El personal dedicado a la transparencia disminuyó 20% a nivel nacional, al pasar de 14 mil 837 funcionarios en 2020 a 11 mil 750 en 2022, de acuerdo con datos del Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales Federal del Inegi. A la par, los funcionarios que permanecen en sus puestos han enfrentado un aumento en las cargas de trabajo y asedio por parte de sus superiores por el tipo de información que entregan y que resulte ser “mediática”.
También ha aumentado la negativa de entrega de información a los ciudadanos por parte de las instituciones, pues los recursos de revisión se han incrementado en 16% en los últimos dos años. Es decir, son los actos de reclamo previstos en la Ley de Transparencia, cuando las instituciones o los organismos que reciben recursos públicos —llamados sujetos obligados— no entregan la información a quien la solicitó.
Esto tiene impacto en el Índice de incurrencia, una medición que evalúa el grado de negativas de información, pues compara el porcentaje de recursos de revisión interpuestos por los ciudadanos respecto del total de solicitudes realizadas cada año.
Dicho índice es más alto en la administración de Andrés Manuel López Obrador en comparación con el gobierno de Enrique Peña Nieto. En 2016, el índice de negativas de información fue de 3.9 y concluyó el sexenio en 2018 con 5; en 2019, subió a 6 y la misma cifra se mantuvo para 2022, de acuerdo con el Informe de labores del INAI 2022.
Esto ocurre en el sexenio en el que, por primera vez en la historia del INAI y de las leyes de transparencia —que entraron en vigor en 2003—, el instituto ha estado en parálisis por 54 días, pues desde el 1 de abril pasado no tiene quorum de al menos cinco comisionados para poder sesionar. Esto, debido a que el Senado no ha hecho tres nombramientos —dos de ellos han estado pendientes durante más de un año— y al veto que hizo el presidente López Obrador de dos personas que habían sido aprobadas por los senadores.
Menos personal, más trabajo, más asedio
‘Francisca’, exfuncionaria de transparencia que pidió no ser identificada con su verdadero nombre por temor a represalias, trabajó en el área de transparencia federal desde el sexenio pasado y asegura que siempre ha habido resistencia a la publicidad de la información, pero en la actual administración ha sido mayor.
Durante la pandemia, por ejemplo, la institución donde laboraba solo les proporcionó una computadora portátil para trabajar a distancia, pese a que eran 15 personas en el área y “aun cuando en ese momento era uno de los sujetos obligados más solicitados”, afirma. Los funcionarios tuvieron que gastar sus propios recursos para comprarse computadoras y trabajar desde casa.
Un ejemplo del asedio, cuenta Francisca, es que “una vez me dijeron que debía tener claro para qué institución trabajaba, y por supuesto, esa institución no era el INAI”, como advertencia para cuidar qué tipo de información entregaba ante las solicitudes recibidas.
“La cuestión es que las unidades de transparencia tienen una función complicada, porque trabajas en una institución en la que te presionan pero no para cumplir la ley, sino para que en los casos delicados parezca que se cumple la ley, pero en realidad se proteja a la institución. Prácticamente debíamos ‘adivinar’ qué información podría tener peso mediático”, relata en entrevista.
Otra funcionaria cuenta que los escándalos mediáticos en el actual sexenio hicieron que sus jefes supervisaran más la información que entregaba la unidad de transparencia, que durante varios meses funcionó solo con ella como única empleada del área.
Esto le significó tener jornadas de 12 horas porque tenía que estar a cargo de todo: responder solicitudes, pedir la información a las áreas correspondientes y publicar las obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional, lo que generaba un cúmulo de pendientes y retrasos en las respuestas a las solicitudes de información. Aunque en la institución contrataron a una o dos personas más, no duraban más de dos meses, explica la funcionaria.
La SEP, una de las dependencias más grandes del país y que todos los días recibe solicitudes de información pública, solo tiene a 10 personas comisionadas a su unidad de transparencia, la mitad de las que tenía en 2018.
“Antes eran 20 personas y fue disminuyendo. A raíz también de la austeridad republicana se fue recortando mucho personal (…) Necesitamos más gente, pero lamentablemente tampoco podemos contratar porque no hay plazas”, dice un funcionario de la dependencia, quien solicitó no publicar su nombre por temor a represalias.
La SEP es la cuarta dependencia entre las instituciones federales con el mayor número de solicitudes de información pública. Entre octubre de 2021 y septiembre de 2022, recibió 6 mil 961 solicitudes de información, de acuerdo con datos del Informe del INAI.
Algunas instituciones reciben una o dos solicitudes al día, por lo que tres o cuatro personas laborando en el área de transparencia resulta lo ideal, pero en la SEP no solo se trata del número de peticiones que reciben, sino que deben gestionar las preguntas entre 40 áreas para obtener las respuestas.
Las solicitudes en materia de educación son variadas y van desde dudas en los trámites escolares hasta datos de acoso sexual en los planteles, denuncias, procedimientos para tener la cédula profesional electrónica y dudas sobre la revalidación de grados escolares, entre otras.
Otra funcionaria de una institución federal explica que en el área de transparencia solo laboran cuatro personas y, aunque es un organismo pequeño, que recibía solo cinco solicitudes a la semana, también tuvieron periodos con hasta 15 solicitudes diarias en la actual administración.
Sin embargo, no son sus únicas obligaciones, pues la unidad de transparencia depende de una coordinación técnica que también revisa temas de comunicación social, derechos humanos y gestión. La carga de trabajo le ha hecho tener jornadas de trabajo de más de ocho horas y, en algunos casos, sacrificar la hora de comida para evitar salir más tarde.
Otro elemento, dice la funcionaria, es que la titular del área de transparencia no cumple con el perfil del puesto, pues su carrera es de comunicóloga y su ignorancia sobre la Ley de Transparencia ha provocado retrasos permanentes en las autorizaciones y firmas de documentos porque no entiende los temas.
Incluso, la institución pasó por tres meses de crisis debido a que estaba en falta con publicar las obligaciones de transparencia, lo que derivaría en una amonestación del Órgano Interno de Control (OIC), pero la falta de conocimiento por parte de la titular sobre la gravedad del asunto alargó la crisis todo ese tiempo.
A partir de 2020, el INAI ha realizado una encuesta anual que envía a todos los sujetos obligados para ver el grado de cumplimiento de la Ley General de Transparencia. Al analizar los datos solo de las dependencias del Ejecutivo, se reporta un incremento en el número de personal, al pasar de 370 en 2020 a 402 en 2022 (un alza de 8.6%).
Sin embargo, las respuestas a los cuestionarios de la encuesta son “de buena fe” y, según esos datos, solo en 14 de 58 instituciones y organismos del Ejecutivo registró menos personal en 2022 en comparación con 2020. Entre ellas están Semar, Sedatu, Sener, Semarnat, Bienestar, Función Pública, Cultura, Presidencia y Condusef, entre otras.
En la Secretaría de Salud federal, los funcionarios respondieron al INAI que tenían 11 funcionarios en el área de transparencia, pero en el directorio público vigente solo se incluye a dos personas responsables de la unidad de transparencia: una abogada y un director de área. Sin embargo, en el caso de la titular se trata de la abogada general de la Secretaría de Salud, Maricela Lecuona González.
A esto se suman presiones políticas, según denunció la comisionada del INAI Norma Julieta del Río, quien reveló en conferencia de prensa el 2 de mayo pasado que funcionarios de transparencia estaban recibiendo presiones para no entregar información pública.
“Una persona de una unidad se acercó y me dijo: ‘Comisionada, ¿qué hacemos?, como unidades de transparencia estamos batallando mucho para que nos generen la información las áreas administrativas, porque nos dicen ya no vamos a entregar nada’. Y le pregunto: ‘¿Quién les ha dicho?’, y dice: ‘Bueno, no puedo decirle pero es así como el segundo de a bordo’; entonces, yo vi el organigrama y dije, pues el segundo de a bordo es el secretario de Gobernación”, dijo.
Gracias al derecho de acceso a la información, previsto en la ley desde hace 20 años, los periodistas han exhibido los actos de corrupción y violaciones a derechos humanos cometidos en los gobiernos federal y locales en los últimos cuatro sexenios.
En el gobierno de la alternancia, periodistas documentaron que el presidente Vicente Fox y su esposa, Marta Sahagún, hicieron compras suntuosas con cargo al erario, que incluyeron toallas de 4 mil pesos; asimismo, las irregularidades en Enciclomedia, el programa educativo estrella de su administración.
En el sexenio de Felipe Calderón, se supo de los onerosos gastos en los Festejos del Bicentenario, la Estela de Luz, las desapariciones y el uso de la fuerza, y asesinatos durante la llamada “guerra contra el narco”.
En el sexenio pasado, la transparencia ayudó a exponer los desvíos cometidos por los exgobernadores priistas Javier Duarte, César Duarte y Roberto Borge, la presunta corrupción en el caso de La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto y La Estafa Maestra.
También, periodistas lograron tener acceso a las carpetas de investigación de Ayotzinapa y del caso Odebrecht, toda vez que estos hechos trataron de violaciones a derechos humanos y actos de corrupción, dos preceptos previstos en la Ley de Transparencia para que la información deba hacerse pública.
En el actual sexenio, periodistas han documentado los desvíos cometidos en Segalmex, una entidad creada por el gobierno de López Obrador, y el espionaje contra civiles realizado por el Ejército, entre otros temas.
Con información de Dalila Sarabia y Marcela Nochebuena.
