La Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados aprobó, con 19 votos a favor y 10 en contra, el proyecto de dictamen para crear un Fondo de Pensiones para el Bienestar que tomarán los recursos de Afores de personas mayores de 70 años que ya no estén activas.
Ahora, el proyecto pasará al Pleno para ser discutido.
La reforma modifica la ley del IMSS, la ley del ISSSTE, del Infonavit y la Ley de Sistemas de Ahorro para el Retiro.
Los posicionamientos de los partidos
En sesión extraordinaria, los diputados del PAN y del PRI votaron en contra del proyecto al considerar que la intención de tomar los ahorros de los trabajadores en las Afores representa una medida “confiscatoria” que “roba” a miles de trabajadores.
En su intervención, la diputada del PAN, Rocío González, aseguró que se trata de un robo a miles de trabajadores que han cotizado durante años ya que son recursos privados y el gobierno federal no puede disponer de ellos.
En tanto, la diputada del PAN, Patricia Terrazas, señaló que esta reforma no es clara sobre cómo se garantizará que los trabajadores reciban una pensión del 100% ¿Si no hay recursos no habrá pensiones?, cuestionó.
Algunos de los diputados de la oposición también plantearon un parlamento abierto para discutir más el tema y aclarar las dudas de todos los involucrados.
La diputada de Morena, Angélica Ivonne Cisneros, aseguró que de ninguna manera están incluidos en ese nuevo fondo los recursos de los trabajadores en activo.
“Un eje fundamental de las propuestas es garantizar la imprescriptibilidad del derecho a que todas las personas que pudiesen detectar que tienen una cuenta y que no sabían que la tenían, o sus personas beneficiarias, puedan reclamar en cualquier momento esos fondos”, indicó.
El diputado Ignacio Mier Velazco, coautor de la iniciativa, aseguró que el administrador del Fondo será el Banco de México, una institución “totalmente confiable”; además que los trabajadores podrán reclamar los recursos conforme a la ley.
La reforma sobre el Fondo de Pensiones para el Bienestar
La reforma presentada por Morena para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar plantea que el dinero de las cuentas inactivas de las personas mayores de 70 años se transfiera a este nuevo fondo, el cual seguirá generando intereses y sus beneficiarios siempre podrán pedir la devolución de los recursos, aunque aún no se detalla cómo.
La iniciativa propone modificar el segundo párrafo del artículo 302 de la actual Ley del Seguro Social, agregando la creación de un Fondo de Pensiones para el Bienestar, el cual será un “fideicomiso público no considerado entidad paraestatal”.
Esta propuesta presentada por los legisladores morenistas Ignacio Mier e Ivonne Cisneros para disponer de los recursos de las cuentas no reclamadas a partir de los 70 años no venía en la iniciativa enviada por el presidente López Obrador en febrero pasado, la cual propone que los trabajadores reciban su salario completo al momento de su jubilación, aunque sí había adelantado que se crearía un fideicomiso.
De acuerdo con el partido y el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, se busca establecer en la ley la obligación de que se entreguen tales recursos, ya que actualmente “las afores no entregan los recursos no reclamados al Seguro Social”.
Al respecto, Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, acusó a las Afores de no respetar la Ley y quedarse con el 96% de los fondos no reclamados.
El Fondo de Pensiones para el Bienestar también se financiará con los recursos obtenidos por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, así como de las utilidades de empresas como el Tren Maya, Mexicana de Aviación y el Transístmico. A esto se sumarán los terrenos del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).
El diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, dijo que la intención de esta iniciativa es que más de 45 millones de trabajadoras y trabajadores cuenten con una pensión digna, de 16 mil 400 pesos hasta 18 mil pesos al mes.
El Fondo de Pensiones para el Bienestar será administrado por el Banco de México en nombre del gobierno y que La Secretaría de Hacienda y Crédito Público será responsable de establecer cómo funcionará este fondo, mediante un decreto que emitirá el presidente dentro de los 60 días posteriores a que este proyecto de decreto entre en vigor.
