Javier Delgado y su familia tienen un año viviendo en la zozobra. En 2024 tuvo un infarto y fue atendido en el IMSS de Cancún. Durante la revisión, el hombre de 50 años advirtió que tenía una bolita en la lengua, pero los médicos minimizaron la situación y le recetaron sólo un enjuague bucal. 

La familia, preocupada porque la bolita seguía creciendo, decidió no esperar y vendieron lo poco que tenían: un aire acondicionado, la mesa, electrodomésticos. Con eso pudieron pagar un par de consultas con un médico particular y la biopsia, indispensable para el diagnóstico. 

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Su familia no puede comprarla porque cuesta siete mil pesos cada una, casi el mes de salario que gana su yerno como personal de limpieza en un hotel. Y ese sueldo lo ocupan para vivir los cinco integrantes de la familia: Javier, quien era mecánico y perdió la pensión que le daban en su trabajo, su esposa, su hija y su nieta. 

También debe tomar otros cinco medicamentos que no siempre le dan. “Me dicen venga para la siguiente semana y la siguiente. Cuando ya hay, me dicen que la receta está vencida y hay que volver a sacar cita con el cardiólogo para que me vuelva a recetar”. 

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A veces pueden comprar algunas medicinas baratas, como el ácido acetilsalicílico, pero otras simplemente es imposible. “A veces hasta sin comer la pasamos en algunas ocasiones”, confiesa. 

Se trató de otro efecto de la decisión del morenista de cambiar el modelo de compras de medicamentos durante su gobierno. Y el desabasto permitió la aparición de otro esquema: la proliferación de empresas que venden medicinas a sobreprecio. 

Animal Político revela en esta investigación que el IMSS entregó mil 600 millones de pesos en adjudicaciones directas a al menos 19 empresas con apenas dos y hasta 15 meses de funcionamiento en 2022.  

Consiguieron los contratos pese a vender más caro en comparación con los precios ofrecidos en las compras consolidadas. Y, en algunos casos, los insumos no llegaron a los hospitales. 

Tal es el caso de las pruebas de Covid adquiridas por la delegación Guerrero en 2022, cuando la pandemia y la demanda de insumos habían disminuido. La empresa Comercializadora de Materiales SVG, SA de CV, vendió 20 mil piezas en 2 mil 925 pesos cada una. Sin embargo, sólo llegaron 2 mil 339 a los hospitales, es decir, 11 % del total, según muestran registros oficiales obtenidos por transparencia.

Otras, como Promotora Médica Selec SA de CV, Leo-Medik y Grupo Farmacéutico MDK comparten integrantes con otras empresas que también vendieron medicamentos poco después de crearlas en otros años. 

Comercializadora de Medicamentos CMI fue boletinada por la Cofepris por irregularidades sanitarias. Y los dueños de otras más se dedicaban a otros giros y, aún sin experiencia en la distribución de medicinas, aprovecharon el negocio durante el gobierno de López Obrador.

Entre los medicamentos adquiridos con estas empresas estuvieron insulina, inmunoglobulina, antidepresivos, tratamientos contra el cáncer, o para control de diabetes y artritis. Anticoagulantes, antibióticos, vitaminas, entre otros. 

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Con sobreprecios de hasta 678 %, como la Sitagliptina metformina, cuyo costo unitario en compra consolidada fue de 225 pesos, pero la empresa Pharma Trimed la vendió en 1,750 pesos a la delegación Colima del IMSS.

O las tiras reactivas para medir glucosa, vendidas por Grupo Osherx, SA de CV en 2,150 pesos cada paquete, un precio incluso mayor a los 260 pesos que se consigue en farmacias comerciales. Ambos, insumos para el tratamiento de diabetes, la enfermedad con la segunda mayor incidencia en el país. 

Sin embargo, para el IMSS, la reciente creación de una empresa no es impedimento a la hora de contratar. La fecha de constitución “no es relevante ante evaluaciones de las propuestas que se hacen bajo un método binario (el proveedor cumple o no cumple requisitos), donde la antigüedad o experiencia no es un factor”. 

Aumentan las adjudicaciones y el gasto

Las adjudicaciones directas a sobreprecio son efecto de la política de austeridad del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien, en su búsqueda de ahorros en todo el gobierno, cada año intentó una forma de adquisición de medicamentos; primero, con la compra centralizada desde la Secretaría de Hacienda, luego en la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos de la ONU (UNOPS), después en el INSABI, luego la llamada “megafarmacia” y el IMSS. 

Ante el fracaso de cada uno, las delegaciones del IMSS argumentaron que, por incumplimiento de otros proveedores o la insuficiencia de proveedores en las megacompras, había urgencia de comprar medicamentos e insumos. 

Precisamente, la urgencia, es uno de los motivos que exceptúan las compras por licitación que permite la Ley de Adquisiciones. Y, en el gobierno de López Obrador hubo menos licitaciones públicas, es decir, concursos abiertos para poner a competir a los proveedores, y más elección de empresas de manera directa. 

Mientras en 2018 el porcentaje de compras de medicinas a través de adjudicaciones directas fue de 80 %, cada año incrementó hasta alcanzar 88 % en 2022 y 95 % en 2023. Esto es: casi la totalidad de las compras de medicamentos se hicieron eligiendo directamente a proveedores y no a través de competencias para lograr las mejores condiciones. 

A diferencia de comprar en gran volumen con menor costo, en el gobierno de López Obrador las compras estuvieron fragmentadas. Con esto efectivamente rompieron el monopolio de las grandes farmacéuticas que acaparaban las ventas al gobierno, como acusaba el expresidente López Obrador, pero eso no significó obtener ahorros, sino lo contrario. 

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Las delegaciones del IMSS gastaron 31 % más en la adquisición de medicamentos e insumos médicos entre 2018 y 2024. Pasaron de un gasto de 71 mil millones de pesos al inicio del sexenio obradorista, a 93 mil millones de pesos al concluir. 

A la par hubo desabasto, como denunció el personal médico y usuarios. Además, los datos lo confirman. Mientras en 2018 no se surtieron 1.4 millones de recetas en el IMSS, en 2021 aumentó a 22 millones de recetas, bajó a 12 millones el año siguiente y 5 millones en 2023, de acuerdo con datos oficiales obtenidos por la organización Cero Desabasto. 

Empresas nuevas, contratos millonarios

La empresa que más contratos ganó en esta selección fue Comercializadora de Materiales SVG, SA de CV., con 205 adjudicaciones directas por 525 millones de pesos. Fue constituida en junio de 2021 y se dedicaba a la “compra, venta, importación, exportación, fabricación, producción, maquila, desarrollo, distribución, suministro y comercialización de toda clase de bienes y productos que estén o puedan estar en el comercio”. 

Meses después, el 30 de marzo de 2022, cambió su objeto social y agregó la comercialización de “productos para uso médico en todas sus ramas y de laboratorios clínico médico”.

Apenas 44 días después de ese movimiento, la empresa ganó la primera adjudicación directa con la delegación de Sonora por 10 millones de pesos. Vendió 110 mil piezas de Celecoxib, antiinflamatorio para artritis reumatoide, en 92 pesos cada una. El precio en compra consolidada fue de 17 pesos, mientras que farmacias privadas se consigue hasta en 68 pesos. De acuerdo con los registros de comprobación, cumplió con la totalidad del pedido.

El contrato más oneroso de Comercializadora de Materiales SVG fue por 67 millones 860 mil pesos por la adquisición de 20 mil pruebas rápidas de Covid, a un precio unitario de 2 mil 950 pesos, mientras que el costo promedio en ese entonces ascendía a 2,500 pesos. 

Aunque el contrato lo hizo la delegación de Guerrero, los registros de entrega incluían la distribución a hospitales de otras entidades, como el Centro Médico Siglo XXI en la Ciudad de México. 

En los reportes oficiales se asienta que se recibió la totalidad del pedido en almacén, pero en el registro de distribución se observa que sólo llegó 11 % de las piezas a los hospitales. Por ejemplo, el área de Pediatría y Oncología del Centro Médico Siglo XXI supuestamente recibirían más de una centena de pruebas, pero no les llegó ni una. Lo mismo que en Puebla y el Estado de México Oriente. Mientras que el Hospital General de Subzona 19, solo recibió 2 unidades. Y el que más recibió fue el Hospital General Regional 1, con 500 piezas. 

Comercializadora de Medicamentos CMI ganó contratos a los 8 meses de ser creada, en septiembre de 2022. Sólo tuvo 4 adjudicaciones por 8 millones 621 mil pesos, pero vendió a Guanajuato y la Ciudad de México productos tan relevantes como inmunoglobulina humana, utilizada para tratar enfermedades inmunitarias en las que hay pocos anticuerpos en la sangre.

Sin embargo, la empresa fue boletinada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) en abril de 2024 por irregularidades sanitarias, según la alerta difundida por la institución en la que avisaba sobre los proveedores irregulares. 

Incluso, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum recientemente inhabilitó a otra empresa con la mismas características halladas en esta investigación: creada poco antes de recibir contratos y vendiendo a sobreprecio. El 29 de abril, la titular de Anticorrupción, Raquel Buenrostro anunció la inhabilitación de Biomics Lab SA de CV por diversas irregularidades. 

Biomics Lab fue creada en 2020 y ese mismo año sumó 14 contratos por 20 millones de pesos, y el año siguiente obtuvo 49 adjudicaciones por 31 millones de pesos, de acuerdo con registros de Compranet. Al participar en la compra consolidada de 2025, sus irregularidades fueron identificadas por la Secretaría Anticorrupción. 

Otra de las empresas destacadas fue Materiales Médicos Rey, constituida en enero de 2021 y que comenzó a sumar adjudicaciones un año después. Ganó 79 millones de pesos con ventas a sobreprecio. 

Por ejemplo, vendió Enoxaparina de 40 mg en 729 pesos, pese a que el costo en compra consolidada fue de 151 pesos. Mientras que la inmunoglobulina G, fue vendida en 12 mil 700 pesos cada unidad, cuando el costo en consolidada fue de 10 mil 191 pesos. Solo de esos dos contratos, el IMSS de Nuevo León habría pagado más de 2 millones de pesos ‘de más’.  

Redes de empresas

Promotora Médica Selec SA de CV fue creada en mayo de 2021. Un año después comenzó a ganar contratos que sumaron 149, de los cuales, 144 fueron adjudicaciones directas. En total obtuvo 155 millones de pesos, sobre todo con contrataciones de las delegaciones de Nuevo León y Guanajuato. 

Entre sus administradores está Francisco Pavel Gutiérrez Mújica, quien en 2017 apareció como representante legal de la empresa Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico (Dimesa), una filial de Laboratorios Pisa, acusado por el presidente López Obrador de acaparar el mercado.  

Gutiérrez Mújica, además, aparece en otras dos empresas: Lógica Médica Regiomontana, creada en marzo de 2020 y que al año siguiente ganó 103 contratos por 152 millones de pesos. La otra es Inmedical Soluciones en Salud, constituida en julio de 2020 y que en 2021 ganó 11 millones de pesos. 

Una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad dio a conocer que esta última empresa y Pável Gutiérrez ayudaron a burlar el veto Laboratorio Solfrán, propiedad de Carlos Lomelí, exdelegado de Guadalajara, impedida para ser proveedor gubernamental. A través de la empresa distribuidora, que ganaba los contratos, se seguían comercializando las medicinas de dicho laboratorio. 

La segunda empresa con más contratos fue Leo-Medik con 198 millones de pesos. Fue creada en septiembre de 2021 y cinco meses después obtuvo la primera de 117 adquisiciones directas.

Ésta, además, comparte integrantes con Grupo Farmacéutico MDK, creada en enero de 2021, y que es la tercera en recibir la mayor cantidad de contratos, con 173 millones de pesos.

Ambas empresas tienen más de 40 actividades en su objeto social y sus accionistas están personas que han tenido otras empresas. Como María del Pilar Monroy, que aparece como representante de Evtek SA de CV en una junta de aclaraciones para vender computadoras en Aguascalientes. También, Omar Eduardo Llanos, accionista en Pick and Go Comercial SA de CV, creada en 2023, y, como contratista del IMSS ha vendido artículos de aseo en Aguascalientes. 

El contrato más oneroso de Leo-Medik fue por 41 millones 500 mil pesos con la delegación Colima para comprar 50 mil piezas de eritropoyetina, para tratar la anemia y efectos secundarios tras una quimioterapia. 

El costo unitario ofrecido fue de 830 pesos, aunque en la compra consolidada era de 651 pesos. Solo por la diferencia de 178 pesos en cada unidad, la delegación pagó 8 millones 922 mil pesos ‘de más’. 

Pagan medicinas más caras

En 2022, las delegaciones del IMSS de al menos 19 entidades contrataron a empresas de reciente creación: Nuevo León, Guerrero, Michoacán, Aguascalientes, Chihuahua, Yucatán, Ciudad de México, Guanajuato, Veracruz, Chiapas, Durango, Sonora, Colima, Tamaulipas, Estado de México, Coahuila, Tlaxcala, Puebla y Jalisco. 

Animal Político analizó los contratos registrados en Compranet para ubicar a aquellas empresas que obtuvieron contratos al poco tiempo de ser creadas. En la lista destacan al menos 35 que tenían menos de un año de operación cuando ganaron el primer contrato.

Sin embargo, se descartaron aquellas que vendían mobiliario, artículos de limpieza o servicios subrogados especializados cuyos precios eran muy variables. Para esta investigación se seleccionaron únicamente 19 empresas que vendieron medicinas o insumos hospitalarios básicos. 

En total, estas compañías recibieron mil 382 contratos por mil 666 millones de pesos, cuya fecha de creación varió entre 2, 3, 5 y hasta 15 meses. 

Luego, se solicitó por transparencia el primer contrato realizado, el de mayor monto y otro con una delegación distinta a las anteriores. De las respuestas obtenidas se analizaron 59 contratos por la compra de 1.9 millones de piezas y un monto de 292 millones de pesos. 

Al contrastar el costo unitario de cada medicamento e insumo vendido en estos contratos se hallaron sobreprecios prácticamente en todos los casos que entregaron información. Aunque según los reportes, las empresas cumplieron con la mayoría de los pedidos, el impacto está en el sobrecosto pagado con recursos públicos. 

Si las compras se hubieran realizado a través de compras consolidadas el monto pagado habría sido de 141 millones de pesos. Es decir, las delegaciones del IMSS habrían pagado 150 millones de pesos de más. Un sobreprecio total del 106 por ciento. 

Diseño: Nadia Núñez  @naddnuk

Los fracasos en las compras de medicamentos

El primer intento del presidente Andrés Manuel López Obrador para cambiar el proceso de adquisición de medicinas fue centralizar las compras en Hacienda, a través de la Oficialía Mayor, cargo entonces ocupado por Raquel Buenrostro, actual secretaria Anticorrupción;  pese a que ni ella ni la institución tenían experiencia en la adquisición de artículos tan particulares como los medicamentos. 

En esa primera compra, Hacienda informó que había hecho adquisiciones por 7 mil millones de pesos en medicamentos, lo que había generado ahorros por mil millones de pesos con respecto a 2018, pero en realidad no compraron lo que se requería. Necesitaban 792 partidas de medicinas, pero sólo licitaron 632. De ellas, compraron 404 (64 %) y 228 quedaron desiertas (36 %), según informaron oficialmente.

Luego, el gobierno decidió que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), creado el 29 de noviembre de 2019, compraría las medicinas a través de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) para surtir a todas las instituciones de salud del país e incluso contrataría a proveedores de cualquier parte del mundo que ofrecieran mejores condiciones de venta.

Mientras que Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), empresa del Estado productora de vacunas, se convertiría en la nueva distribuidora de medicinas, tras el veto a las empresas distribuidoras del sexenio. 

Justamente, ese fue el campo que aprovecharon las empresas recién creadas, toda vez que el gobierno necesitaba distribuidores y los contratos para este servicio se fraccionaron y multiplicaron. Lo cual, generó un gasto mayor. 

Sin embargo, las fallas ocurrieron desde la adquisición de los medicamentos, pues el INSABI y la UNOPS reconocieron que solo adjudicaron 50.8 % de las claves de medicamentos y 55 % de las de material de curación que se necesitaban para 2021. 

Incluso, en la revisión a las compras del INSABI hechas en 2021, la Auditoría Superior de la Federación comprobó que la UNOPS no entregó la totalidad de medicamentos que habían contratado y pagado, por lo que debía hacer reembolsos por 32 millones 600 mil dólares.

Para 2022, el INSABI terminó la relación con la UNOPS –pese a que el acuerdo establecía que se encargaría de hacer las compras de medicinas hasta 2024– y ese año, el Instituto hizo los procesos de compra en solitario, aunque no logró adquirir el 22 % de la demanda. 

De ahí que las instituciones como el IMSS tuvieron que hacer otras contrataciones para adquirir las medicinas que no les llegaron por medio de la UNOPS o el INSABI y que necesitaban con urgencia. 

Esto derivó en la multiplicación de pequeños contratos, como documentó el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), luego de analizar las adquisiciones de medicinas entre 2018 a 2022.  

En 2022, el 20 % del monto total de compras de medicamentos se asignó en contratos menores a cinco millones de pesos, aunque en 2018 esta proporción había sido de 5 %. Lo cual resultó “contrario al objetivo de las compras consolidadas que busca comprar en volúmenes grandes con precios de mayoreo”. 

“Por eso es que las instituciones públicas de salud fueron obligadas a realizar adquisiciones con poco tiempo, lo que implicó condiciones de desventaja para negociar mejores precios en la compra”, concluyó el informe Compras públicas ineficientes, medicamentos más caros.