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Más poder a las Fuerzas Armadas, opacidad e impunidad: los riesgos que alertan las OSC sobre reforma de la GN
Más poder a las Fuerzas Armadas, opacidad e impunidad: los riesgos que alertan las OSC sobre reforma de la GN
Foto: Cuartoscuro/Archivo
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Más poder a las Fuerzas Armadas, opacidad e impunidad: los riesgos que alertan las OSC sobre reforma de la GN

La reforma para que la Sedena tome el control de la Guardia Nacional que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador implica la entrega de más poder a las Fuerzas Armadas y la legalización de la transferencia de funciones a los cuerpos castrenses.
26 de junio, 2024
Por: Manu Ureste
@ManuVPC 

El pasado domingo, la virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, volvió a insistir en  un punto al que ya se había referido en múltiples ocasiones durante su campaña: que la intención de su próximo gobierno es que se apruebe en el Congreso la reforma planteada por el hoy presidente López Obrador para que la Guardia Nacional se integre de manera definitiva a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). 

Se trata de una reforma polémica, que ya fue rechazada en abril del año pasado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al considerarla inconstitucional y que organizaciones de la sociedad civil alertan que abrirá aún más las puertas de la ‘militarización del país’, pero que ahora podría aprobarse en el Legislativo tras un cambio en la Constitución que permitiría la nueva mayoría de Morena en el Congreso y en el Senado.

“La Guardia Nacional, en tan solo cinco años, ya tiene el reconocimiento del pueblo de México. Nos corresponde, a partir del 1 de octubre, seguir fortaleciendo y consolidar a la Guardia Nacional como parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, con la reforma constitucional que está en puerta en el Congreso de la Unión”, dijo en un evento el domingo pasado Sheinbaum, cuyas palabras desataron las felicitaciones del presidente López Obrador, quien subrayó que el cambio de la Guardia Nacional a la Sedena “fortalecerá la institución”. 

Lee | Fallo de la Corte regresa la Guardia Nacional al control de una dependencia civil, pero su estructura sigue siendo militar

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Foto: Cuartoscuro/Archivo

Sin embargo, para organizaciones civiles como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, o la organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), Amnistía Internacional y el Colectivo Seguridad Sin Guerra, esta reforma no solo implica el paso de la Guardia al Ejército, situación que, a pesar de que la institución nació con la promesa de ser un cuerpo de seguridad civil y con mandos civiles, en términos prácticos ya lleva años siendo una realidad, sino que además implica la entrega de más poder a las Fuerzas Armadas y la legalización de la transferencia de funciones a los cuerpos castrenses. 

¿Qué dice la reforma la reforma de AMLO sobre la Guardia Nacional?

En entrevista con Animal Político, Santiago Aguirre, director del Centro Pro, explicó que la última iniciativa de reforma enviada por el presidente el pasado mes de febrero incluye tres puntos centrales: uno, reforma al artículo 13 sobre el fuero militar; dos, reforma al artículo 21 para que la Guardia Nacional pueda investigar delitos federales, como policía de investigación; y tres, reforma al artículo 129, que tiene que ver con cuáles son las actividades que pueden hacer las Fuerzas Armadas en tiempos de paz en México. 

El tema del fuero militar es uno de los que más preocupación está suscitando entre la sociedad civil. La nueva reforma no plantea regresar a la legislación de antes de 2014, cuando todos los temas relacionados con las fuerzas castrenses eran dirimidos en tribunales militares. Sin embargo, Santiago Aguirre explicó que con esta iniciativa ahora los tribunales militares sí podrían entrar a los casos relacionados con la disciplina militar dentro de la Guardia Nacional. 

“La reforma no establece que los casos de víctimas civiles en temas relacionados con la Guardia Nacional se vayan al fuero militar. Pero en el terreno, lo que hoy vemos que ocurre es que se inician investigaciones paralelas”, planteó el director del Pro. 

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Foto: Cuartoscuro/Archivo

“Entonces –se le cuestionó–, con esta reforma si un elemento de la Guardia Nacional comete un abuso o un delito, estaría sujeto a tribunales civiles o a los  militares?”. 

“Iría a ambos –respondió–. Si hay víctimas civiles, esa parte la conoce la justicia civil ordinaria, pero lo que esta reforma permitiría es que para los temas disciplinarios los pueda conocer la autoridad jurisdiccional militar cuando se trate de la Guardia Nacional”. 

“Y en los hechos –añadió–, lo que vemos es que este diseño es muy problemático, porque si tienen que investigar civiles y militares el mismo hecho, se rompe la unidad de ese expediente o causa. Y además, lo que hemos visto es que las autoridades civiles se doblan muchas veces ante las militares”. 

En cuanto al artículo 129 que se busca también reformar, se trata de una disposición legal que ha permanecido inamovible desde la Constitución de 1857. En dicho artículo se establece que en tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan “exacta conexión con la disciplina militar”. 

“Es decir, se trata de un artículo que está muy acotado” para evitar posibles inferencias del ejército en la vida pública del país, expuso Aguirre. 

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fuerzas armadas mexico
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Sin embargo, con la iniciativa planteada por el presidente López Obrador, esas funciones de las Fuerzas Armadas quedarían abiertas “a todas aquellas previstas en la Constitución y en las leyes que de ella emanen”. 

“En otras palabras, estás quitando un candado porque las Fuerzas Armadas ya podrían hacer cualquier cosa, situación que ya pasa aunque saben que no tienen base constitucional”. 

Por su parte, Lisa Sánchez, directora de México Unido contra la Delincuencia, coincidió con Aguirre al apuntar en una entrevista con la periodista Ana Francisca Vega en MVS que con esta iniciativa de reforma se pretende llevar a cabo “un cambio de diseño con el cual el Estado Mexicano estaría permitiendo que los militares puedan participar en distintas tareas gubernamentales”. 

“Y ese cambio de diseño sería una discusión mucho más profunda, que solo ver quién va a liderar la Guardia Nacional”, opinó Sánchez. 

En esta dirección, para Santiago Aguirre la reforma propuesta por el Ejecutivo de López Obrador “es muy proclive a satisfacer las demandas de las Fuerzas Armadas, pues se trata de una reforma que va mucho más allá de la sola entrega de la Guardia Nacional a la Sedena”.  

Por ello, dijo que, ante la nueva mayoría de Morena en ambas cámaras y “a falta de una oposición fuerte”, espera que en la discusión legislativa que viene sobre este tema “los contenidos más extremos de esta iniciativa no sean aprobados, o no al pie de la letra como los presentó el presidente López Obrador el pasado mes de febrero”. 

“Ojalá que la presidenta tenga algún margen para limar las peores aristas de esta iniciativa de reforma, es lo único que nos queda esperar”, apuntó el activista.

Por su parte, Amnistía Internacional y el Colectivo Seguridad Sin Guerra hicieron un llamado público a la próxima presidenta Claudia Sheinbaum y al Congreso de la Unión a desechar la iniciativa del presidente López Obrador, porque de concretarse, aseguraron, implicaría “una violación a principio de separación de poderes y a la independencia judicial”. 

A través de un comunicado, estas organizaciones destacaron que la reforma sentaría las bases para la participación de militares “en todos los órdenes de la vida pública del país, y valida todas las tareas extra constitucionales y violatorias de las obligaciones internacionales de México que han sido otorgadas a las fuerzas armadas”. 

Operativos, opacidad y violaciones a derechos humanos

Ayer martes, tras el anuncio de Claudia Sheinbaum el pasado domingo de que la intención es que se concrete la reforma de la Guardia, la Sedena, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional emitieron un comunicado conjunto para destacar que en menos de un mes, entre el 11 y el 24 de este mes de junio, las tres corporaciones tuvieron logros importantes en materia de seguridad. 

Por ejemplo, se expuso que se logró la detención de 446 personas; se aseguraron 427 kilos de mariguana, 4 mil 407 kilos de cocaína y 19 mil kilos de metanfetamina, además de que se destruyeron 16 laboratorios clandestinos de droga. 

En todas esas operaciones, se destacó que la Guardia Nacional participó con más de 2 mil 100 elementos para trasladar a presos a reclusorios, y que otros 3 mil 264 realizaron más de 14 mil operativos de revisión en aeropuertos y aeródromos. 

“Nosotros estamos conscientes de que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad es algo que no se puede revertir de la noche a la mañana”, admitió el director del Centro Pro. 

“Asumimos que hay regiones en el país donde se requiere de la presencia del Estado y que hoy la única corporación presente es la Guardia Nacional o las Fuerzas Armadas. Pero sí consideramos que esta intervención debería conducir gradualmente hacia un esquema plenamente civil”, hizo hincapié Aguirre, que detalló tres razones: 

“Uno, que el uso de las Fuerzas Armadas puede incrementar el riesgo de que haya violaciones a derechos humanos, como ya ha habido casos. Dos, que esta política de seguridad no ha demostrado ser efectiva como política pública. Y tres, que hay un trastocamiento en la relación cívico-militar que se expresa en una falta de controles”. 

En cuanto al tema de las violaciones a derechos humanos y la falta de controles que derivan en la impunidad, cabe recordar que el pasado mayo de 2022 Animal Político publicó que, a pesar de que fueron presentadas entre 2019 y 2021 más de 400 quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Guardia Nacional solo admitió haber tenido uso excesivo de la fuerza en un solo caso. 

Previamente, en octubre de 2021, en otra nota publicada por este medio, la Guardia Nacional había desobedecido abiertamente una orden del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) para revelar, en versión pública, los informes pormenorizados de los operativos y enfrentamientos en que sus elementos han hecho uso de la fuerza letal, y que dejaron como saldo en ese entonces la muerte de al menos 94 civiles, la mayoría de ellos supuestas personas armadas. 

Además, la Guardia Nacional clasificó en ese entonces por cinco años todos esos informes argumentando que revelarlos podría poner en riesgo la vida de sus elementos y el éxito de las operaciones con la delincuencia en general. Se trató de argumentos que el propio pleno del INAI ya había desestimado como improcedentes. 

En cuanto a posibles casos de violaciones graves a derechos humanos, Animal Político documentó que durante tan solo los primeros seis meses de su creación en 2019, la Guardia Nacional se vio involucrada en al menos cinco casos de abuso de la fuerza que dejaron como saldo dos personas muertas y varias gravemente heridas. La atención a las víctimas de estos casos, así como el pago de indemnizaciones, se realizó a través de la firma de convenios secretos entre los afectados y la Sedena. 

Más recientemente, en abril de 2022, elementos de la Guardia Nacional dispararon contra dos estudiantes de la Universidad de Guanajuato en Irapuato, matando a uno y dejando a otro gravemente herido. Estudiantes de esas universidad y amigos de la víctima denunciaron que el ataque de la Guardia Nacional fue “un asesinato”, pues el joven no estaba involucrado en actividades criminales; mientras que autoridades de la Guardia alegaron que un soldado de la Guardia tomó la decisión unilateral de disparar por “desconcierto e incertidumbre”. 

En julio del año pasado, elementos de la Guardia también dispararon en contra de un grupo de personas migrantes que se encontraban pernoctando debajo del Puente Internacional Paso del Norte en Ciudad Juárez, Chihuahua, a unos metros de la frontera con Estados Unidos. 

Algunos de los elementos golpearon a los migrantes y realizaron nueve detonaciones de sus armas. En el sitio se encontraban niños, niñas, mujeres y algunas de ellas estaban embarazadas. 

“Nos trataron como perros”, denunciaron los migrantes. 

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Imagen BBC
“Están dejando morir a nuestra gente”: la grave crisis del sistema de salud de Puerto Rico
12 minutos de lectura

La escasez de médicos, retos financieros y problemas con las aseguradoras privadas asfixian el sistema de salud del territorio estadounidense.

11 de julio, 2024
Por: BBC News Mundo
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Gabriela Nieves Robles, una patóloga del habla de 34 años, dice que notó los primeros síntomas a finales de 2020, cuando su madre, Ana, quien hoy tiene 63, comenzó a repetir las mismas anécdotas una y otra vez.

“Un día me decía que había ido al shopping y que se había comprado una camisa azul. Al siguiente día me comentaba: ´¿adivina qué? Fui al shopping y compré una camisa azul´. Yo le decía que ya me lo había contado y ella respondía que no se acordaba”, relata desde Toa Baja, una ciudad del norte de Puerto Rico.

Al pasar las semanas también se dio cuenta de que su progenitora olvidaba cosas simples, como pagar las deudas, los cumpleaños y las tareas de la casa.

“Durante la pandemia [del covid-19], ella sufrió un derrame ocular. Yo estaba 100% segura de que eran los efectos de ese evento que ocurrió en febrero de 2020”, agrega.

Pero los síntomas continuaron, así que decidió buscar a un médico. Llamó a uno, dos, tres neurólogos y ninguno tenía espacio para atender a su madre, porque sus calendarios estaban llenos hasta finales de año.

En septiembre, la décima neuróloga que contactó aceptó ver a Ana. El proceso, sin embargo, no sería expedito.

Ana tuvo que esperar cuatro meses para su primera cita. Desde que comenzaron sus problemas de memoria hasta que vio a la doctora por primera vez pasó casi un año.

Aun así, Gabriela piensa que tuvieron “suerte”.

gabriela y su madre ana
Suministrada
La madre de Gabriela comenzó a olvidar detalles de su vida a finales de 2020. No pudo tener una cita con un médico hasta un año después.

Una crisis progresiva

Lo afirma porque desde hace más de dos décadas el sistema de salud de Puerto Rico atraviesa una crisis progresiva, en gran parte causada por la escasez de profesionales sanitarios, que se marchan en busca de mejores salarios y beneficios, y para escapar de los escollos que les imponen las aseguradoras locales.

Al mismo tiempo, los profundos cambios demográficos de la isla, entre otros factores, como la adopción de nuevos protocolos médicos en los que se prioriza el cuidado ambulatorio, ponen en aprietos a algunos hospitales, que optan por declararse en bancarrota o reducir sus servicios para poder seguir operando.

“Desde 2011, Puerto Rico perdió casi 600.000 personas que se han mudado a EE.UU., además de la baja natalidad”, dice Julio Galindez, un contador que trabaja ofreciendo servicios al sector sanitario desde hace más de tres décadas.

Menos pacientes supone menos ingresos para los centros de salud. Estas instituciones también lidian con las bajas tarifas que pagan las aseguradoras, asegura Galindez.

Según él, un estudio que realizó su empresa junto a la firma de análisis económico Estudios Técnicos reveló que 8 de cada 10 hospitales en Puerto Rico operan en déficit.

Expertos aseguran que la falta de trabajadores sanitarios provoca una sobrecarga de las oficinas médicas, lo que a su vez retrasa la atención primaria, los diagnósticos y los tratamientos.

Como le ocurrió a Ana, otros puertorriqueños le contaron a BBC Mundo que tardaron más de un año en ver a especialistas como cardiólogos y dermatólogos.

foto de una camilla en el pasillo de un hospital
Getty Images
Ocho de cada 10 hospitales en Puerto Rico operan en déficit, dice a BBC Mundo un experto en temas financieros del sector sanitario en la isla.

En el caso de la madre de Gabriela, al llegar a la neuróloga fue tratada por demencia progresiva, pero los fármacos que le recetaron no surtían efecto.

Al año siguiente decidieron realizarle pruebas más profundas, que ellas mismas tuvieron que costear a un precio de US$4.000.

Los seguros médicos se negaban a pagarlas porque decían que la mujer era muy joven para estar en riesgo de sufrir ciertos tipos de condiciones neurodegenerativas.

El miedo de Gabriela, la razón por la que insistía para que su madre viera a un médico y recibiera tratamiento lo más pronto posible se hizo realidad: Ana tenía alzhéimer.

El éxodo

De acuerdo con Carlos Díaz Vélez, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, en el territorio estadounidense hay alrededor de 9.000 médicos en activo (la mitad que hace 20 años) para una población de 3,2 millones de personas.

Al menos se necesitan 6.000 profesionales más para atender las necesidades de salud de la isla.

“Los médicos están viendo 40 y 50 pacientes diarios, con citas dentro de siete u ocho meses”, explica el cardiólogo. “Eso no sucede en otros lugares de EE.UU., donde se ven 15 o 20 pacientes en un día”.

Algunas especialidades, como las pediátricas y las relacionadas a la cirugía, están en un estado crítico.

“En Puerto Rico solo hay un neurocirujano pediátrico”, comenta.

En los hospitales y salas de emergencia la historia no es diferente.

“No damos abasto”, afirma Hiram Rodríguez Torres, un internista que trabaja en un hospital cuidando pacientes con problemas agudos.

La escasez no es solo de médicos. Los trabajadores de enfermería, tecnólogos y terapeutas también están dejando la isla, sostiene.

personal de salud con una tableta en sus manos
Getty Images
Algunos médicos en Puerto Rico atienden entre 40 y 50 pacientes en sus consultorios, afirma el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de la isla.

Una de las razones por las que los profesionales de la salud se van de Puerto Rico son las bajas tarifas que pagan las aseguradoras (menos de la mitad que en el resto de EE.UU.), en lo que Rodríguez Torres y otros conocedores del tema describen como “el control absoluto de estas compañías sobre el sistema de salud en general”.

A grandes rasgos, el sistema sanitario en Puerto Rico es financiado de forma híbrida, explica Carlos Díaz Vélez.

Una parte, a la que pueden acceder las personas de escasos recursos y los mayores de 65 años, es sufragada con fondos provenientes de los gobiernos de Puerto Rico y EE.UU., mientras que la otra es privada. En este último caso, los ciudadanos contratan aseguradoras, muchas veces con una aportación de sus empleadores.

Pero los fondos públicos desde la década de 1990 son destinados también a un grupo de aseguradoras privadas, contratadas para que administren el dinero y paguen por los servicios que recibe la población más desfavorecida.

“Ahí fue que comenzaron los problemas”, comenta Díaz Vélez. “Porque la salud pasó a ser vista como un producto, donde la oferta y la demanda imperan”.

profesional de la salud firma documentos en un hospital
Getty Images
Los médicos en Puerto Rico cobran menos de la mitad que sus contrapartes en EE.UU., según el Colegio de Médicos y Cirujanos del territorio. En la foto una profesional de la salud en un hospital estadounidense.

Para tener ganancias, las aseguradoras buscan abaratar costos. No solo con las tarifas, que muchas veces incluso pagan de forma tardía, sino que también imponen trabas en la relación entre el médico y el paciente.

Rodríguez Torres explica que, por ejemplo, en ocasiones niegan ciertos análisis o fármacos y piden que sean justificados a través de documentos que debe completar el mismo médico.

Esto impone una carga más sobre los trabajadores de la salud, comenta el cardiólogo. Y es también un golpe a su criterio profesional.

Están desmoralizados, exhaustos y preocupados.

El médico internista se arriesga a decirlo: “Yo siento que están dejando morir a nuestra gente”.

Las muertes

Una investigación publicada en 2023 por el Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico (CPI) y el periódico estadounidense The Washington Post respalda las palabras del doctor.

De acuerdo con el reportaje, elaborado con una base de datos obtenida por el CPI del Registro Demográfico de Puerto Rico, en 2022 murieron más personas en la isla que en cualquiera de los 20 años anteriores.

En concreto, ese año hubo 35.400 fallecimientos de los cuales 3.300 fueron en exceso a lo esperado.

La cifra es incluso mayor a las muertes ocurridas en 2017, cuando el poderoso huracán María devastó la isla.

“Vimos un patrón extraño”, explica en entrevista con BBC Mundo Omaya Sosa Pascual, editora y periodista del CPI, organización que precisamente develó luego del ciclón María que en Puerto Rico habían muerto miles de ciudadanos y no los 69 que contabilizaba el gobierno.

“La pandemia no había terminado, pero el momento más grave había pasado y en Puerto Rico había vacunas y medicamentos, así que esa no debía ser completamente la razón”, señala.

recorte de noticia de The Washington Post
Captura de Pantalla
El Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico y The Washington Post construyeron una base de datos con información del Registro Demográfico de Puerto Rico.

Aquel año tampoco hubo un fenómeno atmosférico significativo o un terremoto, como el de 2020 de magnitud 6.4 que sacudió la isla.

“Sabíamos que había una mortalidad extrema en Puerto Rico, pero no entendíamos las razones. No estaban claras”, comenta Sosa Pascual.

Entonces decidieron hacer viajes de campo y visitar las zonas más afectadas.

“Hicimos muchas entrevistas, con médicos y expertos que apuntaron a una combinación de elementos fatales que incluían el mal estado del sistema de salud de Puerto Rico”, explica.

“Un 60% del exceso de muertes sí lo vinculamos al covid, pero el resto, un 40%, que es una cifra muy alta, tiene que ver con enfermedades crónicas que no son bien atendidas en el país, donde hay una población envejecida que no puede esperar ocho meses para ver a un cardiólogo”, añade.

Datos del gobierno de EE.UU. posicionan a Puerto Rico en el puesto 13 de los lugares del mundo cuya población tiene la edad media más alta.

Casas destruidas en Puerto Rico por el huracán maría
Getty Images
En 2017, el huracán María entró por el este de Puerto Rico con vientos sostenidos de 241 km/h.

Los ciudadanos más afectados por la mortalidad de 2022 tenían 65 años o más, apunta la investigación de ambos medios.

En su mayoría, los fallecimientos fueron provocados por enfermedades renales, del sistema nervioso, como alzhéimer y párkinson, así como por enfermedades endocrinas, entre las cuales predominaba la diabetes.

También encontraron un aumento de las muertes por causas de salud mental, como demencia y abuso de sustancias como el alcohol.

El gobierno de Puerto Rico reconoció al CPI y a The Washington Post que en efecto hubo un aumento en las defunciones para 2022, pero que no había estudiado las causas.

Sosa Pascual indica que la tendencia continuaba en 2023, pero no han logrado hacer más investigaciones porque las autoridades puertorriqueñas bloquearon parte de los datos, por lo que el grupo de periodistas presentó una nueva demanda de acceso a información.

El Departamento de Salud se comprometió a realizar un informe sobre el exceso de muertes, que sería publicado este 2024, pero eso no ha ocurrido.

BBC Mundo contactó a esta agencia gubernamental en varias ocasiones para conocer su visión sobre lo que está pasando, pero no se nos facilitó ninguna entrevista.

carretera rota en puerto rico por el huracán maría
Getty Images
La destrucción a causa del ciclón se estimó en miles de millones de dólares.

El viejo sistema

La realidad actual del sistema de salud de la isla dista mucho de lo que fue en la segunda mitad el siglo XX, cuando logró mejorar de forma significativa la vida de la población local, comenta el médico Walter Frontera, exdecano de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico.

Se trataba de un sistema público, en el que no solo la atención era gratuita, sino también los medicamentos.

Desarrollado por el médico Guillermo Arbona, quien fue secretario de salud de la isla entre 1957 y 1966, estaba dividido en regiones, con el propósito de maximizar el acceso de la población.

Además, tenía tres niveles de cuidado, para evitar su saturación. Si un paciente necesitaba ver a un profesional sanitario, en principio iba a una clínica cercana a su comunidad, luego a un hospital de distrito y finalmente al Centro Médico de Puerto Rico, una institución de salud que aún existe y donde se tratan las condiciones más complejas.

“Ese sistema logró erradicar prácticamente las condiciones parasitarias que nos abrumaban a principios de siglo cuando apenas teníamos una expectativa de vida de 32 años, de las más bajas de América”, explica Ibrahim Pérez, un gastroenterólogo que durante más de dos décadas ha investigado sobre el desarrollo del sistema de salud de Puerto Rico.

De pie, al fondo, el médico Guillermo Arbona, quien ideó el sistema de salud de Puerto Rico del Siglo XX.
Universidad de Puerto Rico
De pie, al fondo, el médico Guillermo Arbona, quien ideó el sistema de salud de Puerto Rico del Siglo XX.

“Nos llevó a alcanzar una expectativa de vida de 72 años para 1970, la número 14 en el mundo en aquel momento, lo que representó un aumento de 32 años en la expectativa de vida con respecto a 1940”, continúa Pérez, quien también fue parte de la facultad de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico.

En los hospitales públicos también se entrenaba a los nuevos médicos.

Pero luego de las privatizaciones que comenzaron en la década de los 80 y que culminaron en 1993, muchas de estas instituciones se vendieron. Esto hizo que desaparecieran más de 30 programas de residencias, algo que contribuye a la actual migración de estos profesionales, que se van a EE.UU. a especializarse, agrega Díaz Vélez.

“El sistema actual, es una combinación de aseguradoras públicas y privadas, que les pagan a los hospitales, laboratorios y proveedores médicos. Está fragmentado, con muy poca coordinación”, comenta por su parte Frontera.

Pero, ¿qué sistema funcionaría para ese Puerto Rico de hoy? Es una pregunta que queda abierta, dice.

La medicina y la tecnología han avanzado, así como la realidad económica y demográfica de la isla, y cualquier cambio tendrá que responder a ello.

foto de la entrada de una sala de emergencias en Puerto Rico
Getty Images
Luego de la privatización, varios hospitales públicos de Puerto Rico fueron vendidos y se perdieron centros de enseñanza para los futuros médicos de la isla. En la foto la fachada de una sala de emergencias en Puerto Rico.

Vivir el ahora

Una bebé llora en el fondo, Gabriela intenta calmarla con su voz. Luego habla con Ana, su madre, para que mientras ella está al teléfono de alguna forma le ayude a entretener a la pequeña.

Al ser hija única, la responsabilidad de cuidar a su madre es toda suya.

Afirma que el papel de cuidadora es distinto al de hija. Y que los roles no se llevan el uno con el otro.

“En muchas ocasiones, yo tengo que dejar mis sentimientos a un lado. Tengo que centrar mi cabeza en que estoy cuidando a una persona, no a mi mamá, porque si me dejo llevar por el corazón, estaría todo el tiempo llorando”, señala.

Desde el diagnóstico, aunque ha logrado citas periódicas con la neuróloga, acceder al resto de los servicios sigue siendo un reto.

“Hacerse estudios médicos aquí es muy burocrático. Buscar las órdenes, y que estén escritas de forma correcta para que no haya cuestionamientos. A eso hay que sumarle los costos excesivos, porque aunque uno tiene seguro médico, siempre hay que pagar una parte”, comenta.

Hace unos meses, se enteró de un nuevo tratamiento para el alzhéimer disponible en algunos estados de EE.UU. Se trata Lecanemab, unas infusiones aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. que retrasan los síntomas degenerativos de la enfermedad.

Gabriela embarazada mientras su madre la besa la mejilla.
Suministrada
Gabriela embarazada con su madre.

Soñó con que su madre pudiera acceder al medicamento, porque en la actualidad, ningún fármaco ha mejorado su condición.

Hizo llamadas, consultó con la neuróloga. Todo apuntaba a que Ana era una buena candidata y que los resultados del Lecanemab en pacientes que están en las primeras etapas del alzhéimer parecen prometedores.

Pero cuesta US$36.000 anuales y no está cubierto por las aseguradoras. Tampoco está disponible en Puerto Rico.

“Mi madre se quedó sin el tratamiento”, comenta.

Gabriela a veces divaga e imagina cómo sería su vida en otro lugar, con otro sistema de salud. Quizás no tendría a alguien que la ayude a cuidar de su madre, pero sí al menos que la lleve a sus citas o terapias, señala.

Para lidiar con su realidad, se impuso una meta, dice.

“En mayo, cumplí años y mami me pidió que la llevara a comprarme mi propio regalo. Momentos como ese tocan la fibra de mis sentimientos. Por eso, aunque a veces no lo logro, intento vivir el ahora”.

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