El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) multó al PRI con casi 98 millones de pesos por la ejecución de la Operación Safiro en Chihuahua, en la que se detectó la triangulación de 39 millones de pesos que salieron de la administración del exgobernador César Duarte y terminaron en las arcas del partido.
Pese a la insistencia de los representantes del PRI, Hiram Hernández y Marco Mendoza, y de los consejeros electorales Adriana Favela y Uuc-Kib Espadas, de regresar la investigación a la Comisión de Fiscalización, la multa fue aprobada por nueve votos a favor y dos en contra, de Favela y Espadas.
La Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del INE documentó la triangulación de 39 millones 166 mil pesos que salieron de la Secretaría de Hacienda local durante la administración de Duarte y que fueron entregados al Comité Estatal del PRI en Chihuahua, institución que los usó para el pago de nómina de los 65 comités municipales, cubrir los gastos ordinarios del partido, dispendio de apoyos a deportistas para acudir a eventos nacionales e internacionales, y otorgar subvenciones para personas que padecían alguna enfermedad.
De acuerdo con el proyecto de resolución aprobado, se documentó que en 2015 la Dirección de Recursos Humanos, perteneciente a la Secretaría de Hacienda del gobierno de Chihuahua, emitió 12 cheques mensuales, cuyos montos rondaban los 3 millones de pesos.
Los cheques fueron soportados con recursos de la cuenta bancaria de BBVA Bancomer perteneciente a la secretaría, que estaba destinada para el pago de compensaciones salariales a los empleados del gobierno del estado, las cuales fueron retenidas ilegalmente a los servidores públicos.
Los recursos provenientes de los cheques fueron depositados a otra cuenta bancaria del mismo banco perteneciente a la empresa Servicio Pan Americano de Protección. Al hacer efectivo el dinero, el personal de la corporación lo regresaba a la Secretaría de Hacienda, a cargo de Joaquín Francisco Hernández Vega, quien lo resguardaba en las cajas fuertes de la bóveda de la propia Tesorería del gobierno estatal.
También se encontró que Hernández Vega entregó personalmente el dinero en efectivo a Pedro Mauli Romero Chávez, representante de Finanzas del PRI en el estado, bajo el concepto de “apoyo extraordinario”, por un monto total por 39 millones 166 mil pesos, en las propias instalaciones del gobierno estatal. Al recibir el dinero público, Romero Chávez firmó a cambio 13 recibos simples.
Los recursos provenientes del erario fueron entregados desde el 30 de enero al 18 de diciembre de 2015. En ese año, se realizaron comicios federales para la elección de los diputados federales y en 2016 se organizaron procesos electorales para la renovación de la gubernatura de Chihuahua, los 67 ayuntamientos y 33 diputaciones locales.
Pagos en ministraciones
La investigación sobre el desvío de los recursos de la Operación Safiro en Chihuahua tomó cinco años a la Unidad Técnica de Fiscalización.
Y, al final, el Consejo General del INE impuso una multa por 97 millones 916 mil 665 pesos, con lo que se le reducirá el 25% de la ministración mensual que recibe el partido tricolor en el concepto de financiamiento público para actividades ordinarias permanentes hasta alcanzar el monto establecido.
De acuerdo con una investigación del equipo de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, la Operación Safiro también ocurrió en otras seis entidades más, en las que se desviaron 650 millones de pesos a través de empresas fantasmas, dinero que fue utilizado para el financiamiento de campañas electorales priistas.
Durante la sesión extraordinaria de ayer, los representantes del PRI ante el INE insistieron en diferentes ocasiones en que la investigación se regresara a la Comisión de Fiscalización, solicitud rechazada por la mayoría de los consejeros.
El argumento principal que presentaron los priistas por más de dos horas fue que la investigación de la UTF se basaba en el testimonio de Romero Chávez, que presuntamente se obtuvo bajo tortura.
“Este caso se trató de una confesión arrancada con violencia y hay elementos de la carpeta penal que se están tomando en cuenta para la sanción, creo que sería una grave equivocación”, insistió Marco Mendoza.
Los priistas insistieron en que el caso de tortura fuera considerado en la indagatoria, pues aún había tiempo para continuar con la investigación, debido a que la fecha límite de conclusión era en noviembre próximo.
En tanto, Hiram Hernández insistió en que el INE carecía de pruebas que acreditaran que el dinero en efectivo ingresó a las arcas del PRI en Chihuahua.
“En el expediente no existe prueba, indicio, recibo, estado de cuenta, transferencia bancaria o testimonio alguno que permita desprender que durante el año 2015 a las finanzas del PRI hubiesen ingresado recursos provenientes del gobierno local recibidos por el entonces secretario de Finanzas del PRI estatal”, defendió.
Así, en sus intervenciones, Mendoza expuso que la multa por casi 98 millones de pesos afectaría la operación del partido político.
Consejeros defienden el proceso
Con excepción de Favela, los consejeros defendieron la solidez de la investigación. Aseguraron que contaba con pruebas para acreditar las acusaciones, con independencia del caso de tortura.
El consejero Jaime Rivera, presidente de la Comisión de Fiscalización, alegó que el PRI no presentó este caso de tortura en el emplazamiento ni en el periodo de garantía de audiencias durante los alegatos de la investigación, en febrero.
Además, sostuvo que contaban con 13 documentos de recibido que fueron firmados por el extesorero del PRI en Chihuahua, los cuales fueron sometidos a pruebas periciales.
En defensa de la investigación, el consejero José Roberto Ruiz Saldaña criticó el argumento de Hernández que solicitó pruebas de que el dinero entró a las arcas del partido, debido a que difícilmente se puede seguir el rastro del dinero efectivo; sin embargo, aseguró que la indagatoria es sólida porque se sostiene en otras pruebas.
En su participación, el consejero Ciro Murayama Rendón comentó que la investigación también aportaba datos obtenidos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), con lo que se acreditaban las transferencias realizadas desde el gobierno estatal y los ingresos percibidos por la empresa.
Además, comparó el caso de la Operación Safiro con otros actos de corrupción como Pemexgate, Amigos de Fox y los diezmos de Texcoco.
La sanción al PRI ocurrió ayer en una de las últimas sesiones que presidirá en el INE el consejero Lorenzo Córdova, quien dejará el cargo el lunes 3 de abril.
Ayer mismo, el consejo presidente encabezó su última sesión de la Junta General Ejecutiva, órgano técnico-administrativo del INE integrado por directores ejecutivos y titulares de unidades técnicas, quienes desde hace un mes presentaron sus renuncias al cargo, válidas a partir del 1 de abril.
Córdova se despidió de sus colaboradores en la sesión matutina de la junta, les agradeció su trabajo y aseguró que se van con la labor cumplida.
Más tarde, en una de las tres sesiones extraordinarias que se celebraron al hilo, aprovechó para agradecer al equipo de intérpretes de lengua de señas mexicana que, desde hace años, llevan a cabo la traducción de las sesiones de Consejo General y de todos los eventos del INE.
Se prevé que el próximo jueves Córdova encabece su última sesión de Consejo General luego de nueve años al frente del instituto.
