Fallo de la Corte regresa la Guardia Nacional al control de una dependencia civil, pero su estructura sigue siendo militar
El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que invalidó la reforma que transfirió el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) regresará el control operativo y administrativo de esta corporación a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), pero su estructura seguirá siendo militar, advirtieron expertos en el tema.
De acuerdo con David Saucedo, especialista en seguridad pública, esto es así porque en la práctica el comandante de la Guardia Nacional, los mandos regionales y la mayoría de sus integrantes pertenecen al Ejército.
“Entonces, te diría que la medida tiene un carácter simbólico, un carácter legal, un carácter también que tiene un impacto mediático, un impacto político, un impacto legislativo, pero en el terreno de los hechos las cosas van a ser igual”, dice.
Ayer, por mayoría de ocho votos contra tres, el pleno de la Corte aprobó el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que proponía declarar inconstitucional e invalidar la reforma legal de 2022 que permitió la transferencia de la corporación.
Las y los ministros que respaldaron el proyecto argumentaron que pasar la Guardia Nacional de la SSPC a la Sedena es contrario a la Constitución, pues esta indica que esa institución de seguridad creada en 2019 debe tener un carácter civil, no militar.
Con esta lectura coincide Francisco Burgoa, abogado constitucionalista, que considera que lo importante de la resolución de la Corte es que la Guardia Nacional de ninguna manera deberá quedar adscrita al control operativo y administrativo de la Sedena.
“Lo que hace la Suprema Corte es defender a la Constitución y mandar ese mensaje al presidente de la República y a los legisladores de Morena, que cualquier modificación que pretendan hacer o cualquier política que quieran implementar y llevar a cabo a través de una ley tiene que hacerse con base en el respeto del marco constitucional; de lo contrario, esto va a ser declarado inconstitucional”, dice.
Advierten por posible desacato de AMLO
Antes de la resolución de la Corte, el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció dos veces sobre el proyecto. La primera fue para calificar de “error garrafal” la propuesta, mientras que la segunda fue para asegurar que, de aprobarse dicho proyecto, daría pie a que la Guardia Nacional se corrompa.
Desde un inicio, el propio presidente fue quien intentó, en primera instancia, hacer el traspaso de la Guardia a la Sedena mediante una reforma constitucional, pero al no tener los votos necesarios, impulsó una reforma a la legislación secundaria para alcanzar su cometido. Dicha reforma recibió el aval de ambas cámaras en menos de una semana.
Por esta razón, tanto Saucedo como Burgoa advierten ahora que el presidente podría buscar la forma para desacatar la resolución de la Corte.
“No creo que el presidente acate esta resolución y lo que va a seguir haciendo es un esquema de simulación. Es decir, aunque en los hechos la Guardia Nacional no dependa ya de la Sedena, se va a mantener de facto este control y estará regida por parte del general secretario y de los mandos militares sobre la Sedena”, dice Saucedo.
En el fondo —argumenta—, el cambio de estatus jurídico de la Guardia Nacional lo estuvieron impulsando integrantes de la propia jerarquía militar, que buscaban blindarse contra impugnaciones y posibles demandas si se quedaban bajo control civil.
“Ahora se regresa a la Guardia Nacional al limbo jurídico, a la incertidumbre jurídica, en tanto que se trata de un ente que tiene elementos, vehículos, personal de la Sedena que cobra en Sedena, pero que está inscrito a otra dependencia distinta, que en este caso va a estar supeditada a la Secretaría de Seguridad como lo estuvo de manera previa (…) Ahora, nuevamente está sujeta a cualquier cantidad de controversias y auditorías de observaciones”, dice.
En contraste, Burgoa considera que la Corte no deja en incertidumbre jurídica a la Guardia Nacional, dado que el mandato constitucional es claro. “En el artículo 21 se establece que la Guardia Nacional depende de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y así es como tiene que continuar”, concluye.
Invalidan facultad de Sedena para proponer al comandante de la GN
Entre los demás preceptos que fueron invalidados ayer por la Corte se encuentra la facultad del titular de la Sedena para proponer el nombramiento del comandante de Guardia Nacional, que a su vez debía contar con el grado de comisario general.
Igualmente, invalidó el régimen diferenciado del personal de la Guardia proveniente de la Policía Militar, el cual consideraba que este seguiría siendo tomado como miembro activo del Ejército y la Fuerza Aérea y quedaría sujeto al fuero militar.
Según la Corte, esto se invalidó debido a que contraviene los artículos 21 y 13 constitucionales, “porque distorsionaba el carácter civil de la Guardia Nacional” y “expandía la jurisdicción militar a servidores que, de acuerdo con la Constitución federal, deben ser civiles”.
Sin embargo, los efectos de la resolución serán determinados durante la próxima sesión del pleno de la Corte, que aún deberá decidir sobre el futuro del personal operativo de la Guardia Nacional, así como de sus comandantes, entre otros asuntos.
Una vez que la Corte publique el engrose de su sentencia, donde se van a incorporar las consideraciones de las ministras y los ministros, la resolución deberá de ser notificada al Congreso de la Unión y publicada en el Diario Oficial de la Federación para su oficialización.
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El acuerdo regula cómo ambas naciones deben repartirse el agua de los ríos Bravo y Colorado, que forman parte del límite territorial entre ambas.
La disputa sobre la implementación de un tratado firmado en 1944 que regula cómo Estados Unidos y México deben repartirse el agua de los ríos Bravo y Colorado, vuelve a intensificarse.
El presidente Donald Trump anunció este lunes que dio luz verde a la documentación para imponer un arancel del 5% a los productos procedentes de México si el país vecino “continúa incumpliendo” el tratado.
En un mensaje publicado en su red Truth Social, el mandatario subrayó que México debe más de 986 millones de metros cúbicos de agua a EE.UU. y estableció el 31 de diciembre como el plazo para que México entregue más de 246 millones de metros cúbicos de agua.
“Cuanto más tarde México en liberar el agua, más perjudicados resultarán nuestros agricultores”, advirtió Trump, instando al gobierno de Claudia Sheinbaum a “solucionar ya” la cuestión.
La implementación del tratado ha generado en el pasado fuertes protestas de agricultores mexicanos, según los cuales la extracción de agua para EE.U. en tiempos de sequía amenaza seriamente su medio de vida.
En abril, Trump ya había amenazado a México con aranceles e incluso sanciones por el tema del agua.
“México está incumpliendo su obligación. Esto …perjudica gravemente a los agricultores del sur de Texas”, escribió entonces Trump en su plataforma Truth Social.
“El mes pasado detuve los envíos de agua a Tijuana hasta que México cumpla con el Tratado de Aguas de 1944… y seguiremos intensificando las consecuencias, incluyendo aranceles y, quizás, incluso sanciones, hasta que México cumpla con el tratado y le dé a Texas el agua que le corresponde”, agregó.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió en ese momento a Trump con un mensaje en su cuenta oficial de X.
“El día de ayer fue enviada al subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos una propuesta integral para atender el envío de agua a Texas dentro del tratado de 1944, que incluye acciones de muy corto plazo. Han sido tres años de sequía y, en la medida de la disponibilidad de agua, México ha estado cumpliendo”.
“He instruido a los secretarios de Agricultura y Desarrollo Rural y Relaciones Exteriores, así como a la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales que de inmediato hagan contacto con la Secretaría de Agricultura y el Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos. Estoy segura que, como en otros temas, se llegará a un acuerdo”, dijo la mandataria en abril.
¿Qué dice el tratado?
De alguna manera, se podría decir que el llamado Tratado de la Distribución de las Aguas Internacionales firmado por México y EE.UU. en 1944 tiene su origen en otro acuerdo alcanzado casi un siglo antes de esa fecha.
El Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo (más conocido como Tratado de Guadalupe Hidalgo), firmado en 1848 al final de la guerra entre ambos países iniciada por la disputa de Texas, fue el que estableció que México cedería a EE.UU. más de la mitad de su territorio en aquel entonces.
Pero además, también fijó la frontera entre ambos países en el río Bravo -conocido como río Grande por los estadounidenses- y cuyas aguas han sido centro de conflicto en Chihuahua.
La ubicación estratégica del río hacía necesario un plan de distribución entre ambos actores. Tras años de negociación y varias propuestas fallidas, México y EE.UU. firmaron en Washington el tratado vigente en la actualidad.
Según el acuerdo, México se queda con dos tercios de la corriente principal del Bravo y cede a su vecino el resto, que no podrá ser menor de unos 432 millones de metros cúbicos (Mm3) anuales.
Como contraparte, EE.UU. cede a México cada año 1.850 Mm3 del río Colorado, que en su mayoría se encuentra en suelo estadounidense pero que también pasa por la frontera entre ambos países hasta desembocar en el golfo de California, entre los estados mexicanos de Baja California y Sonora.
El acuerdo también establece que la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), un organismo binacional, es el encargado de resolver las posibles diferencias en materia de límites.
El pacto estipula que EE.UU. cumplirá con su entrega de agua cada año, mientras que México podrá hacerlo en períodos de cinco años.
“Es de los mejores acuerdos que se han logrado en la historia con relación a EE.UU.”, afirmó en 2020 el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
¿Debería reformarse el tratado?
Reformar o actualizar las condiciones de un tratado que fue firmado hace 76 años podría ser una de las opciones para tratar de solucionar conflictos.
Pero algunos analistas consideran que tanto los litros de agua acordados como la posibilidad de entregar su parte cada cinco años en lugar de anualmente son ventajas que México no debería perder.
Para los agricultores del lado mexicano de la frontera, lo que está en juego en tiempos de sequía agravada por el cambio climático, es algo mucho más inmediato que los vaivenes diplomáticos entre ambos países.
Los enfrentamientos de 2020 entre agricultores y la Guardia Nacional en Chihuahua tuvieron lugar tras la decisión del gobierno de extraer agua de la presa de la Boquilla para cumplir el tratado con EE.UU.
En ese entonces, el vocero de los agricultores, Salvador Alcantar, presidente de la Asociación de Usuarios de Riego de Chihuahua (Aurech), señaló que estaba en riesgo el futuro de unas 20.000 familias que viven del campo en la región.
Alcantar compartió con BBC Mundo uno de sus mayores temores:
“En 1995 no se abrieron las presas para sembrar y hubo una migración masiva desde nuestros municipios. Los hombres en edad productiva se marcharon para dar sustento a la familia, fue una desintegración familiar fuerte que aún estamos sufriendo”, recuerda.
“Y ese es el problema social que podemos volver a ver si no sembramos el año próximo”.
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