La Sedena reconoció ante la Auditoría que contrató al proveedor del software Pegasus, pero se niega a entregar información
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reconoció que contrató a la empresa proveedora del software Pegasus, que tanto en el sexenio pasado como en el actual —durante las administraciones de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador— ha sido utilizado para espiar a defensores de derechos humanos y periodistas.
La dependencia militar admitió el hecho ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a la cual notificó sobre la existencia de un contrato para el servicio de “monitoreo remoto” con Comercializadora Antsua, SA de CV, única compañía autorizada para vender Pegasus en México. El contrato tiene el folio DN-10 SAIT-1075/P/2019.
La Sedena incluso entregó a la ASF los comprobantes de pago por cerca de 140 millones de pesos, pero se negó a darle el contrato como tal argumentando razones de “seguridad nacional”.
Además, pese a la evidencia sobre la realización de ese contrato para el servicio de “monitoreo remoto”, la Sedena también se negó a entregarlo vía transparencia. Tras una solicitud de información realizada en octubre pasado, respondió que “no localizó” ningún documento al respecto.
Sin embargo, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) le ordenó que haga una “búsqueda exhaustiva” de la información, luego de analizar el caso en sesión pública este miércoles.
La Sedena también ha ignorado la instrucción del presidente López Obrador, quien aseguró que haría públicos los contratos con dicha empresa porque no había nada qué ocultar. Hasta el momento, la secretaría no ha cumplido.
El espionaje y la auditoría
En octubre pasado, una investigación de la organización R3D, Animal Político, Aristegui Noticias, Proceso y Artículo 19 reveló que dos periodistas y un defensor de derechos humanos habían sido espiados con el software Pegasus entre 2019 y 2021, mientras se encontraban investigando hechos relacionados con violaciones a derechos humanos presuntamente cometidas por el Ejército.
Se trató de la infección en los teléfonos celulares del defensor de derechos humanos Raymundo Ramos, del escritor y periodista Ricardo Raphael y de un periodista de Animal Político, comprobada por Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, luego de hacer un análisis forense de los equipos.
La investigación demostró que la Sedena había hecho un contrato para el “servicio de monitoreo remoto de información fincado a la empresa ‘Comercializadora Antsua, SA de CV’”, y cuyo servicio tuvo una vigencia del 1 al 30 de junio de 2019.
El presidente López Obrador aseguró que el Ejército realizaba “labores de inteligencia, no de espionaje”, y que por ello daría a conocer dicho contrato, pero a tres meses de la promesa, esto no se ha cumplido. De hecho, la Sedena insiste en ocultar el contrato, documento donde estaría detallado el servicio que la empresa realizaría para la dependencia, incluyendo los objetivos del “monitoreo”.
Su negativa más reciente es respecto de la solicitud de información realizada por R3D, a la que la Sedena respondió que no había localizado documentación al respecto. Por ello, la organización interpuso un recurso de revisión ante el INAI, proporcionando como evidencia la información obtenida por transparencia de las comunicaciones entre la Sedena y la ASF durante un proceso de fiscalización.
Se trató del proceso de auditoría que realizaba la ASF al Instituto Nacional de Migración (INM) sobre el contrato de tecnología realizado con Comercializadora Antsua, y cuya investigación complementaria incluyó solicitar los contratos que otras dependencias —en este caso la Sedena— habían hecho con la empresa.
La ASF solo trataba de comprobar que no hubiese habido alguna irregularidad en la contratación, por lo que le solicitó “la base de datos con información de los contratos y convenios de 2019 y 2020 celebrados entre la Sedena y Comercializadora Antsua, SA de CV”, los contratos y las facturas, según consta en el oficio firmado por el entonces auditor de cumplimiento financiero, Gerardo Lozano, y dirigido al coronel Humberto Zerón Martínez, coordinador de normatividad, desarrollo y de la función de la Oficialía Mayor de la Sedena, el 4 de agosto de 2021.
Sin embargo, la Sedena respondió que dicha información se encontraba clasificada como “asunto de seguridad nacional”, por lo que no entregaría la documentación, sino una “nota informativa y evidencia documental relacionada con el contrato suscrito”.
En dicha nota, la dependencia explicó que “suscribió un contrato con la empresa citada en su oficio No. AECF/1095/2021, el 12 de abril de 2019, el cual estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2019, por un monto total de $139,999,999”.
Incluso, anexó los movimientos en la Cuenta por Liquidar Certificada, de pagos generados por dicho contrato, es decir, los pagos registrados en el sistema del gobierno federal.
Se trató de siete pagos por 15 millones 465 mil 120 pesos entre el 1 de julio y el 1 de noviembre de 2019 y de un octavo pago por 30 millones 944 mil 159 pesos el 10 de diciembre de 2019.
La ASF envió otro oficio el 31 de agosto, en el que señaló que esta información no respondía a su petición. Además, “en las tres reuniones realizadas con el personal de la Sedena, se indicó la forma en la que se requería la información y se precisó que en caso de no poder enviarla, se tenía la opción de ponerla a disposición para que el equipo auditor la revisara en sitio. Por lo anterior, le solicito de la manera más atenta indicar si los puntos faltantes se entregarán en fecha próxima”, pidió Jazmín Pantoja, auditora especial de Cumplimiento Financiero, al teniente coronel Jaime Efraín Tinoco.
Este miércoles, el pleno del INAI discutió el recurso de revisión respecto de la solicitud de información, analizó estas evidencias y las obligaciones legales, y votó por unanimidad que la Sedena debe entregar la información.
Los comisionados consideraron que “el actuar de la Sedena no se apegó al procedimiento de acceso a la información, puesto que contrario a la inexistencia sostenida, es claro que sí cuenta con la información requerida”, dijo la comisionada a cargo del caso, Josefina Román.
“Por ello, estimamos indispensable la entrega de los contratos que una persona está solicitando, ya que no solo se transparentaría el ejercicio de recursos públicos, sino también quedarían expuestas las actividades vinculadas con el monitoreo de comunicaciones, permitiendo así a la sociedad evaluar la protección de sus derechos a la privacidad, a la libertad de expresión y a la inviolabilidad de las comunicaciones”, afirmó.
Pegasus en México
El software Pegasus es un desarrollo de la empresa israelí NSO Group, que solo vende a gobiernos para que investiguen hechos atroces o actos de terrorismo. Sin embargo, investigaciones periodísticas como Pegasus Project han revelado que 10 gobiernos que adquirieron el sistema espiaron a periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos, tanto en sus países como en el extranjero.
Entre los países están México, Azerbaiyán, Kazajistán, Hungría, India, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Baréin, Marruecos y Ruanda.
En el caso mexicano, el gobierno de Peña Nieto espió o intentó espiar con el malware Pegasus a 15 mil teléfonos entre 2016 y 2017, entre ellos, de periodistas, personas defensoras de derechos humanos e incluso de familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa. También, del círculo cercano de López Obrador, como su secretaria particular, Laura González Nieto; el operador político César Yáñez; el exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra; su actual vocero, Jesús Ramírez Cuevas, y el empresario Alfonso Romo Garza.
NSO Group nombra a una empresa como su representante ante cada gobierno para vender el software. En México, la empresa Air Cap fue la intermediaria para la venta del sistema a la entonces Procuraduría General de la República (PGR) durante el gobierno de Peña Nieto.
Sin embargo, el 31 de diciembre de 2019, NSO Group notificó que Comercializadora Anstua era la “autorizada para representar de forma exclusiva a NSO Group ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) hasta el 31 de diciembre de 2019”, es decir, la dependencia podría comprar la tecnología únicamente con esa empresa, dice una carta firmada por Niv Ovadia Leibovitch y Evan Forte, ejecutivos de la compañía.
En tanto, entre la información hackeada a la Sedena por el grupo Guacamaya, se pudo localizar el oficio clasificado como “secreto” en el que se refiere al contrato DN-10 SAIT-1075/P/2019 para el “servicio de monitoreo remoto de información fincado a la empresa ‘Comercializadora Antsua, SA de CV’”, y cuyo servicio tuvo una vigencia del 1 al 30 de junio de 2019.
El documento se encuentra en un mail con el asunto “oficios mortales”, y la comunicación daba cuenta de la realización del servicio y los pagos correspondientes en la “factura original No. 197 debidamente legalizada (segundo pago); oficio de aceptación No. 1910-4950 de fecha 15 de julio de 2019, en original emitido por el usuario final, en el cual se informa que el servicio fue recibido del 1 al 30 de junio del 2019”.
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Miles de inversores apostaron a colocar sus ahorros en lo que creían que era engorde de ganado en Uruguay. Pero la realidad era muy distinta.
Un prominente empresario que se suicida, cientos de millones de dólares que se desvanecen, miles y miles de supuestas vacas de las que no existen ni los huesos y una de las mayores estafas que Uruguay jamás haya conocido.
“Engordamos tus ahorros. Invertí en el negocio más seguro de la historia”, proclamaba Conexión Ganadera, empresa pionera en fondos de inversión ganaderos en el pequeño país sudamericano en el que por cada tres personas hay 10 vacas.
Pero lo que prometía ser un negocio sin fisuras acabó siendo un esquema Ponzi, una estafa piramidal a la que se investiga por presunto lavado de activos a gran escala.
El escándalo le explotó en la cara al país más vacuno del mundo y desnudó las carencias de un sistema de identificación de cada animal del que Uruguay se jactaba como único en el planeta.
¿Cómo se llegó a eso? Esto es lo que ocurrió.
La génesis del engaño
Conexión Ganadera nació en 1999.
Captaba fondos de inversores –principalmente locales y argentinos– con la promesa de ser el nexo con productores rurales.
El inversor ponía el dinero, Conexión Ganadera compraba el equivalente a ese dinero en vacas y se las cedía temporalmente a un productor para que las engordara.
A cambio, el inversor –que no necesitaba tener ningún conocimiento agropecuario– recibiría un porcentaje fijo de rentabilidad.
En sus inicios ofrecía más del 20% anual en dólares. Últimamente las tasas oscilaban entre el 7% y el 11% anual en divisa estadounidense, dependiendo del monto de la inversión y el plazo.
Al cabo de determinado tiempo, el animal crecía lo suficiente como para ser vendido –por un precio muy superior al que se había pagado– por lo que el productor agropecuario obtenía una suculenta diferencia con la que pagar el arriendo del campo más insumos, costos laborales y demás, y quedarse con su ganancia.
O al menos eso era lo que decían.
“La vaca siempre tuvo la nobleza de producir lo suficiente para que el inversor no perdiera con este sistema”, afirmaba en 2023 Pablo Carrasco, uno de los dueños de la empresa, en una presentación ante clientes.
“Esto es ganar-ganar, y 24 años alcanzan para que uno esté seguro de que eso es así”.
Hasta ese momento la firma siempre había cumplido con sus pagos.
Pero no faltaba mucho tiempo para que el desfalco quedara expuesto y se supiera que la cantidad de ganado que debían tener no estaba.
¿Se compró alguna vez? Si así fue, ¿adónde fue a parar? La justicia uruguaya lo está investigando.
Un esquema Ponzi
A comienzos de 2025, Conexión Ganadera anunció que no podría cumplir con los pagos a sus 4.300 clientes con inversiones por US$400 millones, ya que solo tenía US$150 millones en activos.
Un contador contratado por la empresa para estudiar su situación financiera dijo públicamente que “sin haber empezado con un esquema Ponzi, terminó como un esquema Ponzi”.
Es decir, en su visión, comenzó siendo un negocio legítimo que después sostuvo sus pérdidas con la captación de nuevos fondos para pagar a los inversores más antiguos.
“La única forma de mantener esto era que nueva gente diera plata para pagar los intereses y así no se caía el esquema”, le dice a BBC Mundo el abogado Leonardo Costa, uno de los litigantes.
Eso sucedía pocos meses después de que otras dos compañías del mismo rubro comunicaran la cesación de pagos y dejaran sin su dinero a miles de pequeños inversores que sumaban unos US$100 millones.
Tras la caída de esas empresas, uno de los dueños de Conexión Ganadera, Gustavo Basso, decidió acelerar hasta 211 kilómetros por hora cuando manejaba su Tesla por una carretera uruguaya y estrellarse contra maquinaria vial al costado de la ruta.
Murió en el acto. Las computadoras y cámaras del Tesla fueron investigadas y un fiscal determinó que se trató de una “acción voluntaria”.
Cuando su socio, Pablo Carrasco, debió dar explicaciones a los inversores por no devolverles su dinero, dijo que desconocía lo que sucedía en la compañía, que él solamente se ocupaba de la parte ganadera y que el hombre detrás de la estafa era Basso.
Basso ya no podía defenderse.
“Un encantador de serpientes”
Martín Fablet (62 años) comenzó a invertir parte de sus ahorros en Conexión Ganadera en 2011.
Además de empresario, Fablet es una personalidad de la radio y televisión uruguaya. Un periodista agropecuario compañero en la AM Sarandí le hizo conocer el producto de inversión y lo acercó a Basso.
“Era un encantador de serpientes”, piensa ahora, sin demasiadas esperanzas de recuperar los US$270.000 que puso en lo que creía que eran vacas.
En todos estos años, a Fablet le surgieron dudas del negocio. No le cerraban los números de rentabilidad que le pagaban.
“No puede ser que dé esa guita (plata), porque tengo amigos que tienen campo y no les da ese número”, le decía al cofundador de Conexión Ganadera.
Los conocedores del negocio decían que no llegaban ni a la mitad de rentabilidad que la ofrecida por la sociedad Basso-Carrasco.
Fablet tuvo varios encuentros con Basso y le planteó su desconfianza, incluso se reunió con él y con contadores que llevó para que les explicaran cómo hacían para tener semejantes márgenes de ganancia, pero el empresario ganadero siempre se las ingeniaba para convencerlo de que, con su modelo de negocios, era posible.
El sistema de trazabilidad
Uno de los pilares sobre los que se erigió la estafa fue el sistema de trazabilidad del ganado uruguayo.
El país sudamericano se jacta desde hace años de haber implementado un método que permite saber dónde está cada una de sus vacas desde que nace hasta, inclusive, el plato donde se sirve en forma de bife.
En una de las orejas de la vaca se le pone una etiqueta analógica y en la otra una digital, ambas codificadas para saber de qué vaca se trata.
Esto complementa la identificación con la marca a fuego y los documentos de propiedad.
Para los inversores de estos fondos ganaderos, ese código era la certeza de que había una vaca registrada a su nombre ante el Ministerio de Ganadería.
Sin embargo, la investigación judicial constató que en muchos casos esas vacas no estaban.
“Era ganado virtual, no existía”, dice Felipe Caorsi, un asesor en finanzas uruguayo que investigó el accionar de estos fondos.
Tal vez nunca se habían comprado, tal vez alguna vez existieron pero ya habían pasado a faena, o tal vez terminaron en alguno de los tantos embarques de ganado en pie que Basso envió a Turquía, le cuentan a BBC Mundo fuentes del caso.
La investigación judicial halló identificadores -que debían estar en las orejas del ganado- guardados en cajas.
Y el sistema de rastreo vacuno al milímetro resultó basarse en declaraciones juradas que podían ser falseadas para hacer creer que había vacas donde no las había.
“Cuando ibas al Ministerio de Ganadería a ver dónde estaba tu ganado, de los 500 bichos que tenías figuraba que tenías 200. ‘Che, Gustavo, tengo 200 bichos, ¿y los 500? Ah no, lo que pasa es que hubo un movimiento, dejame ver’. Y al otro día entrabas a la página del Ministerio de Ganadería y estaban los 500 bichos. Yo no sé qué manejos hacía”, le dice Fablet a BBC Mundo.
El método Conexión Ganadera
Conexión Ganadera había logrado una alta reputación en el mercado uruguayo.
Pablo Carrasco era la cara más visible. Participó durante años en un prestigioso programa periodístico radial en el que debatía de política y sociedad, al tiempo que se mostraba como un empresario exitoso con proyectos ambiciosos.
“Los roles estaban bien separados. Carrasco era la imagen, el personaje que hacía vendible el producto. Gustavo Basso captaba dinero”, indica Caorsi.
Reconocidos políticos, profesionales y hasta sacerdotes les creyeron e invirtieron sus ahorros en su esquema.
“La gente confiaba como si le estuviera dando su dinero a un banco. Te decían ‘deposité mi dinero'”, explica Nicolás Ghizzo, abogado de un grupo de víctimas.
Y el negocio se fue agrandando tanto que otros emularon el modelo, aunque no fuera posible pagar lo que se prometía.
Esto a pesar de que la ganadería tradicional en ese país se ha financiado con capital propio, con el sistema bancario y con proveedores, y no con fondos ganaderos, explica a BBC Mundo el presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Rafael Ferber.
Tanto Conexión Ganadera como los otros fondos de inversión del sector no eran controlados por el Banco Central de Uruguay porque, ante una advertencia del organismo regulador, modificaron los contratos para que no pareciera una inversión financiera, sino productiva.
¿Dónde está la plata?
De las inversiones que recibían, un alto porcentaje no era destinado a la compra de ganado como se estipulaba en los contratos, sino que fueron derivadas hacia otros fines, según se desprende de la investigación del fiscal.
“La mayoría de los inversores, el 70%-75%, no tienen un solo animal”, señala Juan Pablo Decia, otro de los abogados de un grupo de víctimas.
Según Caorsi, Basso desvió fondos de Conexión Ganadera a inversiones personales como un frigorífico, préstamos a otro frigorífico, compra de tierras, autos de alta gama, inversiones inmobiliarias y cuentas bancarias en el exterior.
“Hay dinero aparentemente en el exterior que también sería de los inversores y que no habría sido contemplado en el número inicial (de activos)”, señala el abogado denunciante Ignacio Durán.
“Cuando hicimos una ampliación de denuncia dimos información de una cuenta en un paraíso fiscal, en Andorra”, agrega.
“Son unas 30 empresas satélite. Eso fue lo que la Fiscalía les informó a los abogados de los damnificados”, apunta Santiago Alonso, otro de los letrados que denunció a los empresarios.
Caorsi denuncia que existieron contratos de inversión apócrifos. “Fuimos a buscar a las personas y nos encontramos que algunos sabían y habían prestado su nombre para el contrato, en otros casos era gente que no sabía que estaba su nombre ahí”, relata.
Agrega, entonces, que la cantidad de damnificados no sería de 4.300, como había comunicado Conexión Ganadera inicialmente, sino la mitad, por US$220 millones.
En la primera de las causas que se inició en este sector, la de Grupo Larrarte, la justicia uruguaya imputó a su titular, Jairo Larrarte, por los delitos de estafa, apropiación indebida y liberación de cheques sin fondos.
¿Podrán recuperar las víctimas algo de su dinero? De momento es incierto.
“Hablando con otras personas, las veo demolidas. Y sé que hablando con los abogados les dicen ‘si no me conseguís la plata, me voy a tener que suicidar’. Me da miedo”, expresa Fablet.
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