Magistrada renuncia a Órgano de Administración Judicial a poco más de cuatro meses de haber sido designada para el cargo
Para entender mejor
La magistrada Lorena Josefina Pérez Romo renunció al Órgano de Administración Judicial (OAJ), a poco más de cuatro meses de haber sido elegida para este cargo. Se trata de la primera gran renuncia de alto perfil tras la elección judicial.
Fuentes judiciales confirmaron a Animal Político la renuncia de la magistrada, que fue designada por el Pleno de la nueva Suprema Corte para ocupar este cargo durante seis años “improrrogables”.
Durante la pasada elección judicial, Pérez Romo participó como candidata a ocupar un puesto como ministra de la Corte; sin embargo, no alcanzó los votos necesarios para ocupar este cargo.
Fue designada a Unidad de Administración en Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado
Desde la madrugada del 2 de septiembre de 2025, a unas horas de ocupar su cargo, las ministras y ministros de la Corte designaron a las y los nuevos integrantes del OAJ, el poderoso ente que administrará el millonario presupuesto asignado al Poder Judicial de la Federación (PJF) y decidirá en qué juzgados y tribunales trabajarán las y los nuevos juzgadores del país.
En sesión privada, los ministros designaron a Pérez Romo, junto con Catalina Ramírez Hernández y José Alberto Gallegos Ramírez, extitular de la Unidad de Administración y Finanzas en el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado.
Días después, Pérez Romo fue designada presidenta de la Comisión de Carrera Judicial y Especialización del OAJ por lo que formó parte de jueces y magistrados federales inician curso exprés sobre los expedientes que les tocará resolver.
Una de las primeras decisiones en las que participó como magistrada del nuevo OAJ fue la decisión de no otorgar el seguro de gastos médicos mayores ni el seguro de separación individualizado al personal de nuevo ingreso de mandos medios y superiores del Poder Judicial de la Federación (PJF).
En respuesta, y aunque en principio estas medidas sólo iban dirigidas al “personal de nuevo ingreso”, trabajadores del Poder Judicial señalaron que con la eliminación de estas dos prestaciones se afectaba su derecho a la movilidad y a los derechos adquiridos por la base trabajadora.
