro de detención Krome North SPC en Miami, Florida, donde permanece recluido.
Luego de la detención, el ICE indicó que Álvarez Puga estaba sujeto a detención obligatoria al considerarlo un “solicitante de admisión” al país.
En la resolución judicial, la jueza Cecilia M. Altonaga señaló que Álvarez Puga “es un ciudadano mexicano, empresario y sin antecedentes penales en Estados Unidos”, y que su ingreso al país ocurrió el 14 de enero de 2021 como no inmigrante, con autorización hasta el 13 de julio de 2021.
Posteriormente, salió hacia Las Bahamas el 9 de julio de 2021, con regreso programado para el 21 de julio, aunque no abordó el vuelo de retorno.
En su lugar, ingresó a Estados Unidos el 10 de julio de 2021 por vía marítima; aunque aparentemente contaba con tarjeta de cruce válida, no fue inspeccionado por un oficial de inmigración.
Desde esa fecha, Álvarez Puga ha permanecido de manera continua en Estados Unidos hasta su detención en septiembre de 2025.
En julio de 2022, el empresario presentó una solicitud de asilo ante la United States Citizenship and Immigration Services (USCIS) argumentando persecución en México por sus “creencias políticas conservadoras” y un “temor de regresar a México debido a su opinión política y pertenencia a un grupo social particular”.
¿De qué acusan a Inés Gómez Mont y Victor Manuel Álvarez Puga?
Desde 2019, la FGR inició las carpetas de investigación en contra de Inés Gómez Mont y de su esposo Víctor Álvarez Puga, así como de otras cinco personas identificadas como Edgardo Mauricio “V”, Rosario “A”, Margarita “C”, Ricardo “P”, Mauricio “R” y siete empresas, de los cuales tres están recluidos en centros federales de justicia penal.
“Todas estas personas, físicas y morales, probablemente se coludieron para simular operaciones y dotar de recursos a esa organización criminal; bajando cargas tributarias y ocultando operaciones, dificultando, de esa manera, el rastreo de esos recursos”, informó la Fiscalía.
Por este motivo fueron liberadas fichas rojas en contra de los presuntos implicados, quienes huyeron del país.
La conductora de televisión y el empresario han sido investigados por presunta evasión fiscal, desvío de recursos públicos con empresas fantasma, delincuencia organizada, lavado de dinero y cohecho.
De acuerdo con las investigaciones para cometer los ilícitos antes mencionados, los presuntos implicados celebraron diversos contratos con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, de la Secretaría de Gobernación, utilizando comprobantes fiscales digitales por internet para encubrir “operaciones falsas y aparentaban actos de comercio y prestación de servicios que no se realizaban”.
Esta supuesta organización criminal estaba a cargo tanto de Gómez Mont como de su marido, quienes presuntamente operaban con supuestos representantes de las empresas investigadas.
Sin embargo, en 2022 se informó que la FGR falló en acreditar que ella y su esposo fueron los supuestos líderes del entramado delictivo mediante el cual se realizaron dichos desvíos, así como los principales beneficiados.
En total, la FGR acreditó que Gómez Mont recibió depósitos por 14 millones 843 mil 816 pesos, que equivalen al 0.5% de los más de 2 mil 500 millones presuntamente desviados. Y en el caso de su esposo, Álvarez Puga, la fiscalía acreditó operaciones por menos de 250 mil pesos.
En abril de 2023, un tribunal federal invalidó la orden de aprehensión en contra de la conductora Inés Gómez Mont Arena por el supuesto delito de defraudación fiscal.
