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Crecen detenciones por posesión de drogas y leyes facilitan violencia en gobierno de AMLO
Crecen detenciones por posesión de drogas y leyes facilitan violencia en gobierno de AMLO
Las policías han realizado, de manera creciente, más detenciones y puestas a disposición de personas por posesión simple de drogas. Ilustración: Margarita Sousa @yue.ms
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Crecen detenciones por posesión de drogas y leyes facilitan violencia en gobierno de AMLO
El sistema de justicia penal invierte más tiempo y recursos en privar de la libertad a personas por delitos menores de drogas, que en desarticular estructuras del narcotráfico organizado. La ley facilita la acreditación de la posesión simple, que envía personas a prisión de manera sistemática.
30 de noviembre, 2023
Por: Marcela Nochebuena
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*Esta investigación forma parte del especial “Miedo, castigo y estigma: el fracaso de la política de drogas de AMLO”, realizado en alianza con Elementa DDHH.

Mientras las campañas impulsadas desde la vocería del Gobierno de México recrudecen un discurso que estigmatiza a las personas usuarias de sustancias, y el consumo de drogas crece y se diversifica, en los últimos años también se ha incrementado la criminalización directa: las detenciones y puestas a disposición por posesión simple van a la alza.  

Si bien entre 2019 y 2020, todavía en los primeros años de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, las detenciones por portar sustancias psicoactivas sin ánimo de venta registraron una leve disminución, al pasar de 43 mil 945 a 42 mil 308 casos, para 2021 –de un año a otro– crecieron en un 25%, para sumar 53 mil 032. 

Datos de los censos nacionales de Seguridad Pública entre 2020 y 2022 evidencian que las policías han realizado, de manera creciente, más detenciones y puestas a disposición de personas por posesión simple, es decir, aquellas que llevan consigo sustancias sin intención de venderlas. 

El delito está previsto tanto en el artículo 477 de la Ley General de Salud como en el 195 bis del Código Penal Federal bajo la figura de narcomenudeo. La primera legislación impone penas de diez meses a tres años de prisión y hasta ochenta días de multa, mientras que el segundo impone cuatro a siete años y medio de prisión y de 50 a 150 días de multa.

El castigo aplica a las personas que poseen alguna de las sustancias contempladas en la Ley General de Salud –opio, heroína, mariguana, cocaína, LSD, metanfetaminas–, siempre y cuando sea una cantidad inferior al resultado de multiplicar por mil los máximos de consumo personal previstos y, por las circunstancias, se considere que no está destinada a la comercialización.

gráfico posesión drogas simples
Diseño: Nadia Núñez @naddnuk

De acuerdo con especialistas y organizaciones, la legislación vigente da pie a que personas que no están involucradas con el narcomenudeo sean detenidas arbitrariamente, violentadas y estigmatizadas, pero aún más grave: procesadas penalmente y privadas de la libertad incluso sin sentencia, pues para el delito de posesión simple aplica la medida de prisión preventiva oficiosa.

De acuerdo con la organización Elementa DDHH, tal como ha venido documentando desde la elaboración de su informe Historias de detención por posesión simple, las policías siguen actuando en gran volumen en contra de la población usuaria de sustancias. 

Las prácticas de hostigamiento se evidencian con el aumento –en la última versión disponible del Censo Nacional de Seguridad Pública– de casi 10 mil casos a nivel nacional entre 2019 y 2021, con lo que en esta administración suman ya 139 mil las detenciones por portar alguna sustancia. 

Lee: “Fentanilo. ¡A la primera te mata!”: SEP anuncia campaña contra las drogas en secundarias y prepas

Aunque en muchos casos estas puestas a disposición del Ministerio Público no necesariamente culminan en la privación de la libertad, se convierten en un mecanismo muy utilizado para extorsionar a las personas. De esta manera, se mantiene el status quo jurídico que permite la criminalización de la posesión simple. 

La arbitrariedad radica en que la autoridad no tiene que comprobar el ánimo de venta para detener, procesar o condenar. Ese es uno de los principales hechos que el actual gobierno prometió cambiar, con el cannabis como puerta de entrada, explica Adriana Muro, directora de Elementa DDHH.  

Las policías, y ahora las entidades militarizadas –con el incremento de su presencia en las calles–, siguen teniendo la facultad de detener personas. “¿Qué nos están diciendo los datos? En este sexenio se han detenido a más de 90 mil personas por delitos de drogas. No todas llegan a cárcel, muchas son presentadas al Ministerio Público, pero en el inter hay muchas vulneraciones a derechos humanos: detenciones arbitrarias, violencia física, psicológica, sexual y corrupción”, agrega.  

Descensos en privaciones de la libertad, pero no en todo el país 

En contraste con el incremento de las detenciones o puestas a disposición del Ministerio Público por posesión simple, la cifra total de personas privadas de la libertad por este delito sí ha registrado una disminución durante este sexenio, pero no en todos los estados del país. En algunos de ellos se evidencian, incluso, incrementos importantes.

A nivel nacional, tomando en cuenta penales estatales y federales, mientras que en 2019 había 9 mil 372 personas privadas en centros de reclusión por posesión simple, para 2022 sumaron 5 mil 332, lo que implica una disminución del 43%.

Sin embargo, de acuerdo con especialistas y organizaciones, esto podría deberse en gran medida a la clasificación del delito, ya que está contemplado dentro de la figura de narcomenudeo. Esto quiere decir que más que a un alto a la criminalización, el cambio en la estadística respondería a la conducta en la que se busca encuadrar a la persona detenida con sustancias psicoactivas.

Por ejemplo, Durango “destaca” por la drástica disminución de personas privadas de la libertad en la entidad por este delito. Entre 2019 y 2021 tenía una tendencia creciente, de 634 a 757, y después a mil 017 personas. Repentinamente, para 2022 registró cero privaciones de la libertad. Sin embargo, casi la totalidad de las detenciones –mil 076– fueron clasificadas como posesión con fines de comercio.

Por otro lado, aunque las personas privadas de la libertad por este delito en centros penitenciarios federales pasaron de mil 141 en 2019 a 267 para 2023, al tratarse de un delito del fuero común, la posesión simple se persigue en mayor medida en las entidades federativas.

Mientras que Chihuahua registra el mayor descenso en privaciones de la libertad, al pasar de mil 761 en 2020 a 119 en 2022, entidades como Ciudad de México y Nuevo León muestran una tendencia a la baja en el último año a la que, en realidad, antecede un crecimiento sostenido desde 2019, cuando ambos estados tenían mucho menos personas en reclusión por posesión simple. 

Gráfico posesión simple por estado
Diseño: Nadia Núñez @naddnuk

En contraste, en entidades como Guanajuato y Sonora se ha incrementado significativamente el número de personas privadas de la libertad por el delito al pasar, el primero, de 225 a 563 y el segundo de 67 a mil 77. En otros como Querétaro, Puebla, Quintana Roo, Tamaulipas, Zacatecas, Coahuila y Veracruz también ha crecido el total de personas en prisión por posesión simple.

Para Angela Guerrero, especialista en regulación y política de drogas, en este sexenio se terminaron utilizando las prácticas que tanto se criticaron antes, en el modelo de comunicación –campañas– y de prevención, pero también en el uso que se le ha dado a las fuerzas de seguridad en el país. 

“Aun cuando no lo vemos, porque hay otro tipo de iniciativas que están buscando que no se criminalice por posesión de ciertas sustancias, por otras sustancias sí siguen entrando a los centros penitenciarios y siguen apostando a detener a aquellas personas que no tienen manera de defenderse en un proceso legal”, apunta. 

La “reincidencia” de portar drogas también se castiga

Aunado al crecimiento general de detenciones por posesión simple, y a la relativa disminución de personas privadas de la libertad por ese delito –que no es una realidad en todo el país–, el 32% de ellas regresa a la prisión por el mismo motivo.

Durante 2021, el número de ingresos registrados a nivel nacional por el delito fue de 10 mil 76. En 3 mil 273 casos se trató de personas reincidentes, que fueron privadas de la libertad por segunda vez por portar una sustancia. 

De esta manera, el total de nuevos ingresos por posesión simple representó un 6.3% de todos los nuevos ingresos a reclusorios en ese año. Durante el año anterior, el número de nuevos internamientos había sido de 7 mil 385 personas, un 26% menos.

Lee: Sin más evidencia que el prejuicio: la segunda fase de la campaña contra las drogas del gobierno federal

Para Elementa DDHH, estos datos evidencian que la autoridad sigue haciendo un sobreejercicio del poder sobre las personas consumidoras, incluso sabiendo que muchas no cumplirán una sentencia. En ese sentido, la actual administración no solo mantiene una naturaleza punitiva, sino una narrativa que presenta el incremento de detenciones como sinónimo de éxito de las fuerzas armadas.

Además de basar la persecución en un sistema de cantidades que no toma en consideración el contexto de las conductas, lo que genera una dificultad para determinar el comportamiento que justifica la detención. Esto se debe a que persiste un gran número de acciones concentradas en la figura de narcomenudeo, así como a la falta de investigación y medios probatorios. 

En contraste, no existe un abordaje de los problemas de seguridad mediante el desmantelamiento de las cadenas de violencia y las redes de macrocriminalidad, mientras que las propuestas de modificación al marco jurídico en materia de política de drogas siguen congeladas.

La legislación vigente da pie a que personas que no están involucradas con el narcomenudeo sean detenidas arbitrariamente, violentadas y estigmatizadas, acusan activistas.
La legislación vigente da pie a que personas que no están involucradas con el narcomenudeo sean detenidas arbitrariamente, acusan activistas. Foto: Cuartoscuro

La legislación sobre drogas que nunca llegó

Durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, se han presentado ante el Congreso de la Unión 45 iniciativas –22 en el Senado y 23 en la Cámara de Diputados– relacionadas con cambios en la política de drogas.

Estas propuestas han buscado, en suma, expedir una ley que regule el mercado de cannabis en el país, modificar la Ley General de Salud para regular el uso de esa sustancia con fines medicinales y científicos, y cambiar el Código Penal Federal para dejar de perseguir penalmente algunas conductas relacionadas con drogas.

Otras han abordado la posibilidad de otorgar amnistía a las personas consumidoras y establecer medidas fiscales para la comercialización de la cannabis, así como regularla con enfoque de justicia social y derechos humanos. Esta última presentada por la senadora Olga Sánchez Cordero.

Ninguna ha prosperado. El proceso legislativo ha sido obstaculizado, por un lado, por la supuesta intromisión de empresas privadas extranjeras para generar una regulación a modo que les permita acaparar el mercado y, por el otro, por la postura del presidente López Obrador, que ha dicho que no existen condiciones para ello ni consenso al interior de su gabinete. 

En opinión de la senadora Patricia Mercado, el paso más importante es avanzar en la propuesta de legalización de la cannabis en primer lugar porque es un mandato de la Suprema Corte de Justicia, tanto para uso medicinal como para uso adulto y lúdico, y en segundo, porque significa abrir la puerta a un camino distinto al prohibicionismo.  

“La política prohibicionista, en realidad, a los que más les ha pegado, los que han pagado los costos, son los más pobres, los más vulnerables, las regiones rurales más empobrecidas en ciertos estados de la República. Es cambiar el camino, meter sobre todo a estas poblaciones que han puesto los muertos, como decimos, al cultivo, a la producción de manera legal, y el consumo personal dejar de castigarlo, de prohibirlo”, apunta.

Lee: Seis años sin datos sobre consumo de drogas; en 2024 se prevén primeros resultados de encuesta nacional

En su radiografía Historias de detención por posesión simple, Elementa DDHH muestra un panorama de las características de las personas detenidas por este delito: usuarias de sustancias psicoactivas en su mayoría pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad, ya sea por sus condiciones socioculturales, su origen étnico o su orientación sexual. El 55% puestas a disposición, además, entre los 15 y 20 años de edad.

Entre otros aspectos, la iniciativa de Sánchez Cordero, presentada desde noviembre del 2018, contemplaba eliminar la cannabis del Código Penal Federal para regularla en la Ley General de Salud con 28 gramos para uso personal y crear clubes regulados e inscritos, así como un instituto, bajo el principio de que la política prohibicionista no va a dar resultados ni en México ni en Estados Unidos.

Esto contribuiría, al mismo tiempo, a terminar con el estigma sobre las personas consumidoras, así como con su discriminación y exclusión. Después de un tramo de avance, la propuesta permanece hasta hoy congelada en el Senado. Mercado sostiene que a pesar de los compromisos, la voluntad política está cerrada y no hay manera de discutirla, pese a que la Suprema Corte ya ordenó legislar al respecto.

Durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, se han presentado ante el Congreso de la Unión 45 iniciativas –22 en el Senado y 23 en la Cámara de Diputados– relacionadas con cambios en la política de drogas.
Durante la actual administración se han presentado sin éxito 45 iniciativas relacionadas con cambios en la política de drogas. Foto: Cuartoscuro

Sin voluntad en política de drogas

Apenas en septiembre pasado, López Obrador viajó a Colombia, por invitación del presidente Gustavo Petro Urrego, a la Conferencia Latinoamericana y del Caribe “Por una política de drogas para la vida, la paz y el desarrollo”, que concluyó con la adopción de una declaración conjunta. 

Ahí, compartió la mesa y el diálogo con una administración que ha privilegiado un enfoque opuesto al suyo: derechos humanos, salud pública, justicia social y reducción de daños frente a las políticas carcelarias y el prohibicionismo.

La senadora Mercado pensó que era una buena oportunidad para revivir la iniciativa, pues uno de los temas centrales fue el daño a los más vulnerados con la política punitiva; la presencia del Presidente, de alguna manera, mostraba que estaba de acuerdo con la política colombiana. “Pero no significó nada esa visita, no cambió absolutamente en nada la voluntad de la coalición mayoritaria”, lamenta.

A unos días de que se cumplan los primeros cinco años de su gobierno, el viraje en la voluntad y la narrativa ha quedado claro: “No descarto la posibilidad de convocar a una reflexión colectiva sobre la legalización de algunas drogas, sobre todo las drogas curativas o de atención médica. La misma campaña nos ha costado trabajo porque no había infraestructura para atender enfermos por consumo de drogas”, decía López Obrador en 2019.

Para 2023, su discurso ya era otro: “Se va a lanzar una campaña para inhibir el consumo de drogas, sobre todo de fentanilo. En México no tenemos el mismo grado de consumo como en otros países. Estamos reforzando con programas sociales y exaltando nuestros valores culturales y morales… El uso y consumo de sustancias y violencia son un fenómeno social. Donde hay violencia, hay que sospechar uso de drogas”.

A 2 mil 700 kilómetros de Palacio Nacional, Lilia Pacheco, quien dirige Prevencasa en Tijuana, Baja California –donde se proporcionan jeringas, servicios médicos y reducción de daños, siempre con una dosis de naloxona disponible para sobredosis–, explica lo que falta entender como sociedad y en el sistema público de salud para acabar con los estigmas sobre las personas usuarias de drogas:

“Primero, qué es la reducción de daños, y entenderlo de esta manera tan pragmática como que sabemos que existe uso de sustancias, que ha existido por cientos de años y seguirá existiendo; independientemente de cualquier política de drogas de cada país, va a haber consumo de sustancias, y tenemos que respetar el derecho de las personas, la decisión de que usen sustancias, pero también tenemos que apoyarlas para que tengan una mejor calidad de vida”.

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Las dos caras del ajustazo sin precedentes de Milei en Argentina
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Las dos caras del ajustazo sin precedentes de Milei en Argentina
El sistema de justicia penal invierte más tiempo y recursos en privar de la libertad a personas por delitos menores de drogas, que en desarticular estructuras del narcotráfico organizado. La ley facilita la acreditación de la posesión simple, que envía personas a prisión de manera sistemática.
22 de febrero, 2024
Por: BBC News Mundo
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La semana última Argentina vivió dos hitos: por primera vez en más de una década, el ministerio de Economía anunció que hubo superávit fiscal. Es decir, que se recaudó más de lo que se gastó, algo que ha ocurrido en poquísimas ocasiones en este país sudamericano.

Poco tiempo después, el prestigioso Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) dio a conocer una cifra que dejó helados a muchos: estimó que la pobreza en enero superó el 57%, el peor índice desde la crisis de 2001/2.

Estos datos reflejan las dos caras de la Argentina de Javier Milei, el economista libertario que asumió en diciembre pasado prometiendo sanear la economía del país, que lleva décadas entrando y saliendo de crisis, y reducir la inflación, que hoy es la más alta del mundo.

En apenas dos meses Milei ha logrado cumplir con su meta de “déficit cero”, es decir, dejar de tener las cuentas en rojo. Y los mercados muestran su satisfacción:

Los bonos y acciones argentinos están en alza, el dólar libre (o “blue”) se ha estabilizado y el llamado “riesgo país” -un índice que muestra la confianza en la capacidad de un Estado para pagar su deuda- está en su nivel más bajo en dos años, todas señales de que el rumbo macroeconómico va por buen sendero.

Pero el remedio que ha aplicado Milei para lograr estas mejoras –un ajustazo sin precedentes– tiene severas consecuencias en una población que ya llevaba seis años consecutivos de caída del salario real, con un sueldo mínimo que equivale a apenas US$160, el más bajo de la región después de Venezuela.

Motosierra + licuadora

Milei se hizo famoso durante la campaña por blandir una motosierra, un símbolo de cómo pensaba arrasar con el gasto público, el motivo que ha llevado al país a estar constantemente en déficit (112 de los últimos 122 años).

Según el economista, las soluciones que aplicaron hasta ahora los distintos gobiernos -emitir más billetes o pedir dinero para cubrir esos gastos- llevaron a que el país tenga una inflación que supera el 250% anual y sea el principal deudor mundial del Fondo Monetario Internacional (FMI).

En vez de esas recetas, este outsider, que ingresó a la arena política hace menos de tres años, propuso una solución más drástica: cortar el origen del problema -el gasto excesivo-, para llegar al “déficit cero”, que ha definido como su principal meta de gobierno.

Y en noviembre pasado, en la segunda vuelta electoral, casi el 56% de los argentinos apoyó la idea, que supuestamente -según Milei- se iba a centrar en cortar los gastos de la “casta”, como él llama a la clase política tradicional.

Pero pocos imaginaron lo rápido y profundos que serían los cambios que traería el nuevo presidente. Ni tampoco cuánto les afectaría a ellos directamente.

Milei dando su discurso de asunción en las escalinatas del Congreso el 10 de diciembre de 2023.
Reuters
El día que asumió, Milei prometió reducir 5 puntos del PIB -un ajuste sin precedentes- y en enero ya cumplió su meta.

El día que asumió, el 10 de diciembre, Milei declaró que su objetivo era recortar 5 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), un ajuste pocas veces visto en la historia, no solo de este país, sino del mundo.

No detalló que planeaba aplicar ese mega recorte en menos de dos meses, algo también inédito.

Para lograr su objetivo no solo prendió la famosa motosierra, reduciendo a la mitad los ministerios y secretarías, frenando nuevas obras públicas, recortando subsidios y gastos en publicidad institucional y eliminando las transferencias discrecionales a las provincias (lo que ha generado una pelea con los gobernadores de esos distritos).

También encendió la licuadora, que ha sido en realidad su principal herramienta de ajuste.

Emitió un decreto para que este año se aplique el mismo Presupuesto que en 2023, haciendo que las partidas presupuestarias queden por debajo del índice de inflación (lo que, en efecto, las redujo fuertemente).

Pero su medida más contundente fue quitarle la mitad de su valor al peso contra el dólar, lo que hizo desplomar -o “licuar”- el poder adquisitivo de salarios y jubilaciones.

Según el economista Martín Polo, de la consultora Cohen Aliados Financieros, las medidas de Milei recortaron en más del 38% las jubilaciones y pensiones, el principal gasto del Estado.

También se achicó un 27% los salarios públicos, un 64% los subsidios económicos (principalmente a la energía) y 86% la obra pública. Todo de golpe.

Además, la fuerte devaluación aceleró aún más la inflación, que se duplicó entre noviembre y diciembre, alcanzando el 25,5% mensual a fin de año.

Caída del consumo

El resultado de estas medidas ha sido tan impresionante como dramático.

Por un lado, el gobierno celebra que en tiempo récord logró su meta de “déficit cero”, destacando que es la primera vez desde 2012 que el sector público no dio pérdidas.

(Por el contrario, en enero tuvo un sobrante (o superávit) de más de US$580 millones).

Paquetes de yerba con sus precios, en enero.
Getty Images
Argentina hoy tiene la inflación más alta del mundo, del 254% anual.

Milei también resalta que la inflación, que parecía estar entrando en un proceso irreversible de hiperinflación, se ha desacelerado, bajando cinco puntos en el primer mes del año (al 20,6%).

La mayoría de los pronósticos privados anticipan que la tendencia continuará a la baja, con una inflación que rondaría el 15% en febrero.

Sin embargo, el costo humano de estas mejoras económicas ha sido enorme.

Según el Observatorio de la Deuda Social, entre diciembre y enero la pobreza pegó un salto, pasando del 49,5% al 57,4%, una cifra que se acerca a la de la peor crisis que vivió Argentina hasta el momento, la de 2001/2, cuando se alcanzó una cifra récord del 65,5% de personas pobres.

Y, aunque la baja de la inflación genera expectativa, la triste realidad es que el principal motivo por el que bajan los precios es que la gente ya no tiene suficiente dinero para gastar.

“Hubo una caída del consumo en el mercado interno. Las ventas minoristas cayeron el 26,8% en el mes de enero, de acuerdo con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y continúan cayendo en febrero”, señaló a BBC Mundo Damián Di Pace, director de la consultora económica Focus Market.

“Y el consumo masivo bajó un 18,5%, así que lo que se ve es una caída de la actividad”.

En otras palabras: una profundización de la recesión que ya arrastraba Argentina, o más bien la “estanflación” -como explicó el propio Milei-, ya que se combina el estancamiento económico con una inflación astronómica, el peor de los escenarios.

Este proceso llevó al FMI a recortar drásticamente sus proyecciones de PIB para Argentina.

Mientras que en octubre había pronosticado para 2024 un crecimiento del 2,8%, a finales de enero cambió el signo de positivo a negativo, estimando que, con las nuevas medidas anunciadas por el flamante presidente, la economía argentina se contraerá un 2,8% este año.

El tsunami Milei

Los argentinos, de todos los estratos sociales, no olvidarán fácilmente estos primeros dos meses de gobierno de Milei.

Un carnicero argentino
Reuters
Los salarios, que ya eran los más bajos de la región, después de Venezuela, se desplomaron con el ajuste de Milei.

Por un lado, sus sueldos sufrieron una marcada caída del poder de compra, por la devaluación y la aceleración de la inflación, que superó el 50% acumulado entre diciembre y enero (la inflación en alimentos fue aún superior).

Pero, al mismo tiempo, sus bolsillos sufrieron -y siguen sufriendo- un verdadero bombardeo por el “sinceramiento de precios” que ha llevado que tanto productos como servicios -que durante los años de gobierno kirchnerista estuvieron “pisados”, por intervención del Estado- de golpe se liberen.

Por la quita de subsidios, el transporte público aumentó más del 200% en la región más poblada del país y la tarifa eléctrica subió entre el 65% y el 150% (según niveles de ingreso).

Las “prepagas” de la Salud (empresas privadas de medicina de las que dependen millones de argentinos) aumentaron sus cuotas más del 100% luego de que el nuevo gobierno desregulara el sector.

“Los aumentos han sido demenciales. Es la primera vez en mi vida que no puedo pagar la prepaga”, le dice a BBC Mundo Andrés, un consultor privado de 60 años que prefiere no dar su apellido.

“Voy a tener que pedir un préstamo al banco para pagarlo porque tengo un problema de salud crónico y no puedo cambiar de plan, soy rehén del sistema privado”, afirma.

“Espero que solo sea por unos meses, hasta que la economía mejore”.

Los del medio

El temor es que muchas personas de clase media que ya no pueden pagar la salud privada empiecen a acudir a la pública, que ya está desfinanciada y sobrepoblada.

Algo similar podría ocurrir con la educación. En marzo empiezan las clases, después del receso de verano, y muchas familias tendrán que hacer cuentas para ver si pueden costear los colegios privados de sus hijos, que anunciaron aumentos importantes luego de que el gobierno de Milei los habilitara a fijar el valor de sus cuotas “sin límites”.

El mandatario ha señalado que está trabajando en “un mecanismo de asistencia” para afrontar este problema (“si caen los ingresos y tenés que cambiar a los chicos del colegio, es traumatizante para padres e hijos”, afirmó en una entrevista con Radio La Red).

Una mujer mayor en su casa en Buenos Aires
Reuters
Los jubilados y la clase media han sido los más perjudicados por el ajuste.

Pero aún es temprano para saber si esta posible ayuda puede paliar los efectos del ajuste económico en la clase media, la gran perjudicada junto con los jubilados.

Así lo muestran las cifras del Observatorio de la Deuda Social, que señalan que mientras que, en los hogares más humildes, que reciben asistencia social, la pobreza aumentó 9 puntos desde el tercer trimestre de 2023, el incremento más grande se dio entre las familias que no califican para recibir ayuda del Estado, donde la pobreza saltó del 27% al 44% (17 puntos).

Este aumento puede verse en los comedores populares, donde, según los movimientos sociales, la cantidad de personas que asiste diariamente aumentó al menos un 50% desde diciembre.

“A mí me sirve mucho llevar un plato de comida para que mis hijos estén más llenos mientras mi mujer cocina, y aguanten un poco hasta la merienda”, señaló Daniel Barreto, un albañil que asiste al comedor Las Hormiguitas Viajeras, en el municipio de San Martin, al norte de la provincia de Buenos Aires.

“Lamentablemente la plata no sirve y todo es plata”, afirmó a la agencia AFP.

Los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) muestran por qué “la plata no sirve”: hoy el salario mínimo argentino representa menos de un tercio del precio de la canasta básica, el conjunto de bienes y servicios que necesita una pareja con dos hijos para no ser pobre.

Y eso no incluye el alquiler, uno de los gastos más grandes para muchas familias que no son propietarias de una vivienda.

El gobierno asegura que está pendiente de los más necesitados.

Si bien recibió muchas críticas por su decisión de frenar el envío de alimentos a los comedores y merenderos populares, mientras realiza una auditoría que busca sacar del medio a las organizaciones intermediaras a las que acusa de clientelismo, el gobierno destaca que aumentó la ayuda directa, duplicando la Asignación Universal por Hijo y aumentando la tarjeta alimentaria en un 50%.

Mujeres cocinando en un comedor popular en Villa Fiorito, Buenos Aires
Reuters
Los comedores populares dejaron de recibir insumos del Estado nacional en diciembre y enero, cuando la inflación se disparó más del 50%.

En febrero, el ministerio de Capital Humano también firmó convenios de asistencia alimentaria con las iglesias evangélicas y la asociación católica Cáritas, por un total de US$600.000 millones.

Pero por el momento no hay medidas para aliviar la situación de los estratos medios y de las personas de la tercera edad, quienes más vieron licuados sus ingresos.

Lo peor está por venir

En medio del escozor que aún producen sus medidas, el propio Milei advirtió que “el momento más duro será entre marzo y abril“.

Sin embargo, también dijo que luego habrá una recuperación en forma de V: “A partir de ahí, tocaste fondo y empezás a rebotar“, predijo en diálogo con Radio Rivadavia.

“Las estimaciones del FMI dicen que podemos abrir el cepo a mitad de año”, detalló, en referencia a levantar las restricciones al acceso de dólares que se impusieron hace años en Argentina por la falta de reservas del Banco Central (que hoy siguen en rojo, aunque vienen en aumento y se abultarán en abril gracias a las exportaciones del campo).

“Cuando abrís el cepo, la economía se dispara para delante”, auguró el mandatario.

Cartel en una protesta contra Milei
EPA
Milei ha enfrentado decenas de protestas e incluso un paro general en sus primeros dos meses.

No todos comparten este pronóstico optimista. Pero incluso quienes sí lo hacen se preguntan dos cosas.

¿Cuánto caerá el empleo y cuántas empresas deberán cerrar como consecuencia de este período de fuerte estanflación? (uno de los pocos índices “positivos” de Argentina es su baja tasa de desempleo, que ronda el 6%).

Y, más acuciante aún: ¿hasta cuándo aguantará la tolerancia de la gente a esta realidad sin precedentes?

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BBC

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