Con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que, por falta de pruebas y por haber sufrido tortura, ordenó liberar a Juana Hilda González Lomelí tras pasar más de 19 años en prisión, el caso Wallace se derrumba y marca un precedente contra casos fabricados mediante pruebas obtenidas de forma ilícita. 

Así lo afirma Sofía de Robina Castro, titular de la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), quien lleva la representación legal de Juana Hilda, una de las víctimas principales de la empresaria y activista Isabel Miranda de Wallace, protegida de las administraciones panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón.

“Creo que frente a estos casos se manda un mensaje fundamental y que es central reconocer: que, aunque la injusticia tiene que atenderse y que la Constitución incluso establece que debe investigarse para que no haya impunidad, no puede atenderse una injusticia con otra injusticia. Por lo tanto, la impunidad no puede atenderse sino respetando el debido proceso”, señala De Robina Castro. 

En entrevista con Animal Político, la abogada habla sobre el estado de ánimo de su defendida, quien ya se reunió con su familia después de dos décadas sin verse y analiza las consecuencias que tendrá la resolución de la Corte para las cinco personas que aún siguen en prisión por este caso y para otros casos emblemáticos señalados por la fabricación de pruebas y la tortura. 

El caso Wallace: un proceso plagado de irregularidades y violaciones a derechos humanos

El llamado Caso Wallace inició el 11 de julio de 2005, cuando la empresaria Isabel Miranda de Wallace denunció el supuesto secuestro de su hijo Hugo Alberto Wallace Miranda. 

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Según la versión de Isabel Miranda, las seis personas asesinaron a su hijo en un departamento de la capital, metieron el cuerpo sin vida de su hijo al baño, lo desnudaron, le tomaron diversas fotografías, lo cortaron con una sierra eléctrica para meterlo en bolsas de plástico y maletas y lo llevaron a “las aguas negras”, donde lo desecharon.

Ahora, a casi 20 años del suceso, Sofía de Robina recuerda que el caso tuvo aún más impacto debido a que Isabel Miranda de Wallace mandó a poner espectaculares por toda la ciudad mostrando el rostro de las personas señaladas, lo que implicó que, en paralelo, se les hiciera un “juzgamiento mediático”, mismo que generó una serie de afectaciones para las familias de los implicados y que le dio mucho más poder a Wallace para actuar siempre con el consentimiento de las autoridades. 

“Se mandó una serie de mensajes en donde pareciera que en casos graves o a partir de un contexto de violencia e impunidad, era permitida cualquier cosa para llegar a aparentes resultados. Ese contexto de detenciones arbitrarias, de torturas, que fueron muy comunes en esos años, es uno de los pasados más tristes que lamentablemente todavía no podemos hablar que sea completamente pasado, en tanto que las consecuencias siguen permeando y hay personas todavía privadas de libertad. No solamente por este caso, sino por muchos otros que también se encuentran en el sistema tradicional”, señala. 

Tal es el caso de Israel Vallarta Cisneros, que lleva casi 20 años en prisión sin sentencia,  acusado del delito de secuestro en el caso conocido como Cassez-Vallarta y en el que el IFDP asegura, de igual forma, que fue torturado y sometido a proceso mediante la fabricación de pruebas en su contra. 

En ese contexto, De Robina asegura que es importante reconocer la relevancia de un proyecto como el del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, por el que Juana Hilda recuperó su libertad, que en términos prácticos concluye que “si no hay juicio justo no hay sanción justa”. 

“Y creo que ese es un mensaje central, sobre todo para reconocer que pese a los contextos de violencia e impunidad que vivimos en un estado democrático de derechos como el nuestro, no podemos aceptar que las investigaciones se realicen con pruebas ilícitas”.

La tortura en México: dos lecciones de la sentencia de la Corte

“La tortura, por ejemplo, no solamente daña a la persona contra la que se comete, daña incluso a la sociedad, porque nos aleja de la verdad y nos hace imposible tener elementos veraces de saber qué fue lo que pasó y eso justamente es lo que sucedió en este caso”, señala Sofía de Robina, quien asumió la representación del caso hace poco más de dos años. 

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Bajo esta premisa, la abogada destaca en primer lugar que la Corte y la Primera Sala se asumieron como Tribunal Constitucional, estableciendo que sí podían entrar a revisar todo el juicio y todas las violaciones a derechos humanos. 

“Es decir, analizar con perspectiva amplia todas las violaciones que puedan haber estado en el juicio, en tanto que la Constitución misma establece los principios rectores de un proceso penal, de los derechos humanos, etcétera, y eso le permitió verlo en manera amplia, no solamente restrictiva a lo que en su momento analizó, por ejemplo, el Tribunal de Apelación que confirmó la sentencia en su momento condenatoria de Juana Hilda”. 

En segundo lugar, asegura que lo que resuelve respecto a la tortura y a las pruebas en general ilícitas es fundamental, porque el caso prácticamente se armó a partir de la confesión de Juana Hilda, que se dio no solamente bajo tortura psicológica por parte de los elementos de seguridad de la policía de Ciudad de México y de quienes estaban en el arraigo por parte subsecretaría de delincuencia organizada, sino que además tuvo incluso connotaciones de género. 

“Ella era una mujer que además fue amenazada con hacerle daño a su familia, eso es muy común en las mujeres, las amenazas de hacer daño a la familia, y que se dio en un contexto además de arraigo, esa figura por la que además incluso el país ha sido sentenciado por la Corte Interamericana, que es lo que básicamente permite detener a alguien sin pruebas para investigarla”. 

Su confesión, además, ocurrió después de que Juana Hilda había declarado y había negado los hechos de los que se le acusaban, razones que para la Corte fueron indicios suficientes para establecer que efectivamente hubo tortura, sino que las autoridades incumplieron con su obligación de investigarla y de generar la llamada “exclusión de pruebas”, que implica que las autoridades deben desechar toda prueba obtenida bajo tortura. 

“Es quizá muy técnica esta parte pero es sumamente relevante. La tortura es un delito que tiene que investigarse y sancionarse, pero también en los procesos penales conlleva la obligación de excluir toda prueba que la tenga […] en todo caso le correspondería al Estado probar que actuó de manera legal y lo que el proyecto establece es que aquí el Estado falló en probar eso y por lo tanto esta declaración, por todas las referencias que ya dije, pues la considera que no fue obtenida de forma lícita, que no fue de forma voluntaria, sino por contrario se dio mediante coacción y se dio en estas circunstancias que ameritaban que fuera anulada”. 

“Toca liberar a personas de prisión si fueron procesadas con violaciones a derechos humanos”

En el contexto de la reforma y la elección judicial, por la que jueces, magistrados y ministros fueron elegidos por voto popular, la abogada señala que otro de los mensajes que manda la sentencia de la Corte en torno al caso Wallace es que las personas juzgadoras del país deben ser garantes de derechos humanos, para que frente a actos como la tortura puedan actuar en consecuencia y excluir las pruebas ilícitas que correspondan. 

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“Tenemos mucho mejores esquemas y garantías de lo que había en esos años […] pero sigue siendo una realidad que acontece y que no podemos dejar de establecer que es una obligación fundamental para personas juzgadoras que arriben a partir de la reforma judicial, y que pese a discursos, por ejemplo, que señalan que ‘jueces lideran delincuentes’, se debe enfatizar en que sí toca liberar, sobre todo cuando las personas que se someten a proceso se sometieron a partir de pruebas obtenidas por violaciones a derechos humanos”. 

Además, recuerda que, en cuanto al papel del Ministerio Público, que es un órgano que depende de la Fiscalía General de la República (FGR) y no del Poder Judicial de la Federación (PJF), la Corte fue muy clara en reconocer que esta autoridad falló, por lo que asegura que falta poner la mirada en las fiscalías “que permanecen intocadas a pesar de tener este tipo de actores, que continúan actuando contrario a los derechos humanos”. 

Por ejemplo, recuerda en que hasta el último minuto, incluso el mismo día, horas antes de la resolución, la FGR estuvo intentando continuar con las “prácticas dilatorias que fueron el factor común en este caso”, buscando que el caso se aplazara incluso argumentando el proceso de renovación del Poder Judicial. 

Finalmente, indica que ya se tenía desde el año pasado una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que daba cuenta de los actos de tortura que vivió Juana Hilda y que precisamente establece que esos actos deben de investigarse y sancionarse a los responsables y que debe de repararse el daño. 

“Eso es algo que está pendiente. Es sumamente complejo pensar cómo reparar más de 19 años. Eso nunca se va a poder restituir y el tiempo que estuvo privada de la libertad nunca va a regresar, pero al menos darle las herramientas y las líneas que le permitan reconstruir su vida, y eso es un derecho al que tiene acceso. 

Pero la verdad es que estamos muy contentos porque además del impacto directo con Juana Hilda, lo que significó que ella saliera, y de lo que viene para los demás coprocesados, dos que todavía están en proceso de sentencia, tres que están con sus amparos directos frenados, el caso prácticamente se cae dado que todos estaban sentados en la misma confesión”. 

Juana Hilda sale del Cefereso 16 de Morelos

El miércoles 11 de junio de 2025, a tan solo unas horas de la sentencia de la Suprema Corte, Juana Hilda salió del Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) 16 de Morelos, tras pasar casi 20 años encerrada. 

Al salir de prisión, las y los defensores públicos que llevaban su caso y medios de comunicación la esperaban. “Estoy en shock, pero muchas gracias por todo, gracias por sus preocupaciones”, fue lo único que alcanzó a decir Juana Hilda a los micrófonos que la apuntaban. 

“Nosotras ya habíamos logrado hablar con ella una vez que se resolvió en la Corte y le adelantamos la noticia y estaba en shock. Después de todo lo que ha vivido, yo creo que todavía le cuesta creer que realmente hubiera habido ya una decisión que hiciera eco de su demanda de justicia. Y bueno, estaba muy sorprendida y con una intención brutal de ver a su familia. Ya quería salir corriendo de ahí”, relata Sofía de Robina. 

De acuerdo con la abogada, la familia de Juana Hilda vive entre Aguascalientes y Jalisco, por eso no pudieron llegar hasta Morelos para verla salir, pero ya estaban en camino para encontrarse con ella en la Ciudad de México, hecho que ocurrió la madrugada del 12 de junio, dónde logró darle ese tan anhelado abrazo a una de sus dos hijas. 

“Es muy revelador de lo que significa reconstruir la vida y sobre todo de haber permanecido tanto tiempo prácticamente únicamente realizando llamadas con ellas. Así que yo creo que todavía tardará tiempo en reconstruir la vida y lo que viene para adelante, pero estaba sobre todo con mucha ilusión de poder estar con su familia. Y también con mucha expectativa de que esto tuviera consecuencias para las demás personas del caso”.