En el gobierno de AMLO bajó la atención médica pública y aumentó la privada: hubo 33% más cirugías en clínicas particulares
Daniel ha trabajado en un puesto de tacos durante las últimas dos décadas y nunca ha estado afiliado a ningún servicio de salud público, por eso tuvo que ahorrar para hacer frente a una operación de rodilla que requería desde hace dos años y que pudo hacerse apenas hace unos meses en un hospital privado.
Su rehabilitación fue rápida, lo que le permitió regresar a trabajar, una verdadera necesidad, puesto que es el único sostén en su familia. Apenas comenzaba a recuperarse del bolsillo cuando su hija, estudiante de medicina, tuvo apendicitis. “Corrimos a la primera clínica que encontramos y la operaron inmediatamente”. Esa emergencia le costó otros 70 mil pesos. “Pero gracias a Dios la salvamos”, dice.
Al preguntarle por qué no acudió a alguna clínica pública, sobre todo al tratarse de una atención urgente, hace un gesto con la mano como si empujara algo al aire y ataja con un tono burlón: “¡Nombre, ya parece que me la iban a recibir!”.
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Daniel no es el único que ha optado por el servicio médico privado, aún cuando esto represente un sacrificio y signifique que tenga que ahorrar durante meses, trabajar más o renunciar al poco patrimonio a cambio de la salud.
Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador las cirugías realizadas en hospitales privados creció en 33 %. En 2012 hubo 919 mil intervenciones quirúrgicas en centros privados en el país, para 2018 aumentó a 1 millón 78 intervenciones, y en 2024 creció a 1 millón 436 mil, de acuerdo con el Sexto Informe de gobierno de AMLO.
Estos datos demuestran que no sólo aumentó la oferta privada de primera atención, a través de Consultorios Adyacentes a Farmacias (CAF), donde la gente atiende malestares menores como gripas o infecciones estomacales, sino que también aumentaron las atenciones privadas que requieren hospitalización.
Y paradójicamente, aunque López Obrador mantuvo el lema de “primero los pobres”, la atención médica pública disminuyó durante su gestión. Entre 2018 y 2024, el número de cirugías cayó 6 %, lo que significó 200 intervenciones menos en todo el sistema público. Y si se compara con las realizadas en 2012, la disminución alcanzó 489 mil cirugías, según su último informe de Gobierno.
Esto, dice Luis Javier Cortés, consultor y Maestro en Administración y Políticas Públicas por el CIDE, es la privatización de la salud. “La verdadera privatización es traspasar el costo de la atención médica directamente al paciente, y eso es lo que está sucediendo”.
“Aunque desde la Constitución el ciudadano tiene garantizado el derecho a la salud, ni se la estás garantizando ni protegiendo financieramente, porque el costo lo está absorbiendo plenamente las personas”, explica en entrevista.
Los datos lo confirman: el gasto en salud promedio aumentó 54 % entre los hogares más pobres. Mientras en 2018 gastaron 1,729 pesos, en 2022 el desembolso fue de 2 mil 679 pesos, según datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH).
De ahí que, ante la demanda, el sector privado ha aprovechado en incrementar la oferta: la infraestructura privada creció en los últimos seis años, de acuerdo con datos del Sexto Informe Gobierno de AMLO.
Entre 2018 y 20124, las unidades médicas con 15 a 24 camas aumentó 21 %, al pasar de 254 a 307. Mientras que las camas censables en instituciones privadas pasó de 33 mil 630 a 36 mil 514.
En 2024, las personas también tuvieron 13 % más oferta de laboratorios clínicos privados en comparación con 2018. Se pasó de 892 unidades a mil 12. La oferta correspondió a la demanda: entre 2016 y 2020, el número de análisis clínicos se mantuvo en 17 millones al año, pero en 2021 aumentó a 21 millones; el año siguiente 22 millones y en 2023 alcanzó los 23 millones en establecimientos privados, de acuerdo con datos del INEGI.
En contraste, en el sector público dejaron de hacerse 41 millones de estudios clínicos, al comparar 2018 y 2024, según datos de la Secretaría de Salud. En este rubro, además, hubo recortes presupuestales desde el primer año del sexenio de AMLO, con una disminución de 82 % de presupuesto para materiales, accesorios y suministros de laboratorio en las instituciones de la Secretaría de Salud, esto significó 654 millones de pesos menos en 2019 con respecto a 2018 en términos reales.
Las consultas médicas generales en el sector público también disminuyeron en 21 % entre 2018 y 2024. Esto implicó dejar de realizar 42 millones 256 mil consultas. Y 10 millones 122 mil consultas de especialidad también dejaron de otorgarse, una disminución de 22 %.
De ahí que muchos más mexicanos acudieron a establecimientos privados sobre todo para consultas de especialidad. En 2018 hubo 6 millones de atenciones, y para 2024 aumentó a 7 millones 100 mil consultas, un crecimiento de 17 %.
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Esto ocurrió durante las fallidas estrategias en materia de salud del expresidente López Obrador. Primero decidió desaparecer el Seguro Popular, un programa transexenal que atendía a población sin seguridad social desde 2012, acusando la existencia de corrupción, aunque nunca hubo alguna persona denunciada o investigada por ello.
Luego lo sustituyó por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), pero apenas funcionó dos años y luego fue extinguido. En su lugar trasladaron la responsabilidad de coordinar ese sistema de salud que opera en los estados al IMSS-Bienestar.
Sin embargo, en ese proceso se perdió el rastro de miles de millones de pesos que financiaba el tratamiento y cirugías de enfermedades catastróficas como el cáncer, malformaciones genéticas o transplantes, entre otros, a través del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud del Seguro Popular.
Hasta 2018 el fideicomiso había acumulado 119 mil millones de pesos. En 2019, tras la desaparición del Seguro Popular, los recursos fueron transferidos al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (Fonsabi), administrado por el Insabi. Para 2023, ese Fondo sólo tenía 45 mil millones de pesos. Es decir, en cuatro años AMLO disminuyó 62 % del dinero ahorrado durante 14 años, y sin explicar en qué lo gastó.
De acuerdo con el artículo “La eliminación del Seguro Popular: impactos en la atención de enfermedades de alto costo en la población no asegurada en México”, de Luis Javier Cortés y Octavio Gómez Dantés, publicado en The Lancet, la consecuencia de la decisión de AMLO de desaparecer este programa fue la reducción en el acceso a servicios de salud de alta especialidad, afectando a quienes menos tienen.
Aumentan seguros médicos
Desde que Claudia Castellanos tiene uso de razón, había tenido seguro de gastos médicos mayores junto con sus seis hermanos y su madre, gracias a que el trabajo de su padre como supervisor en una empresa cervecera incluía ese beneficio desde los años 80.
Sólo por eso pudieron hacer frente al cáncer que padeció su madre en 2011. A cuatro días del diagnóstico comenzó el tratamiento que incluyó 16 quimioterapias, 6 meses de radioterapias y una mastectomía. Un año después estaba libre de cáncer de mama.
“Fue el privilegio de la atención privada”, dice Claudia. “Entre la dignidad de los espacios, la atención de los médicos, la comida, la disposición, mi mamá anímicamente no estaba afectada”.
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Sin embargo, 11 años después, en 2022, su madre comenzó a enfermar, esta vez con choques sépticos, sus órganos se congestionaban y le generaban infecciones. Luego supieron que eran síntomas del regreso del cáncer, pero esta vez la póliza del seguro médico ya no le cubría nada relacionado a ello.
El patriarca de la familia decidió continuar con la atención privada, pero la realidad le chocó de frente. Sólo por ocho días internada, estudios y tratamiento, sus ahorros se esfumaron. Era mayo de 2022.
La única posibilidad era acudir al servicio público y, gracias a la recomendación de sus médicos que trabajaban en instituciones públicas a la par de las privadas, pudieron conseguirle un espacio para iniciar un tratamiento. Sin embargo, el cáncer avanzó rápidamente y sus últimos días los pasó solo con cuidados paliativos. Falleció en junio de 2020 a los 53 años.
Claudia y sus cinco hermanas saben que el cáncer que sufrió su madre tiene un componente genético, por eso es que no fallan en sus exámenes de revisión. También tienen como prioridad pagar su seguro médico privado. Aunque ella, consiguió esa prestación en su nuevo trabajo, pues antes de eso, al cumplir 22 años perdió la antigüedad de su primera póliza porque no tenía recursos para pagarla.
Dado el antecedente de su madre, su póliza tiene una cláusula que encarece la contratación. Por eso es que aún cuando Claudia tiene 29 años el costo del seguro supera los 50 mil pesos. “No podía pagar eso, pagando renta, comida”. Pero ahora hará el esfuerzo para conservarlo porque “no queremos morirnos de cáncer”, dice.
Claudia no es la única en querer sentirse segura con un servicio médico privado. En 2024 se registró el número más alto de personas con seguro de gastos médicos de los últimos 12 años, según datos de la Encuesta de Inclusión Financiera del INEGI.
Mientras en 2012 hubo 4.6 millones de mexicanos con seguro de gastos médicos, en 2018 creció a 4.9 millones y el año pasado hubo 6.4 millones, un 7.5 % de la población. Esto representa un aumento de 29 % en el último sexenio.
En tanto, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) tiene su propia estadística, pero coincide en el aumento. Entre 2010 y 2014 se mantuvo una tendencia con más de 300 mil personas con seguros de Salud, aquellos que brindan servicios de primera atención.
A partir de 2016 ascendió a 1.2 millones de personas y aunque varió en los siguientes años no superó los 1.7 millones. Sin embargo, en 2022 aumentó a 3 millones, en 2023 a 6 millones y la estimación de la AMIS para 2024 se ubica en 8.3 millones de personas que tienen contratado este tipo de servicios.
José Barreiro, director de Gastos Médicos y Salud de la AMIS, explicó en entrevista que este crecimiento obedece, sobre todo, a que se incluyó la atención dental a los Seguros de Salud, que son servicios de primera atención.
Mientras que el crecimiento de 10 millones de asegurados registrados en 2018 y el salto a 13 millones en 2023, se debe al aumento en la contratación de seguros colectivos por parte de las empresas, como parte de la búsqueda de “pólizas con primas bajas”; además, también se trata de un “efecto de la pandemia de Covid”, en el que las personas optaron por contratar servicios privados dada la saturación de los servicios públicos.
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El párroco de Maryland ha accedido a ser el tutor en reserva de los hijos de varios de sus feligreses. Ante las redadas migratorias, cada vez más familias indocumentadas o de estatus mixto en California están dejando en manos de hermanos, primos, padrinos amigos o personas cercanas decisiones escolares o médicas que afecten a sus hijos.
De un día para otro el padre Vidal Rivas podría encontrarse a cargo de un bebé de 12 meses o de un adolescente de 17 años, a quien tendría que acoger en casa, alimentar, vestir y guiar hasta que termine el instituto.
También podría tener que encargarse de los trámites para que varios niños puedan volar al país de origen de sus padres y de acompañarlos hasta que se reúnan con ellos.
Y es que este carismático sacerdote, quien encabeza la parroquia episcopal de San Mateo en Hyattsville (Maryland, Estados Unidos), se comprometió a asumir la tutela temporal de 26 menores en caso de que sus padres sean deportados.
“Es una responsabilidad muy grande, que cambiaría completamente la vida de mi familia”, le reconoce a BBC Mundo. “Tanto mi esposa como yo somos conscientes de ello, sabemos lo que implica”.
Desde el inicio del segundo gobierno de Donald Trump, quien asumió la presidencia en enero con la promesa de llevar a cabo “la mayor deportación en la historia del país”, son muchos los migrantes indocumentados que se han apresurado a dejarlo todo atado por si son detenidos y expulsados.
Y han buscado en su entorno más cercano a figuras de confianza como el padre Rivas para que se ocupen del cuidado de sus hijos cuando no estén.
Es parte de lo que organizaciones y especialistas legales llaman un “plan de preparación familiar”, algo que cada vez más hogares con situaciones migratorias mixtas –con al menos uno de sus miembros indocumentado— están haciendo.
“Implica tener conversaciones incómodas y tomar decisiones dolorosas, pero ser precavido facilita las cosas a la hora de lidiar con una emergencia y con sus consecuencias”, le dijo a BBC Mundo Kristina Lovato, directora del Centro de Inmigración y Bienestar Infantil (CICW) de la Universidad de California en Berkeley.
“Mi hija no quedará en un limbo”
Hoy por hoy hay más de seis millones de hogares en condiciones migratorias mixtas en EE.UU., cerca del 5% del total, según cifras del centro de investigación Pew.
Y de acuerdo con los datos que maneja el CICW, al menos uno de los progenitores de 5,9 millones de niños no cuenta con papeles.
A eso hay que sumar los más de 500.000 que tienen padres amparados por la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), un programa de la era Obama que los expertos aseguran que hoy se está “socavando”, y por el Estatus de Protección Temporal (TPS), que el actual gobierno busca revocar para ciudadanos de varios países.
Desde el inicio del año hasta septiembre, más de 400.000 personas habían sido deportadas, de acuerdo a las cifras más recientes hechas públicas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).
Y para el 16 de noviembre — los últimos datos oficiales– el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) mantenía en centros de detención de todo el país a 65.135 personas, la mayor cantidad reportada por la agencia desde su creación en 2003.
De los arrestados, el 48% no contaba con ningún cargo o condena penal en EE.UU. y permanecían en custodia por violaciones civiles de las leyes de inmigración estadounidenses.
La situación actual está impactando la moral de los feligreses de la iglesia de San Mateo, asegura su párroco.
Y es que el municipio al que pertenece, Hyattsville, un suburbio de Washington DC donde más del 40% de sus casi 21.000 residentes son latinos y un tercio nacieron en otro país, no se ha librado de las detenciones.
“La gente tiene demasiado miedo, aunque decir eso es poco. Es más bien terror a salir e incluso a estar en el templo”, subraya el padre Rivas, quien siendo oriundo de El Salvador, llegó a EE.UU. en 1998.
“Yo mismo soy inmigrante, y aunque vine con residencia por los sacerdotes que me trajeron a trabajar a este país, he visto el dolor de mi pueblo (durante la guerra civil salvadoreña, 1980-1992) y ahora lo veo aquí, miro a las personas cada día en sufrimiento”, señala.
Ante ello, el cura y miembros de su parroquia decidieron tomar acciones para que los fieles y la comunidad en general se sintieran más seguros.
Ahora los servicios religiosos son a puerta cerrada y varios voluntarios custodian la entrada y vigilan los alrededores.
También empezaron a animar a los devotos a que se preparen para cualquier eventualidad migratoria y busquen guardianes temporales para sus hijos, algo contemplado en la legislación estatal.
“Al hacerlo, descubrimos que muchas familias no tienen miembros con residencia (permanente o green card) o ciudadanía estadounidense. Es muy triste ver que no encuentran a nadie, les entra mucha desesperación”, se lamenta Rivas.
“Es ahí donde tuvimos que enseñarles a buscar a personas de confianza que pudieran servirles de tutores”, explica.
Como tantos otros, Mimi, una mujer indocumentada de 40 años y madre soltera de una adolescente de 16, encontró esa figura en el propio Rivas.
“Pasé muchos días y noches pensándolo. Y aunque fue una decisión muy difícil, sé que es la mejor”, le dice a BBC Mundo.
Asegura sentirse aliviada de saber que, si la deportaran, su hija no quedaría “en un limbo”. “Que pueda venir un trabajador social y llevársela, que quede en manos del gobierno y que la den en adopción” sería su mayor pesadilla, explica la mujer, cuyo nombre real y nacionalidad obviamos para proteger su identidad.
Lo que Mimi acordó con el padre Rivas es que se encargue de todo lo necesario para que la menor, diagnosticada en el espectro autista, se reúna con ella en su país de origen.
“Me gustaría que mi hija siguiera estudiando, que terminara sus estudios, pero por la situación nunca nos hemos separado y no creo que quiera estar sin mí”.
Ese es el encargo que Rivas recibió de algunos de los padres de los otros 25 menores para quienes se prestó como tutor temporal. Otros le pidieron que sus hijos se queden en EE.UU. al menos hasta terminar el instituto.
Hasta seis meses y revocable
Para que eso sea posible y esté amparado por la ley, todos ellos rellenaron y firmaron un formulario de designación parental para el inicio de la tutela de reserva.
“Es la ampliación de una figura legal que existe en Maryland desde la epidemia del sida en los 70”, le explica a BBC Mundo Cam Crockett, una abogada especializada en derecho de familia que lleva 40 años ejerciendo en el estado y fue una de las impulsoras de la actual ley de tutela de emergencia.
Desde que el Congreso estatal la aprobara por unanimidad en mayo de 2018, además de para casos de incapacidad mental o debilitamiento físico, permite a un adulto designar a un tutor en reserva para sus hijos por si fuera detenido por las autoridades migratorias o deportado.
“Se activa una vez ocurre la emergencia y dura seis meses, aunque los padres pueden revocarla en cualquier momento”, explica Crockett.
Los progenitores, quienes no pierden la patria potestad, dejan especificado en el formulario qué puede el tutor hacer en su nombre: desde inscribir a los menores en la escuela o ingresarlos en un hospital, hasta reservar vuelos y hoteles para ellos, recibir fondos o tomar decisiones financieras.
“Lo que les sugerimos es que piensen muy bien antes de elegir al potencial tutor, ya que puede que este tenga que acudir a un tribunal, o tomar un vuelo a otro país”, explica la abogada.
Y si quisieran que la situación se extendiese más allá de los 180 días, tendrían que buscar una tutela más permanente o valorar una custodia por terceros, para lo que la experta recomienda consultar el caso concreto con abogados.
Cambios de estado a estado
Sin embargo, la tutela en reserva no existe como tal en todas las legislaciones estatales de EE.UU.
“Por eso es muy importante que los interesados reciban un buen asesoramiento legal, del estado en el que viven, porque las leyes cambian estado a estado”, remarca Sharon Balmer Cartagena, la abogada que dirige el Proyecto de Defensa de la Infancia, Juventud y Familia de la organización Public Counsel.
“Porque hay muchos grupos, también online, en los que la gente aconseja sobre este tema, pero un consejo muy bueno en Texas podría ser uno muy malo en California”.
Por ejemplo en California, donde ejerce Balmer Cartagena, la tutela temporal no existe.
Allí la tutela otorga al designado la custodia legal y física total del niño y, para recuperar la patria potestad, los padres deben solicitarlo ante el juez, quien será el que decida cuál es la mejor opción para el menor.
“Puede ser una buena alternativa si los padres se sienten cómodos con el hecho de que la persona designada se convierta prácticamente en la progenitora de sus hijos”, señala la especialista.
“Pero ¿qué pasa si el tutor, digamos un primo, decide que ya no es beneficioso para el menor que tenga contacto con sus padres? Estaría en su derecho de así decidirlo”, prosigue.
“La tutela es para niños que van a quedarse con otra persona de forma permanente. A quienes quieran que sus hijos se reúnan eventualmente con ellos (en el país de origen) no se la recomendamos; ellos deberían optar por una declaración jurada de autorización de cuidadores”, explica.
Es por medio de ese acuerdo, más sencillo, que cada vez más familias indocumentadas o de estatus mixto en California están dejando en manos de hermanos, primos, padrinos o amigos decisiones escolares o médicas que afecten a sus hijos.
Balmer Cartagena reconoce que, cuando hacen presentaciones en la comunidad sobre cómo hacer un plan de preparación familiar, son muchos les dicen no tener a nadie en EE.UU. que pueda cumplir con ese rol.
“Lo que hacemos es animarlos a pensar de forma más amplia, porque hemos tenido casos en los que una maestra o la familia para la que nuestra clienta trabajaba de cuidadora los apoyaron brevemente para facilitar la reunificación tras una deportación”.
Más conciencia y preparación
Así como Public Counsel, otros grupos, voluntarios y activistas de prácticamente todos los estados del país llevan meses ofreciendo talleres sobre cómo preparar un plan de emergencia familiar y sesiones divulgativas bajo el título de “Conoce tus derechos”, donde insisten a los asistentes en que pueden retener información personal y negarse a firmar cualquier documento, reparten volantes y ofrecen asistencia legal por teléfono.
También reparten la “tarjeta roja“, disponible en 19 idiomas, que recuerda a los inmigrantes sus derechos constitucionales y resume los pasos a seguir a la hora de interactuar con agentes del ICE.
Y patrullas comunitarias recorren barrios y presencian redadas para asegurarse de que se cumplen todos los protocolos o para documentarlas en caso de que se estos se violen. Videos captados por estos voluntarios aparecen en las redes sociales a diario.
Funcionarios de la administración Trump han arremetido contra estas ONGs y voluntarios, alegando que lo que hacen es “ayudar” a los inmigrantes sin residencia legal a “desafiar” a los agentes del ICE y a “esconderse”.
“Ellos le dicen ‘Conoce tus derechos’, yo lo llamo ‘Cómo escapar del arresto'”, dijo en su momento Thomas D. Homan, nombrado “zar de la frontera” por Trump y quien está al frente de las operaciones de deportación.
Sea como fuere, en todo este esfuerzo encaja también una cada vez mayor conciencia de la necesidad de tener que anticiparse y tener listo, sobre todo, un plan que incluya el cuidado infantil.
“Ha habido una campaña relativamente exitosa en la comunidad inmigrante, y cuando hablo con mis clientes, me encuentro con preguntas más reflexivas y matizadas, porque las cuestiones básicas ya las conocen”, le dijo en marzo a BBC Mundo Kate Lincoln-Goldfinch, una abogada de inmigración que ejerce en la zona central del estado de Texas.
“Toda persona indocumentada necesita consultar su situación con un abogado de inmigración”, subraya, y estar bien preparado por si se da una emergencia. “Porque cuando hay una detención, es como en un incendio: nadie tiene tiempo para pensar y después actuar”, explicó.
“Así que es vital tomarse el tiempo de antemano, por muy desagradable que sea, de pensar en quién va a recoger a los niños; si la escuela tiene las autorizaciones que necesita; si hemos juntado los documentos en una carpeta, incluida la información sobre cuentas bancarias; si sabemos dónde están las llaves del coche y el seguro… Y tener todo eso claro y en un mismo lugar para que alguien que lo necesite pueda venir a recogerlo y manejar nuestras vidas por nosotros”, zanjó.
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