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Pegasus: el espionaje contra defensores y periodistas queda impune en gobiernos de Calderón, Peña y AMLO
Pegasus: el espionaje contra defensores y periodistas queda impune en gobiernos de Calderón, Peña y AMLO
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Pegasus: el espionaje contra defensores y periodistas queda impune en gobiernos de Calderón, Peña y AMLO
A pesar de las denuncias presentadas ante la PGR primero y ante la FGR después, y de las evidencias reveladas por investigaciones periodísticas, hasta ahora no hay una sola persona sentenciada por el uso ilegal del software de espionaje Pegasus.
04 de mayo, 2023
Por: Nayeli Roldán
@nayaroldan 
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En México, personas defensoras de derechos humanos y periodistas han sido espiadas con el software de espionaje o spyware Pegasus, un sistema tan intrusivo que es capaz de tener acceso a toda la información contenida en un teléfono celular, activar el micrófono y cámaras del dispositivo, así como extraer archivos, historial web, contraseñas, contactos, etcétera, y grabar conversaciones a través de llamadas de voz y mensajes de chat. Las evidencias demuestran la compra de este software desde el gobierno de Felipe Calderón, en 2012, y su uso durante la administración de Enrique Peña Nieto y en la actual, de Andrés Manuel López Obrador, y pese a la existencia de denuncias penales desde 2017, nadie ha sido sentenciado. El espionaje en este país sigue impune.  

El espionaje contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos con Pegasus en México fue revelado por primera vez el 18 de junio de 2017 por un reportaje del diario The New York Times. El malware era un desarrollo de la empresa israelí NSO Group, que para su venta en cada país, nombraba a empresas intermediarias. En el caso mexicano, se trató de Grupo Tech Bull, SA de CV. 

Dentro de ese contexto, las organizaciones Artículo 19, R3D y SocialTIC, en colaboración con Citizen Lab, presentaron entonces un informe que detalló 76 ataques con Pegasus en contra de 12 objetivos: Mario Patrón, Stephanie Brewer y Santiago Aguirre, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; el periodista Carlos Loret de Mola; Juan Pardinas y Alexandra Zapata, del Instituto Mexicano para la Competitividad; Salvador Camarena y Daniel Lizárraga, de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y Carmen Aristegui, Rafael Cabrera y Sebastián Barragán, de Aristegui Noticias, así como Emilio Aristegui, hijo de Carmen.

Unos meses atrás, en febrero de 2017, un reportaje de The New York Times había revelado que el activista Alejandro Calvillo, de la organización El Poder del Consumidor, y el investigador Simón Barquera, del Instituto Nacional de Salud Pública, ambos promotores de fijar un impuesto a refrescos y bebidas azucaradas, habían sido espiados con Pegasus.

El 22 de junio de 2017, el presidente Peña Nieto se refirió al tema por primera vez en un discurso público. “Resulta muy fácil señalar y apuntar; resulta muy fácil convocar para que se señale al gobierno como alguien que espía, como una entidad que espía. Nada más falso que eso (…) Espero que la PGR con celeridad pueda deslindar responsabilidades, y espero al amparo de la ley pueda aplicarse contra aquellos que han levantado estos falsos señalamientos”, dijo.

El día de la publicación del reportaje, los afectados presentaron una denuncia ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR, hoy FGR), además de que solicitaron medidas cautelares a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). La investigación ha estado a cargo de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), pero hasta el momento solo hay un detenido y el juicio ni siquiera ha iniciado. 

Sin embargo, la compra del software ocurrió desde un sexenio anterior, con Felipe Calderón, según reveló el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, en julio de 2021. Desde 2012 hubo contrataciones con Grupo Tech Bull por parte de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), entonces dirigida por Genaro García Luna, hoy declarado culpable de narcotráfico en Estados Unidos, y por la PGR, y una serie de pagos a empresas que terminaban beneficiando a NSO Group, según documentación oficial que sería entregada a la FGR para la investigación, dijo Nieto. 

En tanto, aunque el presidente López Obrador ha repetido varias veces que su gobierno no cometería espionaje, en abril de 2019 la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) contrató a la empresa Comercializadora Antsua, representante de NSO Group en México a partir de 2019, para el servicio de “monitoreo remoto”, por 40 millones de pesos.  

Esto formó parte de la investigación Ejército Espía publicada el 4 de octubre de 2022 por las organizaciones R3D, Artículo 19 y SocialTic, y por los medios Animal Político, Aristegui Noticias y Proceso, en la que documentaron el espionaje con Pegasus en contra del defensor de derechos humanos Raymundo Ramos, el periodista y escritor Ricardo Raphael y un periodista de Animal Político, ocurrido entre 2019 y 2021, cuando los tres investigaban violaciones a derechos humanos presuntamente cometidas por miembros del Ejército, ya en el sexenio lopezobradorista.

El 7 de marzo pasado, las organizaciones y los medios involucrados publicaron más evidencia sobre el espionaje, como un reporte de inteligencia dirigido al secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, en el que se da cuenta de las conversaciones en mensaje y llamadas de Raymundo Ramos con tres periodistas. 

También, que dicha información obtenida mediante el espionaje tenía la intención de influir en la investigación ministerial sobre la ejecución extrajudicial de civiles ocurrida el 3 de julio de 2020 en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y cometida presuntamente por militares.   

Además, dicho espionaje fue realizado por el Centro Militar de Inteligencia (CMI), un área secreta del Estado Mayor de la Defensa Nacional, que no tiene facultad legal para hacerlo y responde directamente al secretario. 

Sobre estos últimos casos de espionaje, las víctimas también interpusieron una denuncia ante la FGR, pero a seis meses no registran avances en la investigación. Mientras tanto, el presidente López Obrador ha defendido a la Sedena argumentando que los militares realizan labores de inteligencia, no de espionaje. 

Los implicados con Peña Nieto 

La PGR determinó instalar el malware Pegasus en marzo de 2015, cuando la titular era Arely Gómez, aunque había sido adquirido en octubre de 2014, cuando el procurador era Jesús Murillo Karam y el director de la Agencia de Investigación Criminal era Tomás Zerón. Hoy, ambos exfuncionarios son señalados como probables responsables de desaparición forzada en el caso Ayotzinapa: Murillo Karam está en prisión preventiva en el Reclusorio Norte y Zerón está prófugo en Israel.

A partir del 10 de noviembre de 2015, cuando ocurrieron los espionajes a periodistas y activistas, el manejo del software quedó en manos de Arely Gómez, a través de Christian Noé Ramírez Gutiérrez, quien fungía como jefe de oficina de la procuradora, según consta en una acta administrativa de la PGR, revelada por Milenio

Posteriormente, el principal responsable de Pegasus en la PGR fue el Centro de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), que durante el periodo de infección tuvo cinco titulares distintos, y cuyas infecciones estuvieron concentradas en las gestiones de Rafael Avilez y del general Inocente Fermín Hernández Montealegre. 

El Cenapi se encargaba de administrar y atender las peticiones de uso del software que presentaban las subprocuradurías Especializadas en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) y de Delincuencia Organizada (SEIDO), la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la oficina de la PGR para combatir el lavado de dinero y la Visitaduría General, instancia encargada de combatir la corrupción al interior de la institución.

Aristegui Noticias obtuvo facturas por 500 millones de pesos que comprobaban que la Sedena y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) compraron Pegasus y que la PGR pagó por la actualización del software a la empresa Proyectos y Diseños VME, como intermediaria de NSO Group. 

El caso judicial 

En junio de 2017, cuando se supo del espionaje a través del reportaje de Gobierno Espía, los afectados interpusieron denuncias ante la PGR, que fueron radicadas en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión. La organización Artículo 19 asumió la defensa de la periodista Carmen Aristegui; de Mario Patrón, Stephanie Brewer y Santiago Aguirre, del Centro Pro Juárez, y de Alejandro Calvillo, de El Poder del Consumidor. 

Aunque se abrieron carpetas de investigación, prácticamente no se registraron avances durante ese año ni en 2018, y pese a que la evidencia apunta a la compra del software por parte de instituciones y funcionarios públicos, con recursos del erario, no hay ninguna imputación a dichos mandos. 

Al iniciar el gobierno de López Obrador, ya con la FGR, Artículo 19 presentó una segunda denuncia con base en un testigo protegido que rindió declaración ante la fiscalía y aportó información que luego se confirmó con otros datos de prueba que la propia fiscalía fue recabando. Ambas denuncias, la de 2017 y 2019, se acumularon y ya conforman una sola. 

Con base en la información del testigo protegido, la FGR realizó cateos en la empresa KBH TRAXK, propiedad de Uri Emmanuel Ansbacher Bendrama, y que, según el testigo, era utilizada como intermediaria de NSO Group, propietaria de Pegasus. De dichas diligencias, la fiscalía obtuvo “un disco duro, en el que se demuestra plenamente que dicha empresa maquiladora realizaba el espionaje telefónico para diversos solicitantes que aún no se hallan identificados plenamente para efectos judiciales”, informó la institución en un comunicado.  

A raíz de la declaración del testigo protegido y de las pesquisas de la fiscalía, el 1 de noviembre de 2021 detuvieron a Juan Carlos “N”, quien trabajaba en la empresa Proyectos y Diseños VME, SA de CV, esta última, parte del grupo empresarial KBH, relacionada por NSO Group y el software de Pegasus. 

“Elementos de la Policía Federal Ministerial cumplimentaron dicha orden de aprehensión en la ciudad de Querétaro, trasladándose de manera inmediata a la Ciudad de México, para poner al imputado a disposición de un juez, en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Sur”, informó la FGR en un comunicado. 

Juan Carlos “N” fue acusado del delito de intervención ilegal de comunicaciones agravado en perjuicio de una periodista, por lo que podría alcanzar hasta 14 años de pena. 

Se trata del único detenido y señalado como “coautor material” y se encuentra en prisión preventiva. Fue vinculado a proceso el 6 de noviembre, cinco días después de su detención, y aunque en marzo de este año solicitó una audiencia para revisión de la medida cautelar, no logró que le concedieran otra medida. Hasta el momento, y a pesar de que ha transcurrido más de un año, aún no inicia el juicio. 

El 16 de octubre de 2022, además, la FGR informó en un comunicado que un exmando de la extinta PGR, Tomás Zerón, es investigado por posible peculado, fraude y asociación delictuosa en relación con la compra de Pegasus. Zerón fue jefe de la Agencia de Investigación Criminal durante el sexenio y enfrenta una orden de aprehensión por el caso Ayotzinapa, aunque aún no por la adquisición y el uso irregular del software de espionaje.

Actualmente, Zerón se encuentra en Israel, país que no tiene tratado de extradición con México. En 2022, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, dio a conocer que se ofreció a Zerón un criterio de oportunidad a cambio de regresar a México y cooperar con el caso Ayotzinapa, pero él lo rechazó.

Más revelaciones 

En julio de 2021, 80 periodistas de 17 medios y organizaciones de diferentes países publicaron la investigación Pegasus Project, bajo la coordinación de Forbidden Stories, en la que revelaron que más de 50 mil números de teléfono aparecen como potenciales objetivos de Pegasus. De ellos, más de 15 mil tienen código de país de México.

Dentro de los 15 mil números mexicanos reportados, se incluyen los de personas defensoras de derechos humanos, familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa, investigadores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de más de 25 periodistas, incluyendo al periodista guerrerense Cecilio Pineda Brito, quien fue asesinado en marzo de 2017, apenas unas semanas después de haber sido atacado con Pegasus, según la información publicada.

“El Proyecto Pegasus pone al descubierto que el software espía de NSO es el arma preferida de los gobiernos represivos que intentan silenciar a periodistas, atacar a activistas y aplastar la disidencia, poniendo en peligro innumerables vidas”, dijo Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, organización que colaboró técnicamente en la investigación.

“Estas revelaciones echan por tierra cualquier afirmación de NSO de que tales ataques son poco frecuentes y obedecen a un uso fraudulento de su tecnología. Aunque la empresa afirma que su software espía solo se utiliza en investigaciones penales y de terrorismo legítimas, está claro que su tecnología facilita la comisión de abusos sistemáticos. NSO dibuja una imagen de legitimidad mientras saca provecho de violaciones de derechos humanos generalizadas”.

En julio de 2021, Proceso y Aristegui Noticias publicaron otra investigación que dio cuenta que el empresario israelí Uri Emmanuel Ansbacher Bendrama operó una red global de empresas que vendió bienes y equipos de seguridad a agencias de seguridad del gobierno mexicano, incluyendo el software de espionaje Pegasus, propiedad de la empresa NSO Group. 

Con base a más de 20 mil documentos que fueron entregados a los periodistas por un extrabajador del consorcio, identificado como Cazador de cazadores, pudieron acreditar la compra de Pegasus por parte de la Sedena, el Cisen y la PGR. 

Los periodistas lograron identificar la creación de al menos 30 empresas fachada ligadas a la red de Pegasus en México, Panamá y Estados Unidos, además de una serie de transferencias de dinero entre las empresas que incluyen pagos de distintas compañías mexicanas a NSO Group y una transferencia a las cuentas bancarias de Shalev Hulio, directivo de esta empresa desarrolladora de Pegasus. 

Espionaje en el gobierno de AMLO

Aunque en 2021 la secretaria de Seguridad federal, Rosa Icela Rodríguez, dijo que los contratos para la compra de Pegasus habían concluido en 2018, documentos oficiales confirman que la Sedena contrató a Comercializadora Antsua, designada como representante exclusiva para venderle tecnología de NSO Group, la empresa desarrolladora del software de espionaje, en 2019. 

Además, entre 2019 y 2021, al menos tres personas fueron espiadas con Pegasus: un periodista de Animal Político, cuyo nombre se mantiene a reserva por motivos de seguridad; Raymundo Ramos, defensor de derechos humanos en Tamaulipas, y el periodista y escritor Ricardo Raphael. Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, encontró rastros de la infección tras un análisis forense a sus equipos. 

En los tres casos, la intervención ilegal a sus teléfonos ocurrió cuando investigaban temas relacionados a violaciones a derechos humanos presuntamente cometidas por las Fuerzas Armadas, de acuerdo con la investigación Ejército Espía. 

El 7 de marzo pasado, las mismas organizaciones y medios publicaron el informe del Centro Militar de Inteligencia, un área secreta de la Sedena, que confirma el espionaje a Raymundo Ramos con el sistema Pegasus en el actual sexenio. Dicho centro es una estructura que no está reconocida en el organigrama público de la Sedena; su existencia está confirmada por documentos obtenidos por Animal Político, organizaciones y medios aliados.

El secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, recibió la información derivada de ese espionaje, como consta en dicho informe elaborado en 2020 por su subalterno directo, Homero Mendoza Ruiz, entonces director del Estado Mayor de la Defensa, y el subjefe de Inteligencia del CMI, Conrado Bruno Pérez. 

La Sedena utilizó la información obtenida con el espionaje para influir en la investigación que la Policía Ministerial Militar realizaba sobre la ejecución extrajudicial de tres jóvenes presuntamente cometida por militares el 3 de julio de 2020 en Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

De hecho, días después de esa ejecución, Raymundo Ramos apoyó a las familias de las víctimas en su proceso de denuncia y, justamente en ese periodo, su teléfono fue infectado con Pegasus, como confirman dos análisis forenses hechos por Citizen Lab. 

El reporte del espionaje fue elaborado por el Centro Militar de Inteligencia, una estructura secreta dentro del Ejército que —según documentos internos— obtiene información a través de “medios cerrados” y tiene personal especializado e infraestructura tecnológica dedicada a “procesar y obtener información sensible sobre los temas que sean del interés del Alto Mando”, es decir, el secretario de la Defensa, de acuerdo con documentación oficial obtenida entre los millones de archivos de la Sedena hackeados por el grupo Guacamaya en octubre pasado. 

El presidente López Obrador respondió a esas publicaciones argumentando que el Ejército realiza labores de “inteligencia, no de espionaje”, y se comprometió a entregar toda la documentación relacionada con el caso, pero no lo hizo. 

En cambio, 13 días después de su promesa, la Oficina de la Presidencia envió un comunicado de prensa en la que intenta desacreditar las pruebas expuestas en las investigaciones periodísticas, como que la Sedena realiza labores “de inteligencia” para el combate del crimen organizado y, según explica, tiene base legal en la Ley de Seguridad Nacional y de la Ley de la Guardia Nacional.

Sin embargo, la Ley de Seguridad Nacional solo faculta al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), un organismo civil, para realizar labores de inteligencia e intervenir comunicaciones con una autorización judicial, mas no a la Sedena. A su vez, el CMI no se encuentra adscrito a la Guardia Nacional, por lo que dicha ley no le es aplicable.

Además, la investigación periodística confirmó que la Sedena no solicitó ante autoridades judiciales ninguna autorización para intervenir comunicaciones entre 2018 y 2022, según respondió la misma dependencia a la solicitud de acceso a la información pública número 33002642001754.   

El 30 de marzo, Animal Político reveló que el exdirector del Instituto Federal de Defensoría Pública y candidato a consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Netzaí Sandoval, y su equipo fueron espiados con el sistema Pegasus en 2021, mientras litigaban 500 denuncias en contra de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina por presuntamente comer actos de tortura. 

También en el periodo en que llevaban la defensa de Juana Hilda González, acusada en el caso de secuestro de Hugo Alberto Wallace. 

Entre los funcionarios espiados también estuvo Salvador Leyva, extitular de la Secretaría Técnica del Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos, área creada en 2019 como parte de las reformas al instituto dependiente del Consejo de la Judicatura Federal. El espionaje contra cuatro funcionarios ocurrió entre mayo y noviembre de 2021, de acuerdo con el dictamen técnico del análisis a sus equipos telefónicos oficiales realizado por Citizen Lab.

Así lo informó Netzaí Sandoval en una promoción interpuesta ante la Suprema Corte de Justicia (SCJN) el 30 de enero de 2023, en la que ofreció “pruebas y alegatos de espionaje a la defensa en el Amparo directo 26/2022, promovido por Juana Hilda González Lomelí, representada por Salvador Leyva Morelos Zaragoza, Secretario Técnico de Combate a la Tortura”, advierte el documento obtenido por Animal Político

El espionaje en contra de defensores federales —agrega el escrito— “no solo atenta contra la vida, la integridad e intimidad” de los abogados, sino que “afecta directa y negativamente el derecho a la defensa adecuada de las personas representadas e impacta de manera directa en el debido proceso, impidiendo que se garantice el derecho de acceso a la justicia en condiciones de igualdad, viciando los procesos”.

Aunque Sandoval fue buscado previo a la publicación, decidió no emitir postura al encontrarse en medio del proceso de selección de consejeros del INE, pero respondió a través de su cuenta de Twitter evitando señalar a la Sedena como el autor del espionaje

“En los documentos que presentamos ante SCJN y FGR, jamás afirmamos que el Ejército intervino nuestros teléfonos. Tampoco que otro órgano del gobierno lo hiciera. Alguien espió únicamente al equipo que llevó el Caso Wallace”, dijo en referencia a la defensa que hizo su equipo a Juana Hilda González, acusada en el caso Wallace. 

A esta lista de casos documentados de personas espiadas con Pegasus durante este sexenio se sumó en abril de este año el de integrantes del Centro Pro, organización de derechos humanos que ya había sido espiada durante la administración pasada.

En este caso, el director del Centro Pro, Santiago Aguirre, y la directora del área internacional de la agrupación, María Luisa Aguilar Rodríguez, fueron espiados en 2022, mientras daban seguimiento a indagatorias referentes al caso Ayotzinapa y a presuntos abusos cometidos por militares.

Este 27 de abril, el Centro Pro publicó un artículo en el que recordó que no es la primera vez que sus integrantes son espiados con Pegasus y señaló que, pese ha haberlo denunciado, hasta ahora hay pocos avances con las investigaciones ministeriales.

“En dicha ocasión (2017), como ahora, denunciamos los ataques ante la Fiscalía General de la República. Hasta la fecha no ha habido ninguna sanción o avances sustanciales de la investigación, lo que demuestra, una vez más, que la repetición de estos hechos es consecuencia de la impunidad que impera en nuestro país. Y esto, pese a que desde la tribuna presidencial se sigue asegurando que el uso de Pegasus no existe”, reclamó la organización.

Su caso es una muestra de cómo, después de seis años y en dos sexenios diferentes, las autoridades del sistema de justicia han fallado en hacer que rindan cuentas y sean sancionados funcionarios y particulares que violaron la privacidad de otros.

* Este reportaje fue posible gracias al apoyo parcial del Departamento de Estado de los Estados Unidos y la Fundación Panamericana para el Desarrollo. Su contenido es responsabilidad de Animal Político, en colaboración con México Evalúa, y no necesariamente reflejan el punto de vista del Departamento de Estado o el Gobierno de los Estados Unidos ni de la Fundación Panamericana para el Desarrollo.

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Las dos caras del ajustazo sin precedentes de Milei en Argentina
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Las dos caras del ajustazo sin precedentes de Milei en Argentina
A pesar de las denuncias presentadas ante la PGR primero y ante la FGR después, y de las evidencias reveladas por investigaciones periodísticas, hasta ahora no hay una sola persona sentenciada por el uso ilegal del software de espionaje Pegasus.
22 de febrero, 2024
Por: BBC News Mundo
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La semana última Argentina vivió dos hitos: por primera vez en más de una década, el ministerio de Economía anunció que hubo superávit fiscal. Es decir, que se recaudó más de lo que se gastó, algo que ha ocurrido en poquísimas ocasiones en este país sudamericano.

Poco tiempo después, el prestigioso Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) dio a conocer una cifra que dejó helados a muchos: estimó que la pobreza en enero superó el 57%, el peor índice desde la crisis de 2001/2.

Estos datos reflejan las dos caras de la Argentina de Javier Milei, el economista libertario que asumió en diciembre pasado prometiendo sanear la economía del país, que lleva décadas entrando y saliendo de crisis, y reducir la inflación, que hoy es la más alta del mundo.

En apenas dos meses Milei ha logrado cumplir con su meta de “déficit cero”, es decir, dejar de tener las cuentas en rojo. Y los mercados muestran su satisfacción:

Los bonos y acciones argentinos están en alza, el dólar libre (o “blue”) se ha estabilizado y el llamado “riesgo país” -un índice que muestra la confianza en la capacidad de un Estado para pagar su deuda- está en su nivel más bajo en dos años, todas señales de que el rumbo macroeconómico va por buen sendero.

Pero el remedio que ha aplicado Milei para lograr estas mejoras –un ajustazo sin precedentes– tiene severas consecuencias en una población que ya llevaba seis años consecutivos de caída del salario real, con un sueldo mínimo que equivale a apenas US$160, el más bajo de la región después de Venezuela.

Motosierra + licuadora

Milei se hizo famoso durante la campaña por blandir una motosierra, un símbolo de cómo pensaba arrasar con el gasto público, el motivo que ha llevado al país a estar constantemente en déficit (112 de los últimos 122 años).

Según el economista, las soluciones que aplicaron hasta ahora los distintos gobiernos -emitir más billetes o pedir dinero para cubrir esos gastos- llevaron a que el país tenga una inflación que supera el 250% anual y sea el principal deudor mundial del Fondo Monetario Internacional (FMI).

En vez de esas recetas, este outsider, que ingresó a la arena política hace menos de tres años, propuso una solución más drástica: cortar el origen del problema -el gasto excesivo-, para llegar al “déficit cero”, que ha definido como su principal meta de gobierno.

Y en noviembre pasado, en la segunda vuelta electoral, casi el 56% de los argentinos apoyó la idea, que supuestamente -según Milei- se iba a centrar en cortar los gastos de la “casta”, como él llama a la clase política tradicional.

Pero pocos imaginaron lo rápido y profundos que serían los cambios que traería el nuevo presidente. Ni tampoco cuánto les afectaría a ellos directamente.

Milei dando su discurso de asunción en las escalinatas del Congreso el 10 de diciembre de 2023.
Reuters
El día que asumió, Milei prometió reducir 5 puntos del PIB -un ajuste sin precedentes- y en enero ya cumplió su meta.

El día que asumió, el 10 de diciembre, Milei declaró que su objetivo era recortar 5 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), un ajuste pocas veces visto en la historia, no solo de este país, sino del mundo.

No detalló que planeaba aplicar ese mega recorte en menos de dos meses, algo también inédito.

Para lograr su objetivo no solo prendió la famosa motosierra, reduciendo a la mitad los ministerios y secretarías, frenando nuevas obras públicas, recortando subsidios y gastos en publicidad institucional y eliminando las transferencias discrecionales a las provincias (lo que ha generado una pelea con los gobernadores de esos distritos).

También encendió la licuadora, que ha sido en realidad su principal herramienta de ajuste.

Emitió un decreto para que este año se aplique el mismo Presupuesto que en 2023, haciendo que las partidas presupuestarias queden por debajo del índice de inflación (lo que, en efecto, las redujo fuertemente).

Pero su medida más contundente fue quitarle la mitad de su valor al peso contra el dólar, lo que hizo desplomar -o “licuar”- el poder adquisitivo de salarios y jubilaciones.

Según el economista Martín Polo, de la consultora Cohen Aliados Financieros, las medidas de Milei recortaron en más del 38% las jubilaciones y pensiones, el principal gasto del Estado.

También se achicó un 27% los salarios públicos, un 64% los subsidios económicos (principalmente a la energía) y 86% la obra pública. Todo de golpe.

Además, la fuerte devaluación aceleró aún más la inflación, que se duplicó entre noviembre y diciembre, alcanzando el 25,5% mensual a fin de año.

Caída del consumo

El resultado de estas medidas ha sido tan impresionante como dramático.

Por un lado, el gobierno celebra que en tiempo récord logró su meta de “déficit cero”, destacando que es la primera vez desde 2012 que el sector público no dio pérdidas.

(Por el contrario, en enero tuvo un sobrante (o superávit) de más de US$580 millones).

Paquetes de yerba con sus precios, en enero.
Getty Images
Argentina hoy tiene la inflación más alta del mundo, del 254% anual.

Milei también resalta que la inflación, que parecía estar entrando en un proceso irreversible de hiperinflación, se ha desacelerado, bajando cinco puntos en el primer mes del año (al 20,6%).

La mayoría de los pronósticos privados anticipan que la tendencia continuará a la baja, con una inflación que rondaría el 15% en febrero.

Sin embargo, el costo humano de estas mejoras económicas ha sido enorme.

Según el Observatorio de la Deuda Social, entre diciembre y enero la pobreza pegó un salto, pasando del 49,5% al 57,4%, una cifra que se acerca a la de la peor crisis que vivió Argentina hasta el momento, la de 2001/2, cuando se alcanzó una cifra récord del 65,5% de personas pobres.

Y, aunque la baja de la inflación genera expectativa, la triste realidad es que el principal motivo por el que bajan los precios es que la gente ya no tiene suficiente dinero para gastar.

“Hubo una caída del consumo en el mercado interno. Las ventas minoristas cayeron el 26,8% en el mes de enero, de acuerdo con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y continúan cayendo en febrero”, señaló a BBC Mundo Damián Di Pace, director de la consultora económica Focus Market.

“Y el consumo masivo bajó un 18,5%, así que lo que se ve es una caída de la actividad”.

En otras palabras: una profundización de la recesión que ya arrastraba Argentina, o más bien la “estanflación” -como explicó el propio Milei-, ya que se combina el estancamiento económico con una inflación astronómica, el peor de los escenarios.

Este proceso llevó al FMI a recortar drásticamente sus proyecciones de PIB para Argentina.

Mientras que en octubre había pronosticado para 2024 un crecimiento del 2,8%, a finales de enero cambió el signo de positivo a negativo, estimando que, con las nuevas medidas anunciadas por el flamante presidente, la economía argentina se contraerá un 2,8% este año.

El tsunami Milei

Los argentinos, de todos los estratos sociales, no olvidarán fácilmente estos primeros dos meses de gobierno de Milei.

Un carnicero argentino
Reuters
Los salarios, que ya eran los más bajos de la región, después de Venezuela, se desplomaron con el ajuste de Milei.

Por un lado, sus sueldos sufrieron una marcada caída del poder de compra, por la devaluación y la aceleración de la inflación, que superó el 50% acumulado entre diciembre y enero (la inflación en alimentos fue aún superior).

Pero, al mismo tiempo, sus bolsillos sufrieron -y siguen sufriendo- un verdadero bombardeo por el “sinceramiento de precios” que ha llevado que tanto productos como servicios -que durante los años de gobierno kirchnerista estuvieron “pisados”, por intervención del Estado- de golpe se liberen.

Por la quita de subsidios, el transporte público aumentó más del 200% en la región más poblada del país y la tarifa eléctrica subió entre el 65% y el 150% (según niveles de ingreso).

Las “prepagas” de la Salud (empresas privadas de medicina de las que dependen millones de argentinos) aumentaron sus cuotas más del 100% luego de que el nuevo gobierno desregulara el sector.

“Los aumentos han sido demenciales. Es la primera vez en mi vida que no puedo pagar la prepaga”, le dice a BBC Mundo Andrés, un consultor privado de 60 años que prefiere no dar su apellido.

“Voy a tener que pedir un préstamo al banco para pagarlo porque tengo un problema de salud crónico y no puedo cambiar de plan, soy rehén del sistema privado”, afirma.

“Espero que solo sea por unos meses, hasta que la economía mejore”.

Los del medio

El temor es que muchas personas de clase media que ya no pueden pagar la salud privada empiecen a acudir a la pública, que ya está desfinanciada y sobrepoblada.

Algo similar podría ocurrir con la educación. En marzo empiezan las clases, después del receso de verano, y muchas familias tendrán que hacer cuentas para ver si pueden costear los colegios privados de sus hijos, que anunciaron aumentos importantes luego de que el gobierno de Milei los habilitara a fijar el valor de sus cuotas “sin límites”.

El mandatario ha señalado que está trabajando en “un mecanismo de asistencia” para afrontar este problema (“si caen los ingresos y tenés que cambiar a los chicos del colegio, es traumatizante para padres e hijos”, afirmó en una entrevista con Radio La Red).

Una mujer mayor en su casa en Buenos Aires
Reuters
Los jubilados y la clase media han sido los más perjudicados por el ajuste.

Pero aún es temprano para saber si esta posible ayuda puede paliar los efectos del ajuste económico en la clase media, la gran perjudicada junto con los jubilados.

Así lo muestran las cifras del Observatorio de la Deuda Social, que señalan que mientras que, en los hogares más humildes, que reciben asistencia social, la pobreza aumentó 9 puntos desde el tercer trimestre de 2023, el incremento más grande se dio entre las familias que no califican para recibir ayuda del Estado, donde la pobreza saltó del 27% al 44% (17 puntos).

Este aumento puede verse en los comedores populares, donde, según los movimientos sociales, la cantidad de personas que asiste diariamente aumentó al menos un 50% desde diciembre.

“A mí me sirve mucho llevar un plato de comida para que mis hijos estén más llenos mientras mi mujer cocina, y aguanten un poco hasta la merienda”, señaló Daniel Barreto, un albañil que asiste al comedor Las Hormiguitas Viajeras, en el municipio de San Martin, al norte de la provincia de Buenos Aires.

“Lamentablemente la plata no sirve y todo es plata”, afirmó a la agencia AFP.

Los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) muestran por qué “la plata no sirve”: hoy el salario mínimo argentino representa menos de un tercio del precio de la canasta básica, el conjunto de bienes y servicios que necesita una pareja con dos hijos para no ser pobre.

Y eso no incluye el alquiler, uno de los gastos más grandes para muchas familias que no son propietarias de una vivienda.

El gobierno asegura que está pendiente de los más necesitados.

Si bien recibió muchas críticas por su decisión de frenar el envío de alimentos a los comedores y merenderos populares, mientras realiza una auditoría que busca sacar del medio a las organizaciones intermediaras a las que acusa de clientelismo, el gobierno destaca que aumentó la ayuda directa, duplicando la Asignación Universal por Hijo y aumentando la tarjeta alimentaria en un 50%.

Mujeres cocinando en un comedor popular en Villa Fiorito, Buenos Aires
Reuters
Los comedores populares dejaron de recibir insumos del Estado nacional en diciembre y enero, cuando la inflación se disparó más del 50%.

En febrero, el ministerio de Capital Humano también firmó convenios de asistencia alimentaria con las iglesias evangélicas y la asociación católica Cáritas, por un total de US$600.000 millones.

Pero por el momento no hay medidas para aliviar la situación de los estratos medios y de las personas de la tercera edad, quienes más vieron licuados sus ingresos.

Lo peor está por venir

En medio del escozor que aún producen sus medidas, el propio Milei advirtió que “el momento más duro será entre marzo y abril“.

Sin embargo, también dijo que luego habrá una recuperación en forma de V: “A partir de ahí, tocaste fondo y empezás a rebotar“, predijo en diálogo con Radio Rivadavia.

“Las estimaciones del FMI dicen que podemos abrir el cepo a mitad de año”, detalló, en referencia a levantar las restricciones al acceso de dólares que se impusieron hace años en Argentina por la falta de reservas del Banco Central (que hoy siguen en rojo, aunque vienen en aumento y se abultarán en abril gracias a las exportaciones del campo).

“Cuando abrís el cepo, la economía se dispara para delante”, auguró el mandatario.

Cartel en una protesta contra Milei
EPA
Milei ha enfrentado decenas de protestas e incluso un paro general en sus primeros dos meses.

No todos comparten este pronóstico optimista. Pero incluso quienes sí lo hacen se preguntan dos cosas.

¿Cuánto caerá el empleo y cuántas empresas deberán cerrar como consecuencia de este período de fuerte estanflación? (uno de los pocos índices “positivos” de Argentina es su baja tasa de desempleo, que ronda el 6%).

Y, más acuciante aún: ¿hasta cuándo aguantará la tolerancia de la gente a esta realidad sin precedentes?

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BBC

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