Alejandro trató por meses conseguir prevención para VIH en sector público; solo lo obtuvo vía sociedad civil
Alejandro batalló por meses tratando de conseguir tratamiento para prevenir la transmisión del VIH en diferentes instituciones del sector salud y nunca pudo obtenerlo, hasta que se acercó a una organización de la sociedad civil.
Radicado en Mazatlán, Sinaloa, relata que desde hace más de un año, en canales y podcasts sobre sexualidad comenzó a escuchar cada vez más el tema de cómo prevenir el VIH mediante profilaxis preexposición (PrEP), una pastilla que se toma diariamente para evitar contraer el virus.
Poco después empezó a ver el tratamiento anunciado en las redes sociales del IMSS y el ISSSTE, que lo promocionaban, junto con la profilaxis postexposición (PEP), de manera gratuita para sus derechohabientes. “Sabía que no iba a ser fácil, pero nunca pensé que iba a ser imposible”, bromea ahora.
Alejandro tenía dos empleos, en el sector público y privado, por lo que contaba con ambos servicios de seguridad social. Decidió probar primero en el IMSS, donde intuyó que el acceso quizá sería más fácil dada la magnitud de la dependencia.
Medicos del IMSS e ISSSTE dicen desconocer tratamiento PrEP
Llegó a su cita habitual en la clínica familiar y le preguntó a su doctor cuál era el procedimiento. “¿Qué es eso?”, respondió el médico internista, seguido de la afirmación de que en el instituto no existía ese tratamiento. Entonces, decidió acudir a Prevenimss, pero ahí tampoco sabían.
Así, optó por su segunda alternativa, que era el ISSSTE, aprovechando que acudiría a solicitar una incapacidad por otro asunto de salud. Comentó su interés en el PrEP con la médica familiar, a quien además le dijo que cada seis meses se hacía la prueba de VIH en laboratorios privados, pero preferiría “ahorrarse un dinerito”.
“La verdad es que aquí no te vamos a hacer la prueba a menos que ya traigas síntomas”, le contestó la doctora. Él prefirió no pelear ante la negativa de hacerle examen alguno para cualquier infección de transmisión sexual. Del PrEP, ni hablar: La respuesta fue la misma que en el IMSS: “¿Qué es eso?”, seguido de “aquí no existe”.
Lee más | Desabasto y falta de acceso a tratamientos para prevenir contagios de VIH prevalecen en estados
En Prevenissste fue donde más le llamó la atención que la reacción fuera igual, sobre todo porque la instalación conservaba afuera un letrero enorme que anunciaba “accede a PrEP”. Alejandro promovió quejas en ambas instituciones para que al menos quedara como constancia la sugerencia de que hacía falta el medicamento.
“Pensé que en IMSS iba a ser más fácil porque tengo conocidos que viven con VIH, y han accedido a sus antirretrovirales por medio de IMSS, entonces pensé que iban a estar más avanzados, pero sorpresa, resulta que aquí en Mazatlán no”, lamenta.
Tampoco le quisieron hacer pruebas, mientras no presentara síntomas. Si bien el VIH puede desencadenar una sintomatología muy parecida a la de una gripe entre las 2 y 4 semanas de adquirido, después puede permanecer latente o asintomático durante mucho tiempo.
¿Qué es la PrEP y la PEP?
El tratamiento oportuno del virus con antirretrovirales desde su detección no solo impide que evolucione a su fase final, sino que reduce la carga viral hasta un nivel indetectable e intransmisible. Es decir, las personas que viven con VIH y mantienen una carga baja gracias a los medicamentos no pueden transmitirlo por la vía sexual.
En tanto, la PrEP y la PEP son herramientas seguras y efectivas para reducir la posibilidad de transmisión antes o después de una potencial exposición. Están recomendadas para hombres que tienen sexo con hombres, mujeres transgénero, personas trabajadoras sexuales, aquellas que tienen mucha actividad sexual y un uso irregular de condón, quienes practican intercambio de parejas o consumo de sustancias, han tenido infecciones de transmisión sexual o tienen una pareja que vive con VIH. Su efecto preventivo es de más del 94%; su disponibilidad pública y gratuita podría evitar millones de transmisiones.
Sin pruebas disponibles en el sector público ni tratamiento pre o post exposición, Alejandro no quiso hacer más intentos que los más de tres que ya había destinado, pero llegó la ocasión en la que requirió PEP. Este tratamiento antirretroviral preventivo debe tomarse antes de que se cumplan 72 horas después de haber tenido una práctica de riesgo.
Su suerte fue la misma en el IMSS, el ISSSTE e incluso en Capacits, que son centros especializados en la atención de VIH e ITS, donde le negaron el tratamiento dado que él es derechohabiente del sector salud. Alejandro les explicó su situación, pero también la PEP fue imposible en todos lados: “no lo tenían, no existe, no sabemos qué es”, resume.
Desesperado porque ya habían pasado las primeras 24 horas de la exposición, le escribió a Alain Pinzón de VIHve Libre, organización radicada en la Ciudad de México. Mediante un intercambio con otro usuario en Mazatlán, le consiguieron la PEP muy rápidamente, y después le ofrecieron enrolarlo a PrEP. Ahora, recibe un envío cada tres meses por parte de la organización, con las pastillas suficientes para ese periodo y pruebas rápidas de sífilis, hepatitis y VIH.
“Yo le comenté el proceso tan fácil que es en VIHve Libre: por qué no todo México estamos inscritos con ustedes –ríe–. A pesar de que me facilitan todo, yo sigo insistiendo en mis instituciones de salud del gobierno, porque a final de cuentas es un derecho… Cada visita que yo hago es una queja que levanto, que no sé si vaya a servir de algo, pero por lo menos que haya una quejita. Esperemos que la tomen en cuenta”, dice.
“Los Capacits ya se quedaron cortos”: Censida
Según Ricardo Hernández Forcada, director de prevención y participación social del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el sida (Censida), esas quejas sí son tomadas en cuenta. Pide a quienes no encuentren PrEP y PEP, o les sea negado, lo reporten al 55 19 46 97 72 y al correo electrónico [email protected]. Además, reconoce que el alcance de las instituciones de salud ya no es suficiente.
De acuerdo con el funcionario, los programas estatales enlazados a Censida hasta finales de agosto de este año están otorgando tratamientos PrEP a 18 mil 515 personas, el IMSS a 5 mil 559 personas y el ISSSTE a 222. Admite que el trabajo de los centros comunitarios es necesario para quienes nunca se acercarán a un Capacits, y asegura que Censida colabora para que nuevas organizaciones que se tienen que constituir como tales lo hagan.
En entrevista, sostiene que más de 200 asociaciones siguen colaborando con los programas estatales, pese a que en todo el gobierno federal ya no existen apoyos directos. Al mismo tiempo, desplaza la responsabilidad a los estados sobre la decisión de con quiénes y cómo trabajan. “Me da mucho gusto que a pesar de que no existen estos financiamientos del esquema anterior, el compromiso y la voluntad de los activistas sigue presente en diversos estados”, señala.
Respecto a la suficiencia de los medicamentos, Hernández Forcada la achaca a la distribución más que al desabasto: “de acuerdo con la información que nos reportan los programas estatales como las instituciones de seguridad social, llevamos años con abastos promedio de cuatro a cinco meses de todas las claves de profilaxis como de atención”.
Aunque reconoce que hubo una crisis en 2019 que afectó a los programas estatales y al IMSS, porque la industria farmacéutica dejó de proveer una clave, asegura que se ha superado. “Más que un tema de abasto, suele haber un tema en la distribución final de los fármacos”, dice. Así ocurrió con una queja que llegó de Ciudad Juárez, donde todas las piezas de medicamento se encontraban en la capital de Chihuahua y no habían llegado a centros más lejanos.
“Eso desde luego es una omisión, es algo que no debe pasar y Censida distribuye todo a los programas estatales, pero los programas estatales nos dicen las cantidades, los puntos de distribución y tenemos la posibilidad de hacerlos llegar a los puntos que nos indiquen –justifica–. Ahí hay una corresponsabilidad, también en el caso del IMSS, que tienen que tener actualizados sus padrones de derechohabientes y los consumos promedios mensuales”.
De acuerdo con el funcionario, Censida está buscando que haya más puntos de distribución de la PreP. “Para nosotros, los Capacits ya se quedaron cortos, ya no alcanzan a llegar a la población que lo necesita; tenemos una población de millones de personas que podrían beneficiarse de este programa de prevención”, admite.
La estimación de las poblaciones que se denominan “clave” para PrEP y PEP, es decir, que tienen prevalencias de VIH superiores a las de la población general, alcanza cantidades millonarias, alrededor de un 11% de la población total del país, es decir, por lo menos 12 millones.
“Me da hasta pena decirlo, tengo 18 mil fuera de la seguridad social, que reporta también escasos; si sumamos todos, nos estamos quedando muy cortos”, añade. Se estima que en México 320 mil personas viven con VIH, de las cuales 6 de cada 10 están vinculadas a tratamiento.
Sin embargo, organizaciones en diferentes estados de la República aseguran que la falta de financiamientos sí ha afectado de manera importante el trabajo comunitario que hacen y que permite llegar a sitios a los que no llegan los servicios estatales, como publicó Animal Político.
A esto se suma que cada vez se generan más obstáculos, como los oficios expedidos por Cofepris –el último con fecha del 20 de agosto de 2024– que plantean que solo los establecimientos clasificados como farmacia hospitalaria, que cuenten con licencia sanitaria, podrán distribuir medicamentos antirretrovirales para prevención y tratamiento del VIH.
Ante ello, más de 30 organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la prevención y atención del virus en todo el país hicieron pública una carta hace unas semanas, dirigida al equipo de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, para pedir que se priorice como política de salud replicar el modelo de la Ciudad de México en el resto de los estados.
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Casi siete años después de la imposición de sanciones por parte de EU la exportación petrolera de Venezuela parece haberse recuperado de forma significativa gracias a la contribución de la llamada flota fantasma. BBC Mundo te cuenta de qué se trata.
Cuando en 2019 el presidente de EE.UU., Donald Trump, impuso sanciones a la industria petrolera de Venezuela para presionar al gobierno de Nicolás Maduro, las exportaciones de crudo venezolano cayeron hasta unos 495.000 barriles diarios. Seis años más tarde, las sanciones siguen en pie, pero las exportaciones petroleras de Venezuela han vuelto a crecer hasta ubicarse en torno al millón de barriles diarios.
Aunque se trata de una cantidad pequeña para un país que en 1998 -antes de la llegada al poder de Hugo Chávez- producía tres millones de barriles diarios, esta recuperación de parte de la exportación de crudo es un indicativo de que las sanciones contra Venezuela no están funcionando como EE.UU. esperaba.
Y es que el gobierno de Maduro ha ido encontrando la manera de ir reactivando la producción y de crear nuevas vías para vender el crudo venezolano esquivando las sanciones.
En esa tarea de comercialización ha jugado un rol central la llamada “flota fantasma”: una serie de tanqueros petroleros que por medio de distintas estratagemas logran ocultar su labor como barcos de transporte de petróleo sancionado por las autoridades estadounidenses.
Una de estas embarcaciones fue interceptada e incautada este miércoles por las fuerzas militares de EE.UU. cuando se encontraba en aguas frente a las costas de Venezuela.
“Acabamos de incautar un petrolero frente a la costa de Venezuela, un petrolero grande, muy grande; de hecho, el más grande que se haya incautado jamás”, dijo Trump al anunciar la operación ante la prensa en la Casa Blanca.
El gobierno de Maduro reaccionó calificando la incautación como “un robo descarado y un acto de piratería” y dijo que acudirá ante instancias internacionales existentes para denunciar lo ocurrido.
Esta acción estadounidense aumenta las tensiones con Caracas que se han ido intensificando desde que en agosto de este año el gobierno de Trump inició un gran despliegue militar en aguas del Caribe con el objetivo oficial de combatir el narcotráfico, pero que muchos analistas creen que tiene como objetivo final forzar un cambio de régimen en Venezuela.
Más allá de su posible objetivo político, la medida tiene un impacto económico pues dificulta aún más las exportaciones petroleras venezolanas al meter presión sobre la flota fantasma.
Pero, ¿qué sabemos sobre cómo operan estas embarcaciones?
Un fenómeno en auge
La utilización de flotas fantasmas es un fenómeno en aumento que ocurre no solamente en el caso venezolano, sino también de otros dos países petroleros sometidos a sanciones por parte de EE.UU. y de potencias occidentales: Rusia e Irán.
La empresa de inteligencia financiera S&P Global estima que uno de cada cinco petroleros en el mundo son usados para vender de contrabando petróleo procedente de países bajo sanciones.
De estos, el 10% transportarían solamente crudo venezolano, un 20% haría lo mismo con el iraní, mientras que 50% se dedica en exclusiva al petróleo ruso. El 20% restante no estaría atado a ningún país en particular y puede transportar petróleo de más de uno de estos países.
Según estimaciones de la firma de análisis marítimo Windward, la flota clandestina cuenta con unas 1.300 embarcaciones.
Las sanciones petroleras buscan desincentivar a países o empresas a adquirir o involucrarse en cualquier operación relacionada con crudo procedente de los países castigados.
Ante ello, los países sancionados optan por ofrecer su petróleo con grandes descuentos para que haya operadores, empresas o países que estén dispuestos a correr el riesgo de comprarlo, aplicando -eso sí- algunos trucos para disimular su origen.
Barcos que engañan
Una de las estrategias más frecuentes que aplican estos tanqueros para evadir las sanciones es cambiar con frecuencia -a veces varias veces en un mes- de nombre o de bandera.
En el caso, por ejemplo, del petrolero incautado este miércoles, se trata de un barco llamado The Skipper, según informó CBS News, socia en EE.UU. de la BBC.
Esa misma cadena dijo que se trata de un barco sancionado por el departamento del Tesoro de EE.UU. desde 2022 debido a su supuesto rol en una red de contrabando de petróleo que ayuda a financiar a la Guardia Revolucionaria de Irán, así como a la milicia chiita libanesa Hezbolá.
CBS indicó que al momento de ser sancionado el petrolero tenía por nombre Adisa (inicialmente se llamaba The Tokyo) y era una de las embarcaciones vinculadas con el magnate petrolero ruso Viktor Artemov, quien también se encuentra bajo sanciones.
Al referirse a ese tanquero este miércoles, la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, dijo en la red social X que esa nave era usada para transportar petróleo procedente de Venezuela e Irán, dos países bajo sanciones.
Un elemento interesante sobre The Skipper es que es un barco con 20 años de antigüedad y ese es otro elemento usual entre los tanqueros de las flotas fantasma: muchos son barcos viejos, pues las grandes navieras suelen deshacerse de estos barcos cuando tienen 15 años de servicio y luego de 25 años suelen ser enviados al desguace.
Justamente otro truco aplicado por estos barcos es usurpar la identidad de alguno de esos barcos enviados a desguace, emitiendo los números de registro únicos que la Organización Marítima Internacional le otorgó a esas embarcaciones. Así se convierten en lo que se conoce como barcos zombis, pues lo que hacen es similar a alguien que usa la identidad de una persona muerta.
Un caso de este tipo relacionado con Venezuela ocurrió en abril pasado cuando un barco llamado Varada llegó a aguas de Malasia, tras un viaje que había iniciado dos meses antes en Venezuela.
La embarcación juntaba dos elementos sospechosos: tenía 32 años y la bandera de las Comoras, popular entre barcos que no quieren ser detectados.
Una investigación de la agencia Bloomberg descubrió que se trataba de un barco zombi, pues el verdadero Varada había sido desguazado en 2017 en Bangladesh.
Otras formas habituales de operar de los barcos de flotas fantasmas consiste en “disfrazar” el origen del crudo transfiriéndolo en aguas internacionales a petroleros sin problemas legales con otras banderas, que son los que se encargan de llevar el crudo hasta su destino, presentándolo como procedente de un país no sancionado.
Ese fenómeno se produjo, por ejemplo, en el caso de las exportaciones petroleras venezolanas hacia China durante el primer gobierno de Trump. Según expertos consultados por BBC Mundo hubo un momento en el que en las estadísticas oficiales de comercio de China aparecía como si ese país no estaba adquiriendo crudo venezolano cuando, en realidad, sí lo estaba haciendo.
Esto era posible porque ciertas refinerías compraban el petróleo a estos barcos que habían adquirido la carga en aguas internacionales y que la presentaban como procedente de países no sancionados.
Un último truco usual entre este tipo de tanqueros consiste de desactivar el sistema de identificación automática, a través del cual se transmiten datos como el nombre, la bandera, la posición, la velocidad o el rumbo de la embarcación. La manipulación de estos datos permite ocultar la identidad, ubicación y rumbo de las naves.
Una flota fantasma en aparente crecimiento
La investigación de Bloomberg en abril detectó el caso de cuatro barcos zombis que transportaban crudo venezolano.
La agencia de noticias recurrió al análisis de imágenes satelitales y las comparó con fotos históricas de los cuatro barcos cuyos nombres y números de identificación estaban usando.
Más recientemente, la ONG Transparencia Venezuela emitió un informe basado en la observación de lo que ocurrió en los puertos petroleros de ese país en octubre de este año.
Según ese reporte, hubo 71 tanqueros extranjeros en modo visible en los puertos de la petrolera venezolana Pdvsa, de los cuales 15 están bajo sanciones y nueve se relacionan con flotas fantasmas.
Transparencia encontró que en promedio hubo 24 petroleros que estaban ubicados cerca de tres puertos en el occidente y oriente de Venezuela y que estaban operando en modo furtivo, pues no tenían activas sus señales reglamentarias de posicionamiento.
De igual modo, Transparencia afirma haber detectado seis operaciones de transferencia de carga de un buque a otro, cerca de la bahía de Amuay, en el occidente del país.
De igual modo, hubo una mayoría de barcos con banderas de países considerados como paraísos regulatorios, por tener normas de supervisión laxas, lo que termina facilitando las operaciones de este tipo de embarcaciones.
Así, de los 71 barcos, 29 tenían la bandera de Panamá, seis de las islas Comoras y cinco de Malta.
En su informe, Transparencia indica que 38 de estos petroleros pasaron más de 20 días sin tocar puerto, algo que contrasta con los barcos de la petrolera estadounidense Chevron (autorizada por Washington para operar en Venezuela) que al llegar toman su carga y se marchan en un plazo máximo de seis días.
“La permanencia extendida en las áreas portuarias del país, sin llegar directamente a las terminales petroleras, arroja serias dudas sobre el tipo de operaciones que esos buques realizan”, señaló Transparencia en relación con los barcos que tardaban muchos días sin tocar puerto.
En todo caso, dado que la operación de intercepción e incautación realizada este miércoles se originó en el portaviones Gerald Ford -el más grande del mundo-, que ahora forma parte del masivo despliegue de fuerzas realizado por EE.UU. en aguas del Caribe frente a Venezuela, es probable que la posibilidad del gobierno de Maduro de recurrir a la flota fantasma se vea limitada de una forma importante.
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