Los 26 presuntos narcotraficantes entregados a EU operaban cárteles desde la cárcel, asegura García Harfuch
Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que los 26 presuntos narcotraficantes entregados ayer a los Estados Unidos seguían operando para los cárteles de droga que lideraban desde las cárceles en las que estaban recluidos, razón por la cual fueron entregados por la seguridad nacional del país.
“Estos delincuentes de alto perfil, que aún privados de su libertad, continúan dirigiendo actividades ilícitas, mediante visitas, mismas que no pueden prohibirse por respeto a sus derechos humanos. Sin embargo, estas interacciones eran aprovechadas para mantener operaciones criminales, amenazar a funcionarios y extender redes de corrupción e intimidación, lo que representaba un riesgo inaceptable para la seguridad”, señaló.
Además, aseguró que muchos de ellos habían conseguido amparos para permanecer en cárceles de baja seguridad o tenían litigios y recursos legales con las que buscaban una liberación anticipada, por lo que su entrega se realizó como una medida para impedir que desde prisión continuaran ordenando secuestros, extorsiones, homicidios y otros delitos.
Por este motivo, el secretario García Harfuch aseguró que los principales beneficiados por la entrega de los capos es la sociedad mexicana y las víctimas, ya que estos supuestos criminales dejarán de operar en territorio nacional.
La entrega se realizó a petición del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, quienes se comprometieron a no solicitar pena de muerte para ninguno de los 29 supuestos traficantes entregados a principios de año ni para 26 los capos entregados ayer.
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Por su parte, el fiscal Alejandro Gertz Manero aseguró que existe todo un sistema jurídico nacional e internacional que permite entregar personas a diversas autoridades internacionales, siempre y cuando sea para defender la soberanía del país y por motivos de seguridad nacional.
“El mensaje se lo repito, es muy claro y muy preciso. Para defender a nuestra población y a la soberanía de nuestros países no va a haber ningún obstáculo legal que podamos nosotros incluir para no cumplir con las tareas fundamentales de defensa de nuestra sociedad”.
Además, cuestionado sobre si se trató de una extradición, el fiscal aseguró que México “no está aplicando la ley de extradición, estamos aplicando la ley de seguridad, igual que la vez pasada”.
Finalmente, sobre la posibilidad de entregar a más personas a los EU, el fiscal Alejandro Gertz Manero informó que para llevar a cabo estos “traslados” tiene que haber una solicitud formal por parte de las autoridades de ese país.
“Cuantas veces eso se dé lo vamos a hacer”, aseguró.
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La medida de paralización de los procesos migratorios afecta a las personas provenientes de 19 países no europeos.
El gobierno de Donald Trump anunció este martes la suspensión de las solicitudes de inmigración presentadas por ciudadanos de Venezuela, Cuba, Haití y otros 16 países no europeos, a los que les había restringido la posibilidad de viajar a Estados Unidos a principios de este año.
La decisión paraliza las solicitudes de residencia y ciudadanía pendientes de las personas procedentes de ese grupo de países y exige que todos los inmigrantes procedentes de esos estados “se sometan a un proceso de revisión exhaustiva”.
Además de los países latinoamericanos mencionados, la lista afecta a los ciudadanos de Afganistán, Burundi, Chad, Eritrea, Guinea Ecuatorial, Irán, Laos, Libia, Myanmar, República del Congo, Somalia, Sudán, Yemen, Sierra Leona, Togo y Turkmenistán.
La medida fue formalizada a través de un memorando del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos en el que se anuncia un proceso exhaustivo de reevaluación, para analizar a fondo “las amenazas a la seguridad nacional y pública, así como cualquier otro motivo de inadmisibilidad o inelegibilidad”.
El texto oficial que detalla la nueva política hace referencia al ataque armado ocurrido la semana pasada en Washington D.C. contra dos miembros de la Guardia Nacional, uno de los cuales falleció.
Por ese ataque fue detenido como sospechoso Rahmanullah Lakanwal, un hombre afgano que había colaborado con las fuerzas estadounidenses en Kabul y que entró a EE.UU. en 2021, beneficiado por un programa que otorgó protección especial a los migrantes de ese país, tras la retirada de los militares de EE.UU. de ese país.
La oleada de restricciones ocurridas tras el ataque a los miembros de la Guardia Nacional sugiere un enfoque creciente del gobierno de Trump sobre la inmigración legal, enmarcado en la protección de la seguridad nacional.
Desde que volvió a la presidencia en enero, Trump firmó una orden ejecutiva en la que busca “proteger a los ciudadanos estadounidenses de extranjeros que puedan intentar cometer actos terroristas, representar amenazas a la seguridad nacional, promover ideologías de odio o explotar las leyes de inmigración con fines maliciosos”.
En ese contexto, Trump ha ordenado enviar a decenas de agentes federales a las principales ciudades de Estados Unidos para detener migrantes indocumentados y concretar deportaciones.
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