Amnistía Internacional alerta sobre un patrón de represión y criminalización de la protesta social en México
Amnistía Internacional advirtió que en México existe un patrón de represión y estigmatización de la protesta social por parte de autoridades, orientado a deslegitimar las causas que la motivan, particularmente visible en los últimos meses y documentado durante este año en al menos 14 estados del país, que afecta de manera principal a personas racializadas no blancas, integrantes de pueblos originarios y mujeres.
La organización señaló a través de un comunicado que estos hechos “afectan de manera importante el derecho de las personas a la reunión o protesta pacífica”, un derecho que calificó como una vía legítima para “llamar la atención sobre hechos violatorios de derechos humanos, cuando otras formas de negociación con el Estado no han dado resultado”.
Subrayó además que la actuación de las autoridades en contextos de manifestaciones pacíficas “no está guiada por los estándares internacionales de derechos humanos”, lo que deriva en “uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y otras violaciones graves de derechos humanos”.
Criminalización de la protesta mediante figuras penales ambiguas
Amnistía Internacional alertó que la criminalización de la protesta se apoya en figuras penales ambiguas.
En los hechos, señaló, “delitos como la obstrucción a las vías públicas y oposición a la obra pública y otros de tipo ambiguo como motín, pandillerismo e incluso secuestro —incluidos en los Códigos penales federal y estatales— son utilizados para criminalizar a las personas que ejercen su derecho a la manifestación pacífica”.
En ese sentido, enfatizó que “el mero ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica no debe tratarse como un delito penal”.
El comunicado también destacó que las autoridades deben facilitar las manifestaciones, no tratarlas como una amenaza y evitar prácticas como el encapsulamiento. Asimismo, recordó que “las detenciones arbitrarias están prohibidas en todo momento” y que el uso de la fuerza solo puede darse como último recurso y bajo los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
El organismo recordó que la protesta pacífica está protegida por el derecho internacional de los derechos humanos y que el Estado mexicano tiene la obligación de respetar y garantizar este derecho sin discriminación.
También subrayó que las autoridades deben abstenerse de estigmatizar a quienes protestan y que las manifestaciones “no deben ser vistas desde el principio como violentas”.
Represión documentada en al menos 14 estados
La represión de protestas sociales, indicó el organismo, se ha observado este año en Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán.
Amnistía Internacional destacó además que estas prácticas tienen un impacto diferenciado, pues “va dirigida principalmente a personas racializadas no blancas, a personas de pueblos originarios, o mujeres que reclaman el ejercicio pleno de sus derechos humanos”.
Entre los ejemplos de movilización social mencionados se encuentran las marchas del 8 de marzo, por el Día Internacional de la Mujer; del 10 de mayo, “Por la dignidad nacional, Madres buscando a sus Hijos, Hijas, Verdad y Justicia”, y la del 25 de noviembre, por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Asimismo, señaló que las personas de comunidades originarias recurren a la protesta pacífica para defender sus tierras “de la invasión de grandes empresas que buscan explotar sus recursos naturales en detrimento de poblaciones enteras”.
Amnistía Internacional documentó que el 8 de marzo de 2025 mujeres que participaron en las marchas fueron agredidas en diversos estados. Según el comunicado, se reportaron “al menos 16 detenciones arbitrarias en Hidalgo, Chihuahua y Coahuila; el uso de gas lacrimógeno en los estados de Yucatán, Estado de México, Ciudad de México, Oaxaca, Chihuahua e Hidalgo”, así como “golpes y encapsulamientos a mujeres” en Hidalgo. En Veracruz, San Luis Potosí y Nuevo León, agregó, hubo “diversos tipos de agresiones, incluso por redes sociales, en contra de las mujeres que protestaban”.
La organización también recordó detenciones y agresiones contra mujeres que protestaban en Puebla en agosto, así como la detención de 105 estudiantes de la Escuela Normal Rural Carmen Serdán en septiembre, “por al menos 400 elementos policiales estatales y municipales, con uso excesivo de la fuerza”.
Además, señaló hechos de represión en manifestaciones conmemorativas del 2 de octubre en el Estado de México, agresiones contra periodistas documentadas en noviembre y actos para impedir protestas estudiantiles en Guanajuato y Chiapas, así como el uso excesivo de la fuerza en manifestaciones del 15 de noviembre en la Ciudad de México.
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Según cifras del gobierno, 14,2 millones de personas viven bajo el nivel de pobreza en Reino Unido. Algunas familias dependen de bancos de alimentos para cubrir todas sus necesidades.
El esposo de Nicole, una madre de cinco hijos que vive en el Gran Manchester, en el noroeste de Inglaterra, trabaja a tiempo completo, pero el dinero no le da para llegar a fin de mes.
Y aunque asegura que a sus pequeños no les falta lo esencial, la familia ha tenido que recurrir a bancos de alimentos para atender todas sus necesidades.
Esto pese a la presión social generada por las personas que ven con recelo las prestaciones sociales para los más necesitados en Reino Unido.
“Me avergonzaba usar los bancos de alimentos, especialmente con mi esposo empleado. Pero algunas personas no se dan cuenta de los problemas [económicos] que pueden enfrentar las familias aun cuando trabajan”, sostuvo Nicole el pasado noviembre en una entrevista con la BBC sobre un posible aumento de ayudas sociales para los hogares con más de dos niños.
“Ellos no se dan cuenta de que las circunstancias de todos no son iguales. Y son los niños los que están sufriendo por ello, ¿cómo puede la gente ignorar eso?”, agregó.
La familia de Nicole no está sola en esta problemática.
El gobierno estima que 14.2 millones de personas están bajo el nivel de pobreza luego de pagar los costos relacionados con la vivienda.
Mientras que el número de niños en situación de pobreza en Reino Unido alcanzó su nivel más alto desde que comenzaron los registros comparativos en 2002.
Para abril de 2024, 4.5 millones de menores eran parte de un hogar con ingresos relativamente bajos, según la medida oficial del gobierno para definir la pobreza.
La cifra, publicada por el Departamento de Trabajo y Pensiones, supone un aumento de 100 mil niños respecto al año anterior, y equivale al 31% de los niños del país.
El número aumentó drásticamente desde 2021, y Child Poverty Action Group (CPAG), una ONG que investiga sobre la pobreza infantil en Reino Unido, predice que 4.8 millones de niños estarán en situación de pobreza para el final de término del actual gobierno laborista (2029-30).
Adam Corlett, un economista del think thank Resolution Foundation, le dijo a la BBC en marzo que “los datos más recientes son un recordatorio contundente de la magnitud de la privación entre las familias, con casi un tercio de los niños en Gran Bretaña viviendo ahora en la pobreza”.
En peligro la Navidad
Danielle, una madre de cuatro niños, tuvo una relación de 15 años con el padre de sus hijos que terminó en enero.
Ahora está sola y sin empleo; dejó su trabajo para cuidar a uno de sus pequeños que tiene una discapacidad.
En una entrevista con la BBC también en noviembre, comentó que tuvo que advertirle a sus niños sobre la posibilidad de no poder regalarles “mucho” por Navidad.
“Ahora estoy sola y es difícil”, sostuvo.
Cuando Danielle se separó de su pareja, ella y sus hijos, de entre dos y 13 años, recibieron apoyo de la organización benéfica para personas sin hogar The Wallich.
La familia fue trasladada a un alojamiento temporal, pero la mudanza significó que “perdió parte de su red de apoyo”, comentó, por su parte, Jamie-Lee Cole, quien trabaja en la ONG.
“Y ahora estoy en esta situación en la que no puedo ir a trabajar, pero espero que algún día pueda volver a hacerlo”, añadió Danielle, de 32 años.
La mujer afirmó que sus hijos carecen de “muchas cosas” y que está preocupada por la temporada festiva.
“Hoy en día nada es barato”, indicó.
“Les dije que pueden tener lo que yo pueda permitirme, y si no lo tienen, no hay nada que pueda hacer”.
Danielle y Nicole, ambas en entrevistas realizadas en fechas separadas, afirmaron que una nueva política impulsada por el gobierno Laborista del primer ministro Keir Starmer podría ser de gran ayuda para sus familias.
La iniciativa, sin embargo, no entrará en vigor hasta 2026.
Un aumento en las ayudas
Desde 2017, por una política aprobada durante el gobierno del conservador David Cameron, en Reino Unido las familias de bajos ingresos están impedidas de reclamar ayuda social para más de dos hijos.
Datos publicados por BBC News en noviembre señalan que esto hizo que 1.6 millones de niños que pertenecen a familias numerosas no pueden solicitar ayudas.
Este límite se eliminará a partir de abril de 2026, según anunció la actual ministra de Hacienda, Rachel Reeves, en la presentación del nuevo presupuesto.
La organización benéfica Trussell Trust, que dirige una red de bancos de alimentos, dijo que el límite de dos hijos es “el principal factor que impulsa la pobreza infantil” y eliminarlo sería “lo correcto”.
La organización afirmó que la limitación empujó a millones de familias a una mayor precariedad e impide que los niños tengan un “buen comienzo en su vida”.
“Cada semana, los bancos de alimentos en la red de Trussell apoyan a padres que han hecho todo lo posible para proteger a sus hijos del hambre”, dijo Helen Barnard, directora de políticas en Trussell.
“Se saltan comidas durante semanas para que los niños tengan suficiente para comer, convirtiendo en juegos el envolverse en mantas para evitar encender la calefacción, intentando fingir que todo está bien, pero no lo está”, agregó.
El gobierno laborista recibió críticas de la oposición en el Parlamento, que alega que ha perdido el control del sistema de bienestar, y que el coste de su medida caerá sobre los contribuyentes.
Revees insiste en que está “totalmente financiado”, porque su administración atendió los problemas de fraude y los errores en el sistema de bienestar, y tomó medidas contra la evasión fiscal y reformó los impuestos sobre las apuestas de juego.
Un concepto errado
Nicole afirma que hay un “concepto errado” sobre las familias que reciben ayudas del gobierno.
Y que esa idea hace que sus problemas sean peores.
“He trabajado desde que tengo 13 años, siempre le he pagado al sistema y ahora, cuando lo necesito, siento que no está ahí para nosotros”, comentó.
De acuerdo con el Departamento del Trabajo y Pensiones, 59% de los hogares que se vieron afectados por la restricción de dos hijos tienen personas que trabajan.
Desde que tuvo su hijo más joven, dice que el costo de vida ha incrementado. Ahora está constantemente preocupada por el dinero.
Y siento que ha sido “castigada” por tener más de dos hijos.
“Nuestros hijos siempre tienen lo necesario, nos aseguramos de ello, pero es una preocupación constante. Comida, libros, uniforme escolar”, señaló.
“Llevo 12 años usando la misma ropa”, dijo la mujer de 30 años”.
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