Desapariciones forzadas, asesinatos y ejecuciones extrajudiciales: en México ocurre un crimen de lesa humanidad, cada seis días
Yolanda Adriana Ramírez Soto, de 22 años, fue asesinada en diciembre de 2012 en el estado de Chihuahua. Cinco elementos de la Policía Federal dispararon contra la camioneta que conducía su novio, en la que ambos paseaban con sus hijas: los disparos le destrozaron la mano cuando ella la extrajo por la ventanilla para pedirles que cesaran el fuego, para advertirles que había dos niñas en el vehículo, y luego dos balas la lesionaron en el cráneo.
Aunque se comprobó que los agentes sembraron armamento y droga en la camioneta para justificar su ataque, el novio de Yolanda fue sentenciado a siete años de cárcel por portación de arma prohibida, mientras que los cinco policías responsables del asesinato de la joven y de la manipulación de evidencias quedaron libres de todo cargo penal, por “falta de elementos”.
Los policías federales estaban ahí, vigilando las calles, como parte de la estrategia conocida como ‘guerra contra el crimen organizado’, lanzada seis años antes por el entonces presidente de México, Felipe Calderón y continuada por su sucesores.
“Para mí –dice Dolores, la mamá de Yolanda– el gobierno federal es el responsable (de su muerte), porque es el que manda esas instituciones aquí. Nos destruyó la vida a todos, a ella, a mí y a mi esposo, a mis hijos y a mi niña (la hija de Yolanda, de 3 años al momento del ataque). Pero a mí me hace sufrir más la situación de mi niña, porque soy una persona adulta, ya no tengo la manera de sacarla adelante; a veces tengo que andar trabajando todo el día, viendo las necesidades y viendo la falta que le hace su mamá, porque no la puedo sustituir, y eso gracias a la ley: siempre eduqué a mis hijos a no pasar por encima de la ley y ¿para qué? Para que me hicieran esto”.
Lejos de ahí, en el otro costado del país, en el estado de Michoacán, Alfredo sobrevivía y llevaba un poco de dinero a su madre pizcando limón. Él es un joven campesino sin tierra, que ahora tendría 25 años de edad, y que solía ir de pueblo en pueblo, de plantación en plantación, como jornalero, es decir, laborando en ranchos por un salario diario.
De uno de estos plantíos de limón se lo llevaron por la fuerza los soldados de la Guardia Nacional un día de enero de 2020, ya durante el gobierno del actual presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, en el que la guerra continúa.
Desde ese día, Alfredo está desaparecido y sólo Eufrosina, su mamá, lo busca.
En ausencia de la autoridad, fue ella quien recorrió el pueblo de donde se llevaron a su hijo, La Peña, y en soledad fue ella quien localizó dos grupos de testigos: primero, a jornaleros que presenciaron cómo su hijo fue privado de la libertad por los soldados; luego, habló con quienes vieron el momento en que los soldados entregaron a su hijo, en otro punto del poblado, a integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, el grupo criminal que controla la zona, quienes se lo llevaron con rumbo desconocido, en la batea de una camioneta pick up.
“Mis carnes no son estas –dice Eufrosina, cuando han pasado más de tres años desde que busca a Alfredo–. Aunque me mire por fuera así (viva), por dentro mi corazón está marchito… Odio al gobierno”.
Entre los años 2006 y 2022, es decir, desde que las autoridades nacionales declararon el inicio de la guerra contra el crimen organizado, en México se han podido documentar al menos mil 524 casos de desaparición forzada, asesinato y ejecución extrajudicial, cometidos directamente por presuntos cuerpos de seguridad federales y estatales en contra de personas inocentes o indefensas.
Personas como Yolanda y Alfredo, sobre quienes no pesaba ninguna sospecha, que no tenían armas ni se enfrentaron a la autoridad, sin órdenes de aprehensión en su contra. Personas que sólo habían salido por algo de comer, jugaban futbol, fueron a la tienda o simplemente paseaba, como Yolanda y su familia.
Por supuesto, esos mil 524 casos documentados no representan la totalidad de las víctimas que ha dejado el actuar ilegal de autoridades durante esta guerra, ni tampoco todos los abusos oficiales cometidos en el país en el marco del conflicto armado interno. Son únicamente aquellos casos que fueron pudieron ser revisados y verificados por en esta investigación, con base en los registros de comisiones de derechos humanos, organismos públicos de procuración y administración de la justicia, organismos civiles, investigaciones periodísticas y fundamentalmente por denuncias públicas de sus propias familias, que pudieron ser identificadas por la presente investigación.
Es decir, son sólo una fracción del total. Pero incluso así, tratándose sólo de una muestra de casos, esas mil 524 desapariciones forzadas, asesinatos y ejecuciones extrajudiciales equivalen a una víctima de las autoridades cada seis días, a lo largo de 16 años.
Cada caso es una historia diferente. Pero vistos en conjunto narran la historia de una forma de violencia que en México se volvió cotidiana con la guerra: la violencia sistemática de Estado, aquella que el poder público ejerce no sólo de forma reiterada, sino principalmente de forma premeditada, es decir, planificada, contra integrantes o grupos de la sociedad.
Estos crímenes han sido cometidos por soldados, marinos, guardias nacionales, policías federales, así como policías preventivos estatales y agentes ministeriales del fuero común y del federal. Es decir, por los integrantes de las instituciones encargadas de instrumentar la estrategia de combate al crimen organizado, durante los gobiernos encabezados por Felipe Calderón (postulado por el Partido Acción Nacional), Enrique Peña Nieto (postulado por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde) y Andrés Manuel López Obrador (postulado por el partido Movimiento Regeneración Nacional, el Partido Verde, el Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social).
Es decir, se trata de crímenes cometidos durante la aplicación de una política pública de seguridad basada en la confrontación armada, refrendada por cada grupo político que ha conquistado el poder, de 2006 a la fecha, en contra de personas ―hay que insistir― que no empuñaron un arma y que no estaban involucrados en alguna actividad ilícita. Casos, todos, que nos recuerdan que cualquiera puede ser víctima de unas fuerzas de seguridad que actúan impunes.
Una estrategia que, como han denunciado diversas organizaciones, viola la Constitución al poner a las Fuerzas Armadas como vigilantes del comportamiento de la población civil, tal como concluyó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que en el tiempo que lleva en marcha ha cuadruplicado el número de muertes violentas en el país.
Las mil 524 historias en las que se basa la presente investigación periodística dan cuenta de que los crímenes perpetrados por las fuerzas del Estado, de un lado, y la violencia homicida generalizada del otro lado, son dos fenómenos que avanzan de la mano en México, ya que durante el tiempo que ha durado el conflicto armado interno, ambos indicadores de violencia incrementan en las mismas regiones y en los mismos periodos de tiempo.
Crímenes de guerra y de lesa humanidad
Los crímenes recabados en esta investigación se perpetraron principalmente al amparo de operaciones o políticas de seguridad pública para abatir la incidencia delictiva, pero también ocurrieron durante operativos para reprimir protestas sociales, así como en actos delictivos perpetrados por agentes del Estado, de forma autónoma o en complicidad con la delincuencia organizada.
Además, estos actos de violencia fueron instrumentados contra regiones e integrantes de grupos específicos de la población civil, elegidos bajo criterios de edad, sexo, condición socioeconómica, características físicas o por alguna condición de vulnerabilidad fija o transitoria.
Las víctimas son, por ejemplo, personas jóvenes, personas que se encontraban solas o en grupos numéricamente inferiores ante los agentes oficiales, habitantes de ciertas localidades, manifestantes, integrantes de sectores económicamente marginados o de sectores estigmatizados (como personas con adicciones, sin ocupación o que portan tatuajes en el cuerpo), e incluso contra personas que mostraron comportamientos que para la autoridad fueron indebidos, aunque no representaran delito alguno, tales como no detener la marcha del auto, vestir cierta ropa o actuar con reservas, nerviosismo o miedo en presencia de uniformados.
Personas que salieron a comprar comida, a trabajar, a la escuela, a atender necesidades básicas, a divertirse.
En todos los casos identificados, las víctimas eran personas inocentes, es decir que no estaban relacionadas con hechos delictivos ni representaban amenaza alguna para la autoridad; y además, estaban indefensas, por lo que tampoco eran un riesgo para las autoridades, incluso si tenían algún vínculo con hechos delictivos.
Es decir, se trata de actos de violencia de Estado que, al estar enmarcados en una confrontación armada, están prohibidos por las leyes internacionales de la guerra, establecidas en los Convenios de Ginebra, ya que éstas no sólo aplican para conflictos entre países sino también para todo tipo de confrontación armada “que surja en el territorio” de los Estados firmantes. México suscribió estos tratados en el año 1952.
Estas normas internacionales, que rigen el comportamiento de los Estados firmantes durante confrontaciones armadas, prohíben que las fuerzas oficiales incurran en “atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas”, “la toma de rehenes”, así como “las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido, con garantías judiciales”.
También establecen que, en el marco de conflictos armados, todas las personas, pero particularmente los civiles, “serán, en todas las circunstancias, tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable, basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna, o cualquier otro criterio análogo”.
Además, los hechos de violencia en los que se basa esta investigación se inscriben en la definición de “crímenes de lesa humanidad” recogida en el Estatuto de Roma, que da forma a la Corte Penal Internacional (ratificado por México en el año 2000), al tratarse de asesinatos y desapariciones forzadas cometidas por integrantes de fuerzas gubernamentales “como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil”, para lo cual es requisito que exista “una línea de conducta que implique la comisión múltiple de los actos mencionados contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización”.
Y eso es lo que está pasando en México.
Desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, prácticas sistemáticas
La mayor cantidad de asesinatos, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas atribuidas a autoridades federales y estatales mexicanas, que lograron ser identificados a través de esta investigación, se concentró en el estado de Veracruz, con 20% de los casos; seguido de Tamaulipas (15%); Guerrero (10%); Michoacán (8%) y Chihuahua (6%).
Sin embargo, los datos recabados dan cuenta de que prácticamente en todo el territorio nacional se han registrado de forma reiterada este tipo de crímenes, a lo largo de los 16 años que ha durado el conflicto armado interno.
Durante el gobierno de Felipe Calderón, esta investigación identificó 444 asesinatos, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas atribuidas a fuerzas estatales y federales (sin que esto represente que son la totalidad de los casos ocurridos), perpetrados en 26 de las 32 entidades del país.
Luego, en el gobierno de Peña Nieto, esta investigación logró identificar al menos 713 crímenes de lesa humanidad documentados en 29 entidades del país.
Finalmente, durante los primeros cuatro años de gobierno del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se han documentado al menos 308 crímenes de Estado, en 29 entidades.
La acumulación de todos estos casos durante tres gobiernos diferentes y a lo largo de toda la geografía mexicana es una muestra de que el asesinato, la ejecución extrajudicial y la desaparición forzada son formas de violencia de Estado que se han ejercido de forma generalizada en contra de la población civil, en el marco de la política de seguridad vigente hasta el día de hoy.
Pero el comportamiento de la autoridad también demuestra patrones constantes que evidencian una actuación sistemática, es decir, una forma predefinida y reiterada de responder ante cierto tipo de personas y situaciones fuera del marco legal, en el contexto de la guerra.
Sólo entre 2020 y 2021, por ejemplo, la Fiscalía General de la República reporta haber capturado a 23 mil 248 personas, supuestamente involucradas en operaciones del crimen organizado. Sin embargo, los registros oficiales de la misma FGR reconocen que contra ninguna de esas personas se logró ejercer la acción penal, según el Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal, FGR-INEGI.
Es decir que el 100% de la gente acusada por las autoridades de pertenecer al crimen organizado, en el periodo 2020-2021, fue acusada sin sustento. Contra esas personas no existían evidencias para fincarles cargos penales ante un juez federal; no obstante, fueron privadas de la libertad por las autoridades, presentadas como supuestos delincuentes y su captura fue incluida en la narrativa oficial de los éxitos de la guerra.
De los mil 524 casos identificados en esta investigación, una tercera parte de las víctimas fue falsamente presentada por las autoridades como personas con actividades o antecedentes delictivos, o bien, como responsables de su fallecimiento o desaparición, dada su forma de vida o un comportamiento imprudente. Así, la criminalización es otro comportamiento sistemático por parte de las autoridades.
Por último, las historias y los datos recabados, dan muestra de que estas formas de violencia de Estado, más que toleradas, son auspiciadas por los organismos que, por ley, son responsables de hacer justicia ante este tipo de crímenes.
A través de consultas de Transparencia, las 32 fiscalías de justicia del país reportaron haber iniciado investigaciones penales contra 241 funcionarios federales y estatales, por asesinatos, ejecuciones y desapariciones cometidos durante el periodo de la guerra, aunque los tribunales de justicia estatales informaron que sólo contra 87 se emitió sentencia condenatoria. Las autoridades no pudieron aclarar el número de víctimas de dichos funcionarios públicos.
Durante esta investigación, cabe destacar, no se logró identificar ninguna sentencia emitida contra altos mandos de corporaciones federales o estatales, por delitos de homicidio, ejecución extrajudicial o desaparición forzada cometidos entre 2006 y 2022, sino sólo contra elementos de tropa o mandos menores.
Es decir que quienes diseñaron y dirigieron la estrategia de guerra aplicada en México, que incluye los crímenes de lesa humanidad como uno de sus componentes, gozan de cabal impunidad.
A la luz de esta información, la consigna “Fue el Estado”, con la que distintos sectores de la población han señalado la responsabilidad de los grupos en el poder durante manifestaciones contra la guerra a lo largo de estos 16 años, pierde su sentido metafórico y se vuelve totalmente literal, exacta. Porque sí, el responsable de los hechos aquí señalados es el Estado mexicano, que ha extendido a sus agentes un permiso tácito para matar y para desaparecer personas.
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Varios factores se conjugaron para que José Antonio Kast fuera elegido por una abrumadora mayoría. Se impuso en todas las regiones del país a la comunista Jeannette Jara. En BBC Mundo te detallamos algunas claves que explican este profundo giro a la derecha en Chile.
No hubo sorpresas. Chile eligió este domingo al ultraderechista José Antonio Kast como su próximo presidente.
El líder conservador logró imponerse con un 58,16% de los votos y una amplia ventaja sobre la candidata de la izquierda, la comunista Jeannette Jara, quien obtuvo el 41,84%.
En su tercer intento, el candidato respaldado por todo el arco derechista logró hacerse con la presidencia del país sudamericano, proponiendo un “gobierno de emergencia” y con un duro discurso en materia de seguridad y migración, preocupaciones que se han vuelto prioritarias para los chilenos.
El triunfo del otrora parlamentario supone el mayor giro hacia la derecha en la presidencia de Chile tras el retorno a la democracia y se da luego de cuatro años del gobierno de izquierdas de Gabriel Boric.
Kast ganó en todas las regiones y se convirtió en el presidente electo con más votos en la historia del país, llegando a un total de poco más de 7,2 millones de apoyos.
Este último hecho se explica -en parte- por la ampliación del padrón electoral y por ser esta la primera elección presidencial con sufragio obligatorio.
Su contundente resultado, sin embargo, tiene múltiples explicaciones y supone también importantes desafíos.
1. La inseguridad y la migración irregular
“El miedo”.
Eso responde el doctor en sociología Eugenio Tironi cuando se le pregunta por los principales factores que explican el triunfo de José Antonio Kast en Chile.
El también consultor alude justamente al temor que se registró durante esta campaña presidencial entre los chilenos en materia de seguridad pública.
“Los factores son múltiples, pero yo creo que básicamente, es el miedo. El miedo a la delincuencia, el miedo a la migración descontrolada -y que en general se visualiza como asociada al crimen-, y por último el miedo a la inseguridad que produce el estancamiento económico. Hay un deseo de cambio, de cambio de personal político, de estilo, de forma de gobernar. Y esto lo capitalizó muy bien Kast”, afirma el analista en conversación con BBC Mundo.
La sensación de inseguridad aumentó en el país sudamericano en los últimos años, entre otras cosas, luego de que se registrara un incremento en los niveles de violencia en delitos comunes como el robo y, asimismo, se detectara la presencia de grupos criminales internacionales.
Ese fue un tema que, de hecho, marcó fuertemente al gobierno del presidente Gabriel Boric, quien se vio forzado a reorganizar sus prioridades y potenciar su agenda en la materia.
Esa preocupación ciudadana la supo capitalizar bien el nuevo presidente electo de Chile. Con un discurso de “mano dura” en contra del crimen organizado y la delincuencia, logró encarnar una respuesta que hizo eco entre los electores.
En Chile, además, se ha vinculado el crimen organizado a la migración irregular por el ingreso de grupos como el Tren de Aragua.
En el país hay cerca de 300 mil migrantes que han ingresado de manera irregular y Kast ha hecho de ellos una de sus prioridades. Los ha llamado a abandonar el territorio chileno y se ha comprometido en su expulsión.
La analista y experta en comunicación Paula Walker coincide en que Kast capitalizó el miedo de los chilenos en estas materias, pero pone un matiz. “Es una campaña que se toma del miedo, pero cuando tiene que desarrollar sus piezas no apela al miedo. No la desarrolla anclada en imágenes oscuras, al contrario, su campaña era en ese sentido hasta esperanzadora”, sostiene.
El periodista y escritor chileno Ascanio Cavallo sugiere, además, que Kast también logró encarnar una promesa de cambio en materias más amplias que afectan diariamente la vida de las familias chilenas como el desempleo, la salud y la educación.
Uno de sus principales desafíos de Kast en este sentido, será manejar las expectativas que se ha fijado en estos ámbitos.
En su primer discurso a la nación, de hecho, apuntó justamente a moderarlas.
“Los resultados no se verán al día siguiente, esto requiere perseverancia, fortaleza y sabiduría”, dijo a la vez que recalcó “no nos pidan milagros, pídanos energía”.
2. La moderación y un nuevo extremo
Un factor que marcó el tercer intento de José Antonio Kast para llegar a la presidencia fue su aparente moderación.
En 2021, cuando perdió la segunda vuelta ante Gabriel Boric, su narrativa era totalmente distinta: se mostró contrario a los derechos de la población LGBTIQ+, al aborto en tres causales e, incluso, propuso perseguir a agitadores radicales de izquierda. En esa época, además, no se abstuvo de publicitar admiración por el dictador Augusto Pinochet.
Pero nada de eso defendió esta vez. Su estrategia fue pragmática y monotemática: un gobierno de emergencia dedicado a poner orden, con “mano dura” contra delincuentes y criminales y, asimismo, contra el migrante irregular.
Cuando se le intentaba llevar al plano de los valores, la respuesta era siempre la misma: esos temas no son la prioridad de los chilenos. En otros asuntos complejos respondía solo “depende”, para evitar marcar posturas que pudieran costarle su posicionamiento.
Su aparente moderación, además, se vio reforzada por la aparición de una figura que se le plantó a la derecha: el diputado libertario Johannes Kaiser, quien obtuvo un amplio respaldo en la primera vuelta y apoyó su candidatura para el balotaje.
Esta vez fue Kaiser quien jugó a ser el más extremo. Propuso, por ejemplo, indultar a condenados por violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen militar.
En su campaña de segunda vuelta, Kast profundizó sus mensajes hacia la derecha más liberal e incluso el centro político.
También hizo gestos al mundo que votó por el populista Franco Parisi, quien quedó tercero en la primera vuelta presidencial del 16 de noviembre, obteniendo el 20% de los votos. En ese periodo, de hecho, Kast recibió el respaldo del expresidente, Eduardo Frei, integrante histórico de la Democracia Cristiana, partido de centro.
Según todos los analistas consultados por BBC Mundo, la aparente moderación de Kast fue un factor que incidió significativamente en la histórica votación que obtuvo este domingo.
“Fue muy importante. Le permitió arrastrar al voto de centro, le permitió arrastrar al voto de la derecha del viejo arco de la Concertación (coalición de centroizquierda que lideró la transición democrática), le permitió arrastrar al voto de Parisi. Todo eso le habría resultado mucho más difícil si hubiese insistido en su agenda valórica”, afirma Tironi.
La gran pregunta que se abre en Chile es si Kast seguirá profundizando aquello o ahora, ya electo, comenzará a sincerar las definiciones que esquivó en el periodo electoral.
Con un discurso antimigrante que resuena a Donald Trump, una promesa de recortar el gasto fiscal y reducir el Estado, al estilo de Javier Milei, y su cercanía con otras figuras de corte autoritario como Nayib Bukele y Víctor Orbán, en la oposición algunos se preguntan si Kast seguirá o no esas sendas.
Sus primeras señales, al menos, apuntaron en el sentido contrario. En su primer discurso a la nación, Kast afirmó que su gobierno de emergencia “no significa para nada autoritarismo”.
Además, confirmó que renunciaría al Partido Republicano, repitió varias veces que busca ser el presidente de todos los chilenos, e hizo gestos a la propia Jeannette Jara y a su futura oposición:
“Un gobierno no se construye solo con sus partidarios, se construye también con la oposición”, dijo.
3. Contrincante continuista y comunista
En Chile la última vez que un presidente le pasó la banda presidencial a alguien de su mismo signo político fue en 2006, cuando la entonces candidata Michelle Bachelet se convirtió en la sucesora de Ricardo Lagos.
Desde ese entonces, con un estallido social y dos procesos constitucionales fallidos de por medio, el país ha elegido la alternancia.
La tendencia no es propia de Chile, sino que es cada vez más común a nivel mundial y así se ha visto también en la región en elecciones recientes como la de Uruguay o Bolivia.
El denominado voto impugnador, que rechaza a quien está en el poder en el momento de la elección, fue un factor que jugó en contra de Jeannette Jara.
La candidata de la izquierda representaba la continuidad del gobierno del presidente Gabriel Boric. Fue su ministra del Trabajo y, por más que lo intentó alzando duras críticas a su administración, no logró distanciarse de su figura.
Pero no todo se explica por un voto impugnador. Para varios expertos el triunfo de Kast reponde también a un castigo al propio Boric y su gestión.
“Hubo acciones del gobierno que fueron muy bien utilizadas por la candidatura de Kast; problemas de gestión, decisiones políticas mal tomadas, lo que él capitalizó muy bien”, dice Walker.
Para Cavallo la derrota de Jara se explica en gran parte por haber sido la cara de la continuidad “de un muy mal gobierno, un gobierno muy aficionado, muy poco responsable en algunas cosas. No en todas pero sí en algunas y con poca profundidad histórica”.
Tironi afirma que es difícil saber dónde está el límite del voto impugnador versus la responsabilidad que le puede caber a la administración de Boric en entregar la banda presidencial a su oposición:
“El gobierno hizo un esfuerzo por responder a algunas demandas, que no estaban presentes cuando el presidente Boric fue electo. Él fue electo con demandas de cambio social, con demandas progresistas, y ahora sale con demandas conservadoras. El gobierno de Boric trató de adaptarse, pero lo hizo un poco tardíamente, con dificultad, con problemas de gestión y no está en su ADN obviamente esta agenda. Esta es una agenda que le es mucho más natural a una opción de derecha”.
“Entonces, si el gobierno pudo haber cambiado este destino, yo creo que francamente no”, agrega.
Pero Jara también cargaba con otra mochila: su militancia comunista.
La administradora pública de origen popular, no pudo sacarse de encima esa chapa, aun cuando había prometido renunciar a su colectividad si era electa presidenta.
Algunos analistas consideran ese factor supuso una desventaja importante para ella.
“Ser militante comunista es una dificultad, yo no tengo ninguna duda de eso. Hay mucha gente que realmente no siente que puede votar por una candidata comunista. O sea, hay dos millones de votos de diferencia”, dice Walker, aunque destaca que la exministra logró desmarcarse en gran medida de ese activismo.
Cavallo agrega: “No estoy hablando de los dotes personales de Jara ni nada por el estilo, pero haber elegido a una militante comunista es un contrasentido mundial, ya no local. Eso le bajaba un poco el techo y explica por qué es tan severa la derrota”.
Tironi, por su parte, estima que si se miran los resultados ese factor no fue tan determinante.
“A lo mejor en el mundo rural, pero en el mundo urbano, sobre todo, en Santiago, en Valparaíso, fue poco. Porque Jara rompió un poco el cielo de cristal del comunismo. Logró ganar en muchas comunas populares importantes, un electorado que no se dejó llevar por el estigma comunista”, dice.
“Lo que sí es cierto es que en las comunas más pudientes y en el mundo rural, sí que debe haber pesado, porque Kast llegó a sacar cerca del 85% en las comunas de lo que llamamos el barrio alto de Santiago”, añade.
4. Voto prestado
Pese a lo histórico de su triunfo, José Antonio Kast no fue un fenómeno en sí mismo.
En la primera vuelta obtuvo solo un 23% de los votos, menos del 27% que logró en la misma elección en 2021.
Para su triunfo este domingo fue importante el apoyo de otras figuras de la derecha que participaron en la primera vuelta, como el libertario Johannes Kaiser -representante de una línea más dura- y la abanderada de la derecha tradicional, Evelyn Matthei, quien encarna la visión política del fallecido expresidente Sebastián Piñera.
Tanto Kaiser como Matthei le dieron un respaldo inequívoco a Kast. Lo mismo hizo la familia de Piñera.
Y si bien siempre se dice que los votos no se traspasan automáticamente, lo cierto es que si se miran las cifras, tanto los votos de Kaiser como la mayoría de los de Matthei estuvieron con el republicano.
Asimismo, se puede leer preliminarmente que al menos una parte de los votos de Parisi también se fueron hacia Kast.
A todos ellos y sus “votos prestados”, les hizo gestos la noche de este domingo.
“Muchas gracias a los que se sumaron en segunda vuelta, gracias a quienes votaron por otras candidaturas y hoy libremente eligieron apoyar este camino de cambio”, dijo a la vez que destacó que “entre todos logramos una mayoría histórica”.
En el mundo de la derecha han advertido al presidente electo del riesgo de embriagarse con la contundencia del triunfo.
Y es que el cuadro supone varios desafíos para su futuro gobierno. Para sostener su base de apoyo tendrá que lograr conciliar las visiones opuestas de país que tienen las derechas con las que tendrá que gobernar.
Kast no tendrá mayorías en el Congreso, por lo que sabe que requerirá asegurar la gobernabilidad de los propios y los votos del Partido de la Gente de Parisi y la oposición para aprobar sus políticas.
A su vez, será crucial que entregue resultados oportunos en las que ha definido como sus prioridades para evitar una pérdida de respaldo temprana.
Sobre este tema, Walker subraya que “todos los presidentes ganan con votos prestados” y que lo relevante es que “tenemos hoy día el país completo teñido de azul y eso es impresionante”.
“Si es solo de una adhesión a la figura de él o no, no sé si eso es muy relevante. Lo relevante es que hay una coalición de derecha, liderada por él, que fue capaz de hacer hoy día perder a la izquierda de manera importante y sobrepasarla en dos millones de votos”, agrega.
Si Kast es capaz de hacer de eso un activo duradero, es lo que veremos desde el próximo 11 de marzo, cuando asuma la presidencia.
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