“Por pedir auxilio estoy aquí”: Jorge Raúl lleva cinco años en prisión por un delito presuntamente fabricado por la extinta SEIDO
Por hacer una llamada de auxilio a un policía, que tiempo después fue relacionado con una presunta banda de secuestradores, Jorge Raúl Tirado Ambriz, comerciante y padre de familia, lleva casi cinco años en la cárcel por un delito presumiblemente fabricado por autoridades de la extinta Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR).
La Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la SEIDO, entonces a cargo de Gualberto Ramírez Gutiérrez, detenido en junio de 2023 por estar presuntamente involucrado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, comenzó la fabricación del caso en contra de Jorge Raúl, quien desde el 12 de enero de 2021 está en prisión, procesado en tres carpetas de investigación por un delito que asegura él no cometió.
Desde el penal de Neza Bordo, Jorge Raúl pide a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a las autoridades del nuevo Poder Judicial de la Federación (PJF) voltear a ver su caso y el de cientos de personas inocentes que están en prisión porque, como a él, las autoridades les han fabricado carpetas de investigación para mantenerlos en prisión desde hace años, ahora bajo la figura de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) de la Fiscalía General de la República (FGR).
“Yo no tengo problema en que mi imagen, que mi voz sea mostrada y escuchada en todo México. ¿Por qué? Porque no soy un delincuente. Mi familia y yo somos los más interesados en que se le haga justicia a la víctima, pero realmente justicia, no la vil mentira que la fiscalía le está haciendo creer: que tiene a las personas que lo secuestraron cuando no es así”, relata en entrevista vía telefónica con Animal Político.
El origen
Para Jorge Raúl todo comenzó en marzo de 2017, cuando su mamá y una de sus hermanas le avisaron que habían sufrido un accidente con su coche sobre la avenida Riva Palacio y Sexta Avenida, en Ciudad Nezahualcóyotl, en el Estado de México.
Jorge Raúl se encontraba cerca del lugar debido a que en ese momento trabajaba como tesorero del Mercado Aureliano Ramos, en la colonia El Sol, a escasos ocho minutos en carro. A pesar de la cercanía, decidió marcar al policía de nombre Benjamín que cuidaba su cuadrante y que días antes les había compartido su número como parte de su labor como “policía de proximidad”, el mismo número que a veces los policías llevan por escrito en sus patrullas.
“El día que le tocaba trabajar daba uno o dos rondines por los asaltos que se habían registrado en nuestro mercado y, aparte, cuidaba el cuadrante donde vivimos, que estamos cerca de ahí”, señala.
— Oye ¿qué crees? que acaban de chocar con mi mamá y mi hermana —le dijo Jorge Raúl al policía en busca de ayuda.
—¿Cuál fue? ¿La camioneta roja o la blanca? —le preguntó el policía que evidentemente ya había recibido el reporte del choque.
—La blanca —le respondió Jorge Raúl.
—Ah, ok. Sí, ya voy al lugar del accidente, jefe —le dijo el policía antes de colgar.
Al lugar del incidente llegaron una patrulla, una ambulancia y los “ajustadores” de los seguros que indicaron a los afectados cuál era el procedimiento a seguir para reparar los daños. Todo quedó en diversos registros, por escrito. Lo normal en estos casos. Hasta el final el policía que le respondió la llamada solo llegó al lugar para ver qué patrulla había dado el apoyo.
Hasta ese momento ni Jorge Raúl ni su familia imaginaban que, por esa llamada, por ese “jefe” que le dijo espontáneamente el policía muy en el argot judicial y por ese breve intercambio de palabras años después la máxima autoridad de procuración de justicia del país lo acusaría de ser el supuesto líder de una banda de secuestradores.
“Pero así empezó todo, por una llamada que hice como todo ciudadano para pedir auxilio. Ese fue mi delito: actuar como un familiar, como un ciudadano. Cuando (ves a) un familiar o alguien pidiendo un auxilio tú pides apoyo, una llamada a la policía, pero entonces ya no sabes cómo vas a actuar. ¿O qué?, ¿ves un accidente y mejor te volteas? ¿Por qué?, ¿por el temor de que dices ‘si hago una llamada, algo me puede suceder’?”.
El día de la detención
Transcurrieron semanas sin que la familia de Jorge Raúl sospechara nada. Algunos vecinos les decían que veían a sujetos desconocidos que pasaban y tomaban fotos a su casa, a su camioneta, pero solo llegaron a pensar, con ese temor tan normalizado en el país dado el contexto de inseguridad que se vive desde hace años, que querían robar su casa o su camioneta.
En enero de 2020 inició la pandemia por el Covid-19, que cobró la vida de miles de personas a nivel mundial, razón por la cual muchos comercios cerraron debido a la baja afluencia de clientes. Jorge Raúl también comenzó a vender termómetros por Facebook, un recurso muy apreciado en aquella época.
Precisamente, a través de redes sociales, unos supuestos enfermeros —que más tarde se enteraría que realmente eran policías encubiertos— comenzaron a citar a Jorge Raúl en diversos lugares para comprarle sus termómetros.
Hasta que el 12 de enero de 2021 le mandaron un mensaje para pedirle más termómetros. “Yo les respondí hasta contento ¿no?, porque iba a ser una venta de tres”, señala.
—Claro, ¿a dónde te los llevo? —les preguntó Jorge, quien generalmente se los llevaba hasta su domicilio.
—No, no, no, no, no. Aquí nos vemos, en el Elektra que está entre la Calle 22 y 23, sobre la avenida Aureliano Ramos —le dijeron.
“Eran las nueve, nueve y media, cuando llegué a entregar los termómetros, (pero) al momento de estacionarme —me había quedado mal estacionado y dije ‘me voy a estacionar bien’— llegaron dos camionetas Mitsubishi blancas, con tres personas en cada una de ellas. Se bajan seis personas con armas largas. Te voy a ser sincero, yo pensé que era un secuestro. Cuando (vi que) se bajaron con armas largas, apuntándome, dije ‘ya, ya, es un secuestro’”.
Algunos de los hombres armados bajaron de su camioneta a Jorge Raúl. Mientras uno se metió a revisarla, a él dentro de una de las Mitsubishi le mostraron una orden de aprehensión emitida en su contra.
“Tienes una orden de aprehensión por el delito de secuestro”, le dijo uno de los agentes.
Sin esperar a llegar a una agencia del Ministerio Público o presentarlo ante un juez, como lo marca la ley, los agentes le mostraron dos fotografías, preguntándole si conocía a los hombres de las imágenes.
—No, nunca los he visto en mi vida —les respondió en medio de la adrenalina.
Después, los agentes le mencionaron un nombre que él escuchó sin percatarse de que se trataba del policía estatal al que tres años antes le había hecho aquella llamada de auxilio para su familia.
—¿No los conoces? No te preocupes, ahorita los vas a conocer —le respondieron en un tono burlón.
Uno de los policías intentó arrancar la camioneta de Jorge Raúl, pero no pudo, porque tenía un problema en el switch. Además, debido a que era martes, día de tianguis, se comenzó a juntar la gente, por lo que los agentes dijeron ‘vamos, nos retiramos’.
Ya en camino, le pidieron su celular, su cartera, su reloj y una cadenita que tenía. Lo despojaron de todo. Por instinto, Jorge Raúl intentó sacar su dinero antes de entregarles su cartera, pero uno de los agentes les dijo “¿qué pasó?, si no somos rateros”. No volvió a ver ese dinero. Finalmente le pidieron la clave de su celular para poner el aparato en modo avión y comenzar a revisarlo.
“Ya íbamos en la camioneta cuando me dice uno de los policías ‘güero, te estuvimos investigando cuatro años. Nada más nos hizo falta meternos al baño para encontrarte algo, pero nada’ y el que iba atrás conmigo me da una palmada en la espalda y momentos después me dice ‘pero ni modo, güero, ahora te tocó a ti’. Todo en tono de burla”.
—Oye, ¿para dónde nos dirigimos? —preguntó Jorge Raúl aún con la adrenalina después de haber visto por primera vez en su vida un arma apuntándole directamente.
—Nos vamos a la FEMDO —le contestaron.
Horas incomunicado
Cerca de las 10 de la mañana, Jorge y los seis agentes que lo detuvieron llegaron a una de las oficinas de la FEMDO, lugar al que media hora después también llevaron a dos personas más, una de las cuales era el policía Benjamín, que cuidaba su cuadrante, así como a otra persona identificada como Miguel Ángel, de la tercera edad, a quien no conocía.
En ese lugar les dijeron a los tres que estaban por el mismo delito, razón por la que Jorge Raúl pidió por primera vez que lo dejaran hablar con su familia, pero se lo negaron.
Afuera, la familia de Jorge Raúl ya estaba reportando su desaparición debido a que encontraron su camioneta, pero no a él. En el lugar le dijeron que habían visto que personas armadas se lo habían llevado. Lo primero que pensaron es que se trataba de un secuestro, por eso acudieron a reportarlo a la Procuraduría General de Justicia, cerca del Palacio Municipal de Nezahualcóyotl.
Pasadas las 8 de la noche tanto Jorge Raúl como las otras dos personas tuvieron su primera audiencia con la jueza Joanna Karina Perea Cano con la representación de un abogado de oficio y tras calificar como “legal” la detención fueron remitidos al penal de Neza Bordo.
“En la audiencia es cuando me doy cuenta de que me han fabricado un delito. Estaba en shock. Al principio pensé ‘ahorita van a venir y me van a decir ‘disculpe, usted’. Es el mismo ‘disculpe usted’ que llevo esperando ya cuatro años y diez meses”, señala.
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Después de horas sin comunicación, por fin Jorge Raúl tuvo oportunidad de hablar con una de sus hermanas para decirle que había sido arrestado.
“Me dice ‘vamos para allá hermano, te estuvimos buscando en varios lugares. En Palacio nos decían que no, que no estabas ahí, pero por el policía que también había desaparecido nos mandaron a otro lado, a la FEMDO’. Ya de ahí parece que sí aparecemos (en el registro), pero les comentaron que ya estábamos en el penal. Vinieron al penal, pero les comentaron que no, que aquí no habíamos llegado”.
Todo continuó siendo incertidumbre hasta que por fin dieron con su paradero y nada más pudo pasar un primo suyo a verlo y entregarle unas “donitas”, pues no le habían dado de comer. Dos horas después entró un agente para decirles “ya se van ustedes, vámonos para el bordo”.
Hasta el 13 de enero de 2021, cerca de la una de la madrugada, los enviaron al penal de Neza Bordo, donde han estado encarcelados desde entonces.
“Por un audio de 1994 estoy aquí, preso”
Tras esperar el plazo constitucional de 144 horas, Jorge Raúl fue vinculado a proceso por el delito de secuestro a través de una audiencia realizada por videoconferencia, debido a que así lo establecía el protocolo activado por la pandemia del Covid-19.
Durante la audiencia, el agente del Ministerio Público de la FGR que llevó el caso en su contra le señaló que lo vincularon con el secuestro de una persona porque su voz tenía una “similitud a la de una negociación de uno de los secuestros”.
Sin embargo, cuando el equipo legal de Jorge Raúl realizó un peritaje independiente de las supuestas grabaciones se dieron cuenta de que la voz con la que lo relacionaban era de la negociación de un secuestro cometido en 1994.
“Esa voz la tiene la Policía Federal en su banco de voces, pero yo en 1994 tenía 15 o 16 años. En la grabación se escucha una voz gruesa, yo en ese año tenía una voz todavía no madura […] y aunque tenemos un peritaje donde viene que no es mi voz, nunca lo incorporan en la carpeta. Así, por un audio de 1994 estoy aquí, preso desde hace cuatro años y diez meses”, señala como una de las muchas irregularidades cometidas durante su proceso.
En marzo —dos meses después de su detención— fue dirigido a la zona de “locutorios” del penal, donde dos policías ministeriales llegaron con dos nuevas órdenes de aprehensión giradas en su contra por el mismo delito, en una redacción que asegura son “copia y pega” una de la otra.
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“Para mí, de las víctimas, no hay ningún señalamiento. A las víctimas les pusieron imágenes, fotos mías, donde ellos mismos dicen ‘no, no lo hemos visto en nuestras vidas, no lo conocemos’, pero la Fiscalía es la que a mí me señala porque ‘mi voz tiene una gran similitud’. Una donde (se escucha) una voz norteña (adulta), otra donde (se escucha) una voz ñera”, agrega.
Hoy en día Jorge Raúl enfrenta tres carpetas de investigación abiertas por el delito de secuestro. En las dos primeras aún está en espera de que le dicten sentencia, proceso que se ha retrasado debido a que hay otras personas mencionadas en las investigaciones, lo que retrasa las diligencias, así como a la utilización de otras prácticas dilatorias supuestamente ejecutadas por la fiscalía.
Solo en una carpeta tiene ya una sentencia por 50 años de prisión, investigación en la que va en solitario. En abril de 2026 se tiene previsto que inicie el juicio de la primera carpeta en su contra, por la que fue detenido, mientras que en la segunda el juez Fernando Emmanuel Ortiz Sánchez, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, agendó para este miércoles 26 de noviembre la continuación del juicio oral, donde le podrían imponer la segunda condena.
Un mensaje para la presidenta Sheinbaum y el nuevo Poder Judicial
Hoy, tras haber pasado en la cárcel mil 770 días, Jorge Raúl pide a la presidenta Claudia Sheinbaum y a las autoridades del nuevo Poder Judicial de la Federación que voltee a ver su caso y el de todas las personas a las que las autoridades han fabricado un delito para mantenerlas injustamente en prisión.
“Que voltee a ver no no’más mi caso, todos los casos que hay de carpetas fabricadas, porque aquí estamos muchos en esa situación […] Lo que le pido a la presidenta es eso: justicia. Justicia para la injusticia que estoy viviendo […] Quiero estar de vuelta con mis niños, con mis hijos, porque dejé a dos menores de edad. Mi esposa, tenemos muchos planes, porque somos gente de trabajo. Yo lo que pido es mi libertad, para volver a estar con mis hijos, con mi esposa, apoyar a mis padres y a mis hermanas. Tengo mucha familia, muchos amigos, gente que me quiere”, señala.
En octubre de 2021, Animal Político, en alianza con la organización Intersecta, publicó la investigación Prisión preventiva: el arma que encarcela pobres e inocentes donde se dio cuenta de que el 70 % de las personas a las que se les aplica la medida de prisión preventiva oficiosa o automática son personas de escasos recursos.
Artesanos, choferes, campesinos, pescadores, vendedores y comerciantes, quienes en su mayoría apenas cuentan con primaria o secundaria y que son acusadas de delitos menores, como pequeños robos, pero también quienes como en el caso de Jorge Raúl, el caso Cassez-Vallarta, el caso Wallace o el de Duda razonable: historia de dos secuestros que exponen cómo las máximas autoridades de seguridad y justicia del país fabrican delitos a los ciudadanos.
De acuerdo con el abogado Carlos Sánchez, quien lleva el caso de Jorge Raúl, en cada administración existen ciertos modus operandi mediante los cuales los servidores públicos actúan para la fabricación de nuevos culpables en el país.
“Nosotros queremos ubicar más víctimas a las que les hayan hecho lo mismo, para identificar que fue sistemática esta fabricación. Con Genaro García Luna era común que la fabricación se hacía con los famosos montajes. Nosotros encontramos en tres reclusorios de la ciudad a 36 víctimas que les hicieron lo mismo […] en esta administración lo que queremos justamente es descubrir si este es el mismo modus operandi”, señaló el abogado.
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Mas de 350 palestinos han muerto desde el pasado 10 de octubre en Gaza, donde seis semanas después del inicio del alto el fuego la situación sigue siendo desesperada para la gran mayoría de sus habitantes.
Israel y Hamás sellaron el pasado 10 de octubre un acuerdo de cese el fuego que debía poner fin a dos años de un conflicto que ha devastado la Franja de Gaza.
Seis semanas después del inicio de ese cese de hostilidades, el derramamiento de sangre no ceja en Gaza, donde civiles palestinos siguen muriendo a diario por disparos o ataques israelíes.
La intensidad del conflicto se ha reducido, pero eso no ha evitado que la cifra de víctimas palestinas siga creciendo, aunque más lentamente.
La ayuda humanitaria, tras meses de férreo bloqueo, vuelve a entrar a la Franja, pero no en el volumen necesario para hacer frente a las necesidades de una población que sigue, en su gran mayoría, desplazada y en un territorio que se ha quedado prácticamente sin infraestructuras.
El alto el fuego ha permitido que la ONU empiece a reabrir las escuelas que opera en la Franja, la mayor parte de ellas dañadas por los bombardeos y que siguen sirviendo de refugio para muchas familias. El sistema sanitario también sigue siendo muy precario. Solo 36 de los hospitales de Gaza están parcialmente operativos, según Naciones Unidas.
Hamás, aunque ha quedado muy debilitado, se niega a desarmarse, como demostró al día siguiente de iniciarse el alto el fuego, cuando sacó a 7.000 milicianos armados a las calles para reafirmar el control sobre zonas de Gaza desocupadas por las tropas israelíes. Pero su hegemonía está siendo cuestionada por un nada desdeñable número de grupos armados han proliferado en la Franja dispuestos a hacerle frente.
En medio de todo esto, los palestinos aguardan a que el plan de paz que propuso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, del que el alto el fuego solo constituía una primera fase, avance y pueda comenzar la reconstrucción de un territorio controlado aún en su mayoría por el ejército israelí.
Más de 350 muertos en ataques israelíes
El goteo de víctimas desde el día en que entró en vigor el alto el fuego no se ha detenido.
Más de 350 personas han muerto en Gaza en ataques israelíes desde entonces, lo que elevan la cifra total de víctimas palestinas desde el inicio del conflicto el 7 de octubre de 2023 a 70.100, muchas de ellas mujeres y niños, según cifras del ministerio de Sanidad de Gaza.
Los milicianos de Hamás continúan siendo objetivo del ejército israelí, pero la enorme mayoría de víctimas siguen siendo civiles, como el fotógrafo Mahmud Wadi, fallecido este martes en un ataque con dron en Jan Yunis. O los hermanos Fadi y Juma Abu Assi, de 8 y 11 años que, según su familia, estaban buscando leña para cocinar al este de esta misma ciudad cuando fueron alcanzados el pasado sábado por el fuego israelí.
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) aseguraron a la BBC que habían disparado sobre dos sospechosos que cruzaron la Línea Amarilla.
Esta demarcación, que delimita el territorio al que Israel aceptó retirarse tras el alto el fuego, no está claro para muchos palestinos, a veces con consecuencias fatales.
Pero las muertes no solo se han producido en las inmediaciones de la Línea Amarilla. Israel ha llevado a cabo bombardeos de zonas densamente pobladas en Gaza en respuesta, según las FDI, a ataques de Hamás.
En uno de ellos, en la noche del pasado 28 de octubre, murieron 104 palestinos en una oleada de bombardeos en Ciudad de Gaza, Beit Lahia, Bureij, Nuseirat y Jan Yunis, según el ministerio de Sanidad de la Franja. Israel alegó que actuó contra “decenas de objetivos terroristas”.
Tanto las FDI como Hamás se han acusado mutuamente de violar el alto el fuego en repetidas ocasiones.
El pasado 21 de noviembre, el portavoz de Unicef, Ricardo Pires, recordó que, desde el cese el fuego, dos niños han muerto de media cada día en Gaza.
“Esto no son estadísticas. Cada uno de ellos era un niño con una familia, un sueño, una vida truncada repetidamente por la violencia continuada”, dijo Pires a los periodistas.
Qué ha pasado con la ayuda humanitaria
El estricto bloqueo que Israel impuso en Gaza durante meses antes del alto el fuego, impidiendo el acceso de ayuda humanitaria a la Franja, provocó una hambruna que mató a más de 200 personas, según la propia denuncia de la ONU.
El acuerdo de alto el fuego alcanzado entre Israel y Hamás establecía que 600 camiones de ayuda humanitaria debían entrar diariamente a la Franja para satisfacer las necesidades básicas de sus 2,1 millones de habitantes.
Sin embargo, aunque desde el 10 de octubre Israel ha aflojado los controles y se ha permitido la entrada de ayuda, no se han alcanzado los niveles necesarios, según la ONU.
El acceso humanitario sigue estando muy restringido, tal y como denunciaron recientemente un grupo de expertos de Naciones Unidas, entre otras cosas porque solo se han reabierto dos de los seis pasos fronterizos.
“El volumen de camiones de ayuda que entran en Gaza nunca ha alcanzado el objetivo acordado de 600 al día y, con frecuencia, ha sido inferior a la mitad de esa cifra”, afirmaron los expertos, entre los que se encuentra Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para los territorios palestinos.
Amnistía Internacional también ha denunciado que Israel sigue bloqueando “la entrada de equipos y materiales necesarios para reparar las infraestructuras vitales y retirar municiones sin explotar, escombros contaminados y aguas residuales”, señaló recientemente la organización en un comunicado.
Israel asegura que desde el inicio del alto el fuego han entrado en Gaza una media de 600 a 800 camiones diarios con alimentos, suministros para refugios y material médico, según la Coordinadora de Actividades Gubernamentales en los Territorios (COGAT). El 41% de esos camiones van al sector privado, según sus propias cifras.
Según la OCHA, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, aunque la frecuencia con la que los gazatíes comen ha mejorado en la mayoría de los hogares, “el consumo de alimentos sigue estando muy por debajo de los niveles anteriores al conflicto”, y la dieta se basa principalmente en cereales, legumbres y cantidades moderadas de lácteos y aceite, con un acceso muy limitado a alimentos nutritivos como la carne, las verduras y las frutas.
Tal y como relató a la BBC Sami Matar, de la ONG Anera, que gestiona una cocina comunitaria en Gaza, “nos vemos obligados a cocinar principalmente tres tipos de comidas a la semana: arroz, pasta y lentejas (…) Necesitamos que la comida sea más variada, para garantizar verduras frescas y proteínas esenciales como la carne y el pollo”.
Estos productos, asegura, “no pueden entrar en Gaza para su distribución como ayuda humanitaria”, y solo las importan vendedores locales, aunque muchos gazatíes no tienen dinero para comprarlas.
Quien ha dejado de operar en Gaza seis meses después de ponerse en marcha es la polémica Fundación Humanitaria de Gaza (GHF, por sus siglas en inglés), que crearon Estados Unidos e Israel para eludir el sistema tradicional de ayuda de la ONU. Cientos de personas murieron por disparos israelíes durante sus caóticas entregas de cajas de ayuda humanitaria.
Dónde está el ejército israelí
El acuerdo de alto el fuego establecía que el ejército israelí se retiraría de Gaza “en base a estándares, hitos y plazos” que debían ser acordados por todas las partes.
Un mapa que distribuyó la Casa Blanca entonces mostraba las tres etapas propuestas para la retirada de las tropas israelíes, que dejaba en la primera fase, la única que se ha acordado por el momento, bajo control israelí un 53% de Gaza, toda la franja que se extiende a lo largo de la frontera con Israel.
En las siguientes fases, este territorio debería reducirse hasta el 40% en la segunda etapa y hasta el 15% en la última, una suerte de “perímetro de seguridad” que “permanecería hasta que Gaza esté debidamente protegida frente a cualquier resurgimiento de la amenaza terrorista”.
Actualmente, las FDI permanecen tras la conocida como Línea Amarilla, en un territorio que, según una investigación de BBC Verify que analizó videos e imágenes satelitales, es mayor de lo previsto en el acuerdo con Hamás.
En algunos puntos, los marcadores colocados por las tropas israelíes para señalizar la división se encontraban cientos de metros más al interior de la Franja de lo que se esperaba según la línea de retirada.
En este territorio, Israel ha destruido además barrios enteros en lo que parecen demoliciones intencionadas. Según un análisis de BBC Verify, al menos 1.500 edificios fueron derribados en el primer mes tras el alto el fuego.
Israel alega que estas demoliciones no violan lo acordado ya que según los términos del cese al fuego, “todas las infraestructuras del terror, incluyendo túneles, deben ser desmantelados en Gaza. Israel actúa en respuesta a las amenazas, violaciones y la infraestructura del terror”, dijo un portavoz de las FDI.
Pero algunos analistas y expertos en derecho internacional opinan que estas demoliciones podrían estar violando las leyes de la guerra, que prohíben la destrucción de propiedad civil por parte de una potencia ocupante, así como poniendo en peligro el acuerdo de alto el fuego.
Más del 90% de la población de Gaza se ha visto desplazada durante los dos años de conflicto y la mayoría sigue viviendo en tiendas de campaña improvisadas.
Muchos no pueden regresar a sus hogares porque ya no están ahí. Según cifras de la ONU, el 80% de los edificios de la Franja han sido destruidos. En la Ciudad de Gaza, el principal núcleo urbano del territorio, esta cifra se eleva hasta el 92%.
Proliferación de grupos armados rivales de Hamás
En los últimos meses y, especialmente desde el inicio del alto el fuego, una serie de facciones armadas enfrentadas a Hamás han proliferado en la Franja de Gaza.
Entre ellos hay grupos que se apoyan en clanes familiares, bandas criminales y nuevas milicias, algunas de las cuales cuentan con el respaldo de Israel, como ha admitido el propio primer ministro Benjamin Netanyahu.
Hamás no parece estar dispuesto a ceder el control de la Franja y en las semanas posteriores al alto el fuego se han podido ver videos en redes sociales de sus milicianos propiciando palizas o ejecutando a plena luz del día de miembros de grupos rivales a los que acusan de colaborar con Israel.
Estas nuevas formaciones operan, cada uno en su porción de territorio, dentro de la Línea Amarilla, la parte de la Franja que sigue controlada por el ejército israelí.
Están, por ejemplo, las Fuerzas Populares, el grupo que lidera Yaser Abu Shabab en la zona de Rafah, que ha sido acusado de haber saqueado camiones de ayuda humanitaria enviados a Gaza durante la guerra. O las Fuerzas de Ataque Antiterrorista, que dirige Hossam al Astal en los alrededores de Jan Yunis. Otro de los grupos es el Ejército del Pueblo – Fuerzas del Norte, que está liderado por Ashraf al Mansi y que opera en el norte de la Franja.
Algunos de estos grupos aspiran a acabar formando parte de las futuras fuerzas policiales de Gaza y aseguran, aunque no está confirmado, que trabajan en coordinación con la Junta para la Paz, el organismo internacional que deberá administrar Gaza bajo el plan del presidente estadounidense Donald Trump.
Su despliegue despierta recelos entre parte de la población gazatí y de la Autoridad Nacional Palestina, que desconfía del apoyo que Israel parece prestar a algunos de estos grupos.
“Israel podría exigir la integración de estas milicias, debido a sus propias consideraciones políticas y de seguridad específicas”, señaló el general Anwar Rajab, portavoz de las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina, a la corresponsal de la BBC en Medio Oriente Lucy Williamson.
Pero las exigencias de Israel, prosiguió, “no necesariamente benefician a los palestinos. Israel quiere seguir imponiendo su control de una u otra manera en la Franja de Gaza”.
Retorno de cuerpos de rehenes y de palestinos
En el acuerdo de alto el fuego, Hamás se comprometió a devolver en un plazo de 72 horas a los 20 rehenes israelíes vivos y los cadáveres de los 28 secuestrados que aún se encontraban en Gaza.
Según los términos de lo pactado, Israel debería devolver 15 cadáveres de palestinos en su poder por cada rehén fallecido en manos de Hamás.
Todos los rehenes vivos fueron liberados el 13 de octubre a cambio de 250 presos palestinos y 1.718 detenidos de Gaza.
Hasta ahora se han entregado los restos mortales de 26 secuestrados, 23 de ellos israelíes, así como un tailandés, un nepalí y un tanzano.
A cambio, Israel ha devuelto los cadáveres de 330 palestinos muertos durante la guerra. En su mayoría son cuerpos sin identificar de los que no está claro si fallecieron en Gaza o bajo custodia israelí, y algunos muestran signos de tortura, según han denunciado los doctores que los recibieron.
Israel ha acusado a Hamás de retrasar deliberadamente la recuperación de los cadáveres de los rehenes, mientras que Hamás ha insistido en que está luchando por encontrarlos bajo los escombros.
La lentitud de los avances ha supuesto que no se haya avanzado en la segunda fase del plan de paz del presidente Donald Trump para Gaza. Este incluye planes para la gobernanza de Gaza, la retirada de las tropas israelíes y el desarme de Hamás y la reconstrucción.
Hamás tomo 251 rehenes el 7 de octubre de 2023, cuando lanzó un ataque sorpresa sobre el sur de Israel en el que mató a más de 1.200 personas -en su mayoría civiles- que desencadenó una respuesta militar de una intensidad sin precedentes del ejército israelí sobre Gaza.
En qué punto se encuentra la negociación de la segunda fase del plan de paz
El cese de las hostilidades, el retorno de los rehenes, la retirada del ejército israelí de zonas de Gaza y la entrada de ayuda humanitaria forman parte de la primera fase del conocido como plan de paz de Trump para Gaza, que cuenta con 20 puntos.
Una vez alcanzado, la partes debían avanzar hacia las siguientes etapas, que prevén el despliegue de una Fuerza Internacional de Estabilización (FIE) y, en un futuro, el posible camino hacia el establecimiento de un Estado palestino, algo que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha rechazado.
El pasado 17 de noviembre, el plan presentados por Estados Unidos recibió el espaldarazo del Consejo de Seguridad de la ONU, lo que permitiría avanzar desde el alto el fuego hacia la reconstrucción de la Franja.
La resolución prevé la creación de una “Junta para la paz” que supervisaría la gobernanza de un comité tecnocrático y apolítico palestino y supervisaría la reconstrucción de Gaza y la entrega de ayuda humanitaria, aunque no especifica quién formaría parte de esa junta.
Tampoco está claro por ahora qué países aportarían efectivos para esas fuerzas de estabilización, ni el papel que tendrá en Gaza la Autoridad Nacional Palestina, a la que el plan exige una reforma profunda.
El plan también prevé la desmilitarización de Hamás y otros grupos en la Franja, algo a lo que la milicia islamista se ha negado.
Según la resolución, la fuerza de estabilización colaborará con Israel y Egipto, junto con una fuerza policial palestina de nueva formación debidamente seleccionada, para ayudar a proteger las zonas fronterizas y garantizar el proceso de desarme permanente de los grupos armados no estatales, incluido Hamás.
La incertidumbre en torno a todas estas cuestiones ha frenado el inicio de la segunda fase del plan de paz, para la que aún no hay fecha.
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