IMSS Bienestar surtió 76 % de recetas en 2020, el menor nivel en siete años; faltó hasta paracetamol para los más pobres
Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se registró la mayor caída en el surtimiento de recetas en siete años en los hospitales del IMSS-Bienestar, antes Seguro Popular, donde atienden a la población sin seguridad social, los más pobres del país.
De acuerdo con informes de la institución, el surtimiento de recetas completas fue de 76 % a nivel nacional en 2020, el menor número registrado desde 2014, cuando comenzó la aplicación de encuestas a los usuarios de las Unidades Médicas Rurales y de las que se desprenden estos resultados.
En contraste, en 2016, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, fue el año con mayor porcentaje de surtimiento de recetas, pues entregaron todos los medicamentos recetados en 9 de cada 10 recetas.
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En 2019, el primer año de gobierno de López Obrador, comenzó el primer descenso, con un registro de recetas surtidas en su totalidad de 82 %, pese a que en 2015, 2017, 2018 el porcentaje de cobertura fue de 85 % y en 2014 de 84 %.
El último registro público de la aplicación de estas encuestas fue en 2020, por lo que no se sabe, mediante este instrumento, el porcentaje en la entrega de todos los medicamentos que los enfermos deberían de recibir de manera gratuita en los hospitales instalados en las zonas más marginadas del país.
Solo al comparar 2019 con 2020, las entidades que registraron decrecimiento en su porcentaje de recetas surtidas fueron Veracruz Norte (-22 %), Chihuahua (-14 %), Michoacán (-13 %), San Luis Potosí (-12 %), Nayarit (-10 %), Campeche, Veracruz Sur, Hidalgo (-8 %), Zacatecas (-7 %), Chiapas (-6 %), Yucatán (-6 %), Baja California (-4 %), y Puebla (-1 %).
Y las que incrementaron el surtimiento sólo fueron Durango (8 %), Guerrero (7 %), México Poniente (2 %), Sinaloa y Oaxaca (1 %).
Respecto a los medicamentos recetados que no fueron surtidos a nivel nacional, se trata de Losartán, Metformina y Paracetamol, el primero no incluido en el cuadro básico para las Unidades Médicas Rurales; aunque se trata de “un patrón de desabasto es muy similar al registrado en años previos, en los que los medicamentos del cuadro básico con menor disponibilidad han sido: Paracetamol, Metformina, Captopril y Glibenclamida”, dice el informe.
Con la información de esta encuesta se confirma que la entrega de medicamentos para enfermos descendió en el gobierno de López Obrador antes de la Covid-19, aunque su administración justificó todas las bajas de atención médica para todas las enfermedades distintas debido a la pandemia.
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¿Primero los pobres? Con AMLO bajó la atención médica
Aunque el lema del gobierno morenista ha sido “primero los pobres”, la atención médica que recibe esta población ha ido en decremento, como lo denuncia personal médico de diversos hospitales y usuarios. A tal grado que en hospitales como el General Aurelio Valdivieso suspendió las cirugías, el servicio de comedor para el personal y la recepción de pacientes debido a la falta de insumos, material, medicamentos y recursos financieros.
El presidente Andrés Manuel López Obrador dejó sin consultas médicas a la mitad de los enfermos más pobres del país y dejó de hacer 20 millones de estudios de laboratorio, al comparar con el sexenio pasado. Además, medio millón de personas más no pudieron lograr que les hicieran una cirugía que necesitaban, como Animal Político reveló en la investigación periodística No fuimos Dinamarca.
El número de consultas en los servicios que ofreció la Secretaría de Salud pasó de 95 millones en 2018 a 51 millones en 2022. Una caída de 44 millones, es decir, 46 % menos consultas para quienes no tienen seguridad social, como demuestran cifras oficiales.
Esto, porque con el pretexto de la austeridad, el sexenio de López Obrador hizo recortes a las principales áreas de Salud o hasta en servicios tan básicos como el agua (a la que le quitaron 39 % de su presupuesto) o el mantenimiento de equipo médico como rayos X o esterilizadores en los hospitales de la Secretaría de Salud (a los que les quitaron el 37 % de sus recursos).
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El perdón otorgado por el presidente de EU al exmandatario hondureño condenado por traficar toneladas de cocaína contrasta con su defensa de la mano dura al narco en la región.
Donald Trump, el presidente de Estados Unidos que asegura combatir los carteles de drogas en América Latina, liberó de la cárcel a alguien condenado por liderar todo un “narcoestado” en la región.
Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras que cumplía una pena de 45 años de prisión en EE.UU. por narcotráfico, recibió un perdón oficial de Trump el lunes por la noche y quedó en libertad, según varias fuentes.
La Oficina Federal de Prisiones de EE.UU. señala en su sitio web que Hernández dejó el mismo lunes la cárcel de Hazelton en West Virginia, donde cumplía su sentencia emitida el año pasado.
“Mi esposo Juan Orlando Hernández VOLVIÓ a ser un hombre libre, gracias al perdón presidencial otorgado por el Presidente Donald Trump”, escribió la esposa del exmandatario hondureño, Ana García, en su cuenta de la red social X el martes.
Trump había anticipado su decisión el viernes, mientras su controvertida ofensiva militar contra presuntos traficantes de drogas en América Latina suma al menos 83 muertos en ataques a barcos en aguas del Caribe y el Pacífico.
El presidente afirmó el martes que EE.UU. empezará además a realizar “ataques por tierra” que podrían dirigirse a Venezuela o a cualquier país que considere produce o vende drogas ilegales a EE.UU.
Su gobierno sostiene que esas acciones letales son legales, en defensa de estadounidenses que podrían ser envenenados por drogas ilícitas.
Pero algunos expertos advierten que los ataques a civiles pueden constituir ejecuciones extrajudiciales e ilegales, y otros sospechan que el propósito de EE.UU. es presionar al presidente venezolano Nicolás Maduro para que deje el poder.
Varios analistas, e incluso miembros del Partido Republicano de Trump, ven una paradoja entre esas acciones de mano dura y el indulto a alguien que ayudó a meter más de 400 toneladas de cocaína en EE.UU., según los propios fiscales de este país.
“Realmente crea una incoherencia: vemos usar la fuerza letal contra presuntos traficantes de nivel bajo y medio en el mar” y “a un jefe de Estado condenado por posibilitar las mismas rutas (de drogas) ser tratado de forma muy diferente”, señala Rebecca Bill Chavez, presidenta de Diálogo Interamericano, un centro de análisis regional en Washington.
“Esto hace que la misión antinarcóticos, o al menos su narrativa, parezca mucho más selectiva y motivada por razones políticas”, dice a BBC News Mundo quien fuera subsecretaria de Defensa de EE.UU. para el Hemisferio Occidental entre 2013 y 2016.
“En sus narices”
Las pruebas presentadas contra Hernández en una corte federal de Nueva York el año pasado alcanzaron para que el jurado lo declarara culpable por unanimidad.
De hecho, el juicio a JOH (como también se lo denomina por sus iniciales) fue una suerte de radiografía de lo que los fiscales definieron como un “narcoestado” latinoamericano en pleno siglo XXI.
Si bien siendo presidente hondureño entre 2014 y 2022 Hernández se mostraba como aliado de Washington, en privado hablaba de “meter la droga a los gringos en sus narices”, según uno de los testigos del caso.
El mismo testigo, un excontador hondureño que se presentó con nombre ficticio y protegido por el gobierno de EE.UU., relató que vio a Hernández recibir maletines de dinero del narco Geovanny Fuentes Ramírez.
Alexander Ardón, otro hondureño que estaba preso por narcotráfico, testificó que financió campañas de Hernández y que con la ayuda del poder hondureño movió toneladas de cocaína en sociedad con criminales como Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del cartel de Sinaloa condenado a cadena perpetua en EE.UU.
Según Ardón, “El Chapo” entregó US$1 millón a la campaña presidencial del exmandatario en 2013 a través de Tony Hernández, un exdiputado hermano de Juan Orlando que también cumple cadena perpetua en EE.UU. por narcotráfico.
La droga cruzaba Honduras por tierra, aire y mar rumbo a EE.UU., con carreteras pavimentadas por el gobierno en zonas remotas para facilitar su traslado, pistas de aterrizaje y puertos estratégicos controlados por narcos, y fuerzas de seguridad del Estado que en realidad protegían las cargas ilícitas.
En el juicio también hubo indicios de cómo la violencia se disparó en Honduras hasta tener la mayor tasa de homicidios del mundo en la década pasada, según datos de las Naciones Unidas.
Devis Leonel Rivera, un exlíder del grupo criminal hondureño Los Cachiros que también está preso en EE.UU., testificó haber sobornado a Hernández y cometido 78 asesinatos según su propia cuenta.
“Un mensaje horrible”
Hernández se ha declarado inocente desde que fue acusado por EE.UU. y extraditado a Nueva York en 2022 hasta ahora.
En una carta que envió a Trump en octubre, sostuvo que fue víctima de una “persecución política” por parte del anterior gobierno estadounidense de Joe Biden.
“Como usted, fui atacado imprudentemente por fuerzas radicales de izquierda que no podían tolerar el cambio, que conspiraron con narcotraficantes y recurrieron a acusaciones falsas”, señala la misiva del expresidente hondureño divulgada por medios estadounidenses.
Luego del indulto, Trump dijo sentirse “muy bien” por su decisión y se refirió al proceso contra Hernández como “una horrible caza de brujas” del gobierno de Biden.
Hernández “era el presidente, y había algunas drogas siendo vendidas en su país, y como él era el presidente fueron a por él”, afirmó Trump en declaraciones a la prensa el martes.
Sin embargo, exfuncionarios del gobierno de Biden como su consejero de seguridad nacional para América Latina, Juan González, han indicado que buena parte de la investigación fiscal de EE.UU. sobre Hernández ocurrió durante el primer mandato de Trump (2017-2021).
El anuncio del indulto a Hernández levantó cuestionamientos de la oposición demócrata y dentro del propio partido republicano.
“¿Por qué indultaríamos a este tipo y luego perseguimos a Maduro por traficar con drogas en Estados Unidos?”, preguntó el senador republicano Bill Cassidy en X el domingo.
Otro senador republicano, Thom Tillis, sostuvo que el indulto a Hernández “es un mensaje horrible”.
“Es confuso decir, por un lado, que deberíamos potencialmente incluso considerar invadir Venezuela por el tráfico de drogas y, por otro lado, dejar ir a alguien”, declaró Tillis a periodistas el martes.
Trump acusa a Maduro de liderar uno de los grupos latinoamericanos de narcotráfico que ha designado como “terroristas”, el Cartel de los Soles, algo que el mandatario socialista venezolano rechaza y considera un pretexto para intentar derrocarlo.
Washington considera a Maduro un presidente ilegítimo y, durante una reciente conversación telefónica que tuvo con él, Trump le dio a un ultimátum para dejar Venezuela antes del viernes pasado, según medios estadounidenses.
Desde el inicio de los ataques militares contra presuntos traficantes de drogas en el Caribe en septiembre, varios expertos advierten que la droga ilegal más peligrosa que llega a EE.UU. es el fentanilo que nunca se produjo masivamente en Sudamérica.
Christopher Sabatini, investigador principal para América Latina de Chatham House, un influyente centro de análisis británico, cree que para Trump esto “no se trata en realidad de una guerra contra las drogas”.
“Si así fuera, estaría dirigiendo sus fuerzas a otra parte y, obviamente, no estaría indultando a un expresidente condenado por facilitar la entrega de hasta 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos”, dice Sabatini a BBC Mundo.
“Se trata de partidismo. Se trata de aliados. Y lo que es más importante”, agrega, “se trata de forzar a otros gobiernos de la región para que le apoyen”.
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