La ASEA reserva ubicación exacta de gasoducto en Los Cabos; organizaciones advierten posibles daños ambientales
Para entender mejor
La empresa Gas Natural del Noroeste, S.A. de C.V. presentó ante la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) la Manifestación de Impacto Ambiental en modalidad regional (MIA-R) del proyecto Sistema de Distribución de Gas Natural por medio de Ductos en la Zona Geográfica Única: Los Cabos que busca realizar en el municipio de Los Cabos, Baja California Sur. Organizaciones ambientales advirtieron que el documento presenta omisiones técnicas graves, riesgos ambientales significativos y una posible inviabilidad jurídica del proyecto.
Tras realizar un análisis técnico de la MIA-Regional ciudadanos y organizaciones ambientales detectaron omisiones al iniciar el proceso de consulta pública que anunció la ASEA en su Gaceta Ecológica.
En la Gaceta Ecológica de la ASEA No. 37, publicada el 18 de septiembre de 2025, se informó que tanto la MIA-R como el Estudio de Riesgo Ambiental estarían disponibles para las personas en el sitio web http://transparencia.asea.gob.mx/consultapublica con la clave del proyecto 03BS2025G0021.
De manera física, el expediente del proyecto estuvo disponible en las oficinas de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos en la dirección bulevar Adolfo Ruiz Cortines 4209, en la colonia Jardines en la Montaña, alcaldía Tlalpan, C. P. 14210, Ciudad de México, y en la Oficina de Representación de la Semarnat en el estado de Baja California Sur.
Como parte del proceso de consulta pública para este megaproyecto en Los Cabos, diversas organizaciones de la sociedad civil, como BCSicletos, realizaron una análisis técnico exhaustivo de la MIA y del análisis de riesgo del sector hidrocarburos.
Las organizaciones exhibieron que la ASEA reservó información sobre la ubicación exacta del proyecto y advirtieron que eso impide medir el impacto ambiental real; además, evidenciaron graves omisiones técnicas, riesgos ambientales significativos y una potencial inviabilidad jurídica del proyecto.
El proceso de consulta pública inició el 18 de septiembre de 2025 y permaneció abierto hasta el 16 de octubre del mismo año.
El gasoducto que amenaza con su trazo la riqueza de Los Cabos
En la Manifestación de Impacto Ambiental que presentó ante la ASEA, la empresa Gas Natural del Noroeste, S.A. de C.V., describe que el megaproyecto “Sistema de distribución de Gas Natural por medio de ductos en la zona geográfica única: Los Cabos” prevé 30 años de operación y mantenimiento, en caso de que sea viable su construcción.
Preparar el sitio y construir el gasoducto en el Noroeste llevaría a la empresa entre 1 y 12 años de obras.
El proyecto consiste en la preparación de un sitio destinado a la distribución, principalmente de Gas Natural con una cantidad de reporte de 59,632.306 m3 sobre una superficie que contempla la instalación de 150,696.05 metros lineales de gasoductos de diversos diámetros y materiales, así como la construcción de un City Gate, estaciones de regulación y medición.
Organizaciones ambientales que analizaron la MIA alertan que esta construcción pretende extenderse a lo largo de 150 kilómetros entre Cabo San Lucas y San José del Cabo.
En la MIA aparece reservada información del promovente, como datos generales del mismo y del responsable técnico encargado de la elaboración del estudio de impacto ambiental, de acuerdo con el Artículo 115 de la Ley General de Transparencia Acceso a la Información Pública (LGTAIP).
El responsable encargado de la elaboración del estudio de impacto ambiental para el megaproyecto del gasoducto en Los Cabos es la empresa Asesoría en Aprovechamiento de Recursos Naturales en Zonas Áridas S.C. (AARNZA), un negocio local que según la información de su página en la red social Facebook se ubica en la calle San Francisco #503 Fracc. San Antonio., Gómez Palacio, México.
Este negocio no cuenta con un sitio web vinculante para conocer en qué otros proyectos ha trabajado para realizar evaluaciones de impacto ambiental en relación con el manejo, distribución y construcción de gasoductos.
Sin embargo, según la descripción la AARNZA presta servicios de asesoría y gestión ambiental y forestal: MIAS, CUSTF, restauración de suelos, reforestaciones, rescates de flora y fauna, informes. Con solo 508 seguidores, su última publicación fue el 10 de mayo de 2024.
Entre los participantes en la elaboración de esta evaluación de impacto ambiental se encuentran dos ingenieros agrónomos con especialidad en bosques y maestros en ciencias sobre gestión ambiental; dos ingenieros forestales; un ingeniero en restauración forestal y un ingeniero en minas.
Reservan información sobre el paso del gasoducto
Pese a que la información sobre la ubicación del proyecto fue reservada por la ASEA, en la descripción la empresa y la consultora señalan que el área de afectación se mide en metros cúbicos (m3) y se refiere al volumen que alcanzará la zanja para proteger la tubería del gasoducto a construir. En cambio, en el caso de los cruces carreteros tendrán una profundidad de 1.50 metros (m).
En la descripción también se contempla que el gasoducto pase por 2 cruces con cuerpos de agua los cuales tendrán 1.20 metros de profundidad, y habrá 22 cruces carreteros y 3 con líneas de transmisión.
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Según el estudio, la superficie de afectación contempla un total de 33 m3, los cruces por cuerpos de agua, un total de 2.40m3 de daño; los cruces de línea eléctrica, un total de 4.5 m3 afectados.
Finalmente, la MIA contempla una superficie afectada por cruces con camisa de 34.50 m3 y cruces sin camisa de 6 m3, es decir, ocupan una superficie total de 39.90 m3. Estas obras se contemplan dentro del sistema de protección de los gasoductos en los cruzamientos.
La empresa promete que este megaproyecto ubicado en Los Cabos, la tercera ciudad metropolitana del estado Baja California Sur en términos de población, dará empleo a habitantes, pero sólo en las etapas de construcción, operación y mantenimiento.
En cuanto al transporte del Gas Natural, la empresa señala que se evaluaron distintas alternativas de transporte de este combustible, pero dada la magnitud del proyecto consideran que se realizarán “mínimas afectaciones” ecológicas, sociales y económicas, por la optimización en “la necesidad de material”.
Sin embargo, para analizar la inversión requerida para el proyecto la ASEA reservó la información presentada por la empresa Gas Natural del Noroeste, S. A. de C. V., por lo que los pobladores no pudieron acceder a este dato durante el proceso de consulta pública.
Organizaciones mapean posible paso de gasoducto
Para identificar el posible trazado del gasoducto en Los Cabos, organizaciones ambientales realizaron un análisis de tablas georreferenciadas en el estudio de riesgo, que ubica puntos en un radio de 500 metros (m).
De esta manera lograron identificar el trazado del gasoducto, confirmando que atravesaría las áreas urbanas de Cabo San Lucas y San José del Cabo.
El trazado que realizaron identifica y revela que el gasoducto se superpone con cuatro áreas de conservación de relevancia internacional, federal y estatal, violando la LGEEPA, la Ley del Sector Hidrocarburos y la NOM-007-ASEA-2016. Además de contravenir el Plan de Desarrollo Urbano de Los Cabos 2040 que prohíbe ductos en zona urbana.
Una de esas zonas de impacto es el Estero San José y el Área de Protección de Flora y Fauna Cabo San Lucas.
La obra, de aprobarse, eliminaría más de 150 kilómetros de superficie filtrante para recarga de acuíferos y aumentaría el riesgo de contaminación de mantos freáticos, agravando la crisis hídrica que afecta al municipio.
Respecto al impacto en el ecosistema, el gasoducto afectaría los hábitat críticos de especies protegidas por la NOM-059-SEMARNAT y la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), con especies como la garza rojiza (Egretta rufescens), reptiles y cactáceas endémicas, representando un riesgo inminente para el Estero San José, un hábitat de la mascarita peninsular (Geothlypis beldingi), especie en peligro de extinción.
Tras el proceso de consulta pública que concluyó el 16 de octubre, organizaciones ambientales en Baja California Sur llaman a la ASEA a no permitir que se construya un gasoducto en Los Cabos.
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Hasta 7 naciones o territorios en el Caribe están dando apoyo logístico al ejército estadounidense en su despliegue militar.
La creciente campaña de presión militar del presidente estadounidense Donald Trump sobre Nicolás Maduro en Venezuela cuenta con la oposición de muchos líderes latinoamericanos, pero el apoyo logístico de varias naciones en el Caribe.
En el arco geográfico que va de República Dominicana a Trinidad y Tobago han surgido distintos aliados a la “Operación Lanza del Sur” de Estados Unidos con roles disímiles.
El enorme despliegue de fuerzas militares de la primera potencia del mundo necesita todo tipo de asistencia: pistas de aterrizaje, puntos de abastecimiento, radares en puestos avanzados, maniobras o campamentos para sus soldados. También misiones de reconocimiento o espacio para almacenar equipos.
En agosto de este año, Trump ordenó el envío de tres buques de guerra de la Armada al Caribe Sur para interceptar embarcaciones sospechosas de transportar drogas que salían de Venezuela. Hasta la fecha Estados Unidos realizó más de 20 ataques contra estos botes en aguas internacionales, que causaron la muerte de más de 80 personas.
Desde entonces, el despliegue acumula en aguas de la región al menos 12 buques de guerra, un submarino nuclear, aviones, helicópteros y drones, además dos portaviones: el USS Gerald R. Ford y el Iwo Jima. Se cree que el número de efectivos militares supera ya los 15.000.
“En general, es probable que los aliados en el Caribe proporcionen vigilancia, logística o apoyo de contingencia, siendo la República Dominicana la nación que más explícitamente lo está haciendo”, le dice a BBC Mundo Evan Ellis, profesor e investigador de estudios latinoamericanos en el Instituto de Estudios Estratégicos de la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos.
“Pero todos evitarán ser puntos de lanzamiento de ataques ofensivos, a menos que las circunstancias cambien”, añade.
Washington asegura que su objetivo es frenar el tráfico de drogas hacia EE.UU., pero tanto Caracas como numerosos observadores creen que lo que se pretende es forzar un cambio de gobierno en Venezuela.
De hecho, la mayor parte del tráfico de drogas que los carteles latinoamericanos envían al norte el pasa por el Océano Pacífico oriental -el 74% de los envíos según la DEA- y no es ahí donde se concentran ahora mismo las operaciones militares.
“El hecho de que la administración Trump presente las operaciones antidroga como un acto de autodefensa nacional marca un giro profundo en la política exterior estadounidense”, afirma Björn Beam, responsable de Investigación Tecnológica y analista geopolítico senior de la firma Arcano Research.
Beam explica que al declarar un “conflicto armado” contra actores no estatales que operan desde territorio venezolano, Washington ha difuminado la frontera entre la lucha contra el terrorismo y el cambio de régimen.
“El resultado es una operación jurídicamente flexible, que podría evolucionar desde ataques limitados en el mar hasta acciones selectivas en tierra, todo ello sin necesidad de contar con la aprobación del Congreso”, añade.
Hasta el momento, además de Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses, República Dominicana y Trinidad y Tobago le han dado acceso a EE.UU. a sus infraestructuras, pero hay más.
Estas son hasta la fecha las islas y territorios que están dando cobertura al ejército estadounidense:
Aruba, Curazao y Bonaire
Aruba, Curazao y Bonaire están a 80 kilómetros de Venezuela. Son territorios de ultramar que pertenecen a los Países Bajos y aunque poseen un estatus especial y de autogobierno, su uso para cualquier ataque requeriría, en teoría, autorización del país europeo.
Estados Unidos tiene una base de operaciones avanzada en Curazao y una más pequeña en Aruba. Su misión, según fuentes oficiales, es la detección y monitoreo aéreo de presuntas actividades de narcotráfico aéreo y marítimo.
En sus conversaciones con diplomáticos y altos rangos del ejército, Ellis nota nerviosismo.
“Creo que parte de su preocupación radica en que si Venezuela percibe que apoyan militarmente a Estados Unidos, podría dirigir operaciones contra ellos. Aunque probablemente Maduro no sería tan insensato, hay inquietud ante un posible escenario como este”, dice el experto militar.
Hace tan solo unas semanas, el portal de monitoreo aéreo Flightradar24 documentó la presencia de bombarderos estadounidenses sobrevolando el espacio aéreo entre Aruba y Curazao.
Trinidad y Tobago
A 11 kilómetros de la costa este venezolana, estas islas son las más cercanas a Venezuela y por lo tanto las más expuestas. Durante mucho tiempo han sido uno de los países más perjudicados por el flujo de migrantes venezolanos y las actividades de diferentes grupos criminales.
El gobierno de Kamala Prisad-Bisisier -que asumió en mayo- ha mostrado posiciones muy proestadounidenses desde el principio. En sus primeros meses al frente del país, se reunió con el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, para estrechar lazos y favorecer el intercambio de datos de inteligencia militar.
Recientemente el gobierno de Trinidad y Tobago recibió buques de guerra estadounidenses y facilitó entrenamiento de fuerzas especiales de Estados Unidos. Prisad-Bisisier confirmó que infantes de marina estadounidenses operan en el aeropuerto de Tobago, trabajando en una pista, en una carretera y que están instalando y modernizando un radar. Además, varios aviones militares han usado la isla para reabastecerse de combustible.
El gobierno justifica el proyecto como parte de la seguridad nacional y la lucha contra el narcotráfico en sus aguas.
“Han apoyado mucho la operación de las fuerzas estadounidenses y ven con buenos ojos la presencia de infantes de marina en el territorio, pero han dejado muy claro que, a menos que Venezuela los ataque, no se lanzarán operaciones ofensivas estadounidenses desde su territorio. Esa es la línea trazada”, explica Ellis.
República Dominicana
Es otro de los países que se ha visto gravemente afectado por el flujo de drogas, el crimen organizado y la migración en la región y es el que más abiertamente ofreció apoyo logístico a la “Operación Lanza del Sur”.
Desde la primera administración de Trump, el gobierno de Luis Abinader siempre ha estado muy alineado con Washington. República Dominicana se beneficia enormemente del turismo que llega desde Estados Unidos y del acceso al mercado estadounidense a través del Tratado de Libre Comercio CAFTA-DR.
“Esta lucha contra el narcotráfico constituye una prioridad para su administración [la de Trump], por tratarse de una amenaza que afecta la estabilidad nacional y regional”, afirmó Abinader.
“Esta lucha es esencial para proteger a nuestras familias y para preservar la estabilidad. Ningún país puede ni debe enfrentarla sin aliados”, añadió.
En medio de la escalada con Venezuela, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, visitó República Dominicana y firmó una serie de acuerdos, que incluían el uso militar de zonas restringidas de la Base Aérea de San Isidro y del Aeropuerto Internacional de Las Américas.
Además, República Dominicana permite el reabastecimiento de combustible a naves estadounidenses, traslado de equipos y de personal técnico a través de su territorio.
“A Abinader le interesa la cooperación de Trump para contener el problema de Haití, pero la estrategia de las autoridades de República Dominicana de posicionarse como un aliado clave de Washington responde a la ambición de tener un papel más importante en los asuntos regionales”, estima el profesor de la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos.
“Por ejemplo, recientemente, el país solicitó integrarse como miembro asociado de Caricom, un espacio clave para el comercio y la cooperación de las naciones del Caribe, lo que aumentaría considerablemente su cooperación en temas como el intercambio de información de inteligencia contra el crimen organizado”, dice Ellis.
El apoyo a las operaciones de Estados Unidos se presenta como temporal, técnico y limitado, enfocado en reforzar vigilancia aérea y marítima contra el crimen organizado transnacional.
Granada
La distancia entre la isla de Granada y Venezuela es de aproximadamente 145 km en línea recta a través del mar Caribe.
EE.UU. solicitó instalar equipos de radar y personal técnico de forma temporal en el Aeropuerto Internacional Maurice Bishop. Ellis señala que esta solicitud se remonta al mandato de Biden o incluso antes, pero al parecer está siendo efectiva ahora.
“Como parte de la lucha contra el narcotráfico, Granada necesita un radar para su aeropuerto que le dé visibilidad sobre vuelos con posibles cargamentos. El ejército estadounidense estaba de visita, pero no ha trascendido públicamente si era para la instalación o se llevaron a cabo conversaciones técnicas que ayuden a instalarlo”, afirma Ellis.
Washington es uno de los principales socios comerciales de Granada. El país se beneficia de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC), que otorga entrada libre de aranceles a muchos de sus productos.
Granada y Estados Unidos han firmado varios tratados para facilitar la cooperación policial y el intercambio de información y el ejército de EE.UU. ha proporcionado capacitación y equipo a las fuerzas de seguridad granadinas.
Puerto Rico e Islas Vírgenes de EE.UU.
Los dos territorios estadounidenses, que se encuentran aproximadamente a 800 kilómetros de Venezuela, se están utilizando para albergar personal militar y brindar apoyo logístico a las operaciones.
Según una investigación gráfica realizada por la agencia Reuters, la estación naval estadounidense Roosevelt Road -una antigua base de la Guerra Fría clausurada en 2004- se encuentra en proceso de modernización, con la repavimentación y la ampliación de las pistas, en las que ya están operando aeronaves de gran tamaño, como el gigantesco Boeing C-17 Globemaster, usado por las fuerzas estadounidenses para el transporte rápido de tropas y de suministros.
Además, la Administración Federal de Aviación (FAA) anunció una zona de vuelo restringida que afectará el espacio aéreo frente a la costa sureste de Puerto Rico desde el 1 de noviembre de 2025 hasta el 31 de marzo de 2026.
Esto facilitaría las operaciones militares de alta intensidad cerca del Aeropuerto José Aponte de la Torre. Allí han sido desplegados los cazas F-35 de última generación movilizados por el Pentágono y se han visto operaciones de aviones de combate y transporte.
En estas instalaciones se queda la mayor parte del personal terrestre.
También hay registro de aviones militares en el Aeropuerto Henry E. Rohlsen de Islas Vírgenes, que funciona como plataforma operativa y logística para despliegues regionales.
En Saint Croix, la mayor de las Islas Vírgenes estadounidenses, se aloja personal militar adicional en el “Man Camp” de Port Hamilton Refining and Transportation (PHRT).
Y el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) reportó que la Base Naval que Estados Unidos tiene en la Bahía de Guantánamo (Cuba) ha aumentado el número del personal militar estacionado permanentemente.
¿Desde donde se lanzaría?
Todo este progresivo aumento de fuerzas lleva a una pregunta. Si hay una operación de Estados Unidos, ¿cuál es el punto en el que se lanzararía?
“Cualquier operación se lanzaría desde múltiples puntos. Personalmente, creo que podríamos ver ataques terrestres limitados antes de una operación de derribo importante”, cree Ellis.
“Si hubiera ataques terrestres limitados, probablemente provendrían de misiles estadounidenses, tal vez los misiles Tomahawk. Porque Venezuela aún tiene algunas defensas aéreas bajo su control. No son las mejores, pero los sistemas rusos S-300, por ejemplo, representan una amenaza para las aeronaves de Estados Unidos”, añade.
Por eso, cree el experto, no se lanzarían los F-18 de los portaaviones mientras esas defensas aéreas siguieran funcionando.
“Quizás podríamos ver el despliegue militar de algunas Fuerzas de Operaciones Especiales en el terreno, pero si tuviera que adivinar, diría que los ataques iniciales serían con misiles, simplemente porque es la forma más segura de hacerlo”.
“También se podrían lanzar misiles desde submarinos, ya que con un submarino se puede llegar relativamente cerca. Pero si se realizara una operación mayor, probablemente se necesitarían múltiples bases”.
Según el CSIS, las fuerzas estadounidenses comprometidas actualmente son insuficientes para un desembarco anfibio o una invasión terrestre. Esto requeriría al menos 50.000 soldados. “Sin embargo, los recursos aéreos y navales acumulados en los últimos tres meses han proporcionado suficiente potencia de fuego al Caribe para lanzar ataques aéreos y con misiles contra Venezuela”, explican los expertos del think tank.
Mapas por Caroline Souza y diseño de imagen por Daniel Arce, del Equipo de periodismo visual de BBC Mundo
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