En un contexto de creciente debate sobre las políticas públicas en torno al consumo de sustancias en México, el Foro en Redes sobre Adicciones y prohibicionismo reunió a tres expertos con trayectorias distintas pero complementarias. Jesús Felipe González Roldán, expresidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública; Zara Snapp, directora del Instituto RIA; y Miguel Ángel Toscano, excomisionado de Cofepris y presidente de Reflecciona con Responsabilidad A.C., compartieron diagnósticos, coincidencias y posturas críticas sobre el actual enfoque prohibicionista del gobierno mexicano.

En el encuentro se puso en la mesa temas de salud pública en México como la reciente prohibición constitucional de los vapeadores, en paralelo con la del fentanilo. Esta medida, sin precedentes a nivel mundial, ha sido criticada por expertos en salud, regulación y derechos humanos, quienes coinciden en que el prohibicionismo está generando más daños que beneficios, particularmente al impedir el acceso a información clara y herramientas de reducción de riesgos.

“Llegamos a la aberración de poner a nivel constitucional una sustancia y un vehículo: el fentanilo y el vapeador. Eso es una mala regulación, no aprendemos de la historia”, lamentó González Roldán. En su diagnóstico, México repite el modelo fallido de la prohibición del alcohol en Estados Unidos, que generó mercados clandestinos, sustancias adulteradas y violencia. Esa experiencia histórica, dijo, debería servir como advertencia para no repetir los errores del pasado.

Zara Snapp cuestionó el hecho de que, mientras otros países como Reino Unido y Canadá utilizan los vapeadores como herramientas de cesación para personas fumadoras, en México se opte por criminalizar su uso. “Somos el único país del mundo que tiene en su Constitución una prohibición expresa de los vapeadores. Esto es surreal”, subrayó.

Miguel Ángel Toscano, desde su experiencia como regulador cuando fue titular de COFEPRIS, señaló que “en cuanto prohíbes algo, generas un mercado negro”. Hoy, a pesar de la prohibición, los vapeadores se venden en kioscos de centros comerciales a plena luz del día. “Eso habla del tipo de Estado que estamos construyendo”, afirmó. Añadió que ni Cofepris, ni Profeco ni las aduanas tienen la capacidad real para controlar el ingreso y venta de estos dispositivos, lo cual convierte la prohibición en una simulación institucional.

Los efectos

Los tres especialistas coincidieron en que el enfoque prohibicionista, lejos de proteger la salud, genera consecuencias adversas: criminaliza a los usuarios, impide el acceso a información veraz, fomenta mercados ilegales y debilita la capacidad regulatoria del Estado. Además, señalaron que la prohibición constitucional del fentanilo y los vapeadores refleja una estrategia punitiva mal enfocada que desvía recursos de prevención y atención hacia la persecución legal de consumidores.

Más allá del caso de los vapeadores, los especialistas subrayaron que este patrón prohibicionista también se ha replicado en otros temas clave como el uso medicinal de cannabis, el acceso a tratamientos adecuados para consumidores problemáticos y la carencia de herramientas públicas que permitan una toma de decisiones informada por parte de la población. Toscano recordó que, pese a las reformas legales, aún no existen medicamentos legalmente autorizados con cannabis en México.

Definir adicciones

Para González Roldán, una adicción es simplemente “una dependencia a una sustancia psicoactiva”. Sin embargo, Snapp amplió el enfoque al señalar que “no todas las adicciones son a sustancias; muchas personas tienen adicciones a redes sociales o al teléfono”. Esta perspectiva busca humanizar la conversación y alejarnos de la criminalización automática.

En cuanto a la clasificación estatal entre drogas legales e ilegales, Snapp fue enfática: “Que una sustancia sea ilegal no significa que sea más peligrosa. El alcohol genera muchos daños y es legal”. Desde su perspectiva, esta división tiene raíces históricas, culturales y hasta racistas: “la prohibición de ciertas sustancias ha sido usada como una forma de criminalizar poblaciones específicas”.

Toscano agregó un componente médico al debate: “En México estamos muy atrasados en el uso medicinal de sustancias como la cannabis. Mientras en otros países se regula para fines terapéuticos, aquí seguimos con una prohibición total”. Señaló además que este rezago implica que muchas personas con necesidades de tratamiento buscan soluciones informales, a menudo sin acompañamiento médico ni marco legal.

Los datos sobre consumo también muestran una realidad preocupante. González Roldán señaló que México ha registrado un aumento de consumo en mujeres jóvenes, lo que define como una “feminización de la epidemia” del alcoholismo y tabaquismo. “Hoy mueren más mujeres por enfermedad pulmonar obstructiva crónica que por cáncer de mama o cérvico uterino”, afirmó. Esta tendencia revela la urgencia de una política con perspectiva de género.

Diagnóstico complicado 

Los ponentes coincidieron en que el diagnóstico nacional está incompleto. La falta de encuestas actualizadas sobre consumo impide tener un panorama real. “Desde 2017 no tenemos resultados de una encuesta nacional seria sobre adicciones”, denunció González Roldán. Criticó que se le haya retirado la responsabilidad al Instituto Nacional de Psiquiatría y al Instituto Nacional de Salud Pública para dársela a una instancia sin experiencia en el tema, como el Conacyt.

Snapp explicó que, ante la falta de datos oficiales, organizaciones como el Instituto RIA han desarrollado sus propios sistemas de monitoreo y servicios como Checa tu sustancia, que permiten a los usuarios conocer la composición de lo que consumen: “La información es lo más necesario para prevenir consumos problemáticos”. A través de análisis químicos y orientación especializada, esta iniciativa busca empoderar a las personas con conocimiento sobre lo que consumen y cómo hacerlo de forma más segura.

Este servicio, realizado por voluntarios capacitados, ofrece orientación individualizada y publica cada dos meses reportes sobre las sustancias circulantes en el mercado negro. Además, permite detectar contaminantes peligrosos como el fentanilo, cuya presencia inesperada ha causado sobredosis en usuarios que creían consumir otra sustancia. Para Snapp, este tipo de prácticas deben ser parte de una política de salud integral: “No se trata de promover el consumo, sino de reducir los riesgos de quien ya consume”.

Opciones regulatorias 

González Roldán propuso un enfoque de cuatro pilares para atender el problema desde la salud pública: vigilancia epidemiológica, atención médica, regulación sanitaria y política fiscal coherente. Explicó que el sistema de salud mexicano no está preparado para dar seguimiento a casos de adicción desde el primer nivel de atención, ni tampoco se aprovechan los recursos del IEPS recaudado del alcohol y el tabaco para fortalecer la prevención.

“Por cada 10% que se incrementa el precio del tabaco, se reduce el consumo entre 5% y 7%”, afirmó. Sin embargo, señaló que el cigarro suelto sigue vendiéndose en al menos 400 mil puntos informales en el país, lo que representa una evasión fiscal de más de 10 mil millones de pesos anuales. “Esa venta ilegal afecta sobre todo a los jóvenes y personas de bajos ingresos. Y nadie hace nada”.

Toscano insistió en que cualquier política debe partir de una decisión informada del adulto: “Regulemos estos productos, pongamos restricciones como con el alcohol o el tabaco, y que la gente decida. Pero hoy no tienen esa información”. También lamentó que se prioricen las prohibiciones sobre el diseño de soluciones. “Estamos desperdiciando recursos en perseguir a usuarios en lugar de garantizar derechos”, sentenció Snapp.

González Roldán cerró con un diagnóstico contundente: “En México estamos en el peor escenario de la simulación. Prohibimos, pero no regulamos ni informamos”. Un modelo que, como coinciden los expertos, no está sirviendo para salvar vidas, sino para ponerlas en mayor riesgo.

Solo una estrategia de salud pública basada en evidencia, centrada en la persona, informada por datos actualizados y guiada por derechos humanos podrá revertir esta tendencia. Mientras tanto, las decisiones legislativas siguen priorizando la moral y el castigo por encima del bienestar colectivo. El reto, coincidieron, es abrir la discusión sin prejuicios, con empatía y con una voluntad política real de atender el problema desde la raíz.

Nota del editor: Esta publicación se realiza a partir del foro Hablemos de Adicciones, realizado con la participación y colaboración de  la Sociedad Mexicana de Salud Pública, el Instituto RIA, Reflecciona, con Responsabilidad y PMI como parte de las alianzas estratégicas de Grupo Editorial Criterio.