Desigualdad en acceso a servicios de salud y mala atención prevalecen pese a reformas en el sector, advierte Coneval
Para entender mejor
Aun con las reformas iniciadas en 2019 para la universalización de los servicios de salud, en México persisten las desigualdades en la calidad y el acceso a la atención médica, dependiendo del estado donde habitan los usuarios, y quienes no cuentan con seguridad social continúan siendo las personas más afectadas.
De acuerdo con el Estudio sobre el derecho a la salud 2023: un análisis cualitativo, realizado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), aunque los cambios sentaron las bases para el sistema de salud universal, estos “podrían deteriorar los esfuerzos de coordinación entre el gobierno federal y las entidades federativas, al no dar certeza a las personas sobre las vías para recibir atención”.
El Coneval identificó que, pese a que el gobierno ha aumentado progresivamente los recursos para personas sin seguridad social, estas continúan enfrentado diversos obstáculos para hacer efectivo su derecho a la salud y recibir atención en distintos niveles.
A través de entrevistas con 124 personas de Chiapas, Michoacán, Nayarit, Querétaro y Tlaxcala, entre usuarios y personal de salud, el organismo encontró que persiste el reto de garantizar la distribución oportuna para que las entidades federativas dispongan de los insumos médicos necesarios para brindar una atención adecuada.
El consejo encontró que la centralización del modelo de atención ocurrió a la par de las problemáticas de distribución y entrega de medicamentos que se dieron con la consolidación de las compras. Aunque algunas entidades refirieron haber mejorado la disponibilidad de medicinas, también se observó una disminución en medicamentos especializados y oncológicos.
Con Insabi e IMSS-Bienestar, persiste atención diferenciada
Las reformas implementadas han llevado a una reestructuración normativa de los sistemas estatales de salud: con el surgimiento del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y posteriormente del IMSS-Bienestar, se presentaron retos de coordinación entre las entidades y estos modelos de atención.
En el caso del Insabi, creado en 2020, desde su implementación el Coneval encontró que, además de la atención diferenciada para personas con y sin seguridad social, hubo disparidad en los niveles de atención gratuitos. Por ejemplo, en Tlaxcala y Chiapas solo se transfirió el primer nivel, mientras que en Baja California Sur, Nayarit y Querétaro fueron el primero y el segundo.
Para el consejo, esto derivó en problemas de coordinación entre los sistemas de salud y transferencia tardía de los recursos para implementar el modelo, así como en confusión entre los usuarios —que en algunos casos señalaron desconocer cómo acceder a los servicios gratuitos—, así como entre el personal encargado.
En el ámbito estatal, el personal percibió que el Insabi “quedó más como administrador de recursos, cuya rectoría siguió recayendo en la parte de salud federal”, por lo que consideró que “no se ha logrado definir su modelo de operación y tampoco se consolidó como un programa asistencial, porque no tenía la infraestructura”.
Con el paso al IMSS-Bienestar, el Coneval encontró que, nuevamente, las entidades se encuentran en la incertidumbre sobre la operación del modelo, debido a la poca infraestructura de las unidades médicas para atender a la población general, lo que podría mermar la accesibilidad, calidad y eficacia de los servicios, principalmente de la población sin seguridad social.
“La población optó por ir a donde tenían atención segura”
De los pacientes entrevistados para el estudio, el 55.6% señaló que se atiende en servicios privados, mientras el 44.4% acude a instituciones públicas. Según el análisis, el gasto privado es tal que en 2021 representó el 46.2% del gasto total en salud.
Personal estatal comentó al Coneval que la gente ha dejado de acudir a los centros de salud porque “no estaba el médico, o porque a lo mejor no tenían el medicamento, y optó por ir a las farmacias para recibir atención, a lugares donde tenían una atención segura”, por lo que las instituciones se encuentran en proceso de “volver a ganar el acercamiento de pacientes”.
En 2020, el 17.7% de quienes acudieron a algún servicio público de salud no tuvieron atención por falta de médico disponible, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Acerca de esto, pacientes comentaron que por ello “es más fácil” acudir a consultorios adyacentes a farmacia, por la cercanía y el tiempo más corto de espera para ser atendidos, aunque cuando requieren servicios de segundo o tercer nivel sí acuden a hospitales públicos, porque las intervenciones y los medicamentos necesarios para su tratamiento resultan difíciles de cubrir de manera particular.
Los gastos de bolsillo se dan, según los entrevistados, aun cuando acuden a servicios de salud públicos, ya que “cuando es necesaria la atención médica especializada, hay costos asociados al traslado, alimentación en la localidad a la que acuden y hospedaje”.
Aunque la atención de primer nivel es la más accesible para la población, el Coneval estimó que hay 6 mil 193 localidades del país que quedan a más de una hora de unidades médicas con servicios básicos, más de 40 mil comunidades están al menos a 60 minutos de atención de segundo nivel y más de 144 mil poblados a más de una hora de centros especializados de tercer nivel.
En el caso de las personas sin seguridad social, esta situación implica que tengan que desembolsar recursos económicos no solo para los traslados, sino también para la atención más compleja o especializada, lo que deriva en descuido en la prevención de enfermedades, mismas que son detectadas y atendidas de manera tardía.
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El anuncio de Trump tiene como objetivo cortar los ingresos del gobierno de Nicolás Maduro, pero algunos analistas advierten que la medida podría profundizar la crisis económica en Venezuela y generar consecuencias negativas para Washington.
Para Venezuela, el petróleo no es simplemente un bien de exportación. Constituye el eje central de su economía y la principal fuente de ingresos y de divisas con las que el país importa alimentos, medicinas y otros bienes esenciales.
Por ello, el bloqueo “total y completo” contra los buques petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela —anunciado el martes por el presidente de EU, Donald Trump— no solo podría afectar al gobierno de Nicolás Maduro, sino también a amplios sectores de la población venezolana.
Varios expertos advierten que una medida de este alcance también puede resultar contraproducente para Washington.
Trump dio a conocer la decisión a través de sus redes sociales, donde acusó al gobierno de Maduro de utilizar petróleo “robado” para financiarse y para sostener el “narcoterrorismo, tráfico de personas, asesinatos y secuestros”.
Sus declaraciones se producen una semana después de que Washington incautara un buque petrolero frente a las costas venezolanas, una acción que Caracas denunció como “un robo descarado” y “un acto de piratería”.
El mandatario estadounidense también afirmó este martes en Truth Social que Venezuela está “completamente rodeada por la mayor armada jamás reunida en la historia de Sudamérica”, y añadió que esta presencia militar “seguiría creciendo” y que sería “algo como nunca antes se había visto”.
Venezuela —que posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo— ha condenado la orden de bloqueo como una “amenaza grotesca”, que, según el gobierno de Maduro, busca “robar” la riqueza del país.
Desde septiembre, Estados Unidos ha acumulado una importante presencia militar frente a las costas venezolanas en el Caribe, que incluye a más de 15,000 efectivos y al portaaviones más grande del mundo, el USS Gerald R. Ford.
El ejército estadounidense también ha estado realizando una serie de ataques aéreos contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental en los que han muerto al menos 95 personas.
El presidente Trump afirma que el objetivo de esta campaña militar es combatir el narcotráfico en la región y acusa al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, de encabezar el llamado Cartel de los Soles.
Sin embargo, diversos analistas sostienen que la estrategia podría también estar orientada a impulsar un cambio de régimen en Venezuela.
Más de 30 buques sancionados operan en Venezuela
Venezuela produce actualmente cerca de 1 millón de barriles diarios de crudo, lo que representa aproximadamente el 1% de la producción mundial.
Una cifra que contrasta con los más de 3 millones de barriles diarios que el país produjo en 1998, el año previo a la llegada al poder del mentor político e ideológico de Maduro, el expresidente Hugo Chávez.
El desplome de la producción responde a una combinación de mala gestión, falta de inversión en el sector, pérdida de personal calificado, corrupción y sanciones internacionales.
Por ello, el impacto de un bloqueo petrolero sobre el mercado mundial sería limitado, al menos en el corto plazo.
Pero, para millones de venezolanos, las consecuencias podrían ser mucho más profundas y directas.
Cuando el presidente Donald Trump impuso un paquete de sanciones económicas estrictas a Venezuela en 2018, durante su primer mandato, la medida profundizó la ya grave crisis económica y humanitaria que atravesaba el país sudamericano.
Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), solo ese año la economía venezolana se contrajo en torno al 15%, una de las caídas más pronunciadas de su historia reciente.
Christopher Sabatini, investigador principal para América Latina del centro de estudios Chatham House, con sede en Londres, afirma que el bloqueo anunciado por Trump podría tener un efecto “aún más devastador si lo mantiene y persiste”.
“Creo que la administración Trump espera poder darle un giro rápido a esta medida. Espera que el lenguaje hiperbólico e incendiario que usó en Truth Social ponga al círculo íntimo de Maduro en su contra y promueva una transición rápida“, le dice a BBC Mundo.
“Pero si eso no pasa, se prevé una gran crisis, porque un gran porcentaje de las exportaciones venezolanas viaja por este tipo de embarcaciones sancionadas”, agrega.
“Y los ingresos provenientes de esas exportaciones no sólo se usan para pagar y sobornar a burócratas, sino para comprar medicinas y alimentos, por lo que se prevé una gran escasez de ambas cosas”.
Un informe reciente de la organización Transparencia Venezuela reveló que el 41% de los buques petroleros (40) que operaron en las costas venezolanas en noviembre fueron buques sancionados, parte de la llamada flota de buques fantasma.
Por su parte, el servicio independiente de seguimiento Tanker Trackers estima que unos 37 buques incluidos en la lista de sancionados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) estaban operando en aguas venezolanas a principios de este mes.
El economista venezolano Francisco Monaldi, director del Programa Latinoamericano de Energía del Instituto Baker de la Universidad Rice, en Houston, señala que la medida anunciada por Trump también forzará al gobierno de Nicolás Maduro a ofrecer mayores descuentos en el petróleo que vende a través de canales informales para sortear las sanciones.
“En cualquier escenario, esto provocará una reducción de los ingresos, lo que a su vez causará una devaluación del bolívar y un aumento de la inflación. Y si la situación se prolonga, es probable que genere una caída significativa del PIB”, añade.
El FMI proyectó que la inflación en Venezuela cerrará 2025 en aproximadamente 269,9 %, según su informe World Economic Outlook publicado el 14 de octubre de 2025.
Consecuencias negativas para Trump
Expertos advierten que el bloqueo también podría tener consecuencias negativas tanto para la oposición venezolana como para el propio gobierno de Donald Trump.
“Si la medida no logra desalojar al gobierno de Nicolás Maduro y los venezolanos comunes comienzan a sufrir sus efectos, es posible que muchos terminen culpando a la oposición y a Trump de la crisis”, señala Sabatini.
Y una mayor pobreza en Venezuela probablemente también impulse una nueva ola migratoria hacia países de América Latina y a Estados Unidos.
Según datos de la ONU, cerca de 7.7 millones de venezolanos han abandonado el país desde el inicio de la crisis económica y política, convirtiendo la situación en una de las mayores crisis migratorias del mundo.
El economista estadounidense Mark Weisbrot, codirector del Centro de Investigación Económica y Política (CEPR), considera que el bloqueo anunciado por Trump podría terminar perjudicándolo políticamente si se mantiene en el tiempo.
“Cerca del 90% de las divisas extranjeras que obtiene Venezuela provienen de las exportaciones de petróleo, por lo que un bloqueo como el anunciado podría generar más pobreza y más migración”, le dice Weisbrot a BBC Mundo.
“Es un riesgo considerable para Trump: si la migración venezolana hacia Estados Unidos aumenta de forma significativa, es probable que sus votantes le hagan pagar el precio en las elecciones de medio mandato del próximo año”.
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