Corte de EU condena a García Luna y a su esposa a pagar 2,488 mdd por participar en esquema de contratación ilegal en México
El juez William Thomas, del Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida, condenó a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad en el gobierno del presidente Felipe Calderón, y a su esposa, Linda Cristina Pereyra, a pagar una multa de 748 millones de dólares y mil 740 millones, respectivamente, por su supuesta participación en un esquema de contratación ilegal gubernamental en México.
La condena fue derivada de los procesos de reivindicación patrimonial que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, interpuso ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida, para recuperar bienes del gobierno de México, supuestamente producto de los delitos cometidos por García Luna y sus familiares.
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La UIF informó, el 5 de octubre de 2023, que la jueza Lisa Walsh, del Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, ordenó la entrega de 2 millones 524 mil 50 dólares -alrededor de 44 millones de pesos mexicanos-, al gobierno de México, procedentes de la venta de inmuebles que fueron adquiridos en dicha entidad de Estados Unidos, por García Luna y su esposa, con dinero “procedente de la trama corrupta organizada por ambos”.
Ello tras la demanda civil de reivindicación patrimonial, que la UIF presentó el 21 de septiembre de 2021, ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, en contra de Genaro García Luna y su esposa, con el fin de recuperar recursos “defraudados” al gobierno mexicano.
A través de un comunicado, la UIF destacó que el 4 de octubre 2023, Walsh ordenó la entrega de los bienes de la empresa Delta Integrator, reclamados por el gobierno de México, al acreditarse por la parte mexicana, que los demandados incurrieron en una falta, al omitir concurrir al juicio.
Además, la jueza ordenó trasladar al gobierno de México, en un plazo máximo de 10 días, a través de los abogados del mismo, los bienes de dicha empresa, que ascendían a un millón 968 mil 250 dólares con veinticinco centavos, por tres inmuebles ya liquidados y, además, otro departamento ubicado en Miami, Florida, con un precio aproximado de 555 mil 800 dólares, que aún no había sido liquidado.
El extitular de la SSP mexicana fue detenido el 4 de diciembre de 2019 en Dallas, Texas, y trasladado al Centro Correccional Metropolitano de Brooklyn (MCC, por sus siglas en inglés).
La UIF señaló que en la resolución sobre la empresa Delta Integrator LLC, como resultado del vencimiento de una hipoteca otorgada a un tercero por la misma empresa, se obtuvo una recuperación adicional de 275 mil dólares.
“Los recursos líquidos recuperados fueron ingresados de inmediato a la Tesorería de la Federación, mientras que el bien inmueble está bajo administración del Gobierno de México para su venta“, afirmó la dependencia de Hacienda.
Culpable
Genaro García Luna fue declarado culpable el 21 de febrero de 2023, de cinco cargos, que incluyeron conspiración internacional para la distribución de cocaína, delincuencia organizada y una declaración falsa ante la autoridad migratoria de Estados Unidos, luego de un juicio que comenzó el 3 de enero de 2020, que llevó a cabo en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, presidido por el juez Brian M. Cogan.
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Fue condenado el 16 de octubre de 2024, por Brian M. Cogan, juez de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, a 38.8 años de prisión (466 meses), así como al pago una multa de 2 millones de dólares, “por su colaboración durante una década con el Cártel de Sinaloa, a cambio de millones de dólares en sobornos”.
Fue trasladado, el 19 de diciembre de 2024, a la Penitenciaría Lee de Estados Unidos (USP Lee, por sus siglas en inglés), una prisión federal de alta seguridad para reclusos varones, ubicada en el Parque Industrial del Condado de Lee, en el suroeste del estado de Virginia.
Según una ficha publicada en la página web de la Oficina Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés), García Luna tenía el número de registro, 59745-177, con 56 años de edad, es de raza blanca y sexo masculino. También indica que sería liberado el 8 de agosto de 2052.
Fue trasladado, el 12 de diciembre de 2024, al Centro Federal de Transferencia (FTC, por sus siglas en inglés), una prisión federal de Estados Unidos para reclusos masculinos y femeninos, ubicada en el número 7410 del boulevard MacArthur, en la Ciudad de Oklahoma City.
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Sofía recibe atención médica para su grave síndrome en California gracias a un permiso humanitario con el que su familia ingresó al país desde México en julio de 2023. Ahora recibieron un aviso anunciándoles su revocación.
“En 2023 recibimos un permiso humanitario que hasta ahora le ha salvado la vida”.
La mexicana Deysi Vargas habla sobre su hija, cuya identidad se protege con el seudónimo de Sofía, ante la decena de periodistas convocados a una rueda de prensa en Los Ángeles, en California.
La niña de 4 años también está presente y la observa de reojo mientras juega con un cochecito en una mesa contigua llena de libros infantiles.
Los hoyuelos que se le forman al sonreír y su vitalidad camuflan el grave síndrome que padece, al tiempo que desvían la atención de la mochila que carga permanentemente a la espalda y que la mantiene con vida.
Es parte del tratamiento que sigue gracias a la autorización con la que ella y sus padres ingresaron a Estados Unidos desde México en julio de 2023 y a la que su madre hace referencia.
Sin embargo, el pasado abril a la familia le fue notificado que la administración Trump les revocó el también llamado parole humanitario, así como las correspondientes visas de trabajo.
“En las cartas que hemos recibido desde entonces nos dicen que corremos el riesgo de ser deportados y que lo mejor para nosotros es irnos”, dijo Vargas en la conferencia del pasado miércoles.
La abogada Gina Amato, del proyecto Derechos de los Inmigrantes de la organización Public Counsel, informó que volvieron a solicitar el permiso humanitario, algo que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) le confirmó a BBC Mundo, añadiendo que la petición está bajo evaluación y rechazando que este sea un caso “activo” de deportación.
“En México no crecía ni mejoraba”
Sofía nació prematura en Playa del Carmen, en las costas del Caribe mexicano, a donde su madre, originaria de Oaxaca, y su padre, natural de Colombia, se habían mudado por trabajo.
Según le contó Vargas al Los Angeles Times, uno de los primeros medios en hacerse eco del caso, la niña pronto mostró complicaciones de salud y tuvo que ser sometida a seis cirugías para aliviar su bloqueo intestinal.
Aquello desembocó en un síndrome del intestino corto, una afección grave por la cual el cuerpo no absorbe los nutrientes que necesita.
Cuando Sofía tenía siete meses, un médico le recomendó a la familia mudarse a Ciudad de México, donde encontrarían la mejor atención médica del país para su condición.
Allí, permaneció prácticamente confinada en el hospital, sobreviviendo pero sin mostrar avances. Para cuando cumplió dos años, “mi hija no crecía ni mejoraba”, relató Vargas en español, durante la cita ante los medios.
Fue en ese tiempo que la madre supo que en otros países pacientes como su hija llevaban una vida normal y que uno de ellos era EE.UU.
También averiguó que había una forma de migrar legal— un programa impulsado por el gobierno entonces encabezado por Joe Biden—, y que implicaba pedir cita a través de la aplicación telefónica CBP One y presentarse en un cruce fronterizo determinado el día indicado.
La cita se la otorgaron para el 31 de julio de 2023. Y ese día ingresaron a territorio estadounidense desde el puerto de entrada Tijuana-San Ysidro, donde solicitaron el permiso humanitario.
Más conocido con parole, se otorga de manera discrecional a extranjeros que, pese a no cumplir los requisitos para obtener una visa, soliciten ser admitidos en EE.UU. de forma transitoria por “razones humanitarias urgentes o por un beneficio público significativo”.
El mecanismo migratorio no abre la puerta a la ciudadanía pero permite vivir y trabajar durante dos años en EE.UU., y fue uno de los recursos usados por la administración Biden para aliviar la presión en la frontera con México. Con él ingresaron al país legalmente unas 532.000 personas, entre ellos los Vargas.
Siendo ya beneficiarios de este permiso, Sofía fue hospitalizada primero en un centro de salud de San Diego, donde el tratamiento inicial implicó estar conectada las 24 horas del día a un sistema de alimentación.
Una vez fortalecida, sus médicos la refirieron al Hospital Infantil de Los Ángeles, donde le asignaron el tratamiento que hoy puede seguir en su casa situada a 160 kilómetros al norte de la ciudad, en Bakersfield.
Ahora la niña pasa 14 horas cada noche conectada a un sistema intravenoso, y cuatro veces al día, durante una hora, su madre le administra una solución con otros nutrientes a través de una sonda conectada a su estómago.
Sofía carga el líquido de aspecto lechoso en una mochila allá donde va, y cuando acude a su clase de preescolar es la enfermera de la escuela quien se lo suministra.
“Con la ayuda que ha recibido en EE.UU., mi hija tiene la oportunidad de salir del hospital, conocer el mundo y vivir como una niña de su edad”, dijo Vargas en la rueda de prensa.
Una oportunidad que la familia teme se desvanezca, y con ella la salud y, según apuntan los médicos, potencialmente también la vida de su hija.
Revocación del permiso humanitario
Desde que el republicado Donald Trump llegara a la Casa Blanca habiendo prometido llevar a cabo “la mayor deportación de la historia de EE.UU.”, las detenciones de indocumentados se han multiplicado y se registran incluso cuando estos acuden a citas en los tribunales que son parte de su proceso de regularización.
Asimismo, la administración ha despojado a miles de las protecciones humanitarias con las que ingresaron a EE.UU. bajo varios programas de la era Biden.
En esa línea, la Corte Suprema de Estados Unidos le dio luz verde el viernes al gobierno para revocar este estatus legal que protegía a inmigrantes provenientes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití.
Son miles los que, como los Vargas, recibieron ya avisos del gobierno federal en los que se les informa que ya no cuentan con estatus legal y se les insta a abandonar el país por sus propios medios antes de ser perseguidos y deportados.
Y la app que la familia de Sofía usó para ingresar al país se ha convertido en CBP Home, un sistema para ayudar a los inmigrantes a “autodeportarse”. Si no lo hacen, “el gobierno federal los encontrará”, avisa.
“Accedieron a EE.UU. por un período limitado (…) y DHS está ejerciendo ahora su discreción para terminar su parole”, reza la notificación que recibió la familia de Sofía y a la que BBC Mundo tuvo acceso.
“Si no sale de los Estados Unidos de inmediato, estará sujeto a posibles acciones de orden público que resultarán en su deportación de EE.UU., a menos que haya obtenido de otra manera una base legal para permanecer aquí. Cualquier beneficio que reciba en los Estados Unidos relacionado con su libertad condicional, como la autorización para trabajar, también se terminará. Estará sujeto a posibles acciones penales, multas civiles y sanciones, y cualquier otra opción legal disponible para el gobierno federal”, dice la carta fechada el 11 de abril.
Tal como se les adviritió, al poco de recibir la notificación sobre la revocación del permiso humanitario, los Vargas también se quedaron sin autorización para trabajar.
La desesperación los llevó a contactar a la firma legal sin ánimo de lucro Public Counsel y su proyecto de Derechos de los Inmigrantes, y a través de ellos han solicitado la continuación de su permiso humanitario por la condición médica de la niña.
“Nuestro objetivo es evitar que Sofía sea deportada y muera. Ahora que el gobierno ha revocado el estatus legal de ella y sus padres, están en riesgo de ser detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en cualquier momento bajo esta administración. Manejar las necesidades médicas de Sofía es un proceso muy complejo, por lo que si ella y su madre fueran siquiera detenidas por ICE, se pondría en riesgo la salud de Sofía”, le dice la abogada Gina Amato a BBC Mundo.
“Deportar a esta familia en estas condiciones no solo es ilegal, sino que constituye un fracaso moral que viola los principios básicos de humanidad y decencia”, subrayó ella misma en la conferencia de prensa de la semana pasada.
“Sería letal en cuestión de días”
El Hospital Infantil de Los Ángeles, que sigue asistiendo a Sofía de forma regular, rechazó la petición de BBC Mundo para hacer comentarios sobre el caso.
Sin embargo, en una carta solicitada por la familia y a la que tuvo acceso el LA Times, el médico que ve a la niña cada seis semanas, John Arsenault, escribió que “los pacientes que reciben Nutrición Parenteral Total en casa no se les permite salir del país porque la infraestructura para proporcionarlo o hacer una intervención inmediata si hay un problema con el acceso depende de los recursos sanitarios con sede en Estados Unidos y no se transfiere a través de las fronteras”.
Y agregó que una interrupción de esa alimentación “sería letal en cuestión de días” para la niña.
El caso de Sofía ha acaparado titulares y focos en un contexto en el que los dramas migratorios se acumulan día a día.
El jueves de la semana pasada 38 congresistas demócratas firmaron una carta dirigida a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en la se urge a la administración reconsiderar el estatus de los Vargas.
“Creemos que la situación de esta familia responde claramente a la necesidad de ayuda humanitaria. Es nuestro deber proteger a los enfermos, vulnerables e indefensos”, reza la misiva.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México también se ha pronunciado al respecto, recordando que la familia de Sofía “no ha incumplido las condiciones de su estancia”.
Los abogados “están en contacto con el consulado general de México en Los Ángeles y el consulado de México en Fresno para interceder ante legisladores estatales y federales a fin de evitar la deportación”, informó el jueves la SRE.
En una declaración enviada a BBC Mundo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) asegura que “cualquier reporte que diga que la familia está en (proceso de) deportación activa es falso”.
“Esta familia solicitó un permiso humanitario al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) el 14 de mayo de 2025 y la petición aún está siendo considerada”.
Mientras se evalúa la solicitud, la madre de Sofía advierte: “Si nos deportan y le quitan a mi hija el acceso a su sistema especializado, ella morirá”.
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