Colectivo denuncia que obras de Tramo 5 del Tren Maya avanzan con violaciones a la ley; acusa a jueces de complicidad
El colectivo Sélvame del Tren reiteró que se sigue violando la ley ambiental y acusó a jueces de ser cómplices del desastre ambiental por las obras del Tren Maya.
Esto, luego de que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) informara que un juzgado federal en Yucatán negó la suspensión del amparo que buscaba detener las obras de construcción del tramo 5 del Tren Maya.
El director general de Fonatur, Javier May, señaló que se pudo obtener esta resolución ya que el proyecto ferroviario “es legal y no daña el medio ambiente”.
Al respecto, el colectivo Sélvame del Tren insistió en que la ley es clara y no se puede impactar un área sin haber realizado una manifestación de impacto ambiental, tampoco se puede talar o desmontar sin haber realizado previamente el cambio de uso de suelo.
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“El proyecto del tren en la selva maya comenzó sin contar con ninguno de estos procesos legales diseñados para garantizar la salud medioambiental y el correcto uso de los recursos naturales de los mexicanos”.
El colectivo denunció que Semarnat autorizó, después de haberse impactado el área, manifestaciones de impacto ambiental que no representaban la realidad del Tramo 5.
Asimismo, acusaron que el juez Fernando Novelo, titular del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Yucatán, que no tiene en sus funciones verificar si Semarnat está haciendo correctamente su trabajo, levanta las suspensiones definitivas otorgadas por la falta de este documento considerando las autorizaciones entregadas por la Semarnat.
Sélvame del Tren señaló que aún hay más suspensiones y denuncias en vigor en todos los tramos del proyecto.
El Tren Maya: una obra suspendida y reanudada
El Tren Maya, que recorrerá 1,554 km por cinco estados, incluida la turística Península de Yucatán, ha sido objeto de decenas de demandas de pobladores, activistas y organizaciones ambientales.
López Obrador tacha a los inconformes de “pseudoambientalistas” y aseguró que el proyecto intenta saldar una deuda con una de las regiones más empobrecidas de México.
En casi cuatro años de construcción, los trabajos ya han sido suspendidos y reanudados por orden judicial, mientras que el mandatario emitió un decreto que declara sus obras de infraestructura como asunto de “seguridad nacional” para evitar una parálisis.
