
Un tribunal federal en Estados Unidos ordenó que Víctor Manuel Álvarez Puga —esposo de la conductora Inés Gómez Mont y acusado en México de lavado de dinero, delincuencia organizada y defraudación fiscal— reciba una audiencia individualizada de fianza o que sea liberado, y prohíbe a las autoridades transferirlo fuera del distrito mientras se cumple la orden judicial.
La resolución emitida el 15 de octubre por el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida responde al recurso presentado por Álvarez Puga, quien cuestionaba la legalidad de su detención por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) el 24 de septiembre de 2025. Tras su arresto, fue trasladado al centro de detención Krome North SPC en Miami, Florida, donde permanece recluido.
Luego de la detención, el ICE indicó que Álvarez Puga estaba sujeto a detención obligatoria al considerarlo un “solicitante de admisión” al país.

En la resolución judicial, la jueza Cecilia M. Altonaga señaló que Álvarez Puga “es un ciudadano mexicano, empresario y sin antecedentes penales en Estados Unidos”, y que su ingreso al país ocurrió el 14 de enero de 2021 como no inmigrante, con autorización hasta el 13 de julio de 2021.
Posteriormente, salió hacia Las Bahamas el 9 de julio de 2021, con regreso programado para el 21 de julio, aunque no abordó el vuelo de retorno.
En su lugar, ingresó a Estados Unidos el 10 de julio de 2021 por vía marítima; aunque aparentemente contaba con tarjeta de cruce válida, no fue inspeccionado por un oficial de inmigración.
Desde esa fecha, Álvarez Puga ha permanecido de manera continua en Estados Unidos hasta su detención en septiembre de 2025.
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El empresario presentó una solicitud de asilo ante la United States Citizenship and Immigration Services (USCIS) el 11 de julio de 2022, argumentando persecución en México por sus “creencias políticas conservadoras” y un “temor de regresar a México debido a su opinión política y pertenencia a un grupo social particular”.
Hasta la fecha del fallo, la USCIS no ha entrevistado a Álvarez Puga, y su solicitud de asilo sigue pendiente.
En 2019, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación contra Álvarez Puga que incluye a Inés Gómez Mont, su esposa, y otras cinco personas y siete empresas.
De acuerdo con la FGR, “todas estas personas, físicas y morales, probablemente se coludieron para simular operaciones y dotar de recursos a esa organización criminal; bajando cargas tributarias y ocultando operaciones, dificultando, de esa manera, el rastreo de esos recursos”.

Gómez Mont y Álvarez Puga son investigados en México por presunta evasión fiscal, desvío de recursos públicos mediante empresas fantasma, delincuencia organizada, lavado de dinero y cohecho.
Para realizar los ilícitos, los presuntos implicados celebraron contratos con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, de la Secretaría de Gobernación, usando comprobantes fiscales digitales para encubrir “operaciones falsas y aparentaban actos de comercio y prestación de servicios que no se realizaban”.
Hasta 2022, la FGR no acreditó que Gómez Mont y su esposo fueran los líderes del entramado delictivo ni los principales beneficiados. En total, Gómez Mont recibió depósitos por 14 millones 843 mil 816 pesos —equivalentes al 0.5% de los más de 2 mil 500 millones presuntamente desviados— mientras que Álvarez Puga realizó operaciones por menos de 250 mil pesos.
Un tribunal federal mexicano invalidó en abril de 2023 la orden de aprehensión en contra de la conductora, ordenando que se reponiera la audiencia del 2021 en la que se había solicitado la detención.