La hostilidad contra la prensa sigue en aumento en México. De acuerdo con el más reciente informe de Artículo 19, durante el primer semestre de 2023 se registraron 272 ataques contra la prensa, con lo que se acumulan ya 2 mil 941 agresiones a periodistas en lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Según el informe que será presentado este martes por la organización, estas cifras indican que se registra una agresión cada 16 horas en contra de periodistas mexicanos, que van desde la intimidación, la amenaza, los ataques físicos, el uso ilegítimo del poder público, y el homicidio.
En el reporte se da cuenta del asesinato de tres periodistas en el primer semestre del año: Marco Aurelio Ramírez Hernández, ocurrido en Puebla, el 23 de mayo; Luis Martín Sánchez Íñiguez, en Nayarit, el 7 de julio, y Nelson Matus Peña, en Guerrero, el 15 de julio; además de la desaparición de Juan Carlos Hinojosa, reportada en Veracruz el 6 de julio.
“Con estos casos, la lista de periodistas asesinados desde el año 2000 ascendió a 161, de los cuales, 41 ocurrieron en la actual administración; mientras que 32 periodistas permanecen desaparecidos, cinco desaparecidos en este gobierno”, señala el documento titulado Violencia contra la prensa, entre ataques, estigmatización y ausencia del Estado.
Esta nueva versión del estudio que desde 2019 lleva a cabo Artículo 19 hace énfasis en el uso ilegítimo del poder público en contra de periodistas, por parte de funcionarios públicos de los tres órdenes de gobierno.
De los 272 ataques documentados, 68 son por intimidación y hostigamiento y 61 por uso ilegítimo del poder público; mientras que 49 son amenazas, 25 son por bloqueo o alteración de contenido, 15 ataques físicos, 15 ataques a bienes materiales, 8 casos de privación de la libertad, 6 de allanamiento, entre los más graves.
En cuanto al uso ilegítimo del poder público, la mayor parte de los casos registrados (47 de 61) son por estigmatización contra periodistas; es decir, comentarios hostiles contra la prensa por parte de funcionarios públicos.
“En los últimos años, organizaciones de sociedad civil, así como la Relatoría Especial de Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han expresado su preocupación y rechazo a la continuidad de estos discursos y de su normalización”, señala el informe de Artículo 19.
Otra vertiente del uso ilegítimo del poder contra la prensa es la apertura de procesos judiciales, administrativos y ministeriales en contra de periodistas, de los cuales la organización logró documentar 12 procesos abiertos de enero a junio de 2023.
Ocho de esos 12 procesos de acoso judicial están vinculados a investigaciones de corrupción de los gobiernos locales o estatales; tres están vinculados a investigaciones o publicaciones sobre derechos humanos, como lo son las desapariciones y feminicidios, y uno más se vincula a publicaciones sobre la situación de inseguridad.
“ARTICLE 19 ve con preocupación este tipo de agresiones particularmente de cara al próximo proceso electoral que iniciará formalmente a finales de 2023 y continuará hasta las elecciones que se realizarán el 2 de junio de 2024”, advierte el informe.
El Estado, principal agresor de periodistas
En el informe de Artículo 19 se reporta que es el Estado mexicano uno de los principales perpetradores de los taques en contra de la prensa, pues en 140 de las 272 agresiones documentadas (esto es, el 51.4 por ciento) son autoridades las responsables del ataque.
De esos 141 ataques cometidos por autoridades, 102 fueron cometidos por funcionarios públicos civiles; 34 por fuerzas de seguridad civiles y 4 por integrantes de las Fuerzas Armadas.
De los tres niveles de gobierno, las personas servidoras públicas a nivel estatal son quienes más atacaron a la prensa, con 64 casos; le siguen los funcionarios federales, con ataques, y finalmente el nivel municipal, con 23 agresiones.
“Este periodo es la primera vez desde el año 2016 que la organización documenta que el nivel federal corresponde al segundo lugar en agresiones, siendo comúnmente el último; por lo que preocupa de sobremanera el continuo uso de la tribuna pública para estigmatizar o criminalizar a la prensa”, detalla el estudio.
“La prensa opera frente a un contexto de macrocriminalidad, donde autoridades, grupos criminales, empresas, entre otros, conjugan sus intereses. Esto genera un ambiente de permisividad para violentar a la prensa, dentro de un contexto de alta corrupción y marcada captura del Estado por parte de grupos de interés formales y fácticos. Por tanto, los diversos perpetradores no deben observarse de manera aislada”.
Esta advertencia del estudio corresponde, también, con la incidencia de ataques según lo que se esté cubriendo: en el primer semestre del año, la mayor parte de loa ataques ocurrieron por cobertura de corrupción y política (137 de 272 casos), seguido de temas de seguridad y justicia (67 casos), protesta o movimientos sociales (29) y derechos humanos (26).
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Exigen no criminalizar ni estigmatizar a periodistas desde el poder
Al final de su informe, Artículo 19 enumera una serie de peticiones a los gobiernos federal, estatales y municipales; a las Cámaras del Congreso de la Unión y los Congresos locales, a las Fiscalías, al Mecanismo de Protección de Periodistas y a las comisiones de víctimas.
Entre las recomendaciones figura la de detener la estigmatización y criminalización de periodistas desde el poder público.
“Generar e implementar políticas públicas integrales de prevención y protección a periodistas y medios de comunicación. Asumir una narrativa que reconozca la importancia de la labor de periodistas y medios de comunicación en un contexto democrático y abstenerse de emitir expresiones estigmatizantes, criminalizantes y de descalificación en su contra”, se exige a los Poderes del Estado.
Además, se recomienda a los Poderes Legislativos federal y locales derogar normas que restringen la libertad de expresión y la labor periodística, tales como las figuras de “ultraje a la autoridad”, “halconeo” o “delitos contra el honor”, vigentes en códigos penales estatales.
Y se pide legislar en favor de la libertad periodística y para establecer salvaguardas en contra de las denuncias frívolas por daño moral que sólo buscan inhibir a la prensa y asfixiar económicamente a periodistas y medios.
El informe completo de Artículo 19 puede consultarse aquí.
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Miles de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, policías y soldados participaron este miércoles en un operativo para tomar control de la cárcel de Tocorón y “desarticular y poner fin a las bandas de delincuencia organizada y demás redes criminales” que operaban en esa penitenciaría en el norteño estado Aragua.
Desde años se sospechaba que la cárcel era el centro de operaciones de la temida organización delictiva conocida como el Tren de Aragua, aunque las autoridades no la mencionaron como objetivo directo de su operativo.
En Tocorón estaba recluido Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, líder de este grupo de crimen organizado, el mayor de Venezuela y uno de los más importantes de América Latina.
A pesar del allanamiento de la penitenciaría, los analistas no creen que signifique la desaparición del Tren de Aragua, cuya compleja estructura de criminalidad se extiende por toda América Latina.
La periodista e investigadora venezolana Ronna Rísquez, autora del libro “El Tren de Aragua. La banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina”, opina que otros cabecillas de la organización y las células que están fuera de Venezuela pueden seguir operando.
Se sabe que la megabanda nació en el estado Aragua, en el norte de Venezuela, hace más de una década, pero no hay consenso entre los expertos de cómo dirigía las actividades de sus afiliados desde la cárcel ni exactamente la magnitud de los mismos.
Orígenes
Según Luis Izquiel, profesor de Criminología de la Universidad Central de Venezuela, la banda nació hace “unos 12 o 14 años” en un sindicato que controlaba un tramo de tren que atravesaría el estado Aragua.
“Los miembros del sindicato extorsionaban a los contratistas, vendían puestos de trabajo en las obras y se les empezó a conocer como ‘los del tren de Aragua'”. asegura el experto en crimen organizado en entrevista con BBC Mundo.
“Algunos de estos individuos terminaron presos en una prisión local conocida como la cárcel de Tocorón y desde allí comenzaron a tomar fuerza como organización criminal”, prosigue.
Izquiel explica que, desde la prisión, Héctor Rusthenford Guerrero comenzó a agrupar a exmiembros del sindicato y a otros presos comunes y armó poco a poco la organización que conocemos actualmente.
Primero se expandieron afuera de la cárcel hacia otros sectores del estado Aragua.
“Hoy controlan el barrio de San Vicente en el estado Aragua, que ha pasado a ser su epicentro de control fuera de la cárcel de Tocorón”, agrega.
Luego se expandieron al resto del país: “Se sabe que están en el estado Sucre, controlando rutas de narcotráfico, y participan en la minería ilegal en el estado Bolívar”.
Liderazgo
De acuerdo a la experta en crimen organizado Ronna Rísquez, la primera vez que se empezó a escuchar del Tren de Aragua como una banda criminal ya establecida fue a partir de 2013, meses después de la fuga de la prisión de Tocorón del “Niño Guerrero”, quien fue recapturado casi un año después.
“Antes de eso había varias organizaciones, algunas asociadas a la prisión de Tocorón y otras que operaban afuera de la prisión en el estado Aragua y a quienes se les vincula con el ferrocarril que estaba en construcción en esa zona”, le dijo la investigadora a BBC Mundo.
“De allí viene el nombre Tren de Aragua”.
Rísquez asegura que Guerrero Flores es el líder oficialmente, pero añade que el grupo podría tener al menos dos líderes más, y que se sospecha que uno podría estar en un estado minero venezolano y el otro en el extranjero.
El profesor de criminología Luis Izquiel explica que el “Niño Guerrero” era capaz de controlar el Tren de Aragua desde prisión porque desde hace varios años algunos presos se habían “adueñado” del control de algunas cárceles de Venezuela a través del liderazgo de pandillas carcelarias.
“Todo lo que ocurre dentro de estas penitenciarias es manejado por estos criminales, que tienen más poder que los directores de las cárceles o los militares que las custodian”, asegura.
A los líderes delictivos en Venezuela se les conoce como los “pranes” y Héctor Guerrero Flores es quizá el más importante de todo el país.
Según Izquiel, esto ocurre con la complicidad de muchos funcionarios del Estado, sea por “acción u omisión”.
Expansión internacional
Ronna Rísquez afirma que ha identificado la presencia del Tren de Aragua en once estados de Venezuela, pero su actividad actualmente no se limita a las fronteras del país caribeño.
Apunta que si bien la primera evidencia pública de una expansión extranjera del grupo se registró en Perú en 2018, puede que sus operaciones internacionales hayan comenzado antes.
El 3 de agosto de 2022, la División de Investigación de Robos de la policía peruana detuvo a cinco integrantes de una banda que identificaron como “Los Malditos del Tren de Aragua”. Les incautaron tres armas de fuego, una camioneta, una granada tipo piña y pasamontañas.
Uno de los detenidos, el venezolano Edison Agustín Barrera, alias “Catire”, admitió haber cometido seis homicidios en Perú bajo la modalidad de sicariato.
Desde entonces la banda se ha expandido en ese país. El 19 de julio de ese año, la policía local detuvo a cuatro implicados de nacionalidad venezolana en el décimo piso de un edificio en Lima, la capital del país.
En el vecino Brasil, las autoridades han identificado vínculos entre el Tren de Aragua y el El Primer Comando de la Capital (PCC), la organización criminal más importante del país -y que también nació en una penitenciería- en el estado de Roraima, que comparte frontera con Venezuela.
También se han registrado actividades del grupo en Colombia.
“En Colombia, empezó operando en la zona fronteriza con Venezuela, entre Táchira y el Norte de Santander, donde ahora controlan el paso fronterizo del lado colombiano. Luego se expandió a otras regiones colombianas incluida Bogotá, más recientemente”, asegura Rísquez.
A principios de julio de 2022, un video en el que se puede ver a dos sujetos golpeando, torturando y asfixiando a un migrante hasta quitarle la vida sirvió de prueba para que la policía de Bogotá capturara en la localidad de Kennedy a alias Alfredito y el Capi, dos presuntos miembros del Tren de Aragua.
Según las autoridades colombianas, el grupo delincuencial lucha desde 2021 con otras bandas colombianas por el control del negocio de la droga en la capital colombiana.
“Su sello es causar temor”
Tres semanas antes del operativo policial en Bogotá, mucho más al sur del continente, el jefe de la Prefectura Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado Norte de la policía chilena, Rodrigo Fuentes, ofreció detalles de cómo opera la megabanda en Chile.
“Obedecen a un líder, tienen personas vinculadas al manejo del armamento, otros que se preocupan de la recolección de dinero, conocida como vacunas, como extorsión, y sicarios”, detalló el funcionario a medios chilenos.
“Matan conforme a una orden, aquí no se produce la figura del sicariato normal que nosotros conocemos, donde hay un premio o una promesa remuneratoria. Acá hay una orden de un líder que ordena matar a una persona que no paga la vacuna, cuando es extorsionada”, añadió.
Según Fuentes, gran parte del dinero obtenido de manera ilícita es enviado a Venezuela.
“La organización en sí tiene liderazgos que están en Venezuela y estos liderazgos se transforman en brazos operativos en distintos países”.
Mario Carrera, quien es fiscal regional de Arica y Parinacota, una región cerca de las fronteras de Chile con Perú y Bolivia, la calificó como “una organización bastante brutal en su forma de actuar”.
“Normalmente una organización criminal buscar actuar con sigilo para no despertar mayores sospechas. Esta gente no, su sello es causar temor y para ello ocupan las técnicas que hemos visto, los homicidios y las torturas”, dijo la semana pasada durante una intervención en la Radio Cooperativa de Chile.
El Tren de Aragua también ha sido acusado en Chile y en otros países de trata de mujeres con fines de explotación sexual y de tráfico de migrantes.
Miles de integrantes
Ronna Rísquez explica que si bien su presencia se ha comprobado en países como Colombia y Perú, se presume que el Tren de Aragua opera en muchos otros países.
“Al operar en la frontera entre Chile y Bolivia, se presume que están en Bolivia. Al operar en la frontera de Chile y Argentina, también se presume que operan en Argentina. También se cree que están en Costa Rica y Panamá”, prosigue la experta en crimen organizado.
Por su parte, Luis Izquiel asegura que la banda tiene presencia en Ecuador, controlando a veces el paso fronterizo con Colombia.
Según el sitio especializado Insight Crime, el Tren de Aragua se ha convertido en una “amenaza criminal transnacional”.
“Ha seguido la trayectoria del éxodo de migrantes venezolanos y ha encontrado la manera de establecer operaciones permanentes en varios países”, apunta.
Calcular el número de integrantes del Tren de Aragua es complicado, pero Izquiel calcula que podrían ser entre 2.500 y 3.000 individuos, mientras que la estimación de Ronna Risquez va hasta los 5.000.
Rísquez considera importante destacar que se trata de un grupo que no se dedica a una sola actividad delictiva, lo cual le da una “ventaja” frente a otras bandas.
“El Tren de Aragua tiene una gran capacidad para adaptarse. No es un grupo que se dedica exclusivamente al narcotráfico ni al contrabando ni al secuestro. Busca nichos y brechas donde meterse y justamente uno de los nichos que ha aprovechado es la migración venezolana“, señala.
“Puede que los migrantes venezolanos se hayan convertido en las principales víctimas del Tren. Los extorsionan, los utilizan para el tráfico de migrantes o de personas, para la trata y explotación sexual”.
“No tienen las armas de los carteles mexicanos ni el conocimiento del manejo de negocios ilegales que tienen las disidencias de las FARC o su experiencia, pero saben moverse y adaptarse”.
*Esta es una actualización del artículo de Norberto Paredes publicado en BBC News Mundo el 1 de agosto de 2022.
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