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Colectivos reclaman investigación y mecanismos de protección para familias buscadoras; riesgos incrementan
Colectivos reclaman investigación y mecanismos de protección para familias buscadoras; riesgos incrementan
Cuartoscuro
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Colectivos reclaman investigación y mecanismos de protección para familias buscadoras; riesgos incrementan
El Comité contra la desaparición forzada de la ONU lamenta que de diciembre de 2010 hasta abril de este año, al menos 13 personas buscadoras habían sido asesinadas presuntamente en represalia a sus labores de búsqueda, seis de ellas a partir de 2018.
17 de noviembre, 2022
Por: Marcela Nochebuena
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Ante el incremento de casos de familiares asesinados en la búsqueda de personas desaparecidas, organizaciones señalan la deficiencia en la investigación de estos, así como la carencia, por parte de gobiernos estatales y locales, de mecanismos de protección.

Tan solo en Guanajuato, entre octubre de 2020 y octubre de 2022, la Plataforma por la Paz ha documentado cinco casos de madres o familiares de personas desaparecidas asesinadas en la entidad. Aunque la agrupación presume que el motivo estuvo vinculado a sus actividades de búsqueda, las autoridades han fallado incluso en llevar a cabo una investigación formal que lo corrobore, apunta Raymundo Sandoval.

El 14 de octubre de 2020, horas después de una última búsqueda para encontrar a su hijo Yatziri Misael, María del Rosario Zavala fue asesinada en León, en la puerta de su casa, de seis balazos. Casada, a los 45 años dejó a seis hijos, uno de los cuales continúa desaparecido. En mayo de 2021, se sumó el homicidio de Francisco Javier Barajas en Salvatierra, Guanajuato.

Sandoval subraya que en el caso de Rosario, se documentó desde hostigamiento policiaco hasta criminalización previo a su asesinato. Cuando se dio el homicidio de Barajas, unos meses después, la Plataforma de la Paz solicitó un plan emergente de protección, como los que se han implementado en Chihuahua a través del mecanismo de protección federal, y que también se han intentado en Guerrero. 

“Que el mecanismo federal coordinara un plan emergente con los tres niveles de gobierno. Hubo reuniones con la Secretaría de Gobierno, pero ni siquiera funcionó la coordinación, y eso da cuenta de una omisión de prácticamente tres años del gobierno federal y del gobierno estatal en materia de implementar medidas de protección”, sostiene el activista.

Además, subraya que se trata de un territorio con algunos de los niveles más altos de violencia, uno de los mayores índices de homicidios dolosos y desapariciones en incremento: “Es un estado mortífero, y en esas condiciones se ha agravado mucho la falta de protección para las buscadoras en la entidad”, asegura.

A nivel federal y estatal, añade, se habla mucho del tema pero hay poca propuesta de política pública. Además de eso y de las condiciones del contexto, un tercer factor es la impunidad, de acuerdo con Sandoval. Por ejemplo, si bien en el caso de Javier Barajas hay presuntos responsables en proceso de sentencia, no queda claro para la opinión pública y para los colectivos si son los mismos responsables de la desaparición de su hermana Lupita, y si la búsqueda es el motivo de su asesinato.

“La fiscalía no nos ha dicho si están asesinándolas por su labor de búsqueda. Nosotros hemos tenido comunicación con diversos mecanismos de la ONU, con el grupo de trabajo y con el comité, y les hemos pedido eso, que verifiquen si estos asesinatos son producto de la búsqueda, y si son represalias por ese trabajo. Nosotros creemos que sí, pero no tenemos evidencia ministerial o de investigación por parte de las fiscalías que permita, efectivamente, probarlo”, explica.

Al menos 17 desde 2010; ONU documenta falta de protección a víctimas

En el último informe de su visita a México, el Comité contra la desaparición forzada (CED) de la ONU subraya que a pesar de los avances alcanzados por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, las necesidades de protección de las víctimas han quedado insuficientemente atendidas. 

“Las familias y allegados de las personas desaparecidas siguen cumpliendo funciones de búsqueda e investigación que le competen al Estado. Sin perjuicio del apoyo que reciben de la Comisión Nacional de Búsqueda, en muchos casos siguen realizando estas actividades sin el acompañamiento de las autoridades y sin contar con la protección que necesitan”, describe el documento. 

Como parte de su informe, el Comité lamenta que de diciembre de 2010 hasta abril de este año, al menos 13 personas buscadoras habían sido asesinadas presuntamente en represalia a sus labores de búsqueda, seis de ellas a partir de 2018. Durante la propia elaboración del documento, detalla el CED, se tuvo noticia del homicidio de Ana Luisa Garduño Juárez, el 27 de enero de 2022. Después de esa fecha, se han reportado otras cuatro. 

El organismo advierte que a ello se suman decenas de incidentes cotidianos de seguridad como actos de seguimiento, vigilancia, persecución, desapariciones y tortura cometidos en contra de víctimas o sus acompañantes, por haber denunciado una desaparición o participar en acciones de búsqueda e investigación.

Además, advierte que a pesar de que la Ley de Víctimas entró en vigor desde 2013 y le dio atribuciones, en casos de desaparición, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y a las comisiones locales para canalización a instituciones de salud, apoyo psicológico, representación legal, cobertura de gastos de viaje y derivados de desplazamientos por ataques o amenazas, después de casi nueve años de su adopción, sus resultados han sido muy criticados. 

El Sistema Nacional de Atención a Víctimas –documenta el CED– solo se ha reunido una vez en 2015, y la CEAV no cuenta con medios para que otras instituciones se vinculen en procesos de atención, lo que provoca la desatención a las víctimas. Por otro lado, aunque la CEAV inicialmente tiene competencia en casos del fuero federal, excepcionalmente puede intervenir si el estado correspondiente no cuenta con medios para atender a las víctimas. “Sin embargo, varias de las personas entrevistadas durante la visita denunciaron que esta atracción de casos locales suele ejercerse de forma discrecional”, acusa el CED.

“Varios interlocutores del Comité denunciaron que la política de atención y reparación a las víctimas se enfoca excesivamente en el pago de dinero, entendiendo la reparación únicamente como indemnización. Esto ha provocado que, a pesar de la situación dramática en la que se encuentran las víctimas, la atención que se les brinda sea extremadamente limitada y no cubra sus necesidades reales. Miles de ellas quedan desatendidas”, añade el organismo. A ello se suma que cinco estados aún no tienen una comisión estatal de víctimas, y la mayoría carecen de recursos humanos y financieros.  

Además de los casos de María del Rosario Zavala y Javier Barajas, la Plataforma por la Paz tiene documentado un tercer asesinato de un buscador en Pénjamo, ocurrido en junio de 2021, cuya familia decidió reservar su identidad; mientras que el cuarto fue el de Ulises Cardona Aguilar, hijo de Rosario, en julio de 2022, y el quinto el recién ocurrido de María Carmela Vázquez, en Abasolo, el domingo 6 de noviembre. 

De acuerdo con la agrupación, en los cinco se evidencia que se trató de una represalia por la búsqueda. En los casos de Rosario y María Carmela, particularmente, el haber sido asesinadas expresa y directamente en su domicilio es un indicio de que estaban plenamente identificadas por sus agresores.

Pese a los antecedentes, en más de una ocasión, acusa Raymundo Sandoval, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas les ha negado medidas: “Pedimos incorporación al mecanismo y nos dicen que el riesgo es por ser víctimas y no por ser personas defensoras de derechos humanos”, señala.

Hasta agosto de 2021, en el actual sexenio habían sido asesinadas Zenaida Pulido en Aquila, Michoacán, el 19 de julio de 2019; Rosario Zavala en 2020; y para el año siguiente Javier Barajas, en Salvatierra, en mayo; Aranza Ramos, en Guaymas, Sonora, el 17 de julio, y Nicanor Araiza en Zacatecas el 31 de julio de 2021.

2022 suma cinco casos 

A los pocos días de haber empezado el 2022, el 28 de enero se conoció el asesinato de la madre buscadora Ana Luisa Garduño, a sus 51 años, en el municipio de Temixco, Morelos. Desde 2012, se había sumado a colectivos de búsqueda de personas desaparecidas mediante la organización civil que fundó a raíz del feminicidio de su hija Ana Karen Huicochea

Edgar Chávez, coordinador del Proyecto sobre desaparición forzada en México y América Latina de la UAM, la recuerda como una participante muy activa en este, en el diplomado que ahí se realiza y en el primer curso de personas desaparecidas que habían realizado en el 2020, además de su trabajo con las familias de Morelos. 

Desde entonces, el Proyecto ha hecho llamados por su asesinato y tres más a a lo largo del año. El 30 de agosto –como la propia iniciativa recordaría en su siguiente comunicado– levantaron la voz, junto con decenas de colectivos de familiares de personas desaparecidas de México y otros países, para condenar y exigir la investigación del asesinato y feminicidio de la madre rastreadora de Sinaloa, Rosario Lilián Rodríguez Barraza. 

Integrante del colectivo Corazones sin Justicia, Rosario Lilián fue privada de la libertad en La Cruz, municipio de Elota, Sinaloa, la noche del martes 30 de agosto, y localizada sin vida más tarde. En esa ocasión, el Proyecto remarcó la necesidad de velar sobre la seguridad e integridad de las madres y familias que buscan, así como en los riesgos y afectaciones que implican sus búsquedas, necesarias y legítimas, ante la pasividad y omisiones del Estado. 

El 4 de octubre se sumó la condena por el asesinato de Esmeralda Gallardo, del colectivo Voz de los desparecidos en Puebla, quien buscaba a su hija Betzabé Alvarado Gallardo desde el 13 de enero de 2021, cuando desapareció a los 22 años en Puebla. El proyecto académico y los colectivos subrayaron que la impunidad posibilita más crímenes, especialmente frente a la vulnerabilidad de las madres y padres que buscan a sus seres queridos en total indefensión. 

Apenas un mes después, al igual que agrupaciones de todo el país e instancias internacionales, se sumaron a la condena del asesinato de María Carmela Vázquez, en Abasolo, Guanajuato. A sus 46 años, buscaba a su hijo Osmar Zúñiga Vázquez, de 21 años, desaparecido el 14 de junio de 2022. El domingo 6 de noviembre, cerca de las 20:35 de la noche, dos hombres armados tocaron a su puerta y le dispararon en varias ocasiones.

De acuerdo con la Unión de Búsqueda del Bajío, Pénjamo, un municipio a 25 kilómetros de Abasolo, sería el epicentro de la desaparición en la zona, donde existe un registro oficial de 126 personas desaparecidas y más de 150 familias organizadas; algunas de ellas deciden no denunciar. “Colectivos denunciaron recibir amenazas para que no realizaran una movilización en el centro de Pénjamo en el marco del 30 de agosto”, acusó la organización. 

A ellas se sumó el feminicidio de Brenda Jazmín, de 37 años, integrante del colectivo Guerreras Buscadoras de Cajeme, quien buscaba a su hermano Luis Heraldo Beltrán Jaime, desaparecido en Bacum, Sonora desde 2018. Se presume que su asesinato no está vinculado con sus acciones de búsqueda. La autopsia determinó que murió por asfixia en un hecho relacionado con su entorno personal. 

Como parte de su pronunciamiento en la UAM tras el asesinato de Maria Carmela, los colectivos recordaron que hay miles de familias en este momento, en las fosas y los campos, buscando a sus personas desaparecidas, realizando la tarea que el Estado no hace, por lo que no se les debe condenar a riesgos que el Estado debería atender para garantizar la búsqueda en condiciones de seguridad.

“La inacción nos tiene en el campo, en los ceresos, en los hospitales, buscando y haciéndonos visibles, lo que nos lleva a lo que está sucediendo ahora. No contamos con el apoyo necesario, y es una acción que no nos corresponde hacer. Han asesinado a varias compañeras, y condenamos al Estado por la falta de acciones reales de búsqueda, por la falta de seguridad a todas las familias que salen a buscar, e invitamos a todas las instituciones y organismos internacionales a presionar al gobierno mexicano. Nos están matando”, dijo Silvia Ortiz, del Grupo Vida Laguna de Coahuila. 

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“Ellos mandan pistolas al sur, nosotros fentanilo al norte”: el tráfico de esta droga en ciudades fronterizas de México y EE.UU.
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“Ellos mandan pistolas al sur, nosotros fentanilo al norte”: el tráfico de esta droga en ciudades fronterizas de México y EE.UU.
El Comité contra la desaparición forzada de la ONU lamenta que de diciembre de 2010 hasta abril de este año, al menos 13 personas buscadoras habían sido asesinadas presuntamente en represalia a sus labores de búsqueda, seis de ellas a partir de 2018.
28 de febrero, 2024
Por: BBC News Mundo
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La escena con la que se encontraron los paramédicos de Tijuana al entrar en el bar “La Perla” a primera hora de la mañana era desoladora.

Dos hombres estaban inconscientes, uno tirado en el suelo y su amigo desplomado en una silla. Sus vidas pendían de un hilo.

Una vez más, los servicios de urgencias de la ciudad tenían que intervenir por una sospecha de sobredosis de fenatnilo, algo que se ha vuelto cada vez más habitual en los turnos de noche, según el paramédico Gabriel Valladares.

“La situación está empeorando. Cada vez vemos más y más, y siempre es fentanilo“, afirma.

El opioide sintético es 50 veces más potente que la heroína y está haciendo mucho más difícil el trabajo de los paramédicos.

“Generalmente vemos dos o tres sobredosis por noche. Pero hemos tenido hasta seis o siete casos en una sola llamada, probablemente porque todos tomaron la misma sustancia”, añade Gabriel.

Algunos de los miembros del equipo que llegaron a “La Perla” iniciaron rápidamente la reanimación cardiopulmonar de los dos pacientes mientras otros preparaban dosis de Narcan, el fármaco más eficaz para revertir una sobredosis de fentanilo.

Es posible que los dos hombres ni siquiera supieran que estaban consumiendo fentanilo.

Dado que este opioide es barato y fácil de producir y transportar, los carteles de la droga mexicanos han empezado a mezclarlo con otras drogas recreativas como la cocaína.

Una “epidemia”

Incautación de drogas en Tijuana
Getty Images
Según autoridades del estado de Texas, EE.UU., una dosis de fentanilo del tamaño de 15 granos de sal puede ser letal.

La ciudad fronteriza mexicana se encuentra sumida en una auténtica epidemia de drogas. Pero el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, le ha restado importancia al problema.

Aquí no se produce fentanilo. Aquí no se consume fentanilo”, dijo el año pasado. Tras esa polémica afirmación, prometió presentar una nueva ley en el Congreso para prohibir el consumo de fentanilo y otros opioides sintéticos.

En Tijuana, temen que eso puede ser muy poco y venir demasiado tarde.

El doctor César González Vaca, director de los servicios forenses del estado de Baja California, me cuenta que durante más de un año su departamento ha analizado todos los cadáveres que llegan a sus morgues en dos ciudades fronterizas, Mexicali y Tijuana, en busca de fentanilo.

El estudio ha demostrado que alrededor de uno de cada cuatro cadáveres en Mexicali contenía fentanilo, dice, y el pasado mes de julio, las estadísticas para Tijuana llegaban a uno de cada tres.

“Parece que, cuanto más cerca estamos de la frontera, más consumo de esta droga vemos”, explica González Vaca.

“Desafortunadamente, no podemos comparar los resultados con otros estados de la República, ya que somos el primer estado en realizar este estudio”, agrega, y exhorta a sus homólogos de todo el país a ayudar a construir un panorama nacional más claro.

Una crisis subestimada

César González Vaca
BBC
Muchos cadáveres en Tijuana dan positivo en fentanilo, afirma el doctor César González Vaca.

Quienes trabajan con los vivos en Tijuana también afirman que el presidente ha subestimado la magnitud de la crisis en México.

Prevencasa es un centro de reducción de daños de la ciudad que ofrece cambio de agujas y servicios médicos a los adictos.

Su directora, Lily Pacheco, selecciona al azar dos agujas usadas y dos frascos de droga vacíos del contenedor de desechos.

Los cuatro artículos dan positivo en fentanilo. La ciudad está inundada de fentanilo, dice Lily.

“Por supuesto que existe el fentanilo. Sugerir lo contrario es no reconocer esta realidad. Tenemos las pruebas aquí mismo”, expone, señalando las tiras reactivas.

“Las sobredosis que vemos y todos los que han muerto a causa del fentanilo también son parte de esa evidencia. Ignorar el problema no lo resolverá. Al contrario, seguirá muriendo gente”.

Al terminar nuestra entrevista, de repente se produce una ilustración de la crisis mucho más visceral que las pruebas de fentanilo en jeringuillas usadas.

Lily sale corriendo a la calle, donde alguien sufre una sobredosis. Ella también lleva Narcan, donado por una organización benéfica estadounidense, y salva la vida del hombre.

Tuvo suerte. Pero muchos no.

Impacto en Estados Unidos

La epidemia de fentanilo ha golpeado especialmente duro al país vecino, Estados Unidos, el mayor mercado mundial de drogas ilegales. Se calcula que allí murieron 70.000 personas por sobredosis el año pasado.

Elijah Gonzales fue uno de ellos.

Con sólo 15 años, sufrió una sobredosis accidental con una pastilla falsificada de Xanax procedente de México que no tenía ni idea que contenía fentanilo.

Los mensajes de texto que la madre de Elijah, Nellie Morales, encontró después sugieren que era la primera vez que experimentaba con drogas.

Su cuerpo simplemente no pudo soportarlo.

“Lo extraño todos los días”, dice Nellie en su apartamento de El Paso, Texas, adornado con fotos de su hijo. “Se iba a graduar en junio. Una parte de mí murió ese día que él murió“.

Nellie
BBC
Elijah, el hijo de Nellie, sufrió una sobredosis de fentanilo en El Paso, Texas, al otro lado de la frontera con México.

Por desgracia, este tipo de muertes son frecuentes en Estados Unidos.

Más de cinco habitantes de Texas mueren cada día a causa del fentanilo, según las autoridades estatales, y sólo en el condado de El Paso el fentanilo estuvo implicado en el 85% de sobredosis accidentales como la de Elijah.

La policía de la ciudad compara la situación con la epidemia de crack de los años 80.

El Paso se encuentra al otro lado de la frontera de una de las ciudades más peligrosas de México, Ciudad Juárez.

Cuando la visitamos, los agentes de aduana estadounidenses incautaron en un solo día 33 kg de fentanilo, cantidad suficiente para matar a todos los habitantes de El Paso dos veces.

Algunos republicanos han llegado incluso a abogar por enviar tropas a México para luchar contra los carteles.

No cabe duda de que estos debates ocuparán un lugar preponderante en la campaña electoral estadounidense para los comicios de noviembre.

Sin embargo, dada la facilidad con que se transporta, es casi imposible detener el flujo de fentanilo hacia Estados Unidos.

El negocio de los traficantes

En Ciudad Juárez, me reúno con Kevin (no es su verdadero nombre), un joven de 17 años dedicado al tráfico de drogas y sicario del cartel de La empresa.

Me muestra videos de su banda transportando la droga por túneles bajo la frontera entre México y Estados Unidos.

“Un kilo de fentanilo le hace ganar al cartel unos US$200.000 en EE.UU.”, dice, “yo gano unos US$1.000 por llevarlo al norte”.

Traficante de drogas
BBC
Las bandas reclutan a niños para que les ayuden a traficar fentanilo.

Kevin lleva trabajando con el cartel desde que tenía sólo 9 años. Pero nunca había visto nada como el fentanilo. Predice que es el futuro del tráfico ilegal de drogas:

“Es la droga más fuerte que he visto, químicamente tan potente que la gente sigue pidiendo más y más. Va a seguir explotando”, afirma.

Le pregunté si siente algún remordimiento por las muertes de adolescentes estadounidenses como Elijah.

“No, todo forma parte de una cadena”, dice y se encoge de hombros. “Ellos envían armas al sur, nosotros enviamos fentanilo al norte. Cada uno es responsable de sus actos”.

De vuelta en Tijuana, aunque hicieron falta tres dosis de Narcan, los paramédicos consiguieron sacar a uno de los pacientes del borde del abismo en el bar “La Perla”.

Para su amigo, en cambio, ya era demasiado tarde. Murió entre botellas de cerveza y vasos vacíos en el suelo del bar.

El silencio digno de los paramédicos es interrumpido por el horrible sonido de un lamento.

La madre del fallecido llega al bar y le comunican que su hijo, de 27 años, es otra víctima de este poderoso estupefaciente.

Su muerte es una nota a pie de página en un año electoral a ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y México.

Línea gris
BBC

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