Cinco militares fueron sentenciados a 90 años de prisión por asesinar hace 13 años a los estudiantes del Tecnológico de Monterrey Javier Francisco Arredondo y Jorge Antonio Mercado Alonso.
Así, los militares fueron sentenciados a 90 años, pero cumplirán una pena máxima de 60 años porque es lo más que permite la ley, de acuerdo con el Colectivo Todos Somos Jorge y Javier.
“La sentencia es de 90 años, pero aclarando que la pena máxima es de 60 y se cumplirán 60 años”, precisó Rosa Elvia Mercado Alonso, madre de Jorge.
La conferencia de prensa de este martes estuvo encabezada por los padres de Jorge: Rosa Elvia Mercado Alonso y Lorenzo Joel Medina Salazar.
Durante la conferencia, se mencionó a los padres de Javier, quienes fallecieron sin poder llegar hasta este día: Haydeé Verdugo, quien murió en febrero de 2020, y Aurelio Arredondo Rodríguez.
“No queremos dejar de mencionar que doña Haydee y don Javier, padres de Javier, fallecieron en el camino de la búsqueda de la justicia y hoy, a 13 años de los hechos, no están aquí para presenciar este momento”, menció el Colectivo durante la lectura del comunicado.
Por su parte, la madre de Jorge consideró que la sentencia fue positiva hacia los familiares de las víctimas.
“Me llena de gozo el saber que esto ya, no terminó, pero sí se llegó a una sentencia positiva hacia nosotros”, comentó la señora Rosa Elvia Mercado Alonso.
La sentencia fue dictada por el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León y el juez encargado de trabajar en el caso es José Reynoso Castillo.
El equipo que acompaña a los familiares de los dos estudiantes del Tec de Monterrey ve posible que los militares apelen la setencia.
“Intuimos que, conforme a sus derechos, los militares declarados culpables tratarán de apelar la sentencia. Esperamos contar con toda su solidaridad como siempre para defenderla”, indicó el Colectivo.
Mientras tanto, los familiares y equipo legal de los jóvenes presionarán para que siga la investigación por los “delitos administrativos” y se procesen judicialmente el robo de identidad, abuso de autoridad, exceso de fuerza, entre otros, de acuerdo con el comunicado.
También, agregaron que revisarán que se trate de una “sentencia de calidad” y conforme las obligaciones del Estado en material de derechos humanos, estándares internacionales y contemple la reparación de daño integral para sus familias.
Consideraron esta sentencia como un triunfo.
“Es un triunfo que a través de instituciones civiles se logre procesar violaciones graves a los derechos humanos cometidas por el Ejército (…) Esta sentencia representa una victoria para la memoria y la verdad. Sin embargo, la lucha continúa”, consideró el Comité y las familias.
Además, la sentencia senta un precedente para todas las personas víctimas de ejecuciones extrajudiciales por parte del ejército mexicano, agregó el Colectivo. Y también confirma que “el ejército ha matado civiles, y los ha hecho pasar por sicarios”.
“En México, quienes hacen la búsqueda de la justicia son las víctimas, a pesar de las autoridades responsables de hacerlo”.
Jorge y Javier, estudiantes del Tecnológico de Monterrey en dicha ciudad, fueron asesinados por elementos del Ejército el 19 de marzo de 2010 cuando se encontraban en las instalaciones educativas.
“El ejército mató a dos estudiantes dentro de las instalaciones de su universidad y quiso hacerlos pasar por sicarios”, de acuerdo con el comunicado leído este martes en conferencia.
La versión oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional afirmó que se trataban de delincuentes que habían atacado a los militares, tiempo después se comprobó que Jorge y Javier solo eran estudiantes que llevaban una mochila y no iban armados “hasta los dientes” como lo señaló la versión oficial.
“No fue una bala perdida dentro de un encuentro entre el ejército y el crimen organizado. Jorge y Javier recibieron impactos de bala a corta distancia y golpes en la cara y el cuerpo hasta que los mataron. Además, les quitaron sus mochilas y les sembraron armas para hacerlos pasar por sicarios”, indicó este martes el Colectivo en su comunicado.
Rosa Elvia Mercado Alonso, madre de Jorge, señaló en marzo pasado que ha sido “una lucha difícil” y aunque hace siete años se consignó el caso por homicidio, aún quedan pendientes otros delitos como abuso de autoridad, alteración de los hechos y robo de identidad.
Por estos hechos fueron señalados seis militares, tres de los cuales están aprehendidos desde hace casi siete años, dos más fueron detenidos el año pasado en San Luis Potosí y uno más está reportado como desaparecido.
Así, la sentencia dada a conocer este martes fue para esos cinco militares.
La señora Mercado Alonso dijo en marzo pasado que siempre les han dicho que el caso de Jorge y Javier “es un caso relevante” pero cuestiona por qué sí es así es que han pasado tantos años sin justicia.
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En 2019 la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ofreció una disculpa pública a las familias, pero señalan que “aunque fue importante no es suficiente”.
“La muerte de los muchachos fue una faramalla, un teatro del combate al narcotráfico”, acusó la madre de Jorge, quien también criticó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de no hacer más que recomendaciones “que se quedan en el aire”.
En tanto Reyna Haydee Arredondo Verdugo, hermana de Javier, señaló que este caso, como muchos otros ocurridos en el país, evidencian que “la militarización no es la solución”.
Acompañadas por miembros del colectivo Todos Somos Jorge y Javier, las familias señalaron en marzo pasado estar esperanzadas de que “pronto” pueda emitirse una sentencia luego de que se detuviera a otros dos militares y que un nuevo juez estuviera al frente del caso.
Esa sentencia que los familiares de los jóvenes esperan en marzo, llegó este martes 17 de octubre.
Hasta los dientes, documental mexicano dirigido por Alberto Arnaut muestra los vídeos de cámaras de seguridad del Tecnológico de Monterrey en el que se observa cómo los militares atacaron a Jorge y Javier, incluso el momento en que manipulan la escena y colocan armas a los jóvenes.
Tras siete años de investigación, el director Alberto Arnaut presentó en 2018 este documental con la primera intención de “limpiar el nombre de Jorge y Javier, contar su historia de vida y que las personas sepan quienes eran”.
Arnaut conoció en vida a Javier Francisco Verdugo, “él era del pueblo de mi papá -Todos Santos Baja California Sur-, cuando iba a visitar a mi abuela, conviví con él, era más o menos de mi edad. Al pueblo de Todos Santos le indignó muchísimo el asesinato”.
La tecnología para construir armas letales se promociona en las redes sociales y, según expertos, pueden convertirse en el “arma preferida” de delincuentes y extremistas.
Las pistolas impresas en 3D podrían convertirse en “el arma preferida” de delincuentes y extremistas violentos de todo el mundo, según ha declarado un experto a la BBC.
Estas armas de fuego caseras, imposibles de rastrear, se han recuperado en varios casos criminales recientes, incluyendo el presunto uso de un arma parcialmente impresa en 3D en el asesinato en Estados Unidos del CEO de United Healthcare, Brian Thompson.
BBC Trending ha investigado la propagación global de armas impresas en 3D a través de plataformas de redes sociales como Telegram, Facebook e Instagram y en sitios web que ofrecen guías de cómo hacerlo.
Las impresas en 3D, a menudo descritas como un tipo de arma “fantasma”, son armas de fuego imposibles de rastrear que pueden montarse con una impresora de ese tipo, planos descargables y algunos materiales básicos.
Diseñada para eludir las leyes de control de armas, la tecnología ha avanzado rápidamente en la última década, y los últimos modelos son capaces de disparar varios cartuchos sin que se rompan sus componentes de plástico.
Según Nick Suplina, de Everytown, una organización estadounidense de control de armas, las pistolas impresas en 3D podrían convertirse en el “arma preferida” de quienes planean actos violentos: “Los materiales han mejorado, el coste ha bajado y la facilidad de acceso a estos planos es máxima”, afirma.
La investigación de BBC Trending comenzó con anuncios de armas en Instagram y Facebook. En octubre de 2024, el Tech Transparency Project, una organización sin ánimo de lucro que supervisa a las empresas tecnológicas, encontró cientos de anuncios de armas -incluidas impresas en 3D y otras armas fantasma- que aparecían en las plataformas de Meta, violando sus políticas.
Meta se negó a comentar los hallazgos en ese momento. Varios meses después, BBC Trending descubrió anuncios de armas similares que seguían apareciendo como activos en la base de datos de anuncios de Meta.
Muchos de estos anuncios de armas dirigían a los clientes potenciales a canales de Telegram o WhatsApp. En Telegram, encontramos canales que mostraban diversas armas a la venta. Algunas parecían estar impresas en 3D. Una cuenta de Telegram con más de 1.000 suscriptores afirmaba enviar armas a todo el mundo.
BBC Trending se puso en contacto con la cuenta, que se hacía llamar “Jessy”, para confirmar si estaría dispuesta a infringir la ley enviando armas impresas en 3D al Reino Unido. En menos de una hora, Jessy nos ofreció una Liberator o una Glock switch o interruptor Glock.
Un interruptor glock (también conocido como auto sear o disparador automático) es una pequeña pieza, a veces impresa en 3D, que convierte una pistola en un arma automática.
La Liberator, diseñada en 2013 por el “criptoanarquista” Cody Wilson, es la primera pistola impresa en 3D del mundo ampliamente disponible, capaz de disparar un solo tiro.
Jessy afirmó que podía pasar el arma de contrabando por la aduana del Reino Unido, pidió el pago de 160 libras (US$215) en bitcoin y luego sugirió una transferencia bancaria a una cuenta del Reino Unido que no pudimos rastrear.
Cuando más tarde nos pusimos en contacto con Jessy, identificándonos como la BBC, reconoció que la venta de armas en el Reino Unido es ilegal, pero no sonaba arrepentido.
“Llevo mi negocio, vendo algunas correas (jerga para referirse a las armas) online”, dijo.
No llevamos a cabo la transacción para comprobar las afirmaciones de Jessy. Aunque su actitud despreocupada sugería que podría tratarse de un estafador, su capacidad para anunciarse en Meta y operar en Telegram pone de manifiesto aparentes lagunas que los verdaderos traficantes de armas podrían aprovechar.
Al ser contactados, Meta dijo a la BBC que los anuncios que destacamos habían sido “desactivados automáticamente en línea con nuestras políticas”, y que la inclusión en su biblioteca de anuncios “no significa necesariamente que el anuncio siga activo o visible”.
Telegram dijo que la cuenta de Jessy había sido eliminada de forma proactiva por incumplir sus políticas.
Un portavoz añadió: “La venta de armas está explícitamente prohibida por los términos de servicio de Telegram y se elimina siempre que se descubre. Los moderadores facultados con IA personalizada y herramientas de aprendizaje automático supervisan proactivamente las partes públicas de la plataforma y aceptan informes para eliminar millones de piezas de contenido dañino cada día, incluida la venta de armas”.
Sin embargo, lo preocupante es que las personas que buscan armas impresas en 3D no necesitan comprarlas ya hechas a través de las redes sociales. Pueden montarlas ellos mismos. Modelos como la FGC-9 se diseñan utilizando únicamente plástico impreso en 3D y componentes metálicos reutilizados, sin necesidad de piezas de armas disponibles en el mercado.
“Básicamente, te conviertes en un aficionado de armas caseras”, afirma Rajan Basra, investigador del King’s College de Londres. Sin embargo, “no es tan fácil como imprimir una hoja de papel A4 en la impresora de tu oficina”.
Como ha informado previamente la BBC, hay sitios web que ofrecen guías gratuitas paso a paso y planos descargables para construir armas impresas en 3D.
Una de esas guías fue escrita por Matthew Larosiere, un abogado de Florida especializado en derechos de armas. Está asociado con la comunidad mundial a favor de las armas impresas en 3D, que cuenta con muchos miembros en EE.UU. que consideran el derecho a portar armas- consagrado en la Segunda Enmienda de su constitución- como un derecho humano.
BBC Trending le preguntó por qué comparte información para ayudar a la gente a construir un arma letal.
Él respondió: “Es sólo información. Son unos y ceros. El hecho de que la información tenga un uso que te incomode, lo entiendo y simpatizo con ello, pero eso no hace que sea correcto decir que es algo más que información”.
Preguntado por el riesgo de que esta “información” se utilice en un tiroteo o una masacre en una escuela, respondió: “Doy gracias a Dios de que eso no haya ocurrido”. Citó Myanmar como un país donde, en su opinión, las armas impresas en 3D han servido a una causa positiva.
Myanmar es actualmente el único caso conocido de uso de armas impresas en 3D en un conflicto militar activo. Se ha informado ampliamente del uso de la FGC-9 por parte de los combatientes de la resistencia contra la Junta Militar.
Pero, como descubrió Hnin Mo, del servicio birmano de la BBC, muchos de estos grupos han dejado de utilizar armas impresas en 3D. Esto a pesar de que las fuerzas de la resistencia produjeron cientos de FGC-9 en 2022 y 2023, las que cuestan más de diez veces menos que las ametralladoras en el mercado negro.
Los líderes rebeldes con los que habló Hnin Mo citaron el férreo control de la Junta Militar sobre las importaciones de materiales esenciales como el pegamento y el metal. Además, estos grupos disponen ahora de armas más convencionales, como lanzagranadas o ametralladoras.
El ejemplo de Myanmar demuestra las limitaciones de las actuales armas impresas en 3D para uso militar. Pero a nivel mundial, su difusión es evidente. Varios países están estudiando leyes para penalizar la posesión de planos.
También hay llamamientos para que los fabricantes de impresoras 3D bloqueen la impresión de piezas de armas, del mismo modo que las impresoras convencionales restringen la impresión de moneda. Pero está por verse si estas medidas pueden ser eficaces.
Con información adicional de Hnin Mo.
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