“¿Dónde está nuestro dinero?”: ahorradores de financiera CAME interponen denuncia por fraude; exigen respuestas de autoridades
Bernardino Ávila, de 80 años, teme perder todos sus ahorros, no puede acceder a los 2 millones 300 mil pesos que invirtió en la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) Consejo de Asistencia al Microemprendedor (CAME). Desde el 1 de abril la aplicación que usaba para las operaciones dejó de estar disponible, sin previo aviso las oficinas cerraron y ahora está en la incertidumbre sobre qué va a pasar con sus recursos, igual que 1.3 millones de clientes.
En 2023, el jubilado del ISSSTE vio un anuncio que llamó su atención, se trataba de una oferta para invertir su dinero con rendimientos que iban desde el 13 al 16 %. Al investigar un poco sobre la financiera −cuyo director general es Pablo Varela y su representante legal es Jorge Kleinberg−, vio que estaba regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), registrada en el Buró de Entidades Financieras de la Condusef y que tenía más de 30 años en el mercado, lo que le dio confianza para invertir.
Le daban el rendimiento prometido, todo marchaba bien y a partir de diciembre del año pasado comenzaron a hacerle ofertas más atractivas: si invitaba a más gente a unirse a la financiera aumentaría su interés, lo obtendría por adelantado, le darían crédito revolvente o podría ganarse regalos como un iPhone. Su esposa, también jubilada de la misma edad que él, decidió invertir 100 mil pesos. Ahora, ninguno de los dos puede acceder a su dinero.
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Leticia Ávila, hija de Bernardino, dice que su papá está muy deprimido por la situación y que incluso le ha comentado que quiere quitarse la vida. “Es algo muy fuerte lo que están pasando, hay muchos adultos mayores afectados, gente que invirtió todo su patrimonio, su esfuerzo. Se preguntan cómo van a volver a empezar, qué van a hacer”.
En las oficinas de CAME ya nadie contesta y en su página de internet publicó que coopera con la CNBV −organismo supervisor del sistema financiero − sobre su situación para proponer una solución a través del Fondo de Protección para pagar a sus ahorradores.
Los inversionistas temen que se declare en quiebra o que todo se trate de un fraude, como ocurrió con el caso Ficrea.
De acuerdo con datos de la CNBV, hasta mayo de 2025, CAME registraba un millón 371 mil 315 clientes y contaba con 51 sucursales en todo el país, lo que la convirtió en la sexta Sofipo más grande de México medida por activos; sin embargo, no ha reportado sus resultados financieros de los últimos meses del año.
Los afectados exigen una respuesta por parte de las autoridades y que haya una reestructura para garantizar la devolución total de sus recursos; aseguran que no se conformarán con el seguro de protección que solo cubre hasta 25 mil Unidades de Inversión (UDIS) por cliente, es decir, solo 211 mil pesos. Los usuarios que tengan invertidos con CAME menos de esta cantidad podrán recuperar sus recursos, pero otros como Bernardino perderían todo su patrimonio.
A esto se suma que el seguro llamado Prosofipo −que opera con contribuciones que hacen las propias Sofipos y se usa en caso de quiebra −no tiene dinero suficiente y aún tiene pendiente por solventar el seguro de algunos clientes de Sofipos como Financiera Auxi, Impulso para el Desarrollo o Sierra Gorda.
De las protestas a una reunión sin acuerdos ni respuestas
En las últimas semanas los afectados se han manifestado para exigir a las autoridades una respuesta sobre lo que pasa con sus ahorros. El 13 de mayo acordaron −tras bloquear alrededor de tres horas avenida Insurgentes−una reunión en Gobernación que finalmente se llevó a cabo el 16 de mayo.
A ella asistieron un grupo de afectados, Eugenio Laris, vicepresidente de supervisión de banca de desarrollo y finanzas populares de la CNBV; Armando Martínez, director general de supervisión de Sofipos; Francisco Farfán Bartolini, director general de Sofipos; y Ana Fragoso Pereida, vicepresidenta de unidades de atención a usuarios de la Condusef.
Lizbeth Morales Rohde, ahorradora en CAME, quien estuvo presente en la reunión, dijo a Animal Político que Condusef solo se comprometió a dar prioridad a sus quejas, pero los funcionarios de la CNBV se niegan a dar información sobre lo que pasa en la Sofipo bajo el argumento de que CAME está bajo inspección de la autoridad, por lo que no se llegó a ningún acuerdo.
“En una marcha nos recibió Eugenio Laris, solo tenía una risa burlona y a lo que preguntábamos nos decía ‘no te voy a contestar, no te voy a contestar’ por estar protegiendo los derechos de la institución, pero nosotros nos preguntamos ¿y nuestros derechos? Esta vez pasó lo mismo, en la reunión no obtuvimos respuestas”.
Los afectados dicen que si hay un reglamento interno que les impide a los funcionarios dar información de la Sofipo como argumentan, al menos deberían tener más empatía, asesorarlos en lo que pueden hacer, plantearles los escenarios frente a los que están y no portarse groseros.
Ante la falta de apoyo, Morales Rohde, quien ha invertido su dinero en CAME desde el 2005, interpuso una denuncia penal colectiva por fraude junto con 224 ahorradores más de CDMX, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos y Querétaro, que se sumarán a otras denuncias individuales. Ella no puede acceder a sus 10 millones de pesos.
“Somos más de un millón de clientes, es todo nuestro patrimonio, debe abrirse un proceso penal contra los responsables de CAME y también contra quien no ha hecho su trabajo en materia de regulación. Era una empresa sólida con más de 30 años, no es que hayamos apostado a una caja de ahorro, está regulada por la CNBV (dirigida por Jesús de la Fuente Rodríguez), lo que te da seguridad, entonces ¿qué pasó? (…) Esto no es una quiebra normal, es un fraude a todas luces”, comenta.
“Cómo puede ser que de la noche a la mañana puedan desaparecer y llevarse todo nuestro dinero. ¿Acaso hay colusión de autoridades? ¿Qué pasa con la supervisión? ¿Por qué permiten que nos roben?, reclaman los ahorradores ante la falta de respuestas por parte de la CNBV.
A pesar de que ha transcurrido casi un mes desde que comenzaron los problemas con los ahorradores, ni la CNBV, la Condusef, ni la Asociación Mexicana de Sofipos han dado una postura oficial sobre lo que está pasando.
Consultado sobre la situación por la que atraviesa la Sofipo, la CNBV dijo a Animal Político que por el momento no se ha emitido un posicionamiento debido a que hay tiempos legales que se deben seguir.
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Mientras que la Secretaría de Gobernación convocó a los directivos y socios de la Sofipo a participar en una mesa de diálogo con funcionarios del gobierno federal.
Las alertas en CAME: nivel de capitalización, informes financieros y sanciones
En diciembre de 2024, la firma financiera reportó un nivel de capitalización (cantidad de dinero que tiene la institución para respaldar y cumplir sus operaciones) menor al requerido por la autoridad, de un mínimo de 130 %. La Federación Atlántico Pacífico, encargada de ejercer la supervisión auxiliar de sociedades de ahorro, la clasificó en categoría 4 del esquema de alertas tempranas, el nivel más bajo y de alerta máximo, esto ocurre cuando se presenta un nivel de capitalización menor a 56 %.
El año pasado se mantuvo durante dos meses en el nivel 1, el más alto, pero durante nueve meses se ubicó en una categoría 2, −por lo que en teoría tenía que estar sujeta a medidas correctivas mínimas y presentar un plan de conservación de capital a la CNBV−, hasta que finalmente se ubicó en 4, nivel de alerta en el que se le puede revocar la licencia y enfrentar un posible proceso de liquidación.
La última vez que la Sofipo reportó sus resultados financieros a la CNBV fue en diciembre pasado: contaba con activos por 5 mil 380 millones de pesos, pero un nivel de capitalización de 102 % (nivel 2), por debajo del mínimo regulatorio.
Según datos de la Federación Atlántico Pacífico, la Sofipo no presentó la información para contabilizar sus niveles de capitalización (Nicap) correspondientes a enero, febrero y marzo.
De acuerdo con El Economista, del 2020 a la fecha, la financiera ha sido sancionada en 22 ocasiones por la CNBV por un total de 4 millones 79 mil 574 pesos, la mayoría relacionadas a fallas en sus controles de prevención de lavado de dinero, aunque también aparecen infracciones por fallas en materia de control interno y no enviar en tiempo la documentación requerida al regulador. Algunas de estas sanciones fueron impugnadas por la entidad.
CAME inició operaciones en mayo de 2005. En 2018, Te Creemos Holding, de Jorge Kleinberg Druker y dueña de la Sofipo Te Creemos, adquirió a su competencia CAME para tener dos financieras populares bajo su administración.
Posteriormente, en el 2022, se concretó la fusión entre CAME y Te Creemos, donde la primera absorbió el patrimonio y las obligaciones financieras de la segunda. La estructura accionaria de Te Creemos Holding, controladora de CAME, está compuesta por diversos socios inversionistas, algunos de ellos Pablo Coballesi Durand, Oscar Juan Pfeiffer Schlittier, Juan Carlos Hernaiz, Guillermo Matorell Nieto, Gustavo Ramírez Reyes, Wilmer Guevara Gutiérrez y Nayeli Araid Vilchis Sánchez.
CAME ofrecía regalos a cambio de más inversiones y clientes
César Zapata invirtió en CAME 5 millones de pesos en diciembre de 2024; su plan era que su dinero generara ganancias solo durante seis meses ya que parte de sus recursos los iba a invertir para comprar una casa. Conoció la Sofipo a través de la empresa Genera Más, quien lo contactó para promocionar a CAME y “su plan de inversión segura y con rendimientos atractivos”.
Él descargó la aplicación Techcreo CAME, plataforma que era operada por la empresa a Techcreo, a la que ahora ningún ahorrador puede acceder; ahí se quedaron sus comprobantes, apertura de cuenta y toda la información sobre su cuenta y movimientos.
La empresa se ha deslindado de la situación por la que atraviesan los ahorradores y el pasado 15 de abril, ante los reclamos de la gente que no podía acceder, informó que la plataforma de Techreo nunca presentó intermitencias; aseguró que es la entidad financiera quien ha decidido interrumpir el servicio y que “los productos financieros ofrecidos a través de la aplicación son responsabilidad de CAME”.
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“Creo que esto se trata de un fraude porque a finales del año empezó con una campaña muy fuerte de marketing para que invirtiéramos más e invitáramos a más gente a cambio de regalos. Hicieron una captación de recursos muy rápida”.
La financiera, dice César, les daba un iPhone por cada millón de pesos que invertían. En su caso depositó 5 millones y recibió cuatro teléfonos debido a que también había un tope.
CAME también promocionaba otros premios como teléfonos inteligentes, audífonos, televisiones, electrodomésticos y hasta autos para captar más dinero y más clientes que se veían atraídos por el rendimiento del 16 % que ofrecían, el 2 % cashback y su experiencia en el sector por más de 30 años.
César hace un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum para que intervenga en el caso, se localice a los apoderados legales de la empresa y al director general.
“Que se genere una orden de aprehensión contra ellos, que bloqueen sus cuentas, hagan embargos para devolvernos nuestros ahorros, somos muchos los afectados y el seguro no cubre lo que invertimos (…) Lo que pedimos es que se restructure, que no la dejen quebrar porque si quiebra se activa el seguro y no recuperaremos nuestro ahorro, solo lo que cubre el seguro. Queremos todo nuestro dinero”, señala.
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El gobierno de Milei busca reintegrar al sistema financiero local los dólares no declarados por los argentinos.
A principios de 1975, Rubén Stupiello decidió vender una casa en Buenos Aires y depositar sus pesos en un banco argentino, atraído por una alta tasa de interés que le permitiría hacer más dinero con su dinero.
La estrategia le funcionó, pero la buena racha le duró poco.
Pocos meses después, el ministro de Economía argentino de aquella época, Celestino Rodrigo, anunció el 4 de junio de 1975 un paquete de medidas económicas que derivó en una devaluación del peso por encima del 100%.
Desconcertado por la situación, Rubén se apresuró a retirar su dinero del banco. Al hacerlo, notó que los pesos equivalentes al valor de una casa le alcanzaba con suerte para comprar un auto.
El “Rodrigazo”, como se conoció al plan económico de Celestino Rodríguez, terminó de convencer a muchos argentinos que la mejor forma de ahorrar en su país era en dólares y no en una moneda local que se ha caracterizado por perder valor desde entonces.
“En Argentina, no confiamos en nuestra moneda. Después de décadas de devaluaciones muy fuertes, sabemos que quien ahorró en pesos en los últimos 50 años perdió en comparación a quien ahorró en dólares”, le dice a BBC Mundo Guido Zack, doctor en Análisis Económico.
Pero ahorrar en dólares y depositar la divisa estadounidense en bancos tampoco resultó una garantía.
En el año 2001, en medio de una de las peores crisis económicas, el ministro de Economía de ese entonces, Domingo Cavallo, impuso restricciones al retiro de los dólares que los ahorristas tenían en el sistema bancario.
Esta medida, que se conoció como “Corralito”, terminó con la caída del gobierno de ese entonces y con una pesificación forzosa de esos ahorros en dólares a un tipo de cambio menor al que regía antes de la crisis.
A la desconfianza en el peso se sumó la desconfianza en los bancos, por lo que muchos ahorritas escondieron en sus casas los “verdes” (como se conoce en Argentina al dólar) para un uso futuro.
Así nació la expresión: “debajo del colchón”, una práctica que rápidamente se convirtió en hábito entre los argentinos.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos calcula que unos US$246.000 millones están por fuera del sistema bancario argentino, según el informe “Balanza de pagos, posición de inversión internacional y deuda externa” de 2024.
La cifra supera ampliamente a las reservas internacionales del Banco Central de Argentina que rondan los US$38.300 millones y se calcula que representan el 45% del PIB del país.
Por eso, el gobierno de Javier Milei quiere reinsertar esos dólares en el sistema.
“Los que tienen los dólares bajo el colchón son los héroes que van a sacar adelante este país”, sostuvo el mandatario en el Congreso Económico Argentino de abril pasado.
“Ustedes no metieron dólares abajo del colchón porque odian al país. Lo hicieron porque del otro lado había un conjunto de delincuentes que les robaron con el impuesto inflacionario”, remató.
“Bajo del colchón”
En esa dirección, el gobierno anunció a mediados de mayo un plan que habilita a las personas con ahorros no declarados a utilizar ese dinero para comprar una propiedad de hasta US$43.000 o colocar hasta US$85.000 en plazos fijos en los bancos sin justificar su origen.
“Este cambio de régimen apunta a devolverle la libertad a la gente y dejar de pensar que la gente que se tuvo que refugiar en el mercado informal son delincuentes”, agregó el ministro de Economía, Luis Caputo.
La medida llega después del exitoso blanqueo de capitales por US$22.500 millones que alcanzó el gobierno el año pasado y del nuevo préstamo del FMI por US$20.000 millones.
“Me dijeron, no sé si es verdad, que hay más de US$200.000 millones bajo el colchón y Dios sabe dónde. Si ese dinero se invierte en Argentina, imaginen lo que sería ese país”, comentó la directora del organismo, Kristalina Georgieva, en un evento con legisladores organizado en Washington.
Pero, ¿de qué hablamos cuando los argentinos se refieren a los dólares “en el colchón” y qué nos dicen sobre el problema crónico de la escasez de divisas de su economía?
Santiago, un empresario gastronómico de 37 años, dice que nunca depositó sus ahorros en un banco y que adoptó esta posición, al igual que gran parte de los argentinos, al mirar la experiencia de su familia de las últimas décadas.
“Mi papá perdió US$40.000 en la década de 1990 de la noche a la mañana un día que el banco con el que operaba cerró. Después, en plena crisis de 2001, otro banco no le dejó sacar sus ahorros por un tiempo. No quiero que me pasé eso”, dice.
La expresión de los “dólares bajo del colchón” hace referencia a los ahorros no declarados, en moneda estadounidense, que no entran al sistema. Pueden estar escondidos en las casas, atesorados en las cajas de seguridad físicas de los bancos o depositados en cuentas en el exterior.
“La manera de protegernos de las devaluaciones y la inflación es ahorrar en moneda extranjera y ahorrar los dólares en billetes. Algunos, esos billetes los ponemos debajo del colchón, que es un eufemismo para decir que escondemos los dólares en nuestras casas”, dice Guido Zack.
De acuerdo al especialista, los incentivos para depositar los ahorros en pesos en el banco no logran compensar la inflación crónica por la que pasa el país. Por lo tanto, destinar los pesos a un plazo fijo en moneda local no siempre termina siendo favorable.
“En los últimos años ahorrar en moneda local en el sistema financiero no ha sido lo más conveniente para los argentinos. Pero eso es algo que debe cambiar, si queremos estabilizar nuestra economía”, añade.
Impacto en la economía
Esta práctica complica mucho la economía local.
Argentina ha sufrido constantes ciclos de estancamiento económico y en buena medida esto se debe a esta escasez crónica de dólares.
“En nuestro sistema bancario faltan esos US$250.000 millones de los argentinos que están fuera del sistema”, dice Zack.
La ausencia de estos dólares en los bancos se traduce en la escasez de reservas internacionales en el Banco Central, que es aquello que un país necesita importar más productos y así hacer crecer su economía.
Cuando los argentinos ahorran en dólares lo que hacen es básicamente sacarlos del circuito económico. Por lo tanto, estos no son dólares que se usen para consumir ni para prestarle a una empresa para que invierta. Por el contrario, son “dólares que están quietos”.
“Y ese es un gran problema de la economía argentina”, explica el economista.
Si toda persona que tiene capacidad de ahorro, en lugar de utilizarla para financiar inversión en la economía local, lo que hace es comprar dólares y sacarlos del sistema, va a haber mucha menos disponibilidad de dólares para prestarle a las empresas dice Zack.
También habrá muchos menos dólares para acumular reservas y estabilizar el tipo de cambio, que es uno de los principales problemas de la economía argentina de la última década.
“Tus dólares, tu decisión”
Para recuperar esos dólares que Argentina necesita, el gobierno de Milei presentó un plan que consiste en no preguntar sobre el origen del dinero no declarado que se utilice para comprar una propiedad o que se deposite en un banco.
“Tus dólares, tu decisión”, anunció el vocero presidencial de Javier Milei, Manuel Adorni, en una rueda de prensa el 22 de mayo pasado.
“Lo tuyo es tuyo y podés gastarlo como quieras sin tener que andar demostrando a cada rato de dónde lo sacaste. Los argentinos vuelven a ser inocentes hasta que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero demuestre lo contrario”, agregó.
“Este cambio de régimen apunta a devolverle la libertad a la gente y dejar de pensar que la gente que se tuvo que refugiar en el mercado informal son delincuentes”, sostuvo el ministro de Economía, añadió Luis Caputo.
Esta medida, que se presenta a cinco meses de las elecciones de medio término en Argentina, ha generado controversia.
“¿Dónde están los incentivos? Parecen que si haces las cosas mal salís premiado y si las haces bien estás castigado. Los incentivos están totalmente cruzados”, dice el empresario gastronómico entrevistado por BBC Mundo sobre esta medida que permite blanquear dinero no declarado.
“El relajamiento de la información puede terminar por fomentar la informalidad. Si el Estado no puede controlar el origen de ese dinero, uno puede pensar: ¿Para qué voy a pagar mis impuestos? Y esa es una actitud muy egoísta y totalmente contraria a la solidaridad de un país”, comenta Zack.
Por su parte, la secretaria de Comunicaciones del FMI, Julia Kozack, recordó que Argentina se comprometió “a fortalecer la transparencia financiera y respetar las normas antilavado”.
“Cualquier medida nueva que pueda tener como objetivo alentar el uso de activos no declarados debe ser coherente con estos compromisos. Lo único que puedo decir ahora es que estamos viendo lo que está ocurriendo con suma atención”, alertó.
El gobierno argentino intenta por todos los medios sacar los dólares del colchón. Una ambición que comparten -y han intentado conseguir con poco éxito- los presidentes que antecedieron a Milei desde 1980 hasta la fecha.
La pregunta de fondo es si hoy existen los incentivos necesarios para que los argentinos recuperen la confianza en sus entidades financieras y, en última instancia, en su propia moneda.
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