
En México, no sólo han aumentado gradualmente los casos de consumo de fentanilo desde 2013, sino que cada año se registra una mayor cantidad de nuevos casos: solo en 2022 se reportó un incremento del 80%, respecto a 2021, según la estadística del Observatorio Mexicano de Salud Mental y consumo de Droga.
Antes de 2018, la cifra anual no había rebasado los 10 casos, a partir de ese año comenzaron a crecer paulatinamente, al pasar de 10 a 25 (2019) y 72 (2020) para después crecer a más del doble en 2021, cuando alcanzaron los 184. Para 2022, sumaron 333.
Desde el año anterior, el Observatorio había advertido que se presentaban principalmente entre hombres en Baja California y Sonora, y que si bien el número de casos era escaso, estos iban en aumento y se concentraban en la frontera con Estados Unidos, donde su uso era ya una crisis de salud pública.
En contraste, durante la presentación de la recién conformada Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama), el titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic), Gady Zabicky Sirot, aseguró que el problema tocante al fentanilo se tiene que ver de una manera bimodal: por un lado, lo relativo al consumo y los problemas de salud pública derivados de él, y por el otro, el problema de trasiego que representa el fentanilo en México, donde se completa una parte de la manufactura ilícita en su camino hacia Estados Unidos.
“Como lo hemos comentado ya de manera muy repetida, el día de hoy sigue siendo un problema mínimo en nuestro país, que se concentra de manera muy notoria en algunas zonas, especialmente del noroeste de la nación, pero que todavía no representa un problema de salud pública en términos de sobredosis, de muertes, de transmisión de enfermedades a través de la inyección, como sí lo es en Estados Unidos y otros lugares del mundo”, señaló, al tiempo que aseguró que se trabaja con el país vecino para prevenir nuevos consumos.
Sin embargo, reconoció que si bien son pocas las personas que buscan esa droga en específico, se ha encontrado dentro de otras sustancias, por lo que hay consumidores inadvertidos. Pese a que el gobierno lo considera un problema “mínimo”, lo ha incorporado como uno de los mensajes centrales de su campaña de prevención de adicciones en las escuelas, en la que advierte que es una de las drogas más peligrosas: “es muy difícil detectarlo; no tiene olor ni sabor; te lo pueden ofrecer en polvo blanco, pastillas, o aplicado en pequeñas piezas de papel”. Según los anuncios, también puede añadirse a gotas para los ojos, aerosol nasal o dulces.

Además de ser el año en el que los nuevos casos de consumo de fentanilo crecieron a más del doble, en 2021 se disparó el consumo de Estimulantes de Tipo Anfetamínico (ETA), que pasaron a ocupar el primer lugar de mayor demanda de tratamiento en centros gubernamentales y no gubernamentales. Estas sustancias incluyen, principalmente, al cristal metanfetamina, las anfetaminas, el éxtasis y los estimulantes de uso médico.
En su informe de ese año, el Observatorio explica que de 2017 a 2021, la demanda de tratamiento por consumo de ETA incrementó en 215%, mientras que la de alcohol disminuyó 14% y la de marihuana cayó 57%. Para 2022, los ETA mantuvieron el primer lugar con un incremento de casi un punto porcentual respecto al año anterior (46.2%), seguidas, con un amplio margen, por el alcohol (24.6%) y la marihuana (13.3%). En total, el número de personas que solicitaron tratamiento en centros gubernamentales y no gubernamentales, considerando todas las sustancias, creció un 76% entre 2017 y 2022.
El incremento sustancial de sobredosis fatales por fentanilo y sustancias análogas, así como las acciones para combatirlo, en Estados Unidos se registró entre 2011 y 2018. Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), estas muertes sumaban 2 mil 600 entre 2011 y 2012, pero a partir de ese año, la cifra incrementó drásticamente, con lo que resurgió una crisis de tráfico, distribución y abuso, de acuerdo con lo consignado por una ficha descriptiva de la Administración para el Control de Drogas (DEA).
De acuerdo con el más reciente informe mundial sobre las drogas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en Estados Unidos y Canadá las muertes por sobredosis provocadas por la epidemia del uso no médico de fentanilo siguen batiendo récords. En el primer país, las estimaciones preliminares indican que en 2021 hubo más de 107 mil muertes, mientras que en 2020 se habían registrado 92 mil. Esto significa que en un periodo de aproximadamente 10 años –según los primeros registros de los CDC– el consumo letal creció 41 veces.
El recién presentado informe 2022 de la UNODC, el primero de la pospandemia, consigna que la prevalencia más alta de consumo de opioides se ubica en América del Norte, Asia Sudoccidental, Oceanía y Asia Meridional. Las dos grandes epidemias de consumo no médico de opioides que están evolucionando en todo el mundo, impulsadas por la alta disponibilidad de opioides a bajo costo, son la de fentanilos de fabricación ilícita –que se mezclan con heroína y otras drogas– y la del consumo de tramadol con fines no médicos; la última más presente en África y Asia.
A pesar de que en América del Norte no se ha registrado un aumento drástico en el consumo de fentanilos –aunque es cuestionable en un contexto de alta prevalencia de consumo de opioides y la mezcla inadvertida con varios de ellos–, se ha elevado la mortalidad por sobredosis a cifras sin precedentes debido a su alta potencia, y durante la pandemia, se agudizó aún más. Incluso las muertes asociadas al tramadol, en otras regiones del mundo, serán menos por la diferencia en los efectos, advierte la UNODC.
El organismo subraya que los consumidores pueden no ser conscientes de que lo están consumiendo porque frecuentemente está mezclado, en diferentes grados, con otras sustancias. Esto en un contexto mundial en el que el mercado de la droga se expande, la producción de cocaína ha alcanzado máximos históricos, las incautaciones de anfetaminas y metanfetaminas se han disparado, el consumo de drogas –principalmente entre jóvenes– ha aumentado, y muchas personas que necesitan tratamiento se quedan sin obtenerlo, sobre todo en el caso de las mujeres, agrega el documento.
En México, señala el informe, actualmente los opioides no son las drogas más consumidas y aunque la droga que más se consumió en 2020 por inyección fue la heroína, seguida del opio acetilado, no son las sustancias que más motivan tratamiento. Sin embargo, la UNODC advierte que se ha documentado una prevalencia relativamente alta de consumo de heroína en la frontera con Estados Unidos, donde el consumo se asocia a desventajas económicas, trabajo sexual, desplazamientos internos y presencia de rutas de tráfico.
“En México existen otros factores de riesgo que pueden contribuir al aumento del consumo de opioides en el futuro, como la producción y el tráfico de heroína, los traumas relacionados con la deportación y el cambio de las prácticas de prescripción de opioides. Además, al igual que en otros países de América del Norte, se ha documentado la presencia de heroína mezclada con fentanilo cerca de la frontera septentrional de México”, indica el documento.
En el informe del Observatorio Mexicano de Salud Mental y Consumo de Drogas correspondiente a 2022, se consigna que desde 2018 se viene constatando un crecimiento de la demanda de atención por uso de fentanilos ilícitos. Los principales focos de consumo en 2022 se ubicaron en las ciudades fronterizas de Baja California (Mexicali y Tijuana), Chihuahua (Ciudad Juárez) y Sonora (San Luis Rio Colorado). En tanto, en lo que va de 2023, se han reportado 70 casos de consumo en localidades de Sonora, Aguascalientes, Ciudad de México y Durango.
En el informe mundial, la región México y Centroamérica se ubica en el tercer lugar de las principales rutas de tráfico de opiáceos 2016-2020. A partir de las estadísticas del Observatorio, por entidad federativa, la mayor concentración de personas que llegaron a tratamiento por consumo de fentanilos en 2022 estuvo en Baja California (145) y Sonora (129), seguidos de Sinaloa (18) y Durango, pero ya aparecen también en Jalisco, Guanajuato, Ciudad de México, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Coahuila, Puebla, Oaxaca, Estado de México, Querétaro y Yucatán, en ese orden.
Aunado a ello, destaca el Observatorio, la combinación simultánea o secuencial de distintas drogas genera una carga importante de morbilidad y mortalidad por accidentes, lesiones o intoxicaciones agudas. En 2022, la principal causa de atención (50%) en urgencias por consumo de drogas ilícitas en México fue el uso combinado de múltiples sustancias, mientras que en 2021 esta fue también la principal causa de mortalidad asociada a consumo de drogas.
Sin embargo, los reactivos que existen hasta hoy para hacer pruebas de toxicología de drogas no incluyen el fentanilo. De acuerdo con especialistas, esta sustancia y sus análogos no se identifican fácilmente porque requieren pruebas toxicológicas especializadas. En México, se estima que hay un subregistro de muertes por sobredosis de esta droga, debido a que tras el fallecimiento de las personas, no se realiza ninguna prueba para detectarla.
La organización Elementa DDHH señala que la llegada del fentanilo ha provocado innumerables muertes por sobredosis, sin que exista precisión en los datos oficiales respecto a esos hechos, ni una política nacional y estatal enfocada en la atención de las personas que consumen esta sustancia. Además, asegura que hasta 2018, operaban ocho programas comunitarios de reducción de daños que ofrecían servicios de salud pública y derechos humanos con recursos del gobierno federal.
Sin embargo, actualmente solo funcionan tres programas ubicados en el noroeste del país. “Además, el aumento del fentanilo como adulterante en los opioides que están disponibles en los mercados ilegales de drogas escaló de 50% en 2018 a 100% desde el año 2022, según las muestras obtenidas de programas de reducción de daños en Baja California”, precisan. Ante ello, la organización ha hecho un llamado para impulsar el diseño e implementación de una nueva política de drogas basada en evidencia.
“Solicitamos a las entidades competentes que destinen el presupuesto financiero y humano necesario para ampliar los programas comunitarios de reducción de daños en la frontera norte del país, sobre todo en aquellos estados en donde no se ubican, como Sonora y Sinaloa”, afirmaron tras la colocación de un espectacular en Mexicali con la leyenda: “México vive una crisis de opioides por la llegada del fentanilo, urge una nueva política de drogas con enfoque de derechos”.

Perú se ha convertido en pocos años en un gran exportador de productos agrícolas, pero se mantienen las dudas sobre cuánto podrá mantener su modelo.
Las vastas llanuras desérticas de la región de Ica, Perú, se han llenado en las últimas décadas de extensos cultivos de arándanos y otras frutas.
Hasta la década de 1990 resultaba difícil imaginar que esta zona del desierto costero peruano, donde a primera vista se ve poco más que polvo y mar, pudiera convertirse en un gran centro de producción agrícola.
Pero eso es lo que ha ocurrido no solo aquí, sino en la mayoría del litoral desértico peruano, donde han proliferado grandes plantaciones de frutas no tradicionales aquí, como los espárragos, los mangos, los arándanos o los aguacates (o paltas, como les llaman en Perú).
La enorme franja que atraviesa el país en paralelo a las olas del Pacífico y las elevaciones andinas se ha convertido en un inmenso huerto y en el epicentro de una pujante industria agroexportadora.
Según las cifras del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego de Perú, las exportaciones agrícolas peruanas crecieron entre 2010 y 2024 un promedio anual del 11%, alcanzando en 2024 la cifra récord de US$9.185 millones.
Perú se ha convertido en estos años en el mayor exportador mundial de uvas de mesa y de arándanos, una fruta que apenas se producía en el país antes de 2008, y su capacidad para producir a gran escala en las estaciones en las que es más difícil hacerlo en el Hemisferio Norte lo han llevado a erigirse en una de las grandes potencias agroexportadoras y proveedora principal de Estados Unidos, Europa, China y otros lugares
Pero, ¿qué consecuencias tiene esto? ¿Quién se beneficia? ¿Es sostenible el boom agroexportador peruano?
El proceso que llevaría al desarrollo de la industria agroexportadora peruana comenzó en la década de 1990, cuando el gobierno del entonces presidente Alberto Fujimori impulsaba profundas reformas liberalizadoras para reactivar a un país golpeado por años de crisis económica e hiperinflación.
“Las bases se sentaron al reducir las barreras arancelarias, promover la inversión extranjera en Perú y reducir los costos administrativos para las empresas; se buscaba impulsar a los sectores que tuvieran potencial exportador”, le dijo a BBC Mundo César Huaroto, economista de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
“Al principio, la atención se centró en el sector minero, pero a finales de siglo ya aparece una élite empresarial que ve el potencial del rubro agroexportador”.
Pero no bastaba con leyes más propicias ni con la intención.
La agricultura a gran escala en Perú se había enfrentado tradicionalmente a obstáculos como la escasa fertilidad de los suelos de la selva amazónica y la accidentada orografía de la sierra andina.
Ana Sabogal, experta en ecología vegetal y cambios antrópicos en los ecosistemas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, explicó a BBC Mundo que “la inversión privada de grandes agricultores, menos reacios al riesgo que los pequeños, facilitó innovaciones técnicas como el riego por goteo y el desarrollo de proyectos de riego”.
La solución del problema de la escasez de agua en el desierto permitió empezar a cultivar en una zona donde tradicionalmente no se había contemplado la agricultura y empezar a explotar sus particulares condiciones climáticas, que lo convierten en lo que los expertos describen como un “invernadero natural”.
“La zona no tenía agua, pero con agua se convertía en una tierra muy fértil”, indica Huaroto.
Todo eso, sumado a innovaciones genéticas, como la que permitió el cultivo local del arándano, posibilitó que Perú incorporara grandes extensiones de su desierto costero a su superficie cultivable, que se amplió en alrededor de un 30%, según la estimación de Sabogal.
“Fue un aumento sorprendente y enorme de la agroindustria”, resume la experta.
Hoy, regiones como Ica o la norteña Piura se han convertido en grandes centros de producción agrícola y la agroexportación en uno de los motores de la economía peruana.
Según la Asociación de Exportadores ADEX, las exportaciones agrícolas representaron en 2024 un 4,6% del Producto Interno Bruto (PIB) peruano, cuando en 2020 no era más que un 1,3%.
El impacto económico y ambiental ha sido notable y ambivalente.
Sus defensores subrayan que ha traído beneficios económicos, pero los críticos apuntan a sus costes medioambientales, como su elevado consumo de agua en zonas donde escasea y la población no tiene garantizado el suministro.
El economista César Huaroto dirigió un estudio para evaluar el boom agroexportador en la costa de Perú.
“Una de las cosas que encontramos es que la industria agroexportadora había actuado como dinamizador de la economía local, ya que incrementó el nivel de empleo de calidad en amplias zonas donde dominaba la informalidad, y se registró un incremento de los ingresos promedios de los trabajadores”, dijo.
Aunque esto no beneficia a todo el mundo por igual.
“A los pequeños agricultores independientes les cuesta más encontrar trabajadores porque los salarios son más altos y también tienen más dificultades en el acceso al agua que necesitan sus campos”.
Efectivamente, la agroexportación parece estar arrinconando las formas tradicionales de trabajar el campo y cambiando la estructura social y de la propiedad en amplias zonas de Perú.
“Muchos pequeños propietarios ven que sus campos ya no son rentables por lo que están vendiendo sus campos a grandes compañías”, indica Huaroto.
Sin embargo, según el mismo economista, “incluso muchos pequeños agricultores se mostraban satisfechos porque la agroindustria les había dado trabajo a miembros de su familia”.
En los últimos años se cuestionan cada vez más los beneficios para el país del negocio agroexportador.
Pero la principal fuente de crítica es el agua.
“En un contexto de escasez hídrica, en que una parte importante de la población de Perú no tiene agua en su casa, el debate en torno a la industria agroexportadora se ha vuelto muy vivo”, señala Huaroto.
La activista local Charo Huaynca le dijo a BBC Mundo que “en Ica se está dando una disputa por el agua porque no hay para todos”.
En esta árida región la cuestión del agua es polémica hace tiempo.
Mientras muchos asentamientos humanos deben arreglárselas con la que llega en camiones cisternas y almacenarla para satisfacer sus necesidades, grandes áreas de cultivos destinados a la agroexportación tienen garantizada la que necesitan a través de pozos en sus fundos y acceso prioritario al agua de riego que se trasvasa desde la vecina región de Huancavelica.
“Se supone que está prohibido excavar pozos nuevos, pero cuando los funcionarios de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) llegan a inspeccionar las grandes explotaciones les niegan el acceso alegando que se trata de propiedad privada”, denuncia Huanca.
BBC Mundo solicitó sin éxito comentarios a la ANA y al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego de Perú.
Huanca ve indicios de que el acuífero subterráneo que abastece gran parte del agua de Ica se está agotando.
“Antes bastaba con cavar cinco metros, pero ahora hay que llegar hasta 10 ó 15 metros de profundidad para que aparezca el agua”.
En Ica apenas llueve, por lo que gran parte del agua se obtiene bajo tierra.
“Los pequeños agricultores se quejan de que a ellos se les exige pagar grandes cantidades por el agua, mientras que las grandes explotaciones cuentan con reservorios y grandes piscinas que llenan y cuya agua luego optimizan con sistemas de riego tecnificado”, indica Huanca.
En esta región se cultivan las uvas con las que se produce el famoso pisco, el aguardiente cuya fama se ha convertido en fuente de orgullo nacional para los peruanos, pero incluso eso es ahora cuestionado.
“Hay quien critica que la uva es básicamente agua con azúcar y, si exportas la uva y sus derivados, estás exportando agua”, señala Sabogal.
En Ica, el reto es hacer sostenible el próspero negocio agroexportador con el medio ambiente y las necesidades de la población.
“Cada vez que hay elecciones se habla de este tema, pero nunca llegan las soluciones. Se debe resolver cómo se va a hacer la economía de Ica sostenible a largo plazo, porque si no hay agua la economía se va a caer”, pide Huanca.
El desafío, en realidad, lo es para todo el Perú agroexportador.
“La situación actual no es sostenible a largo plazo. Está muy bien que haya industria agroexportadora porque genera ingresos y divisas, pero siempre y cuando se destine la cantidad de agua requerida para la población y los ecosistemas”, zanja Sabogal.
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