Tras pasar más de 19 años en prisión, Juana Hilda González Lomelí, una de las personas acusadas por el llamado caso Wallace, podría recuperar su libertad gracias a un proyecto de sentencia elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). 

El proyecto, elaborado por la ponencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, propone ordenar la “inmediata y absoluta libertad” de Juana Hilda, al considerar que no existen pruebas suficientes para acreditar que ella secuestró y asesinó al hijo de la activista Isabel Miranda de Wallace, Hugo Alberto Wallace Miranda. 

Aplazar la discusión del caso de Juana Hilda afectaría también a otras seis personas procesadas y sentenciadas por los delitos de secuestro y delincuencia organizada, como Brenda Quevedo, en cuyos casos se comprobó que hubo pruebas obtenidas bajo tortura y diversas violaciones al proceso judicial.

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Juana Hilda, casi 20 años en prisión sin pruebas en su contra

Años más tarde, fue sentenciada a 78 años y nueve meses de prisión por el secuestro de Hugo Alberto, una resolución que se basó en la supuesta confesión que hizo del crimen, misma que fue obtenida bajo tortura, sin acceso a una defensa adecuada y sin contar con una resolución sin perspectiva de género. 

El caso de Juana Hilda llegó a la Suprema Corte hace tres años, cuando el máximo tribunal del país decidió asumir la resolución del amparo indirecto 26/2022, en el que el  Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) argumenta que deben ser excluidas diversas pruebas ilícitas, entre ellas la declaración obtenida bajo tortura psicológica. 

De acuerdo con el proyecto a discutirse, la acusada “solamente se autoincriminó durante el tiempo en el que estuvo detenida en el centro de arraigo. No lo hizo en sus declaraciones previas, ni tampoco en las posteriores. Solamente aceptó su participación en el secuestro de (Hugo Alberto) cuando estuvo retenida en un centro de arraigo operado por la entonces procuraduría General de la República, responsable de armar la investigación”.

Pese a ello, la FGR insiste en dejar a Hilda en prisión, al tramitar un impedimento contra el ministro Gutiérrez Ortiz Mena, “derivado de la situación por la que atraviesa nuestro sistema jurídico mexicano, al enfrentarnos a la idea de un nuevo poder judicial tanto federal como local y en específico la zozobra que rodea la nueva conformación de la Suprema Corte”.

“Ha sido una pesadilla”, lamenta Brenda Quevedo

Brenda Quevedo es una de las personas que podría verse beneficiada en el caso de que la Corte falle a favor de la libertad de Juana Hilda.

Pese a que se comprobó que fue víctima de tortura sexual y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, Brenda continúa a la espera de su libertad, desde su domicilio, en el que se encuentra arrestada, custodiada por elementos de la Guardia Nacional. 

“Pasé de una vida muy tranquila, llena de sueños, a dar un vuelco de 180 grados que cambió radicalmente mi situación y la de mi familia. Antes de la detención había vivido dos años en Londres, y al volver conocí a Jacobo Tagle, otro de los acusados, y por ser su novia me implicaron en el caso”, una situación que de acuerdo con Quevedo “ha sido una pesadilla llena de terror y sinsabores”.

Entre lágrimas, Brenda señala que la “pesadilla” comenzó cuando se vió en diversos espectaculares en los que la señalaban como delincuente y ofrecían una recompensa por su información, y continúa hasta el día de hoy, ya que, aunque se encuentra en su domicilio, “esto no se ha acabado, y ni siquiera puedo salir al hospital, aunque tengo pendiente una cirugía por las secuelas que me provocó la tortura”.

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En los 19 años que lleva su proceso, su familia tuvo que vender casi todas sus posesiones, por lo que actualmente reside con ellos en un pequeño departamento en la Ciudad de México, desde donde espera con ansias la resolución que podría poner fin a su encierro.

“Ha sido muy difícil, ver de este lado todo el tiempo que pasó, lo que se perdió, ha sido un gran impacto que me llevó a una depresión, porque uno idealiza el estar fuera de prisión, ver a la familia, pero estar aquí no es fácil, porque me partieron la vida en pedazos, porque sigo encerrada y eso me genera mucho estrés y ansiedad… pero espero que pueda pegarlos pronto para volver a vivir”, expresa.

“Entre lo más difícil está la soledad, porque la mayoría de las personas que conocía de alejaron, y sólo mi mamá, alguna tía y pocas amistades mantienen contacto conmigo, ya que no puedo salir y el lugar donde vivo está permanentemente custodiado, y eso espanta a la gente porque creen que va a pasar algo”, detalla en entrevista.

En tanto llega el momento en el que se determine su libertad, dice que ha aprendido a cocinar, “algo que nunca intenté antes” y se entretiene realizando rutinas de ejercicio con apoyo de videos de YouTube; en un “intento de realizar distintas actividades para mantenerme a flote”.

“Hubo muchas fabricaciones, tortura y otras cuestiones que quedaron fuera del marco legal en la investigación, por lo que espero que este sea el principio del fin, porque una respuesta favorable para Juana Hilda nos ayudaría a todos los que estamos implicados, porque ya ha pasado demasiado tiempo, demasiado desgaste y demasiado sufrimiento, porque somos inocentes”, subraya.

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El caso Wallace

El llamado caso Wallace inició el 11 de julio de 2005, cuando la empresaria Isabel Miranda de Wallace denunció el presunto secuestro de su hijo Hugo Alberto Wallace Miranda. 

Tras realizar una “investigación propia”, la empresaria acusó a Juana Hilda González Lomelí, Brenda Quevedo Cruz, Jacobo Tagle Dobín, César Freyre Morales y los hermanos Albert y Tony Castillo Cruz por ser los presuntos responsables del secuestro de su hijo, incluso publicando sus rostros y datos personales en decenas de espectaculares que fueron colocados en toda la Ciudad de México.

Según la versión de Isabel Miranda, los presuntos responsables asesinaron a su hijo en un departamento de la capital, lugar donde metieron el cuerpo sin vida de su hijo al baño, lo desnudaron, le tomaron diversas fotografías, lo cortaron con una sierra eléctrica para meterlo en bolsas de plástico y maletas, y lo llevaron a “las aguas negras”, donde lo desecharon.

Por esta denuncia, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) inició una investigación que finalmente derivó en el arresto de los seis implicados, acusándolos de los delitos de secuestro y delincuencia organizada. 

Sin embargo, de acuerdo con el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), que lleva el caso de los seis implicados, las pruebas clave del caso carecen de “validez jurídica”, pues se basan en una confesión obtenida bajo tortura psicológica, pruebas obtenidas en cateos si haber preservado el lugar ni la cadena de custodia y una fotografía obtenida sin resguardo adecuado. 

Estas violaciones han sido objeto de recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por violaciones graves a los derechos humanos. Incluso, instancias internacionales como el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tienen en sus manos tres casos que están en “etapa de fondo” y dos peticiones que están en “trámite”. 

Además, asegura que los casos enfrentaron una participación “irregular” de Isabel Miranda de Wallace que, en aquiescencia con autoridades, posibilitaron violaciones a derechos humanos y fabricación de pruebas.