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“Eliminar el Seguro Popular fue una tragedia”; en Oaxaca, los más pobres deben comprar sus medicinas
“Eliminar el Seguro Popular fue una tragedia”; en Oaxaca, los más pobres deben comprar sus medicinas
Imagen: Alejandro Santibañez @alexso_art
11 minutos de lectura

“Eliminar el Seguro Popular fue una tragedia”; en Oaxaca, los más pobres deben comprar sus medicinas

Con la eliminación del Seguro Popular en este sexenio, la atención a la salud de pacientes más pobres enfrenta falta de medicinas, de estudios y atención hospitalaria.
13 de marzo, 2024
Por: Nayeli Roldán
@nayaroldan 

María, de 24 años, vive en San Juan Chicomezúchil, en la sierra norte de Oaxaca, donde sólo hay un consultorio médico que atiende padecimientos menores como diarreas o gripes. Por eso debe recorrer media hora para ir a Ixtlán de Juárez, otro municipio en el que –igual que el suyo– seis de cada diez viven en pobreza, pero al menos ahí hay un hospital comunitario de la Secretaría de Salud. Es su segundo embarazo y cada mes acude a revisión porque el parto será ahí, donde sí tienen servicio, 18 camas para hospitalización. 

Su esposo se emplea en diferentes oficios mientras ella se dedica a labores de la casa. Han tenido que pagar los medicamentos que le han prescrito porque en el hospital no hay, aunque no son más de 500 pesos mensuales, cuenta María. 

A la par de esos gastos, también están ahorrando para pagar el parto que, según le explicaron, serán 2 mil pesos si es parto natural o 4 mil si es cesárea. Tiene confianza del servicio porque en ese hospital también llevó el seguimiento de su primer embarazo hace siete años. 

— ¿El parto también lo hicieron aquí? –se le pregunta. 

— No, ese sí me mandaron a Oaxaca, pero porque se me complicó, era fin de semana y pues no había quién anestesiara. Pero al final lo tuve en parto normal, no hubo necesidad de eso.

— ¿Y allá te cobraron?

— No, porque lo cubrió el Seguro

— ¿Cuál, el Seguro Popular?

— Sí.

— ¿Siguen teniendo Seguro?

— No, ahorita ya no

— ¿Qué te dijeron, por qué ya no hay?

— Pues dijeron que no, que ya lo habían quitado y pues ya habría que ponerlo uno.

El personal del hospital explica que desde 2020 dejaron de recibir medicinas para surtir la farmacia, ni recursos para mantener el hospital, por eso es que ahora ya le tienen que cobrar a los pacientes, aún sabiendo que se trata de población en condiciones de pobreza, porque si no lo hicieran, no podrían seguir dando el servicio.

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¿Qué era el Seguro Popular?

Se trata de otro de los efectos de la desaparición del Seguro Popular, una estrategia que había funcionado durante 20 años para dar atención médica a las personas sin seguridad social, los más pobres del país, pero que fue sustituida por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), a partir de 2020, aunque fue extinto el año pasado. 

El Seguro Popular consistía en financiar tratamientos de enfermedades consideradas catastróficas por su alto costo, como cánceres, pero también dotaba de medicinas e insumos y se hacía cargo del mantenimiento de hospitales de la Secretaría de Salud que daba servicio en las entidades. 

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Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió que “ni era seguro, ni era popular”; además, ya no sería necesario una vez que entrara en vigor el decreto de gratuidad de los servicios de salud y medicinas para toda la población. 

Insabi Oaxaca
Foto: Lizeth Ovando

Eliminar el Seguro Popular deja hospitales sin insumos en Oaxaca

A cuatro años de esa decisión, las unidades médicas y los habitantes de municipios tan marginados como Ixtlán de Juárez jamás tuvieron claro cuál sería la diferencia de transformar el servicio a Insabi, lo que sí padecieron es la falta de recursos y de insumos

“Ahorita cada unidad tiende a cobrar porque no hay ingresos por parte de la Federación y hay poco estatal. Los únicos recursos que podemos tener son las cuotas de recuperación, que son pagos de consultas, pagos de cirugías, para que podamos comprar toda esa parte que la farmacia no tiene. Todo es costos, costos, costos”, explica un trabajador de la salud que pidió no publicar su nombre por temor a represalias. 

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“Con Seguro Popular Nos preguntaban ¿‘cuántas consultas diste’? 20, ah pues Seguro Popular nos pagaba las 20 consultas. Las cirugías, igual. Y no se le cobraba a la gente”. 

Ahora sus finanzas se rigen bajo el modelo de “beneficencia pública”, en el que se registran los ingresos y egresos de las “cuotas de recuperación” y el poco presupuesto del gobierno estatal. Por eso “a muchos pacientes se les da la receta, pero se les dice ‘compren’”, dice el trabajador.  

El Insabi también desapareció, y fue sustituido por el IMSS Bienestar a partir de 2023, pero la estrategia tampoco es clara. 

“A nivel Oaxaca no se ha aterrizado nada. Nos dijeron que a partir de enero de 2024 en automático pasamos a ser IMSS Bienestar, pero no hay un documento como tal que nos lo diga, ni nadie que venga a decirnos. Solo queda como aviso parroquial”. 

Usan ahorros y pensión de adultos mayores para pagar tratamientos

Los pacientes del hospital comunitario pintado de naranja confirman que ahora pagan por todo; por eso hace un par de años abrieron un local donde hacen estudios de laboratorio y rayos X justo enfrente, porque esos servicios dejaron de ser públicos

Afuera del hospital una familia está pegada a la pared cubriéndose de sol. Eva, de 66 años está en silla de ruedas, se fracturó el tobillo mientras cuidaba de sus borregos en su pueblo, Santiago Laxopa. Sus hijas la llevaron a Ixtlán, pero ahí no la pudieron atender porque no había médico en ese momento, y tuvieron que trasladarse hasta el hospital civil Aurelio Valdivieso, en la capital oaxaqueña. 

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Necesitó una radiografía, pero no se la hicieron en el hospital, sino que la pagaron en una sucursal de Salud Digna, y compraron las medicinas que le recetaron. Solo de eso fueron 2 mil 800 pesos, más los gastos de transporte que hacen ahora por cada revisión. De su pueblo a Ixtlán les cobran 700 pesos y si van a Oaxaca, son 1,400.

Para pagarlo, han tenido que utilizar los ahorros que juntó su esposo Fidel Celis, de 68 años, trabajando como herrero. “Gracias a eso tenemos nuestro ahorrito y sacamos adelante este compromiso (el accidente de Eva)”; y para comer, Fidel siembra maíz, chícharo, haba y frijol.

Además de los ahorros, Fidel y Eva también utilizan la pensión para adultos mayores, el principal programa social del gobierno de López Obrador. Con todo eso apenas han solventado los gastos, aunque no saben cuánto ha sido en total. “Ahí tenemos los papelitos pero ni en cuenta cuánto hemos gastado, el caso es que estamos gastando (porque) nomás nos dan la receta y tienes que comprar las medicinas”. 

Oaxaca Insabi
Foto: Lizeth Ovando

Ellos eran usuarios del Seguro Popular, su hija mayor dio a luz ahí sin pagar nada, y a Fidel le detectaron hipertensión. “Empezó mi enfermedad y tenía yo el seguro, vine aquí porque el doctor del pueblo me mandó para hacer unos estudios en laboratorio y pues con el seguro no te cobraban nada. Y salió el resultado de que yo tenía triglicéridos, todavía estoy en tratamiento. Tengo mis citas cada dos meses. 

Sin embargo, el tratamiento ya no se lo provee el Seguro Popular sino que el pueblo se organizó para que las autoridades municipales de Santiago Laxopa compraran las medicinas que los enfermos requerían. 

“Cuando llegó el momento en que van para arriba las medicinas, entonces el pueblo dijo ‘¿y por qué no nos ayuda el municipio?’ Entonces ya está estipulado en un escrito que es un apoyo que trae el Municipio a la salud”.

A la espera de una operación que no llega

Froylán tiene 56 años. Pasó la noche afuera del hospital Aurelio Valdivieso en la capital de Oaxaca, junto con su hermana y sus sobrinos. Están esperando que operen a su madre, necesitan amputarle el pie a consecuencia de la diabetes. Trajeron el poco dinero que tenían, pero ya se gastaron 900 pesos en las medicinas, por eso también previnieron y para comer, trajeron tortillas y salsa, que en ese momento tienen en el suelo, a un lado de un cobertor color azul. 

Él es campesino y gana 300 pesos al día cuando se integra a una cosecha. La familia también cría y vende pollos y guajolotes, pero quisieran tener más para poder pagar los 120 mil pesos que cobraría un hospital privado por la cirugía de su madre, el mismo donde la atendieron en julio pasado. 

Froylán cuenta que su madre tenía el dedo del pie morado y la llevaron a un hospital particular “porque ahí luego luego atienden. Nos dijeron ‘el dedo chiquito ya no sirve, como una fruta, y cuando ya está así hay que quitarlo’, y se lo quitaron”. 

De esa operación, explica, fueron 25 mil pesos. Pudo pagarlo al vender su yunta (dos bueyes) en 60 mil pesos, pero ya no tienen nada. “El dinero se va rápido”, dice. Esta segunda vez que se puso mal, la llevaron a consulta al particular también, y le dijeron que “ya no le circulaba la sangre en el pie, y ya hasta tiene gusanitos”, dice Froylán. 

Llevan un día esperando afuera del hospital, y nadie les dice cuándo podrán operarla. “No nos dicen ni cuándo, y ella tiene sed y tiene hambre, y no le dan porque dicen que no debe de comer. Tiene puro suero nomás ahí por la vena”. 

“Lo que pasa es una tragedia”

El hospital Aurelio Valdivieso recibe a pacientes de todo el estado de Oaxaca. Lo mismo atiende fracturas como la de Eva, que pie diabético como la madre de Froylán, y 700 partos al mes como el de María. 

Por eso es que las 180 camas que tiene, siempre están ocupadas. Pese a que el hospital está rebasado, nunca han logrado que sea declarado de segundo nivel y que los partos sean atendidos en un hospital para la mujer, que inauguraron en el gobierno de Gabino Cué, pero que no ha vuelto a funcionar. 

José Manuel Salcedo, el jefe de Pediatría, lleva más de 30 años laborando ahí. Explica que sí vio diferencia cuando eran parte del Seguro Popular porque tenían medicamentos e insumos necesarios para atender a los pacientes. Cuando se le pregunta cuál es la diferencia ahora, responde de manera tajante: 

Fue una tragedia con este gobierno. La verdad no puedo mentir, y a quien quiera que le pregunte va a decir lo mismo: ha sido una tragedia. No tenemos medicamentos, no tenemos cómo hacer las cosas, lo hacemos porque los pacientes están ahí,  porque nuestra ética nos dice hay que hacerle y buscarle pero la verdad es que sí ha sido muy muy difícil. Ha habido marchas, ha habido huelgas, ha habido de todo, corridos de directores porque no funciona”. 

Insabi salud
Foto: Lizeth Ovando

“Se iban a morir a su casa” ante falta de insumos médicos

Salcedo explica que la ocupación de camas es de 100%, lo cual representa un riesgo porque ante tanto trabajo “algo te va a salir mal”, pero además, ya no tienen lo suficiente para atenderlos. Hasta 2018, con los recursos del Seguro Popular les surtían el almacén dentro del hospital y al que solicitaban lo que requerían para cada atención, pero después comenzaron las carencias y, luego, la pandemia de Covid-19 las agudizó aún más. 

— ¿Cómo funcionaba el Seguro Popular aquí en un hospital como este, doctor? 

— Había programas, por ejemplo, el de los niños que se llamaba de Gastos Catastróficos era para todos los recién nacidos con insuficiencia respiratoria, cardiopatías, y tenían atención total. Otro era el Nueva generación, donde todos los niños de un año hasta los 5 años, todo lo que les pasara tenían atención total. Todos los niños con leucemia, con problemas neuroquirúrgicos. En adultos, por ejemplo todo lo que fuera columna, cadera, huesos largos; medicina interna todo, había hasta diálisis peritoneal y todo para el manejo de los diabéticos. Cuando llegó este nuevo se los quitaron o sea toda esa gente se murió.

— ¿O sea ya no tuvieron seguimiento de sus tratamientos? 

— Ya no, se acabó, ya no hubo para diálisis, ya no hubo para nada

— ¿Y qué hacían los pacientes, doctor?

— Pues se iban a morir a su casa.

— ¿Y ustedes qué les decían? 

— Que no tenemos con qué atenderlos, ni lugar, ni nada porque lo quitaron.

— ¿Qué les dijeron cuando se dio el cambio de Seguro Popular a Insabi?

— Ni siquiera nos dijeron del Insabi, solo que quitaban el Seguro Popular. Por eso empezamos a pedir que nos dieran recursos. Por eso hubo muchas marchas y huelgas, plantones y todo porque no era posible ni agua, ni alcohol, ¡ni gasas! 

En todo este tiempo sus demandas han sido ignoradas. Funcionan con lo mínimo e incluso, el mismo personal hace vaquitas para comprar medicinas o pagar los estudios que requieren cuando las familias de sus pacientes no tienen para solventarlos. Por eso, dice Salcedo, el Seguro Popular funcionaba bien en ese hospital.

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“Gracias a Dios no hubo un paciente que se pudiera ir diciendo ‘no me apoyaron’. Aquí no se robaban nada, no se perdía nada. Si (el presidente) dice que se robaban, debió haber puesto candados para que no sucediera, ir fiscalizando bien cada estado, cada unidad, pero no quitarlo, porque eso fue como una decapitación”.

Carencias provocan que den menos consultas

Las carencias han impactado en la capacidad de atención. Antes realizaban 50 mil consultas y unos 22 mil egresos hospitalarios, pero ha bajado a la mitad, lo que, por supuesto, genera reclamos por parte de los usuarios. Pero Salcedo, como el resto de sus compañeros intentan, como lo que pueden, atender a sus pacientes y salvar vidas, por eso apela a que, una vez conociendo sus condiciones, los comprendan. 

“Hacemos lo más que podemos por sus pacientes. No nos reclamen cuando de repente no tenemos porque ni ellos tienen ni nosotros tenemos qué ver. No nos culpen de alguna impericia porque nosotros  también estamos desesperados pero ¿cómo le hacemos? Entiéndanos, tengan comprensión. Esperemos que las cosas cambien. Yo digo que cambiarán si el Seguro Popular volviera otra vez y no que nos dejaran sin nada”.

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Juan Orlando Hernández: el expresidente de Honduras que será indultado por Trump, acusado de convertir a su país en “narcoestado”
8 minutos de lectura

Los fiscales y los organismos antidrogas de Estados Unidos acusaron al exgobernante de haber convertido su país en un “narcoestado” para enriquecerse y mantenerse en el poder. El indulto de Trump podría ocurrir a días de las elecciones en Honduras.

29 de noviembre, 2025
Por: BBC News Mundo
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El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de cárcel por narcotráfico en EE.UU., podría quedar en libertad.

¿El motivo? El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que indultará al exmandatario, por considerar que “ha sido tratado con mucha dureza e injusticia”, según escribió en su red social Truth Social.

El momento elegido para concederle el perdón presidencial al político centroamericano, declarado culpable en junio de 2024 por un tribunal de Nueva York, resulta llamativo.

En primer lugar, el anuncio se produjo a menos de 48 horas de que los hondureños acudan a las urnas para elegir al sucesor de la izquierdista Xiomara Castro, una circunstancia que Trump no desaprovechó. Así, el republicano también expresó su respaldo a Nasry “Tito” Asfura, candidato del derechista Partido Nacional y sucesor de Hernández.

Además, el hecho de que Trump indulte a un político acusado de traficar cerca de 500 toneladas de cocaína a EE.UU. sorprende teniendo en cuenta que en las últimas semanas Washington ha enviado a parte de su armada hacia las costas del Caribe para frenar el tráfico de drogas hacia su territorio y ha hundido a una veintena de presuntas narcolanchas, matando a más de 80 personas.

Los fiscales que sentaron a Hernández en el banquillo lo acusaron de convertir a Honduras en un “narcoestado” y de haberse lucrado en el proceso, imputaciones que el político calificó de “calumnias”.

Donald Trump en un discurso su residencia privada de Mar-a-Lago por el día de Acción de Gracias.
Pete Marovich/Getty Images
El presidente de EE.UU. ha anunciado su intención de indultar a Hernández, con lo cual podría quedar en libertad en cualquier momento.

Una carrera meteórica

Antes de convertirse en el primer exjefe de Estado condenado por narcotráfico en EE.UU. desde el panameño Manuel Noriega en 1992, Hernández ya había roto otros récords. En 2014 se convirtió en el presidente más joven del país centroamericano desde 1980 y, en 2017, en el primero en ser reelegido en décadas.

La historia del político conocido en su país por las siglas JOH empezó el 28 de octubre de 1968 en la ciudad de Gracias, departamento de Lempira, donde creció como el número 15 de 17 hermanos.

Tras completar sus estudios en el Liceo Militar del Norte, en San Pedro Sula, estudió derecho en la Universidad Nacional de Honduras.

En la universidad inició su andadura política, desempeñándose como presidente de su asociación estudiantil entre 1988 y 1989.

Luego de graduarse entró a la primera secretaría del Congreso como asistente de su hermano Marcos Augusto, quien ya era diputado y allí comenzó a tejer contactos en el todopoderoso Partido Nacional.

Al culminar unos estudios de administración pública en la Universidad Estatal de Nueva York (EE.UU.), se presentó como candidato a diputado por el departamento de Lempira, cargo que ejerció durante cuatro períodos legislativos desde 1998.

En 2010 alcanzó la presidencia del Congreso durante la administración de Porfirio Lobo e impulsó una agenda de seguridad y mano dura contra el crimen organizado que le ganó respaldo de sectores conservadores y empresariales.

En 2012 ganó las elecciones internas del Partido Nacional y un año después se impuso en los comicios presidenciales.

“Soy Juan Orlando Hernández y vengo de las tierras del indómito Cacique Lempira; con apoyo del pueblo soy el presidente de Honduras”, dijo durante su juramentación el 27 de enero de 2014.

Durante sus campañas y actos proselitistas evocaba con frecuencia ese vínculo con el líder indígena.

Hernández en un mitín en 2019.
AFP via Getty Images
Hernández fue diputado durante cuatro períodos antes de convertirse en el presidente más joven de Honduras desde 1980.

Una gestión convulsa

Hernández llegó a la presidencia prometiendo “hacer lo que tenga que hacer para recuperar la paz y la tranquilidad de mi pueblo”, el cual padecía los embates de la violencia vinculada con el narcotráfico.

El crimen organizado infiltró distintas instituciones y disparó la tasa de homicidios hasta convertir a Honduras en el país más violento del mundo en la década pasada, según cifras de Naciones Unidas.

La disposición de Hernández a extraditar a sospechosos de narcotráfico a EE.UU. y algunas reformas en los cuerpos de seguridad fueron presentadas como muestras de su voluntad adecentar el país.

Sin embargo, las sospechas de sus nexos con los carteles estallaron cuando en 2018 uno de sus hermanos, el exdiputado Juan Antonio “Tony” Hernández, fue detenido en Miami (EE.UU.) por agentes federales y acusado de traficar con narcóticos.

“No he sido, no soy ni seré amigo de ninguno de estos delincuentes, y continuaré mi lucha hasta el último día de mi gobierno, cueste lo que cueste”, aseguró en el Congreso en 2021, tras la condena a cadena perpetua de su hermano y el incremento de los indicios en su contra.

Unos estudiantes se enfrentan a la policía en unas protestas en Tegucigalpa.
Getty Images
La forma en que fue reelegido en 2017 desató una ola de protestas en todo el país, que se saldaron con una veintena de muertos, según la ONU.

Y si lo anterior no fuera suficiente, las acusaciones de que fondos del Seguro Social fueron desviados desataron protestas masivas en el país, en las cuales se exigió su renuncia.

Su decisión de no renovarle el mandato a la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), una instancia creada en acuerdo con la Organización de Estados Americanos (OEA) para combatir la corrupción, dañó a un más su imagen.

No obstante, lo anterior no impidió al político buscar un segundo mandato consecutivo, pesa a que la Constitución hondureña prohíbe la reelección inmediata. Precisamente los deseos de Manuel Zelaya, su gran rival, por reelegirse fueron la justificación para deponerlo en 2009.

Un cuestionado fallo de la Corte Suprema le permitió competir en sus comicios, que la OEA pidió repetir por considerar que las irregularidades que los rodearon “hacían imposible determinar con la necesaria certeza al ganador”.

El anuncio de su reelección desató una nueva ola de protestas que fue duramente reprimida por las autoridades y dejó al menos 23 muertos, según la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

La solicitud fue ignorada y Hernández siguió en el poder hasta 2022.

Un grupo de personas sostiene un enorme cartel que dice: ¿Dónde está el dinero?, en el cual tiene los colores de la bandera de Honduras.
AFP via Getty Images
Las denuncias de corrupción en el Seguro Social también desataron movilizaciones ciudadanas y dañaron la imagen del entonces mandatario.

¿Jugando para dos equipos?

En febrero de 2022, apenas días después de abandonar la presidencia, el exmandatario fue detenido y a las semanas fue extraditado a EE.UU. para enfrentar cargos de narcotráfico.

“Pavimentó una autopista de cocaína hacia EE.UU., protegido por ametralladoras”, afirmaron los fiscales que lo procesaron.

Atrás quedaban los días en que Washington lo consideraba como un aliado confiable en la lucha contra las drogas, al que entregó más de US$ 50 millones en asistencia y ayuda militar. Incluso, en 2019, Trump llegó agradecerle su cooperación.

Aunque Trump y los aliados de Hernández consideran que el exgobernante fue tratado injustamente por el gobierno del demócrata Joe Biden, lo cierto es que las investigaciones en su contra se iniciaron durante la primera administración del republicano.

Durante sus averiguaciones, los fiscales estadounidenses descubrieron que Hernández estaba vinculado con narcotraficantes al menos desde 2004, mucho antes de convertirse en presidente, y que facilitó el contrabando de unas 500 toneladas de cocaína a EE.UU.

Con la ayuda de registros telefónicos y testimonios de criminales arrepentidos, los investigadores concluyeron que los narcotraficantes le pagaron millones de dólares en sobornos para permitir el contrabando de cocaína desde Colombia y Venezuela “con virtual impunidad”.

Los fiscales señalaron que la alianza de Hernández con los carteles no solo tenía “el fin de enriquecerse”, sino que también perseguía “mantenerse en el poder (…) de forma corrupta”.

Según la acusación en su contra, el político empleó el dinero que obtuvo de los narcotraficantes para luego sobornar a funcionarios y manipular a su favor las dos elecciones presidenciales en las que compitió.

Momento del traslado de Hernández esposado y rodeado de muchos policías, algunos con chalecos antibalas
AFP via Getty Images
A las semanas de dejar el poder, Hernández fue detenido y extraditado a EE.UU. para ser enjuiciado por narcotráfico.

Hernández, por su parte, ha negado estos señalamientos y ha afirmado que fue “acusado errónea e injustamente”.

No obstante, las pruebas y testimonios expuestos en el tribunal que lo procesó lo contradijeron.

“Le vamos a meter la droga a los gringos en sus narices”, le dijo el exmandatario al narco Geovanny Fuentes Ramírez, aseguró uno de los testigos que declaró en su juicio.

Otro procesado, el exalcalde Alexander Ardón, aseveró que entregó millones de dólares tanto a Hernández como al expresidente Lobo para asegurarse rutas sin obstáculos para mover las drogas.

Ardón calculó que con la ayuda de las autoridades hondureñas movió sin problemas unas 250 toneladas de cocaína, en sociedad con Tony Hernández, el hermano del exmandatario, y de Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del cartel de Sinaloa, ambos condenados a cadena perpetua en EE.UU.

En junio de 2024, el juez Kevin Castel no solo condenó al expresidente a permanecer casi medio siglo en prisión, sino que le impuso una multa de US$ 8 millones.

Pero Hernández no solo tiene problemas judiciales en Estados Unidos. En Honduras, apenas fue extraditado, la justicia de ese país le confiscó 33 bienes inmuebles, ocho empresas y 16 vehículos, informó el Ministerio Público.

Ahora resta por saber cuándo se materializarán el indulto y la excarcelación del expresidente y si volverá a Honduras para retomar su carrera política.

raya gris
BBC

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