Salud para todos, en el papel; pacientes sin seguridad social recorren hasta 700 km por atención de alta especialidad
Para entender mejor
Don Pedro, como lo llama su hijo, lleva casi dos años visitando con regularidad el Instituto Nacional de Cancerología, en la Ciudad de México. Le detectaron cáncer de próstata y, al parecer, va a requerir cirugía. Originario de Sombrerete, Zacatecas, inicialmente acudía al Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, a unos 400 kilómetros de distancia que recorría en autobús.
Con la desincorporación del hospital, que se fusionó con el IMSS-Bienestar en 2023, fue remitido al Instituto Nacional de Cancerología en la Ciudad de México, lo que ahora lo obliga, “porque no hay de otra”, a realizar viajes de 766 kilómetros.
Él es uno de los más de 3 millones 234 mil 35 personas contemplado en la clasificación socioeconómica “exento de pago” porque no cuenta con seguridad social. A veces, comenta a Animal Político, “debo realizar dos viajes al mes para consulta o exámenes y eso cuesta: tengo que gastar en pasajes —siempre me piden ir acompañado de un familiar—, comidas y en un lugar para dormir, si tenemos que pasar más de un día por acá. En ocasiones tenemos que dormir en el piso, en calles cercanas al instituto, o en las salas de espera”.
De acuerdo con el Sistema de Información de la Secretaría de Salud, el gasto de la población sin seguridad social per cápita pasó de 4 mil 421 pesos en 2019 a 5 mil 918 pesos en 2023, un incremento de 34 %, lo que habla del esfuerzo de una parte de la población con escasos recursos para acudir a este tipo de hospitales.
La Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, encabezada hasta el pasado 19 de noviembre por Marta Margarita Zapata Tarrés, dispone de una evaluación del programa presupuestario E023 Atención a la Salud, con fecha del 15 de abril de 2025, a la que tuvo acceso este medio. En ella se reconoce que, si bien uno de los principios rectores de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es “salud para toda la población”, los mexicanos sin seguridad social con padecimientos de especialidad y alta especialidad no acceden efectivamente a la atención.
Explica que el estado actual del problema tiene que ver con la transición epidemiológica y demográfica, caracterizada por el predominio de padecimientos crónico degenerativos —como las enfermedades cardiovasculares, la diabetes mellitus, el cáncer en todos sus tipos o enfermedades del hígado— que “han desencadenado una creciente demanda de servicios de salud especializada a nivel nacional, especialmente entre la población sin seguridad social”.
Estima que entre el 5 % y el 10 % de la población con necesidades de salud solicita atención de especialidad en unidades de tercer nivel. Los datos del Censo Poblacional y Vivienda 2020 revelan que, de una población total estimada en 126 millones 14 mil 24 personas, carecen de seguridad social 64 millones 680 mil 690 y, de este segmento, demandan atención de tercer nivel 3 millones 234 mil 35 personas.
La evaluación añade que en los últimos años se han presentado avances para mejorar el acceso a los servicios de salud; sin embargo, subraya: “el problema no solo persiste, pues la brecha se ha incrementado en los últimos ocho años”. Cita que en la medición del año 2022, la carencia fue evidente.
Entre 2016 y 2018, la carencia de acceso representaba “un 15.6 % y 16.2 %, respectivamente, mientras que para el año 2020 se disparó hasta alcanzar 28.2 %, lo que equivale a 35.7 millones de mexicanos, siendo la población de menores ingresos, es decir, 20 %, clasificada en situación de pobreza extrema, la cual pasó de 25.6 % en 2019 a 57.3 % en 2020”.
En la falta de acceso a los servicios de salud se incluyen los de alta especialidad, provocada por la carencia de hospitales en varios estados del país. La oferta de servicios en los institutos nacionales de salud y hospitales federales de referencia está concentrada en la Ciudad de México, lo que provoca que pacientes de regiones remotas se trasladen en busca de atención y que se genere saturación en la demanda de servicios.
Para hacer frente a la creciente demanda y a la necesidad de descentralización, se han fortalecido y creado unidades de tercer nivel, como los hospitales regionales de alta especialidad. Sin embargo, “enfrentan limitaciones en términos de cobertura geográfica, ya que solo están presentes en seis de los 32 estados del país”, lo que continúa dejando a numerosas regiones y entidades federativas sin acceso a atención médica especializada.
Datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) estiman que en 2020 el tiempo de traslado hacia las unidades médicas de tercer nivel en áreas urbanas variaba de 30 minutos a 2 horas, mientras que en estados del norte y el sur puede ser mayor a tres horas en automóvil.
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El documento remitido para su revisión a Marta Margarita Zapata Tarrés desde la Dirección General de Evaluación de Desempeño que encabeza Manétt Rocío Vargas García, con fecha del 8 de abril de 2025, según el oficio CCINSHAE-134-2025, reconoce que la falta de acceso a los servicios de salud ha generado un aumento en la búsqueda de atención médica en servicios privados.
En 2022, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut), 30.4 % de la población mexicana recibió atención médica privada, con un incremento considerable en el caso de la población sin seguridad social, alcanzando el 35.6 %.
Animal Político solicitó a Carlos Álvaro Mateos Beltrán, director de Comunicación Social de la Secretaría de Salud, conocer una versión oficial sobre la problemática en este nivel de atención especializada de salud, pero no hubo respuesta.
En referencia al programa presupuestario E023 Atención a la Salud, el documento de evaluación precisa que la población objetivo depende de la capacidad instalada de las unidades médicas, es decir, de sus recursos humanos, equipamiento y presupuesto, “por lo que se limita a la capacidad de atención que se estima en un año fiscal y dependiendo de las vocaciones de las unidades participantes”.
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En el caso del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, en donde se atendía don Pedro, de 2021 a 2024 el presupuesto ejercido, según la Cuenta Pública de ese periodo, hubo una reducción de mil 743.9 millones a mil 564.9 millones de pesos.
En el Instituto Nacional de Cancerología se observó una reducción de 2 mil 759.9 millones de pesos ejercidos en 2020, en plena pandemia, a 2 mil 424.6 millones en 2023. Para 2024, el instituto aumentó su gasto a 3 mil 183.3 millones de pesos.
Estas inconsistencias en el presupuesto de ambas entidades explican las constantes denuncias por falta de medicamentos y equipo. Estas son algunas de las denuncias que se han hecho públicas:
- Hospitales del IMSS-Bienestar: se han reportado faltantes de medicamentos básicos, insumos y equipos en diversos hospitales de este sistema en la Ciudad de México, a pesar de iniciativas para solucionar la problemática.
- Hospital Infantil Federico Gómez: cirujanos denunciaron una crisis por la falta de anestesia y otros medicamentos, lo que ha obligado a reducir a la mitad el número de cirugías complejas.
- Hospital Infantil de Veracruz: madres de niños con cáncer han denunciado la falta de medicamentos para quimioterapia, provocando la suspensión de tratamientos. Además, señalan que los niños sufren por falta de aire acondicionado, mientras que las oficinas administrativas sí lo tienen.
- Hospital de Macuspana, Tabasco: el director fue cesado después de denunciar las carencias de medicamentos y equipo.
- Hospital Regional de Ciudad Hidalgo, Michoacán: trabajadores denuncian que se ven amenazados por exhibir las carencias del hospital, donde pacientes con enfermedades renales están en riesgo.
Estas carencias ponen en riesgo el derecho a la salud, afectando también a profesionales del sector que trabajan en condiciones precarias, según denuncia la Asamblea Nacional de Trabajadores de la Salud.
José Sifuentes Osornio, director general del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, puso énfasis en esta problemática en una entrevista concedida a la Gaceta de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. Ahí habló de lo que considera retos internos del instituto: mantener la cohesión del personal, asegurar que cuente con las herramientas necesarias y se sienta respaldado para realizar su trabajo, así como gestionar apoyos económicos, un desafío constante en su relación con el gobierno federal.
Los retos en el servicio médico de alta especialidad
La Secretaría de Salud tiene un árbol del problema que enfrenta el servicio médico de alta especialidad que otorgan diez institutos nacionales de salud, tres hospitales federales de referencia, tres hospitales desconcentrados en la secretaría y siete que brindan atención a la salud mental.
Los principales retos son: rezago en la demanda de atención especializada; insatisfacción con la atención; baja cobertura del programa; mayor gasto de bolsillo de las familias, aspectos que se traducen en que la población sin seguridad social con padecimientos de especialidad y alta especialidad “no accede efectivamente a la atención de salud”.
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Enumera también la deficiencia en los servicios de atención ambulatoria en cuatro puntos: insuficiente equipamiento; insuficientes recursos humanos; inadecuados procesos de coordinación interinstitucional entre el primero y segundo nivel; escasa sistematización de procesos sustantivos y de apoyo dentro de las unidades de especialidad (citas disponibles de servicios, expedientes electrónicos), que dificultan la atención de la población.
Las deficiencias en servicios de atención hospitalaria se resumen en tres aspectos: incremento de enfermedades crónicas y sus complicaciones; equipamiento obsoleto que supera su vida útil; escasa información al paciente sobre la necesidad de regresar al primer nivel, una vez terminada la atención especializada, para el seguimiento y la atención de otros padecimientos.
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Los nuevos lineamientos de seguridad muestran el interés de Washington por frenar la inmigración ilegal, contener el avance del narcotráfico y mejorar la relación con sus aliados ideológicos y sus socios comerciales.
Tanto el reciente bloqueo “total y completo” de todos los buques petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela como el inusual rescate financiero a Argentina de octubre son muestras de la relevancia que América Latina tiene para Donald Trump.
La nueva Estrategia de Seguridad Nacional reafirma la decisión de Estados Unidos de ampliar la presencia militar y su influencia en la región. Publicado por la Casa Blanca el 4 de diciembre, el documento plasma la visión del mundo de la actual gestión.
“Mi gobierno ha actuado con una urgencia y velocidad históricas para restaurar la fuerza estadounidense en el país y en el exterior“, dice la carta firmada por el mandatario que antecede el documento de 29 páginas.
Según los nuevos lineamientos de seguridad, Trump mira a América Latina decidido a frenar la inmigración ilegal, contener el avance del narcotráfico y mejorar la relación con sus aliados ideológicos y sus socios comerciales.
Para hacerlo, propone volver a la política exterior del presidente James Monroe de “América para los Americanos”, con la que EE.UU. declaraba en 1823 su intención de resguardar a la región del avance de las potencias ajenas al continente.
“Tras años de abandono, Estados Unidos reafirmará y aplicará la doctrina Monroe para restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental”, dice el nuevo documento que llama a este enfoque “corolario Trump a la doctrina Monroe”.
Este enfoque se ganó el apodo de la “doctrina Donroe”, que surge de la combinación entre Donald y Monroe. El término apareció en enero en la portada del New York Post y rápidamente fue adoptado por analistas estadounidenses y medios internacionales.
Entonces, ¿estamos ante una nueva doctrina de Monroe en la región? ¿Cuáles son las preocupaciones e intereses de Trump en América Latina? ¿Cómo hará para ampliar su influencia en el continente?
De Monroe a Trump
Para que Estados Unidos consolide su poder global, Trump entiende que primero debe reafirmar su influencia en la región.
“Estados Unidos debe ser preeminente en el hemisferio occidental como condición para nuestra seguridad y prosperidad, una condición que nos permite afirmarnos con confianza donde y cuando lo necesitemos en la región”, dice el documento.
Para Will Freeman, investigador de Estudios Latinoamericanos del influyente centro de estudios estadounidense Council on Foreign Relations, Trump busca dar un “nuevo giro a una vieja idea”.
“Es una especie de justificación ideológica para la intervención de Estados Unidos o para la mano dura en la región, la cual se centra explícitamente en la inmigración”, dijo Freeman a BBC Mundo.
“Pero el documento también menciona los cárteles de la droga y las incursiones extranjeras hostiles, lo que suena a la Doctrina Monroe en su versión original”, agrega.
La idea de una estrategia inspirada en la antigua doctrina Monroe no es nueva. Ya en 1904 el presidente Theodore Roosevelt (1901-1909) estableció su propio “corolario Roosevelt” a esa doctrina del Siglo XIX.
En aquel momento, Roosvelt sostenía que Estados Unidos debía intervenir en los países de la región si no estaban siendo capaces de cumplir con sus compromisos financieros o con el cuidado de sus democracias, según explica Freeman.
En cualquier caso, lo que sabemos hasta el momento sobre el llamado “corolario Trump” es bastante vago. Por eso, el analista recomienda no tomarlo como un plan estratégico sino como una declaración de principios.
“Trump no sigue una política exterior tan consistente como para llamarla doctrina. Tampoco hace ninguna declaración que nos ayude a entender cómo se relacionan las medidas que está tomando con sus objetivos más ambiciosos”, dice.
Intereses en la región
Para Trump, los países de América Latina son el origen de muchos de los problemas que enfrenta Estados Unidos, pero a la vez pueden ser la clave para resolverlos.
El documento presenta a la “migración ilegal y desestabilizadora” como uno de los principales problemas que tienen origen en Latinoamérica, ya que la mitad de los inmigrantes que viven en Estados Unidos proviene de la región, principalmente de México.
“Es la parte del mundo que más le interesa para sus objetivos de política interna”, dice Freeman.
A su vez, menciona el peligro de los cárteles de drogas, teniendo en cuenta que casi toda la cocaína que se consume en Estados Unidos proviene de tres países de la región: Colombia, Perú y Bolivia.
En ese sentido, para Bernabé Malacalza, autor del libro “Las cruzadas del siglo XXI”, que trata sobre la relación entre Estados Unidos y China, la nueva arquitectura de seguridad nacional se sostiene en que Estados Unidos considera a la región como “parte de su frontera de seguridad interna”.
“América Latina pasó a ser prioritaria para Estados Unidos. Adquirió un lugar que antes no había tenido y que se explica en que la seguridad hemisférica ganó protagonismo”, dice el profesor de la Universidad Torcuato Di Tella.
El documento menciona además la necesidad de limitar incursiones extranjeras hostiles, en una clara referencia a China, aunque no la menciona.
En materia comercial, Trump busca mejorar sus acuerdos con sus socios en la región bajo la impronta del America First (Estados Unidos primero). El documento plantea el uso de “aranceles y acuerdos comerciales recíprocos como herramientas poderosas”, algo que el gobierno de Trump ya ha puesto en práctica con numerosos países de la región, con resultados mixtos.
En el caso de México, la Casa Blanca sabe que las empresas estadounidenses también se ven afectadas por las disputas comerciales.
“Por eso, Trump busca consolidar acuerdos orientados al nearshoring (estrategia de una empresa para transferir parte de su producción a países cercanos), porque entiende que la región es parte de la reconfiguración de las cadenas de valor”, señala Malacalza.
Trump no solo quiere que las empresas estadounidenses crezcan, sino que los países aliados fortalezcan sus economías nacionales para, de este modo, intensificar las relaciones comerciales.
Según el documento, “un hemisferio occidental económicamente más fuerte y sofisticado se convierte en un mercado cada vez más atractivo para el comercio y la inversión estadounidenses”.
“Los países de la región tienen un impacto desproporcionado en estos asuntos internos que a Trump le importan mucho, y que también le interesan a su base política”, resume Freeman.
Represalias y recompensas
El mastodóntico portaaviones USS Gerald Ford, en el Caribe desde noviembre, no solo presiona al gobierno de Venezuela, sino que también refleja los nuevos lineamientos de seguridad de Estados Unidos.
Según el documento, la Casa Blanca busca desplegar una “presencia (militar) más adecuada” y “despliegues específicos” para controlar las fronteras terrestres y las rutas marítimas.
Estados Unidos habilita incluso “el uso de fuerza letal para reemplazar la fallida estrategia basada únicamente en la aplicación de la ley de las últimas décadas”, menciona el documento.
“La fuerza es el mejor elemento disuasorio”, agrega la Casa Blanca, en lo que es una política exterior deja abierta la opción de la represalia.
Este gobierno ha dicho que busca recuperar la idea de “paz por medio de la fuerza” (Peace Through Strength), el antiguo lema del presidente Ronald Reagan que se basa en confiar en el poder militar como garante de estabilidad.
Para Malacalza, la política de seguridad hacia América Latina “no configura una arquitectura regional o hemisférica, sino que busca que los países se alineen a Estados Unidos y, en última instancia, a Trump”.
Por otro lado, Estados Unidos ofrece una serie de recompensas para sus aliados.
“Recompensaremos y alentaremos a los gobiernos, partidos políticos y movimientos de la región que se alineen ampliamente con nuestros principios y estrategia”, señala la nueva estrategia.
La política de Estados Unidos debería, según el documento, enfocarse en apoyar a líderes y aliados regionales “capaces de promover una estabilidad razonable en la región”, que ayuden a frenar la migración ilegal y a neutralizar a los cárteles.
Esta política de recompensas se vio en octubre cuando Trump anunció el rescate de 20 mil millones de dólares para Argentina o cuando, al mes siguiente, se firmaron acuerdos con este último país, Ecuador, El Salvador y Guatemala para reducir los aranceles a las exportaciones.
En cualquier caso, para los analistas consultados por BBC Mundo, la bautizada “doctrina Donroe” entiende a la región principalmente como un lugar de amenazas más que de oportunidades.
“Les preocupa mucho más prevenir que las amenazas peligrosas de América Latina lleguen a Estados Unidos, según dirán ellos, que aprovechar las oportunidades que ofrece la región“, sintetiza Freeman.
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