Presidencia de la República exigió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarar constitucional la extinción de fideicomisos del Poder Judicial y entregar los recursos para la reconstrucción de Acapulco, tras los daños ocasionados por el huracán Otis.
En un nuevo comunicado, Presidencia explicó que los salarios y prestaciones de los trabajadores del Poder Judicial están previstos en el artículo 123, apartado B de la Constitución y otras normas laborales aplicables.
Por lo que no existe alguna otra disposición que establezca el pago de prestaciones extraordinarias, como los fideicomisos, y que éstos no son instrumentos jurídicos para otorgar más prestaciones a servidores.
“El decreto impugnado garantiza que las obligaciones derivadas de los instrumentos jurídicos que se extinguen serán atendidas con recursos de los propios fideicomisos con lo que se salvaguardan los derechos y obligaciones que correspondan”.
Presidencia garantiza presupuesto para el Poder Judicial
En el comunicado, Presidencia indica que en el Presupuesto de Egresos de la Federación están consideradas las siguientes partidas específicas para cubrir las prestaciones de los trabajadores y no vulnerar sus derechos:
- Para el seguro de vida del personal civil
- Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal civil
- Recursos para el seguro de separación individualizado
- Cuotas para el seguro colectivo de retiro
- Prestaciones de retiro
Además, sostienen que la extinción de los fideicomisos no atenta en contra de la independencia judicial, “salvo que se piense que ésta tiene un precio que se garantiza con la retención de los recursos públicos de los fideicomisos, en perjuicio de los habitantes de este país que contribuimos al gasto público”.
La Presidencia dice que de cumplirse con la extinción de fideicomisos, se honrará el compromiso de la ministra presidenta, Norma Piña Hernández, de devolver los recursos para que sean utilizados en la reconstrucción de Acapulco.
Corte analizará extinción de fideicomisos
En el actual periodo de la Suprema Corte, los y las ministras atenderán asuntos relacionados a contrataciones vinculadas con el caso Pegasus, diversas impugnaciones a la Ley de Hidrocarburos del presidente Andrés Manuel López Obrador y la eliminación de 13 fideicomisos del Poder Judicial.
“También conoceremos de una acción de inconstitucionalidad en la cual se impugna un Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de múltiples leyes federales, cuyo objetivo fue eliminar ciertos fideicomisos, mandatos y actos jurídicos análogos sin estructura orgánica que servían como vehículos para distribuir el gasto público”, dijo la ministra Piña.
De esta forma, el Pleno del Máximo Tribunal del país tendrá la oportunidad de pronunciarse sobre si este decreto, impulsado por el presidente López Obrador y ratificado por el Congreso de la Unión, implica alguna transgresión al “principio de progresividad en su vertiente de no regresividad” en perjuicio de los derechos las y los trabajadores del Poder Judicial.
