La militarización de México comenzó hace al menos tres sexenios, sin embargo, se ha acelerado durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador con acuerdos y decretos para ampliar el poder militar, fuera de foros legislativos y del debate público, de acuerdo con el Inventario Nacional de lo Militarizado, una base de datos que documenta el incremento de la presencia castrense en el país, realizado por el Programa de Política de Drogas (PPD), México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) e Intersecta.
El documenta señala que la militarización no solo sucede con la seguridad pública. De hecho, a nivel federal, 83% de los convenios entre las fuerzas armadas y otras instituciones federales son para funciones civiles no relacionadas con la seguridad pública, como la protección del ambiente, la política social, la salud y las obras públicas.
A través de un complejo entramado de convenios, acuerdos, decretos y reformas —tanto constitucionales como legislativas—, se les transfieren múltiples funciones y presupuestos civiles para llevar a cabo labores para las que no están facultadas, señala.
Este inventario es una base de datos que busca documentar la militarización en México y contribuir a identificar y entender los mecanismos legales a través de los cuales sucede, los actores públicos que participan en estos procesos y los argumentos utilizados para justificar su actuación.
El Inventario registra cuatro mecanismos que las posibilitan: reformas constitucionales, reformas legislativas federales, acuerdos y decretos presidenciales; y convenios y acuerdos particulares firmados entre las fuerzas armadas con distintas instituciones civiles.
De acuerdo con la base de datos del Inventario, de 2006 a 2023 fueron presentadas 87 iniciativas de reforma constitucional y legislativa en el Congreso para transferir funciones o presupuestos civiles a alguna de las Fuerzas Armadas. El 77% se presentaron entre septiembre de 2018 y agosto de 2023, es decir durante las últimas dos legislaturas que coinciden con el sexenio de López Obrador.
Morena es el partido político que ha presentado más iniciativas para aumentar las facultades de las fuerzas armadas, siendo responsable de 46% de las iniciativas presentadas.
También destaca que, en total, se documentaron 19 acuerdos para crear empresas de participación estatal bajo control de las Fuerzas Armadas y les permiten participar en las obras prioritarias del gobierno, como el Tren Maya.
Otro mecanismo que posibilita que las fuerzas armadas reciban presupuesto y funciones civiles son los acuerdos y convenios firmados entre instituciones militares e instituciones civiles de los tres órdenes de gobierno.
El Inventario registra que entre 2007 y 2022 hubo 258 convenios que transfirieron funciones o presupuesto civiles a las fuerzas armadas: 222 convenios que transfirieron funciones civiles con sus respectivos presupuestos, 8 convenios con funciones civiles y sin presupuesto y, finalmente, 28 convenios que transfirieron presupuestos civiles para funciones militares. En estos casos, por ejemplo, hay entidades federativas que pagan a las fuerzas armadas para construir cuarteles militares u otra infraestructura militar.
De 250 convenios en los que se les transfirió presupuesto civil a las fuerzas armadas, solo en la mitad de estos acuerdos y convenios fue posible determinar cuánto dinero civil se les transfirió a las fuerzas armadas.
Las organizaciones señalan que si bien esta transferencia de funciones y presupuestos ha sido un fenómeno transexenal, desde 2010 se observa un incremento constante de los convenios celebrados entre las autoridades civiles y las instituciones militares. De acuerdo con los datos analizados, este aumento alcanzó su punto máximo en 2019, año en el que se registraron 43 convenios.
La Semarnat, Pemex y el SAT son las instituciones federales con las que más convenios han firmado las Fuerzas Armadas.
Por su parte, Nuevo León, Tamaulipas y Ciudad de México son las entidades federativas con las que más convenios han firmado las Fuerzas Armadas.
“Si se analizan los convenios y acuerdos firmados entre instituciones federales con las fuerzas armadas, en el sexenio de Calderón se firmaron 21 y en el de Peña Nieto 55, mientras que en los cuatro años estudiados del sexenio de López Obrador se firmaron 51”.
En la administración de Felipe Calderón (2006-2012), el 43% de los convenios federales transfirió alguna función civil que no era de seguridad pública a las instituciones militares; el porcentaje subió a 69% con Enrique Peña Nieto (2012-2018), y, en los cuatro años de López Obrador, subió a 83%.
El Inventario revela que los convenios y acuerdos no siempre contienen el monto concreto de las transferencias a instituciones militares. También presentan deficiencias en cuanto a su vigencia, que no siempre queda clara, además, suelen mostrar una justificación jurídica pobre.
“Son mecanismos que facilitan la opacidad y dificultan la rendición de cuentas. Para conocer gran parte de las transferencias a instituciones militares llevadas a cabo con estos mecanismos, es necesario realizar solicitudes de acceso a la información a las autoridades que fueron parte del acuerdo o convenio”. Esto, como revela el propio Inventario, rara vez resulta en un acceso efectivo a la información.
Según el Inventario, la evidencia de años muestra que en labores de seguridad pública las fuerzas armadas no solo no han logrado contener la violencia, sino que han contribuido a su exacerbación, tanto de manera directa como indirecta.
En relación con las funciones de administración pública que ahora desempeñan, la evidencia que comienza a acumularse —dada la novedad de muchas de las funciones— muestra que usar a las fuerzas armadas en labores de administración pública conlleva riesgos importantes en términos de corrupción y abusos a los derechos humanos, particularmente los derechos laborales.
Además, señala que la militarización es un obstáculo para el desarrollo democrático y la protección de los derechos humanos.
“Más allá de lo que deben ser las funciones de las fuerzas armadas, hoy por hoy no son como cualquier otra institución civil. Son instituciones pensadas para la guerra, que tienen un régimen diferenciado. Y este no se ha modificado a pesar de que las funciones que desempeñan se alejan cada vez más de las funciones relacionadas con la guerra. En este sentido, el darles más funciones implica que más funciones del Estado quedan sujetas a este régimen especial. De manera más concreta: entre más funciones les damos a las fuerzas armadas, más funciones están exceptuadas del régimen de derechos, justicia, transparencia, rendición de cuentas y democracia”, advierte.
En 2016 se creyó que Trump sería un problema para México y el resultado fue casi opuesto. Ahora llega un Trump más ambicioso y en México gobierna una mujer. Una coyuntura desafiante para dos países que se necesitan.
México es quizás el país más afectado en el mundo por lo que ocurre en Estados Unidos.
Las razones son de toda índole: por la frontera de 3.000 kilómetros que comparten, porque es su mayor socio comercial, porque millones de familias tienen miembros en ambos países.
Pero si es el más afectado por razones estructurales, también lo es por razones coyunturales.
Donald Trump fue elegido este martes como nuevo presidente de Estados Unidos en parte gracias a su agenda agresiva hacia México, la cual incluye altos aranceles a las importaciones desde ese país y la deportación de mexicanos indocumentados que estén en territorio estadounidense.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quiso calmar los ánimos en su conferencia de prensa del miércoles: “No hay motivo ninguno de preocupación (…) México siempre será un país independiente y soberano. Va a haber buena relación. No competimos entre nosotros, nos complementamos (…) Hay mucha unidad y mucha fortaleza de la economía mexicana”.
Sin embargo, las señales de alarma están prendidas.
“Para Sheinbaum va a ser un desafío enorme”, dice Juan Gabriel Tokatlián, doctor en relaciones internacionales. “Si esta política de desalojar migrantes es llevada a cabo y si hace un proteccionismo a ultranza concentrado en Estados Unidos, va a ser una situación muy complicada para México”.
Estos son los cuatro ámbitos sobre los cuales va a girar la compleja relación entre México y Estados Unidos durante los próximos 4 años.
El miércoles, el peso mexicano registró su peor marca en dos años, de casi 21 pesos por dólar, debido a la victoria de Trump.
Aunque la devaluación es una tendencia normal en países emergentes tras las elecciones en la primera economía del mundo y fue en principio una caída menos drástica de lo esperado, los inversionistas extranjeros creen que las restricciones comerciales prometidas por Trump pueden afectar el desempeño de la economía mexicana.
Por varias razones.
Las remesas que los mexicanos en Estados Unidos envían cada mes a sus familiares son uno de los pilares de la economía de consumo de este país: están, según cifras oficiales, entre el segundo y tercer mayor ingreso después del turismo y las ventas del petróleo.
Esa fuente de ingresos se puede ver afectada por las deportaciones y los aranceles de Trump.
En campaña, el republicano también dijo que piensa imponer aranceles del 25% a las importaciones de México si el país no detiene el tráfico ilegal de migrantes.
También aseguró que va a sancionar el transbordo de productos chinos a través de México e imponer una tarifa de 500% a los automóviles producidos por empresas chinas en México.
Según el centro de estudios Capital Economics, un arancel del 10% a los productos importados de México significaría una reducción del 1.5% del PIB mexicano.
Durante el primer gobierno de Trump, entre 2017 y 2021, la guerra comercial con China benefició a México, ya que empresas que producían allá acercaron sus fábricas a EE.UU. radicándolas en el país latinoamericano.
Gracias a esto, el año pasado México se convirtió en el mayor importador a Estados Unidos del mundo, entre otras razones porque goza de un Tratado de Libre Comercio que facilita la importación de productos de un país a otro.
El TLCAN, asimismo firmado con Canadá, tendrá que ser ratificado en 2026 por los tres países.
Aunque en 2020 Trump accedió a firmarlo, lo más probable es que ahora lo use como mecanismo de negociación frente a dos de sus grandes obsesiones: la batalla comercial con China y la migración.
“La pregunta es qué tipo de proteccionismo quiere Trump: si es concentrado en Estados Unidos, sin contemplar a Canadá y México, o si lo hace con ellos pero evitando la triangulación con China”, explica Tokatlián.
El otro gran eje de la relación bilateral va a ser la migración.
Trump prometió deportar un millón de migrantes indocumentados al año y dijo que va a reanudar la construcción del muro fronterizo entre los dos países.
Ambas promesas son difíciles de cumplir, según expertos, porque son costosas y pueden afectar a la economía estadounidense, que en parte depende de la mano de obra migrante.
Sin embargo, con que solo una parte de la “deportación masiva” prometida se realice ya hay razones para la preocupación en México.
Se estima que 5 millones mexicanos están en Estados Unidos en situación irregular.
“México va a insistir en el diálogo y va a informar lo que ya está haciendo”, dice Yanerit Morgan, una diplomática y académica mexicana.
Para evitar los aranceles, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador accedió a detener migrantes y logró reducir el flujo de personas que ingresaba a Estados Unidos.
“Sheinbaum va a seguir con esa política, pero va a tener que fortalecer mucho la red consultar en Estados Unidos, no solo por las deportaciones, sino por el trato a los mexicanos allá”, dice Morgan.
La nueva mandataria mexicana ha insistido en que la migración transnacional debe ser atendida a través de soluciones sociales en los países de origen, una iniciativa que en principio no aparece en el manual trumpista.
A la ecuación se añade el complejo tema del tráfico ilegal de drogas.
Más de 80.000 personas murieron en Estados Unidos el año pasado por cuenta del fentanilo, un potente opioide que se produce y trafica desde México.
Trump prometió que va a bombardear los laboratorios de fentanilo en México, bloquear los puertos mexicanos que transporten sus precursores y designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.
Ninguna de estas iniciativas ha sido comentada por Sheinbaum, pero al menos en principio suenan como medidas que en México tocarían la sensible fibra de la injerencia.
En julio, la relación bilateral entró en crisis debido a la detención en Estados Unidos del capo mexicano Ismael “El Mayo” Zambada. La operación no fue notificada al gobierno mexicano y eso generó disgusto en el Palacio Nacional.
Aunque los dos gobiernos tendrán mandatarios nuevos cuando Trump se juramente en enero, el tema inevitablemente va a ser abordado con este antecedente y bajo la preocupación histórica mexicana, aunque marcada en este gobierno, de proteger su soberanía.
Todo lo anterior va a depender de la relación que entablen los jefes de Estado, quienes, en principio, son muy destinos: él, conservador y capitalista, ganó en parte gracias a su rechazo de lo que llama “feminismo radical”; ella, de izquierda y crítica del neoliberalismo, tiene una profunda preocupación por la causa feminista.
En los dos años y medio que AMLO y Trump coincidieron se estableció una relación cordial, pragmática, proclive a la negociación, que dejó a muchos sorprendidos por sus diferencias ideológicas.
AMLO llegó a escribir un libro titulado “Oye, Trump” en el que explicaba la importancia de los migrantes para Estados Unidos y proponía medidas no policiales para atender la migración.
Los expertos esperan que Sheinbaum mantenga el pragmatismo de su antecesor. Antes de las elecciones ella dijo en que va a trabajar con quien quiera que ganase.
“Sheinbaum tiene suficiente carácter como para tener un diálogo interesante, importante, horizontal con él. Ella llegó con un fuerte apoyo popular y eso es algo que Trump no puede negar”, dice Morgan.
La relación bilateral ha pasado por todo tipo de coyunturas difíciles. En 2016 se creyó que Trump sería un problema para México y el resultado fue casi opuesto. Ahora llega un Trump distinto, quizá más ambicioso, y en México gobierna la primer mujer presidenta, una “progresista” y “ambientalista”, que goza de un notable apoyo popular. Se viene, en todo caso, otra coyuntura desafiante.
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