El Centro Pro fue espiado con Pegasus por segunda vez mientras daba seguimiento al caso Ayotzinapa y presuntos abusos del Ejército
El director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Santiago Aguirre, víctima de espionaje durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), fue espiado por segunda vez con el software Pegasus en 2022, mientras daba seguimiento a la investigación del caso Ayotzinapa durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, así como a otros casos de violaciones a derechos humanos presuntamente cometidas por el Ejército.
En este segundo espionaje también fue infectado el teléfono de María Luisa Aguilar Rodríguez, coordinadora del Área Internacional de la organización, de acuerdo con un nuevo análisis de Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, revelado por la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).
Además, una investigación del diario The New York Times publicada este martes advierte que México se convirtió en el mayor usuario del sistema Pegasus y en el presente el Ejército es la corporación que más utiliza activamente esta tecnología.
“El Ejército mexicano no solo es el cliente más antiguo de Pegasus sino que también ha atacado más teléfonos móviles con ese programa malicioso que cualquier otra agencia gubernamental del mundo”, afirma la investigación periodística.
Las fechas de infección contra los defensores de derechos humanos coinciden con actos de seguimiento del caso Ayotzinapa —en el que el Centro Pro es representante legal—, como la presentación de nuevos informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que dieron a conocer la vigilancia militar contra estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y sus familias; la detención y audiencias del exprocurador Jesús Murillo Karam, autor de la llamada “verdad histórica”, y la renuncia del fiscal especial del caso, Omar Gómez Trejo.
También, mientras el Centro Pro acompañaba el caso del asesinato de dos curas jesuitas en Chihuahua; el asesinato de la niña Heidi en Tamaulipas, presuntamente cometido por miembros del Ejército; las críticas públicas contra la militarización y la exigencia de esclarecimiento por el caso Tlatlaya y la Guerra Sucia.
Las fechas coinciden, además, con el señalamiento que la Sedena hizo contra el Centro Pro al catalogarlo como un “grupo de presión”, según informes internos de la dependencia hackeados por el grupo Guacamaya.
La infección fue alertada el 15 de diciembre de 2022, cuando Aguirre y María Luisa Aguilar recibieron un correo de Apple con la notificación de que sus dispositivos habrían sufrido una intromisión ilegal por “atacantes patrocinados por el Estado”.
Luego, los equipos fueron analizados por Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, y el 12 de abril de 2023, el análisis forense confirmó que dichos dispositivos efectivamente fueron infectados mediante el software Pegasus en al menos cinco ocasiones, alrededor de junio, julio y septiembre de 2022.
Se trata de nuevas víctimas de espionaje en el actual sexenio, pues la investigación Ejército Espía reveló que el defensor de derechos humanos Raymundo Ramos, el periodista y escritor Ricardo Raphael y un periodista de Animal Político también fueron espiados con Pegasus entre 2019 y 2021.
El espionaje realizado por segunda vez en contra de miembros del Centro Pro revela la intención de interferir en el legítimo trabajo de defensa de derechos humanos, acompañamiento a víctimas de graves violaciones a derechos humanos y exigencia de verdad y justicia, independientemente de cambios de gobierno, advierte la organización R3D.
“La nueva evidencia de espionaje militar ilegal contra el Centro Pro confirma que el Ejército continúa utilizando el aparato de inteligencia para sabotear la búsqueda de verdad y justicia, y mantener la impunidad militar”, alerta R3D.
El espionaje
Citizen Lab detectó que la primera y segunda fecha de infección ocurrió alrededor del 22 de junio de 2022 contra Santiago Aguirre y María Luisa Aguilar. El mismo día se realizó un acto en el Campo Militar Número 1 el contexto del Mecanismo de Esclarecimiento de casos de la Guerra Sucia, en el que participó Alicia de los Ríos, quien busca a su madre desaparecida y tiene el acompañamiento del Centro Pro ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En ese evento, familiares de víctimas de la Guerra Sucia protestaron con pancartas y consignas frente al presidente López Obrador luego del discurso del secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, quien llamó “hechos ocurridos” a las violaciones graves a derechos humanos ocurridas entre 1965 y 1990.
Un día después, ocurrió la audiencia pública con la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos del Congreso de EU, en la que participó el Centro Pro y se hizo referencia al caso de los jesuitas asesinados en Chihuahua, ocurrida días antes, el 20 de junio, al caso Ayotzinapa y al caso de la familia Barajas de Guanajuato.
Otro hecho relevante ocurrido previo a la infección fue la presentación del tercer informe del GIEI sobre el caso Ayotzinapa, que revela que hubo vigilancia militar a los estudiantes y posteriormente a las familias, así como presencia de elementos de la Marina mediante un video con dron en el basurero de Cocula.
La tercera infección ocurrió contra Santiago Aguirre alrededor del 13 de julio de 2022 y cerca de esa fecha, el 30 de junio, se hizo pública información sobre dos nuevas órdenes del Ejército para “abatir delincuentes”, como la referida en el caso Tlatlaya, acompañado por el Centro Prodh, y sobre la destrucción de documentos del batallón de Tlatlaya.
El 8 de agosto, la Sedena emitió un documento de inteligencia militar en el que cataloga al Centro Pro como “grupo de presión”, según información hackeada por el grupo Guacamaya.
El 18 de agosto, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, presentó el informe de la Comisión para la Verdad para el Caso Ayotzinapa (Covaj). En él, se vincula a la Sedena con la operación de Pegasus para hacer seguimiento de diversas personas relacionadas al caso y se publican documentos con transcripciones sobre las intervenciones en las que aparecen las siglas del CMI (Centro Militar de Inteligencia).
La cuarta infección fue contra María Luisa Aguilar alrededor del 24 de septiembre. Un día antes, normalistas y familiares de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa protestaron afuera del Campo Militar Número 1, con pintas y bombas molotov.
Un día después, el periódico Reforma publicó datos del informe de la Covaj que se encontraban testados y se hizo pública información sobre la cancelación de órdenes de aprehensión que habían sido solicitadas por la FGR, incluyendo contra militares.
El 27 de ese mes, renunció el fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, al considerar que las acusaciones contra el exprocurador Jesús Murillo Karam, que llevaron a su detención, debían ser más sólidas o existía el riesgo de que terminara libre. El Centro Pro expresó su preocupación por dicha renuncia.
La quinta fecha de infección ocurrió contra la coordinadora del Área Internacional del Centro Pro el 29 de septiembre de 2022. Dos días antes, Reforma publicó los supuestos chats de integrantes de Guerreros Unidos con elementos de Marina y Sedena, mostrando la vinculación entre dichas instituciones y el crimen organizado, y el destino final de los normalistas.
El 29 de septiembre, el GIEI publicó su cuarto informe, que refiere la cancelación de órdenes de aprehensión, la intromisión en la investigación, los vínculos del Ejército en Guerrero con el crimen organizado, así como la necesidad de revisar la veracidad de mensajes de texto incluidos en el informe de la Covaj.
El informe también refiere documentos en los que se menciona al CMI y denuncia la negativa de la Sedena a entregar documentos del área de inteligencia militar.
Ejército Espía
El 7 de marzo pasado, R3D, Artículo 19, SocialTic, Animal Político, Aristegui Noticias y Proceso publicaron nueva información respecto del espionaje con Pegasus. Se trató del informe del CMI, un área secreta de la Sedena, que confirma el espionaje a Raymundo Ramos con el sistema Pegasus por parte del Ejército.
El secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, recibió la información derivada de ese espionaje, como consta en un informe elaborado en 2020 por su subalterno directo, Homero Mendoza Ruiz, entonces director del Estado Mayor de la Defensa, y el subjefe de Inteligencia del CMI, Conrado Bruno Pérez.
La Sedena utilizó la información obtenida con el espionaje para influir en la investigación que la Policía Ministerial Militar realizaba sobre la ejecución extrajudicial de tres jóvenes presuntamente cometida por militares el 3 de julio de 2020 en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
De hecho, días después de esa ejecución, Raymundo Ramos apoyó a las familias de las víctimas en su proceso de denuncia y, justamente en ese periodo, su teléfono fue infectado con Pegasus, como confirman dos análisis de Citizen Lab.
El reporte del espionaje fue elaborado por el CMI, una estructura secreta dentro del Ejército que —según documentos internos— obtiene información a través de “medios cerrados” y tiene personal especializado e infraestructura tecnológica dedicada a “procesar y obtener información sensible sobre los temas que sean del interés del alto mando”, es decir, el secretario de la Defensa, de acuerdo con documentación oficial obtenida entre los millones de archivos de la Sedena hackeados por Guacamaya en octubre pasado.
El presidente López Obrador respondió a esas publicaciones argumentando que el Ejército realiza labores de “inteligencia, no de espionaje”, y se comprometió a entregar toda la documentación relacionada con el caso, pero no lo hizo.
En cambio, 13 días después de su promesa, la Oficina de la Presidencia envió un comunicado de prensa en la que intenta desacreditar las pruebas expuestas en las investigaciones periodísticas, como que la Sedena realiza labores “de inteligencia” para el combate del crimen organizado y, según explica, tiene base legal en la Ley de Seguridad Nacional y la Ley de la Guardia Nacional.
Sin embargo, la Ley de Seguridad Nacional solo faculta al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), un organismo civil, para realizar labores de inteligencia e intervenir comunicaciones con una autorización judicial, pero no a la Sedena.
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Tras un período de incertidumbre, el Instituto Nobel Noruego confirmó que Machado está a salvo y se encuentra camino a la ciudad europea.
María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, no pudo asistir a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz. Sin embargo, llegará a Oslo en las próximas horas, según informaron el Instituto Nobel Noruego y su hija, quien recogió el galardón y pronunció el discurso de agradecimiento en su nombre.
Después de un período de incertidumbre, en el cual los funcionarios del Instituto Nobel habían informado de la ausencia de la galardonada y de desconocer su paradero, se ha confirmado que se encuentra a salvo y camino a la capital Noruega.
“La Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ha hecho todo lo posible para acudir hoy a la ceremonia. Un viaje en una situación de peligro extremo. Aunque no podrá asistir a la ceremonia ni a los eventos de hoy, nos complace profundamente confirmar que está a salvo y que estará con nosotros en Oslo”, expresó el instituto en un comunicado.
Estaba previsto que Machado asistiera a la ceremonia en el ayuntamiento de Oslo, la cual fue encabezada por los reyes Harald y Sonja, y líderes latinoamericanos incluyendo los presidentes de Argentina, Javier Milei, y de Ecuador, Daniel Noboa.
Durante la semana previa hubo especulaciones en torno a la presencia de la galardonada y, temprano este miércoles, se dijo que no estaría en la ceremonia y que se desconocía su paradero.
Aunque Machado no llegó al evento, la ceremonia siguió adelante y su hija, Ana Corina Sosa Machado, recibió el premio y pronunció un discurso en nombre de su madre.
En octubre, el Comité del Premio Nobel decidió entregarle el reconocimiento a la opositora por sus “incansables esfuerzos para promover los derechos y libertades en Venezuela” y por favorecer “una transición justa y pacífica hacia la democracia”.
“María Corina Machado ha dedicado años a trabajar por la libertad del pueblo venezolano”, subrayó la institución, la cual agregó que “el férreo control del poder por parte del gobierno venezolano y su represión contra la población no son fenómenos únicos en el mundo”.
“Dios mío… No tengo palabras”, fue la primera reacción de la opositora al conocer en octubre pasado la noticia de que se convirtió en la primera venezolana en recibir el premio.
“Este es el logro de un movimiento, de una sociedad. Ciertamente no merezco un premio así, pero lo recibo con humildad y agradecimiento en nombre del pueblo de Venezuela”, agregó durante la conversación telefónica que mantuvo con Kristian Berg Harpviken, presidente del Comité Noruego del Premio Nobel de Paz.
La presencia de Machado había sido anunciada semanas atrás por el Instituto Nobel. Y, por ello, se pensaba que lograría viajar hasta la capital noruega.
A la opositora no se le ve en público desde el pasado 9 de enero, cuando encabezó una manifestación en Caracas contra la juramentación de Nicolás Maduro para un tercer mandato consecutivo.
A finales de 2024, Machado anunció que pasaría a la clandestinidad, en medio de la ola de represión con la que las autoridades venezolanas respondieron a las protestas desatadas en el país tras los cuestionados resultados de las elecciones presidenciales, que dejaron más de 2.000 detenidos, entre ellos decenas de dirigentes opositores.
La dirigente se ha convertido en la principal voz de la disidencia frente al gobierno de Maduro, quien asumió el poder en 2013 tras la muerte de Hugo Chávez.
En octubre de 2023 fue elegida como candidata unitaria de la oposición en unas elecciones primarias, pero las autoridades le impidieron participar en las elecciones presidenciales celebradas el 28 de julio de 2024.
Sin embargo, Machado no se quedó de brazos cruzados y respaldó al diplomático Edmundo González Urrutia, quien, de acuerdo con las actas recabadas por la oposición, ganó los comicios con el 66% de los votos, aunque el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó vencedor a Maduro sin mostrar pruebas que sustentaran esa decisión.
La figura de Machado se hizo familiar para los venezolanos a partir de 2003, cuando desde la organización Súmate impulsó el proceso activar un referendo que buscaba revocar el mandato del entonces presidente Chávez.
En 2010, fue elegida diputada y en 2012 mantuvo un tenso intercambio con el desaparecido mandatario, cuya política de nacionalizaciones de empresas cuestionó.
“Expropiar es robar”, le espetó, mientras que Chávez le replicó: “Hasta ladrón me llamó. Me llamó ladrón delante del país”.
“La vamos a extrañar”
El fiscal general venezolano, Tarek William Saab, advirtió hace unas semanas a la opositora que, si abandonaba el país, la consideraría una “fugitiva” y buscaría arrestarla en caso de que intentara regresar.
Desde 2014 pesa sobre Machado una prohibición de salida del país impuesta por un tribunal venezolano en respuesta a su presunta participación en los sucesos violentos en los que derivó una marcha celebrada en Caracas el 12 de febrero de 2014.
Por este caso fue encarcelado el exalcalde y exprecandidato presidencial Leopoldo López.
Pese a que ha transcurrido más de una década desde aquellos hechos y a que Machado jamás fue procesada penalmente, la medida judicial se ha mantenido.
Menos duro se mostró el ministro del Interior, Diosdado Cabello, quien ha pasado los últimos días anunciado la partida de Machado.
“La vamos a extrañar”, dijo en el programa que conduce en la televisión estatal.
“El equipo está instalado desde hace días en Noruega. Y aunque la maquinaria mediática anda con el cuento de que nadie sabe dónde está, la realidad es menos poética. La mujer dejó el pelero (se fue) con la misma elegancia con la que Edmundo González gestionó su salida exprés del país. Nada de desaparición ni drama, pura logística de manual y aviones que viajan en silencio con inmunidad diplomática”, declaró.
*Con información de última hora de la agencia Reuters
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