El colectivo Pena Sin Culpa solicitó al ministro Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), declarar impedidas a las ministras María Estela Ríos González y Jasmín Esquivel Mossa para conocer dos expedientes relativos al caso García Rodríguez vs México, por el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) condenó al Estado mexicano al considerar que la Constitución viola derechos humanos por el uso de la prisión preventiva oficiosa y el arraigo. 

Se trata del expediente de cumplimiento de la sentencia internacional 3/2023 por el caso García Rodríguez vs México y el amparo directo en revisión 5/2025 promovido a favor de Daniel García Rodríguez, mismos que quedaron en manos de las ministras María Estela y Esquivel Mossa, respectivamente.

La revisión del cumplimiento de la sentencia del caso García Rodríguez vs México, por el que la Corte Interamericana condenó al país, es un asunto que originalmente había quedado en manos del ahora ministro en retiro, Jorge Mario Pardo Rebolledo. 

En su resolución por el caso, emitida en abril de 2023, la Corte Interamericana ordenó al Estado mexicano reformar la Constitución para que la prisión preventiva sea justificada, con valoración judicial, y no aplicada de forma automática.  

Sin embargo, debido a que el ministro fue sustituido, producto de la reforma judicial, el expediente quedó en manos de la ministra María Estela Ríos González. 

“Ella, como consejera jurídica de la Presidencia, junto con el secretario de Gobernación, ya habían solicitado a la misma Suprema Corte la subsistencia de la prisión preventiva, lo cual constituye ya un prejuzgamiento”, señaló Hernández León. 

“Pedimos al máximo tribunal del país que, al momento de resolver los asuntos mencionados, considere la seguridad pública del país, a las víctimas de los delitos, el combate a la impunidad y el enorme esfuerzo que implica la persecución criminal donde participan fuerzas federales y estatales, así como las fiscalías locales y la Fiscalía General de la República (FGR), y que, en consecuencia, prevalezca la prisión preventiva oficiosa, tal como lo establece nuestra ley fundamental”, se puede leer en el comunicado firmado por el senador Adán Augusto López Hernández, entonces secretario de Gobernación, y María Estela Ríos González, en su calidad de consejera jurídica de la Presidencia. 

“Pobrecitos… estos angelitos estuvieron 16 años en prisión”: ministra Esquivel sobre caso García Rodríguez

“(Expresiones) en el que lo señaló como ‘pobres angelitos, qué bueno que hayan estado encerrados 17 años’, porque a su consideración ellos son responsables de un crimen, y eso nos lleva también a solicitar su impedimento para conocer como ponente de este amparo directo”, señaló. 

Los dichos de la ministra Esquivel Mossa sobre el caso García Rodríguez vs México ocurrieron en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2022 en el que la juzgadora aseguró que “es muy fácil perder la memoria y decir ‘pobrecitos, que se les pague porque los tuvimos 16 años en prisión’, pero 16 años porque ellos impedían que se emitiera la sentencia para que pudieran compurgar su pena y hoy están en libertad exigiendo un pago por al Estado mexicano”. 

“Les quiero comentar que el caso que está en este momento en debate en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hemos escuchado que estuvieron 16 años en prisión. Estos angelitos estuvieron 16 años en prisión y que además de los 16 años en prisión se les torturó. 

Quiero comentarles que hace más de 20 años el padre de la víctima, María de los Ángeles, ha estado exigiendo justicia, exigiendo justicia en todas las instancias, es una víctima del asesinato de su hija, una joven abogada de 27 años que había salido una estudiante con excelencia que la asesinaron, era regidora del Partido Acción Nacional. La asesinaron en la puerta de su casa a sangre fría porque ella denunció la corrupción de las bandas delincuenciales de Atizapán”, agregó. 

Prisión preventiva oficiosa: 40 mil personas inocentes en prisión

Por todo lo anterior, el abogado Hernández León señaló que entre sus solicitudes también está una convocatoria a una audiencia pública con la Corte, nuevo esquema que se acaba de regular en septiembre en el Acuerdo 5-2025, que tiene por objeto que el Máximo Tribunal del país haga una convocatoria abierta a todos los sectores involucrados en el tema sobre la figura de la prisión preventiva oficiosa. 

“A familias de personas privadas de la libertad, a los propios presos, 40 mil personas en México sin sentencia, colegios de abogados, universidades, expertos como la ONU-IDH, de manera que esta discusión pueda fortalecerse y robustecerse”, señaló. 

Dicha solicitud ocurre en medio de la discusión sobre las modificaciones a la reforma a la Ley de Amparo, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum y avalada por la Cámara de Senadores, misma que de mantenerse en sus términos, pondrá un nuevo candado que impedirá que más de 40 mil personas inocentes, que se mantienen en la cárcel bajo la figura de prisión preventiva oficiosa o ‘prisión automática’, no recuperen su libertad o consigan un cambio de medida cautelar.

El Colectivo Pena Sin Culpa también busca solicitar audiencias con cada una de las y los ministros, “en esta lógica de apertura que han expresado”, para hablar sobre las repercusiones de la figura de la prisión preventiva oficiosa en el país desde el año 2008.

“¿Cuál es el mensaje? El que reiteradamente hemos hecho: que más allá de lo que significa la violación al derecho de presunción de inocencia, de igualdad, del debido proceso para quienes en este único país del mundo se les encarcela mientras son juzgados y también hacer un llamado de atención muy importante a los ministros de las repercusiones y de lo que ha generado esta barbaridad en México desde el año 2008”, señaló Daniel García Rodríguez, implicado en el caso.