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Crecen detenciones por posesión de drogas y leyes facilitan violencia en gobierno de AMLO
Crecen detenciones por posesión de drogas y leyes facilitan violencia en gobierno de AMLO
Las policías han realizado, de manera creciente, más detenciones y puestas a disposición de personas por posesión simple de drogas. Ilustración: Margarita Sousa @yue.ms
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Crecen detenciones por posesión de drogas y leyes facilitan violencia en gobierno de AMLO
El sistema de justicia penal invierte más tiempo y recursos en privar de la libertad a personas por delitos menores de drogas, que en desarticular estructuras del narcotráfico organizado. La ley facilita la acreditación de la posesión simple, que envía personas a prisión de manera sistemática.
30 de noviembre, 2023
Por: Marcela Nochebuena
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*Esta investigación forma parte del especial “Miedo, castigo y estigma: el fracaso de la política de drogas de AMLO”, realizado en alianza con Elementa DDHH.

Mientras las campañas impulsadas desde la vocería del Gobierno de México recrudecen un discurso que estigmatiza a las personas usuarias de sustancias, y el consumo de drogas crece y se diversifica, en los últimos años también se ha incrementado la criminalización directa: las detenciones y puestas a disposición por posesión simple van a la alza.  

Si bien entre 2019 y 2020, todavía en los primeros años de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, las detenciones por portar sustancias psicoactivas sin ánimo de venta registraron una leve disminución, al pasar de 43 mil 945 a 42 mil 308 casos, para 2021 –de un año a otro– crecieron en un 25%, para sumar 53 mil 032. 

Datos de los censos nacionales de Seguridad Pública entre 2020 y 2022 evidencian que las policías han realizado, de manera creciente, más detenciones y puestas a disposición de personas por posesión simple, es decir, aquellas que llevan consigo sustancias sin intención de venderlas. 

El delito está previsto tanto en el artículo 477 de la Ley General de Salud como en el 195 bis del Código Penal Federal bajo la figura de narcomenudeo. La primera legislación impone penas de diez meses a tres años de prisión y hasta ochenta días de multa, mientras que el segundo impone cuatro a siete años y medio de prisión y de 50 a 150 días de multa.

El castigo aplica a las personas que poseen alguna de las sustancias contempladas en la Ley General de Salud –opio, heroína, mariguana, cocaína, LSD, metanfetaminas–, siempre y cuando sea una cantidad inferior al resultado de multiplicar por mil los máximos de consumo personal previstos y, por las circunstancias, se considere que no está destinada a la comercialización.

gráfico posesión drogas simples
Diseño: Nadia Núñez @naddnuk

De acuerdo con especialistas y organizaciones, la legislación vigente da pie a que personas que no están involucradas con el narcomenudeo sean detenidas arbitrariamente, violentadas y estigmatizadas, pero aún más grave: procesadas penalmente y privadas de la libertad incluso sin sentencia, pues para el delito de posesión simple aplica la medida de prisión preventiva oficiosa.

De acuerdo con la organización Elementa DDHH, tal como ha venido documentando desde la elaboración de su informe Historias de detención por posesión simple, las policías siguen actuando en gran volumen en contra de la población usuaria de sustancias. 

Las prácticas de hostigamiento se evidencian con el aumento –en la última versión disponible del Censo Nacional de Seguridad Pública– de casi 10 mil casos a nivel nacional entre 2019 y 2021, con lo que en esta administración suman ya 139 mil las detenciones por portar alguna sustancia. 

Lee: “Fentanilo. ¡A la primera te mata!”: SEP anuncia campaña contra las drogas en secundarias y prepas

Aunque en muchos casos estas puestas a disposición del Ministerio Público no necesariamente culminan en la privación de la libertad, se convierten en un mecanismo muy utilizado para extorsionar a las personas. De esta manera, se mantiene el status quo jurídico que permite la criminalización de la posesión simple. 

La arbitrariedad radica en que la autoridad no tiene que comprobar el ánimo de venta para detener, procesar o condenar. Ese es uno de los principales hechos que el actual gobierno prometió cambiar, con el cannabis como puerta de entrada, explica Adriana Muro, directora de Elementa DDHH.  

Las policías, y ahora las entidades militarizadas –con el incremento de su presencia en las calles–, siguen teniendo la facultad de detener personas. “¿Qué nos están diciendo los datos? En este sexenio se han detenido a más de 90 mil personas por delitos de drogas. No todas llegan a cárcel, muchas son presentadas al Ministerio Público, pero en el inter hay muchas vulneraciones a derechos humanos: detenciones arbitrarias, violencia física, psicológica, sexual y corrupción”, agrega.  

Descensos en privaciones de la libertad, pero no en todo el país 

En contraste con el incremento de las detenciones o puestas a disposición del Ministerio Público por posesión simple, la cifra total de personas privadas de la libertad por este delito sí ha registrado una disminución durante este sexenio, pero no en todos los estados del país. En algunos de ellos se evidencian, incluso, incrementos importantes.

A nivel nacional, tomando en cuenta penales estatales y federales, mientras que en 2019 había 9 mil 372 personas privadas en centros de reclusión por posesión simple, para 2022 sumaron 5 mil 332, lo que implica una disminución del 43%.

Sin embargo, de acuerdo con especialistas y organizaciones, esto podría deberse en gran medida a la clasificación del delito, ya que está contemplado dentro de la figura de narcomenudeo. Esto quiere decir que más que a un alto a la criminalización, el cambio en la estadística respondería a la conducta en la que se busca encuadrar a la persona detenida con sustancias psicoactivas.

Por ejemplo, Durango “destaca” por la drástica disminución de personas privadas de la libertad en la entidad por este delito. Entre 2019 y 2021 tenía una tendencia creciente, de 634 a 757, y después a mil 017 personas. Repentinamente, para 2022 registró cero privaciones de la libertad. Sin embargo, casi la totalidad de las detenciones –mil 076– fueron clasificadas como posesión con fines de comercio.

Por otro lado, aunque las personas privadas de la libertad por este delito en centros penitenciarios federales pasaron de mil 141 en 2019 a 267 para 2023, al tratarse de un delito del fuero común, la posesión simple se persigue en mayor medida en las entidades federativas.

Mientras que Chihuahua registra el mayor descenso en privaciones de la libertad, al pasar de mil 761 en 2020 a 119 en 2022, entidades como Ciudad de México y Nuevo León muestran una tendencia a la baja en el último año a la que, en realidad, antecede un crecimiento sostenido desde 2019, cuando ambos estados tenían mucho menos personas en reclusión por posesión simple. 

Gráfico posesión simple por estado
Diseño: Nadia Núñez @naddnuk

En contraste, en entidades como Guanajuato y Sonora se ha incrementado significativamente el número de personas privadas de la libertad por el delito al pasar, el primero, de 225 a 563 y el segundo de 67 a mil 77. En otros como Querétaro, Puebla, Quintana Roo, Tamaulipas, Zacatecas, Coahuila y Veracruz también ha crecido el total de personas en prisión por posesión simple.

Para Angela Guerrero, especialista en regulación y política de drogas, en este sexenio se terminaron utilizando las prácticas que tanto se criticaron antes, en el modelo de comunicación –campañas– y de prevención, pero también en el uso que se le ha dado a las fuerzas de seguridad en el país. 

“Aun cuando no lo vemos, porque hay otro tipo de iniciativas que están buscando que no se criminalice por posesión de ciertas sustancias, por otras sustancias sí siguen entrando a los centros penitenciarios y siguen apostando a detener a aquellas personas que no tienen manera de defenderse en un proceso legal”, apunta. 

La “reincidencia” de portar drogas también se castiga

Aunado al crecimiento general de detenciones por posesión simple, y a la relativa disminución de personas privadas de la libertad por ese delito –que no es una realidad en todo el país–, el 32% de ellas regresa a la prisión por el mismo motivo.

Durante 2021, el número de ingresos registrados a nivel nacional por el delito fue de 10 mil 76. En 3 mil 273 casos se trató de personas reincidentes, que fueron privadas de la libertad por segunda vez por portar una sustancia. 

De esta manera, el total de nuevos ingresos por posesión simple representó un 6.3% de todos los nuevos ingresos a reclusorios en ese año. Durante el año anterior, el número de nuevos internamientos había sido de 7 mil 385 personas, un 26% menos.

Lee: Sin más evidencia que el prejuicio: la segunda fase de la campaña contra las drogas del gobierno federal

Para Elementa DDHH, estos datos evidencian que la autoridad sigue haciendo un sobreejercicio del poder sobre las personas consumidoras, incluso sabiendo que muchas no cumplirán una sentencia. En ese sentido, la actual administración no solo mantiene una naturaleza punitiva, sino una narrativa que presenta el incremento de detenciones como sinónimo de éxito de las fuerzas armadas.

Además de basar la persecución en un sistema de cantidades que no toma en consideración el contexto de las conductas, lo que genera una dificultad para determinar el comportamiento que justifica la detención. Esto se debe a que persiste un gran número de acciones concentradas en la figura de narcomenudeo, así como a la falta de investigación y medios probatorios. 

En contraste, no existe un abordaje de los problemas de seguridad mediante el desmantelamiento de las cadenas de violencia y las redes de macrocriminalidad, mientras que las propuestas de modificación al marco jurídico en materia de política de drogas siguen congeladas.

La legislación vigente da pie a que personas que no están involucradas con el narcomenudeo sean detenidas arbitrariamente, violentadas y estigmatizadas, acusan activistas.
La legislación vigente da pie a que personas que no están involucradas con el narcomenudeo sean detenidas arbitrariamente, acusan activistas. Foto: Cuartoscuro

La legislación sobre drogas que nunca llegó

Durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, se han presentado ante el Congreso de la Unión 45 iniciativas –22 en el Senado y 23 en la Cámara de Diputados– relacionadas con cambios en la política de drogas.

Estas propuestas han buscado, en suma, expedir una ley que regule el mercado de cannabis en el país, modificar la Ley General de Salud para regular el uso de esa sustancia con fines medicinales y científicos, y cambiar el Código Penal Federal para dejar de perseguir penalmente algunas conductas relacionadas con drogas.

Otras han abordado la posibilidad de otorgar amnistía a las personas consumidoras y establecer medidas fiscales para la comercialización de la cannabis, así como regularla con enfoque de justicia social y derechos humanos. Esta última presentada por la senadora Olga Sánchez Cordero.

Ninguna ha prosperado. El proceso legislativo ha sido obstaculizado, por un lado, por la supuesta intromisión de empresas privadas extranjeras para generar una regulación a modo que les permita acaparar el mercado y, por el otro, por la postura del presidente López Obrador, que ha dicho que no existen condiciones para ello ni consenso al interior de su gabinete. 

En opinión de la senadora Patricia Mercado, el paso más importante es avanzar en la propuesta de legalización de la cannabis en primer lugar porque es un mandato de la Suprema Corte de Justicia, tanto para uso medicinal como para uso adulto y lúdico, y en segundo, porque significa abrir la puerta a un camino distinto al prohibicionismo.  

“La política prohibicionista, en realidad, a los que más les ha pegado, los que han pagado los costos, son los más pobres, los más vulnerables, las regiones rurales más empobrecidas en ciertos estados de la República. Es cambiar el camino, meter sobre todo a estas poblaciones que han puesto los muertos, como decimos, al cultivo, a la producción de manera legal, y el consumo personal dejar de castigarlo, de prohibirlo”, apunta.

Lee: Seis años sin datos sobre consumo de drogas; en 2024 se prevén primeros resultados de encuesta nacional

En su radiografía Historias de detención por posesión simple, Elementa DDHH muestra un panorama de las características de las personas detenidas por este delito: usuarias de sustancias psicoactivas en su mayoría pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad, ya sea por sus condiciones socioculturales, su origen étnico o su orientación sexual. El 55% puestas a disposición, además, entre los 15 y 20 años de edad.

Entre otros aspectos, la iniciativa de Sánchez Cordero, presentada desde noviembre del 2018, contemplaba eliminar la cannabis del Código Penal Federal para regularla en la Ley General de Salud con 28 gramos para uso personal y crear clubes regulados e inscritos, así como un instituto, bajo el principio de que la política prohibicionista no va a dar resultados ni en México ni en Estados Unidos.

Esto contribuiría, al mismo tiempo, a terminar con el estigma sobre las personas consumidoras, así como con su discriminación y exclusión. Después de un tramo de avance, la propuesta permanece hasta hoy congelada en el Senado. Mercado sostiene que a pesar de los compromisos, la voluntad política está cerrada y no hay manera de discutirla, pese a que la Suprema Corte ya ordenó legislar al respecto.

Durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, se han presentado ante el Congreso de la Unión 45 iniciativas –22 en el Senado y 23 en la Cámara de Diputados– relacionadas con cambios en la política de drogas.
Durante la actual administración se han presentado sin éxito 45 iniciativas relacionadas con cambios en la política de drogas. Foto: Cuartoscuro

Sin voluntad en política de drogas

Apenas en septiembre pasado, López Obrador viajó a Colombia, por invitación del presidente Gustavo Petro Urrego, a la Conferencia Latinoamericana y del Caribe “Por una política de drogas para la vida, la paz y el desarrollo”, que concluyó con la adopción de una declaración conjunta. 

Ahí, compartió la mesa y el diálogo con una administración que ha privilegiado un enfoque opuesto al suyo: derechos humanos, salud pública, justicia social y reducción de daños frente a las políticas carcelarias y el prohibicionismo.

La senadora Mercado pensó que era una buena oportunidad para revivir la iniciativa, pues uno de los temas centrales fue el daño a los más vulnerados con la política punitiva; la presencia del Presidente, de alguna manera, mostraba que estaba de acuerdo con la política colombiana. “Pero no significó nada esa visita, no cambió absolutamente en nada la voluntad de la coalición mayoritaria”, lamenta.

A unos días de que se cumplan los primeros cinco años de su gobierno, el viraje en la voluntad y la narrativa ha quedado claro: “No descarto la posibilidad de convocar a una reflexión colectiva sobre la legalización de algunas drogas, sobre todo las drogas curativas o de atención médica. La misma campaña nos ha costado trabajo porque no había infraestructura para atender enfermos por consumo de drogas”, decía López Obrador en 2019.

Para 2023, su discurso ya era otro: “Se va a lanzar una campaña para inhibir el consumo de drogas, sobre todo de fentanilo. En México no tenemos el mismo grado de consumo como en otros países. Estamos reforzando con programas sociales y exaltando nuestros valores culturales y morales… El uso y consumo de sustancias y violencia son un fenómeno social. Donde hay violencia, hay que sospechar uso de drogas”.

A 2 mil 700 kilómetros de Palacio Nacional, Lilia Pacheco, quien dirige Prevencasa en Tijuana, Baja California –donde se proporcionan jeringas, servicios médicos y reducción de daños, siempre con una dosis de naloxona disponible para sobredosis–, explica lo que falta entender como sociedad y en el sistema público de salud para acabar con los estigmas sobre las personas usuarias de drogas:

“Primero, qué es la reducción de daños, y entenderlo de esta manera tan pragmática como que sabemos que existe uso de sustancias, que ha existido por cientos de años y seguirá existiendo; independientemente de cualquier política de drogas de cada país, va a haber consumo de sustancias, y tenemos que respetar el derecho de las personas, la decisión de que usen sustancias, pero también tenemos que apoyarlas para que tengan una mejor calidad de vida”.

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La decisión judicial en EE.UU. que considera que los embriones congelados son niños
7 minutos de lectura
La decisión judicial en EE.UU. que considera que los embriones congelados son niños
El sistema de justicia penal invierte más tiempo y recursos en privar de la libertad a personas por delitos menores de drogas, que en desarticular estructuras del narcotráfico organizado. La ley facilita la acreditación de la posesión simple, que envía personas a prisión de manera sistemática.
22 de febrero, 2024
Por: BBC News Mundo
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Es una decisión que ha abierto un nuevo frente en la batalla de la medicina reproductiva en EE.UU.

La Corte Suprema del estado de Alabama emitió hace unos días una sentencia en la que considera como “bebés” a los embriones congelados, por lo que también fija responsabilidades para quienes se vean involucrados en su destrucción accidental.

Esto ha llevado al sistema sanitario de la Universidad de Alabama en Birmingham, el mayor hospital del sur de Estados Unidos, ha interrumpir sus servicios de fecundación in vitro (FIV) por precaución ante posibles acciones penales.

La institución declaró que seguiría extrayendo óvulos de los ovarios de las mujeres. Sin embargo, dijo que detendría el siguiente paso del proceso de la FIV, en el que los óvulos son fertilizados con esperma antes de ser implantados en el útero.

“Nos entristece que esto afecte los intentos de nuestros pacientes de tener un bebé mediante FIV”, declaró la institución en un comunicado.

“Pero debemos evaluar la posibilidad de que nuestros pacientes y nuestros médicos puedan ser procesados penalmente o enfrentarse a daños punitivos por seguir el estándar de atención para los tratamientos de FIV”.

Poco después, una segunda clínica, Alabama Fertility, también suspendió los procedimientos por el “riesgo legal” que ahora enfrentan.

Expertos médicos y grupos de defensa de la reproducción advirtieron que la sentencia podría tener consecuencias negativas para los tratamientos de fertilidad en Alabama y otros estados.

A su vez, los grupos conservadores expresaron satisfacción por la sentencia, argumentando que incluso el embrión más pequeño merecía protección legal.

¿Qué originó esta decisión?

La decisión tiene su origen en una demanda por homicidio culposo interpuesta por tres parejas cuyos embriones fueron perdidos en una clínica de fertilidad en 2020.

Un paciente había entrado en el lugar donde se almacenaban los embriones, los manipuló y los dejó caer accidentalmente. Como consecuencia, los embriones quedaron destruidos.

Los jueces de la Corte Suprema de Alabama
Corte Suprema de Alabama
Los nueve jueces de la Corte Suprema de Alabama se identifican como conservadores.

Las parejas demandaron al Centro de Medicina Reproductiva y a la Asociación de Enfermería de Mobile en virtud de la Ley estatal de Muerte Injusta de un Menor. Esta ley cubre a los fetos, pero no los a los embriones resultantes de la FIV.

Un tribunal inferior había dictaminado que los embriones no tenían la consideración de persona o niño, y que la demanda por homicidio culposo no podía prosperar.

Pero en su sentencia, la Corte Suprema de Alabama dio la razón a las parejas demandantes y dictaminó que los embriones congelados se consideraban “bebés”.

La ley de muerte por negligencia se aplica a “todos los niños no nacidos, independientemente de su ubicación”, se lee en la decisión.

Coincidiendo con la opinión mayoritaria, el presidente del tribunal, Tom Parker, escribió: “Incluso antes de nacer, todos los seres humanos tienen la imagen de Dios, y sus vidas no pueden ser destruidas sin borrar su gloria”.

¿Qué implicaciones tiene en Alabama?

La sentencia no prohíbe ni restringe la FIV y, de hecho, las parejas que presentaron el caso se habían sometido al procedimiento.

Pero la decisión puede causar confusión sobre si algunos aspectos de la FIV son legales según la ley de Alabama, dicen los expertos.

Si un embrión se considera una persona, podría plantear dudas sobre cómo pueden utilizarlo y almacenarlo en las clínicas.

Elisabeth Smith, directora de política estatal del Centro de Derechos Reproductivos, dijo a la BBC: “No todos los embriones [de fecundación in vitro] se utilizan, ni pueden utilizarse”.

“Promulgar una ley que conceda personalidad jurídica a los embriones podría tener consecuencias desastrosas para el uso de la FIV, una ciencia en la que muchas personas confían para constituir sus familias”.

Una protesta en Alabama a favor del aborto
Getty Images
Como en otros estados, el aborto ha sido un tema divisivo en Alabama.

La ambigüedad de la ley podría extenderse también a los propios pacientes, que podrían tener dudas sobre si el procedimiento sigue estando disponible o sigue siendo legal.

La Asociación Médica del Estado de Alabama manifestó en un comunicado: “La trascendencia de esta decisión afecta a todos los habitantes de Alabama y es probable que dé lugar a un menor número de bebés -hijos, nietos, sobrinas, sobrinos y primos-, ya que las opciones de fertilidad se limitan para quienes desean tener una familia”.

¿Cómo influye en el debate nacional?

Cuando la Corte Suprema de Estados Unidos anuló en 2022 el derecho a la interrupción del embarazo en todo el país, abrió la puerta a que los Estados promulgaran sus propias leyes al respecto.

Desde esa decisión, los estados gobernados por los demócratas han ampliado el acceso al aborto, mientras que los de mayoría republicana lo han restringido.

Antes de esta decisión, Alabama ya prohibía el aborto en todas las fases del embarazo.

La Casa Blanca calificó la nueva sentencia estatal como ” el tipo exacto de caos que esperábamos cuando el Tribunal Supremo anuló el caso Roe vs. Wade y allanó el camino para que los políticos influyan en una de las decisiones más personales que pueden tomar las familias”.

Carteles a favor y en contra del aborto frente a la Corte Suprema de EE.UU.
Getty Images
Desde 2022, el aborto ha estado en el centro del debate de EE.UU.

Los detractores de la interrupción legal del embarazo también han estado siguiendo de cerca esta sentencia. La cuestión de cuándo un embrión o un feto se considera legalmente una persona es un factor en muchas restricciones estatales al aborto.

Alliance Defending Freedom, un grupo jurídico cristiano conservador, describió la sentencia de Alabama como una “tremenda victoria para la vida”.

“No importan las circunstancias, toda vida humana es valiosa desde el momento de la concepción”, dijo la portavoz Denise Burke a la BBC. “Estamos agradecidos de que la Corte haya considerado correctamente que la ley de Alabama reconoce esta verdad fundamental”.

Otros activistas antiaborto afirmaron que la FIV no era una cuestión ética tan clara a sus ojos, en comparación con la interrupción del embarazo.

Eric Johnston, un abogado que ayudó a redactar la ley de Alabama sobre el aborto en 2018, le dijo a la BBC: “En general, la comunidad provida diría que los óvulos fertilizados necesitan protección”.

Pero reconoció que había parejas con puntos de vista contrarios al aborto que habían utilizado la FIV para tener hijos, y dijo que nunca los condenaría.

“Es un dilema, y un dilema es algo para lo que no se tiene una respuesta satisfactoria”, añadió.

¿Qué es la FIV?

La fecundación in vitro ayuda a una mujer que tiene dificultades para quedar embarazada. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU., alrededor del 2% de los embarazos en EE.UU. (unos 97.000 casos) son resultado de la FIV.

El proceso consiste en extraer los óvulos de los ovarios con una aguja y combinarlos con el esperma en un laboratorio. Después, el embrión fecundado se implanta en el útero de la mujer, donde puede desarrollarse un embarazo.

Pero el proceso no es garantía de un embarazo. Cuando no hay éxito, serán necesarios más intentos para lograr un embarazo.

En algunos casos, como en el caso de Alabama, los embriones fecundados se congelan y almacenan en tanques con nitrógeno líquido. Según los expertos, pueden conservarse durante décadas.

Un procedimiento de FIV
Getty Images

¿Cómo impacta a otros estados?

Los estados de EE.UU. tienden a replicar la legislación de otros. Se ha visto esta tendencia en el caso del aborto.

Aunque la sentencia de Alabama solo se aplica dentro del estado, los expertos señalaron que en otros estados podría haber intentos legislativos o demandas encaminadas a promover el concepto de que los embriones congelados deben considerarse legalmente seres vivos.

Pero señalaron que parecía improbable que este caso concreto acabara en la Corte Suprema de EE.UU., como ocurrió con la cuestión del aborto, porque la sentencia de Alabama se originó en un tribunal estatal y se refiere a una interpretación de la ley estatal, no de la federal.

¿Cómo influye en las elecciones?

El derecho a la interrupción del embarazo ha sido un tema favorable para los demócratas desde que la Corte Suprema anuló el caso Roe vs. Wade que garantizaba el derecho constitucional a interrumpir el embarazo.

Tras la sentencia de Alabama, los candidatos demócratas podrían prometer que buscarán proteger el acceso a los tratamientos de fertilidad en todo Estados Unidos.

Los políticos republicanos, por su parte, suelen ponerse del lado de los conservadores religiosos que quieren prohibir o limitar el aborto en el país.

La aspirante presidencial republicana Nikki Haley, la única contendiente que queda en la carrera contra Donald Trump por la nominación, respaldó el jueves la decisión de Alabama.

“Para mí, los embriones son bebés”, dijo. “Cuando hablas de un embrión, estás hablando de eso”.

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