Muertes por “operaciones legales y de guerra” aumentan 184 % en México; en Tamaulipas, el 74 % de las víctimas
Para entender mejor
Las muertes clasificadas como “operaciones legales y de guerra” —aquellas causadas por una agresión cuyo perpetrador es un agente del Estado o fuerza de seguridad— se dispararon 184 % en México durante el 2024, el último año del sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, informó la organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD).
Estas operaciones se convirtieron en la violencia letal —entre las que también se encuentran accidentes, suicidios y muertes de intencionalidad no determinada— con el mayor crecimiento anual del país, al pasar de 29 víctimas en 2023 a 82 en 2024, de acuerdo con el informe Atlas de Homicidios México 2024: siete años, miles de víctimas.
“Es preocupante porque en el registro no tenemos tantísima información como para saber qué tipo de operación legal se llevó a cabo […] Lo que sí podemos conocer es si esta muerte violenta fue con un arma de fuego, fuerza corporal o un objeto punzocortante”, dijo la investigadora Daniela Osorio, autora del Atlas.
En esta categoría destaca Tamaulipas, que concentra el 74 % de las “operaciones legales y de guerra”, por lo que la organización considera a ese estado como “un caso extremo” de violencia en el país.
Aunque esta clasificación representa apenas el 0.1 % del total anual de muertes violentas, los datos de defunciones violentas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para 2024 indican una tendencia anómala y preocupante en el uso de la fuerza del Estado, un indicador crucial para evaluar el uso de la fuerza institucional.
Tamaulipas, el foco rojo de la letalidad estatal
El análisis del periodo 2018-2024 realizado por MUCD muestra que la letalidad oficial no es un fenómeno disperso, sino que está concentrado de forma extrema en la frontera del noroeste del país.
Por ejemplo, el 74 % de las víctimas de “operaciones legales y de guerra” registradas en ese lapso se concentraron en solo tres entidades: Tamaulipas, con 259; seguido por Zacatecas con 31 y Coahuila con 16.
Además, Tamaulipas ha encabezado consistentemente esta clasificación cada año analizado, registrando 38 defunciones clasificadas como operaciones legales y de guerra tan solo en 2024.
Esta distribución focalizada es confirmada por el hecho de que 10 estados no registraron ni una sola víctima en esta categoría durante el mismo periodo, y nueve tuvieron menos de cinco, lo que subraya una problemática confinada a zonas específicas.
Dentro de Tamaulipas, el municipio de Reynosa destaca por su persistencia en el registro de víctimas de “operaciones legales” de manera anual. Esta anomalía es particularmente notable porque Reynosa, a diferencia de otros municipios de la entidad, no se caracteriza por tener los niveles más altos de violencia homicida.
El informe también identifica la presencia de la 8va zona militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en Reynosa, lo que añade contexto a la actividad de fuerzas de seguridad en la región y la persistencia de este tipo de muertes.
El caso de la “ejecución legal” en Baja California
Durante la presentación del Atlas, el martes 9 de diciembre, la investigadora Daniela Osorio, también una de las autoras, explicó que las “operaciones legales y de guerra” son todas aquellas muertes que fueron violentas y se cometieron en operativos de policías o militares, sin que se tengan mayores detalles.
“Mientras analizábamos la información, apareció un caso que llama mucho la atención y es que en Baja California Sur en 2018 hubo la muerte violenta de un hombre, registrada por un médico forense, que fue clasificada como una ‘ejecución legal’”, dijo Daniela Osorio a pregunta de Animal Político.
Lisa Sánchez, directora de MUCD, señaló que este hallazgo es preocupante porque “no existen ejecuciones legales”, pero en algunos estados esa categoría se está utilizando más. “Incluso, dentro de esa categoría de pronto vemos ‘ejecuciones legales’, algo que no existe en el marco jurídico mexicano y que (Daniela encontró) para un caso muy particular que nos llama poderosamente la atención”.
Lisa Sánchez recordó que el Atlas fue realizado con datos de defunciones del INEGI, órgano que no mide delitos, sino muertes violentas. “Entonces esa base de datos proporciona características de la muerte, no necesariamente sobre la investigación o la persecución de delito per se, que eso figuraría más en los registros que no publica la Sedena”.
Exigencia de transparencia y supervisión
Ante el aumento inusual de víctimas por “operaciones legales y de guerra” en 2024, sumado a la concentración histórica en Tamaulipas y Reynosa, MUCD subraya la necesidad de fortalecer la transparencia y la supervisión en el uso de la fuerza del Estado.
Por ejemplo, insta a revisar las condiciones operativas y a investigar por qué Tamaulipas registra anualmente víctimas en esta categoría. “En conjunto, los hallazgos muestran que comprender la violencia letal en México exige mirar más allá del homicidio en sí y considerar el entramado territorial, institucional y social que configura los riesgos de muertes violentas.
Solo con análisis que integren las características de las víctimas, las variaciones regionales y la evolución de todas las formas de violencia será posible desarrollar políticas públicas más precisas, humanas y efectivas, que respondan a las realidades diversas del país y contribuyan a reducir las violencias desde sus causas estructurales”.
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La periodista venezolana Mirelis Morales relata su intento por legalizarse en EE.UU. y cómo se vio obligada a abandonar el trámite migratorio durante el gobierno de Trump.
Migrar a Miami nunca estuvo en mis planes. Sin la posibilidad de una green card, no me atrevía ni a soñarlo. Pero la aprobación del Estatus de Protección Temporal para los venezolanos (TPS por sus siglas en inglés) en marzo de 2022 me abrió un camino de permanecer legal en Estados Unidos que parecía improbable.
Mi travesía migratoria había comenzado en junio de 2018, cuando me fui a Perú en un acto desesperado por salir de la crisis humanitaria que ahogaba a Venezuela.
La aprobación del Permiso Temporal de Permanencia (PTP) en Perú se convirtió en un salvavidas para salir con mi hijo de 1 año y medio a un país que me prometía un poco de normalidad.
Perú me devolvió la calma. Sin embargo, la pandemia de covid me hizo cuestionar qué tan conveniente era seguir sola allí con un niño de 4 años. La idea de que pudiera contagiarme y no tener quién cuidara de mi hijo, me hizo pensar que debía buscar un nuevo destino donde tuviera red de apoyo. Entonces, ya en 2021, pensé en Miami o en Madrid.
Pero la duda volvía a surgir: “¿Cómo logro sacarme los papeles en Estados Unidos?”. Frente a mi falta de opciones, decidí que lo mejor era irme a Madrid y solicitar una visa humanitaria. Antes, quise hacer una parada en Miami para pasar Navidad con mi hermano y recargarme de abrazos luego de meses de aislamiento.
Ese era mi plan. Sólo que no contaba con que las fronteras de España seguían cerradas para los no residentes y me tocó quedarme en Miami con la esperanza de que ese asunto se resolviera lo más pronto posible.
Entonces, pasó lo inesperado.
El gobierno de Joe Biden aprobó el TPS para los venezolanos que estuvieran indocumentados en el país, como una medida de protección humanitaria ante la crisis que persistía en Venezuela. El TPS te daba la opción de obtener tanto el seguro social, como el permiso de trabajo. Y eso lo cambió todo.
Miami se convirtió en un refugio. Me permitió estar cerca de mis afectos, me concedió el privilegio de trabajar como periodista, me permitió formalizar mi negocio editorial y hasta me dio una segunda oportunidad de encontrar el amor.
El último lugar donde pensaba vivir me abría un mundo de posibilidades. De modo que inicié con determinación mis trámites para obtener “mi visa para un sueño”, como tantas veces le escuché decir a Juan Luis Guerra.
Sólo que nadie me preparó para la pieza que me tocó bailar.
El efecto Trump
“Mirelis, tienes premios, publicaciones, reconocimientos… Puedes pedir una visa de talentos extraordinarios”, me decían mis conocidos.
Todo indicaba que mi perfil calificaba. Así que contacté a un abogado que les había hecho el trámite a otros periodistas venezolanos y desembolsé los primeros US$6.000.
Lo hice con los ojos cerrados, porque ellos habían logrado conseguir sus papeles. ¿Por qué yo no?
Pasé un año armando mi expediente. Un año recabando evidencias –hasta debajo de las piedras– para demostrar los 10 criterios que me avalaban como una persona sobresaliente en mi área.
Cada carta de respaldo ameritaba una búsqueda casi detectivesca para ubicar a la persona responsable de la firma y luego un lobby para convencerlo de que no era un caso inventado. Hubo muchos que se negaron. Otros ni lo dudaron.
Tenía toda mi esperanza puesta en este proceso. No sólo porque me abría la posibilidad de una residencia –y el camino hacia la ciudadanía– sino porque me permitía darle un estatus a mi hijo y a mi pareja que, para ese entonces, tenía más de 11 años a la espera de la entrevista por solicitud de asilo.
Pagué otros US$3.500 entre gastos administrativos y el servicio exprés para obtener respuesta en 15 días. Ello sin contar el gasto en traducciones certificadas.
“Esto es una inversión a futuro”, me repetía cada vez que me tocaba desembolsar más dinero.
El 15 de febrero de 2024 se envió mi expediente. El 27 de febrero llegó la respuesta: caso rechazado. Sabía que existía esa posibilidad. Igual, no pude evitar la frustración ni la impotencia. Lloré hasta que no pude más. Me sentía tan vulnerable…
¿Ahora qué? Tenía la posibilidad de apelar. Pero preferí pedir una segunda opinión.
“Tu caso está mal de base. No tiene sentido apelar. Lo mejor es armar uno nuevo”, me dijo otro abogado.
La buena noticia es que tenía otra oportunidad. La mala es que debía pagar US$12.570 entre honorarios y gastos administrativos.
“Esto es una inversión a futuro”, me volvía a decir.
Me embarqué en armar otro caso. Esta vez más exhaustivo.
¿El resultado?
Un expediente de 700 páginas con pruebas suficientes para demostrar mis aportes en el campo del periodismo, mi rol liderando investigaciones periodísticas en reconocidas organizaciones como BBC y The New York Times, mis publicaciones en los medios más importantes del mundo, mi papel como jurado del trabajo de otros periodistas y mi participación en instituciones periodísticas internacionales.
La solicitud se envió el 24 de enero de 2025, cuatro días después de que Donald Trump asumiera su segundo mandato.
A los días llegó una notificación de Uscis (el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos) en la que solicitaba evidencias adicionales. “¡¿Qué más quieren de mí?!”, pensé. Se envió lo requerido y sólo quedaba esperar.
Se había hecho tan buen trabajo que estaba segura de que esta vez sí obtendría una respuesta positiva. Debía lograr que me aprobaran al menos 3 criterios de los 10 expuestos. Me aceptaron 4.
Solo que no me dieron la residencia, porque, según el funcionario, “no tenía el high-level of expertise requerido” para este tipo de visas.
A juicio de mi abogado, Uscis se había excedido en el uso de la discrecionalidad. A criterio de muchos, mi caso había caído en el hoyo generado por el “efecto Trump”.
Tenía el derecho de apelar ante una corte federal por incumplimiento de la ley. Pero lo descarté al saber que el trámite podía demorar dos años y suponía desembolsar otros US$10.000 sin garantía de nada.
Para aquel momento, el futuro del TPS ya pendía de un hilo. La Secretaría de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional luchaban por revocarlo de forma definitiva.
Se habían abierto varias demandas contra la decisión. Un juez determinó que el gobierno no podía interferir. Se asomó la posibilidad de una extensión hasta octubre de 2026. Sin embargo, nada era definitivo. Mi TPS se vencía en septiembre de 2025 y tenía el tiempo en contra.
Mi abogado me propuso optar por la visa O, a través de una empresa que me patrocinara. Otros US$4.000 que debía sumar a mi abultada deuda de la tarjeta de crédito.
Decidí quemar mi último cartucho, a sabiendas de que esa opción no me daba residencia ni ciudadanía. Sólo 3 años de permanencia legal, renovables por tres años más. El tiempo suficiente para que el país tomara otro rumbo migratorio y las aguas se calmaran. Pensé.
Lo que se suponía era un trámite sencillo, terminó por demorarse más de cinco meses y entré en desesperación.
Mi abogado y su equipo estaban colapsados. No respondían los mensajes. Nadie sabía el estatus de mi solicitud. Ni tampoco me daban la cara.
Cuando finalmente se dispusieron a cerrar el expediente para enviarlo, me enteré de las repercusiones tributarias y decidí desistir.
No era sostenible económicamente para mí.
España: otro cantar
Hasta entonces, había gastado más de US$25.000 sin obtener ningún resultado.
Fueron más de dos años de un intenso desgaste emocional y financiero, dentro de un contexto país cada vez más hostil contra los migrantes, en especial contra los venezolanos.
La única opción que me quedaba para extender mi permanencia en Estados Unidos era acogerme a un asilo extemporáneo, pero, con mis papás en Venezuela, estaba negada ya que eso habría supuesto no poder salir de EE.UU. durante años.
Madrid se abría, de nuevo, como una alternativa.
Por esas cosas del destino, llegué a una publicación en Instagram sobre la visa de nómada digital en España. Pedí una cita con un gestor para conocer con detalle los requerimientos y esa reunión me pintó un panorama más esperanzador: podría obtener la residencia en un plazo de 20 días hábiles y a los dos años optar por la nacionalidad.
Era eso o regresarme a Venezuela.
Fueron días muy complicados emocionalmente. Irme de Estados Unidos implicaba dejar lo más valioso que había construido en los últimos cinco años: mi familia. Y por mucho que mi abogado intentó resarcir el daño con la exoneración del último pago, nada ni nadie me devolvería esa pérdida.
Me tomó un mes cerrar mi vida en Miami. Metí lo que pude en cuatro maletas y viajé a Caracas con el único propósito de renovar mi pasaporte y el de mi hijo para seguir a Madrid.
Tenía la opción de pedir la visa en la embajada de España en Caracas, pero lo descarté al no saber con certeza cuánto duraría el trámite por la vía consular.
Aterricé en Madrid el 8 de septiembre de 2025.
A la semana me reuní con el gestor para entregarle los requisitos de la visa de nómada digital: documentos de mi empresa, estados de cuenta para avalar que gano más de 2.200 euros (unos US$2.580), seguro privado, mis antecedentes penales en Estados Unidos y Venezuela, así como una carta en la que explicara que podía ejercer mis funciones a distancia. Nada más.
Presentamos los documentos el 2 de octubre de 2025. Al mes recibí la noticia: mi residencia en España había sido aprobada por tres años. ¡No lo podía creer!
La resolución llegó en el tiempo establecido y a un costo que no superó los US$825.
Después de tantas vueltas, finalmente había logrado una respuesta afirmativa. De camino a casa, las lágrimas se me salían solas.
Aún no asimilo la sensación de desarraigo que me dejó la salida intempestiva de Miami. De una u otra forma, sentí que Estados Unidos me expulsó. Y me quedó ese mal sabor de no haber logrado permanecer en el país, a pesar de haber hecho las cosas bien.
Cuando me preguntan qué tal va mi adaptación, siempre respondo lo mismo: “No sé si Madrid sea mi lugar, pero, al menos, me ha hecho sentir más que bienvenida”.
España me ha permitido algo que había olvidado en Estados Unidos: ahorrar. Hasta entonces, mi sueldo se iba directo al bolsillo de los abogados y no me quedaba para mucho más. Mi pareja era quien asumía casi toda la carga económica.
Ahora logré recuperar un poco mi autonomía financiera al salir de mis deudas y el dinero me alcanza para cubrir mis gastos: renta, comida, colegio, entretenimiento.
Aquí volví a sentir la libertad de no tener que depender de un auto para moverme de un lugar a otro. El día que llevé a mi hijo caminando al colegio no me lo podía creer.
Ya no tengo que andar contando millas para saber cuánto gastaré en gasolina o en peaje. El sistema de transporte público en España te permite llegar a cualquier parte y te puedes mover por Madrid a una tarifa plana mensual de 32,7 euros (unos US$38).
No falta quien te mete miedo con la cuota que hay que pagar por ser trabajadora autónoma o quien me advierte que tenga cuidado con Hacienda, que no perdonó ni a la mismísima Shakira.
Pero, con todo y eso, aquí he experimentado una sensación que no tenía desde la llegada de Trump a Estados Unidos: sentirme a salvo.
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