En México 4.18 millones de hogares enfrentan la ausencia paterna y son sostenidos por madres trabajadoras
Luna Suástegui es madre soltera de dos niñas. Cuando nació la menor, de nombre Aitana, su entonces pareja ejercía violencia de género contra ella, por lo que decidió separarse. Su historia se suma a la realidad que enfrentan 4 millones 180 mil familias en México que viven sin la presencia del padre.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el país existe una población de 44.9 millones de hombres mayores de 15 años, de los cuales 21.2 millones son padres de al menos un hijo o hija. De esta última cifra, 4 millones 180 mil —lo equivalente al 9.3%— corresponden a padres ausentes.
Un año después del nacimiento de Aitana, Luna se separó de su pareja debido a la violencia ejercida en su contra, lo que derivó en que ella asumiera por completo la responsabilidad económica y de cuidados del hogar. Así se convirtió en una de las siete de cada diez mujeres trabajadoras que sostienen su hogar.
De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), estos 4 millones 180 mil hogares sin figura paterna son sostenidos por madres trabajadoras. De ellas, siete de cada diez buscan empleos más flexibles; sin embargo, estos suelen ser mal remunerados y carecen de prestaciones de ley, por lo que muchas optan por trabajar por cuenta propia o en la informalidad.
No obstante, el sustento económico no es la única carga que Luna asumió tras la separación. También es la única responsable de las tareas domésticas y del cuidado de sus hijas. Incluso cuando convivía con el padre de Aitana, era ella quien dedicaba más tiempo a estas actividades.
Según datos del IMCO, en promedio las mujeres dedican 40 horas a la semana al trabajo de cuidados y del hogar, mientras que los hombres dedican 15.9 horas. Esta diferencia equivale, en la práctica, a un segundo empleo no remunerado, sin horario definido ni reconocimiento institucional.
Tras la separación, el padre de Aitana accedió a aportar una cantidad mínima para su manutención: 500 pesos semanales. Sin embargo, con el tiempo dejó de darlos.
Según datos del INEGI sobre divorcios, en el 42% de los casos en los que se exige una pensión alimentaria, esta es concedida. Sin embargo, solo 2 de cada 10 mujeres consideran esa pensión como un ingreso confiable para sus hijos, debido a que rara vez cubre sus necesidades. Además, no todos los hombres obligados a pagarla la cumplen, razón por la cual existe el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM).
Luna no pudo exigir una pensión alimentaria porque nunca presentó una denuncia formal contra el padre de Aitana, lo que también le impidió ingresarlo al REDAM. Esta situación permitió que él sustrajera a la niña sin enfrentar consecuencias legales. A dos años de lo ocurrido, Aitana sigue desaparecida y se mantiene activa una Alerta Amber.
El caso de Luna no solo ilustra lo que reflejan las cifras, sino que también muestra cómo los padres ausentes pueden afectar a las infancias, incluso utilizarlas como medio para dañar a las madres. A este tipo de agresión se le conoce como violencia vicaria.
La psicóloga Itzel Bazán, especialista en terapia familiar por la Universidad de Londres, explica que los efectos de la ausencia paterna en los hijos pueden ir desde una baja autoestima —provocada por la falta de validación y apoyo— hasta dificultades para establecer límites y vínculos afectivos sólidos con otras personas.
Además, señala que los hijos de padres ausentes que también fueron expuestos a violencia son propensos a desarrollar problemas de ira, lo que puede derivar en violencia física o psicológica hacia sus madres u otras personas.
“Son víctimas a quienes se les ha enseñado que la violencia es una forma de tratar con los demás mediante agresividad y manipulación”, puntualizó.
Deudores alimentarios: ¿cuántos hay?
Aunque no existe un registro exacto de la cantidad de deudores alimentarios en México, sí hay mecanismos legales para identificarlos y aplicar las consecuencias correspondientes. Uno de ellos es la Ley Sabina, impulsada en 2021 por la activista Diana Luz Vázquez, quien también propuso la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.
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La Ley Sabina contempla una serie de reformas que permiten reunir los nombres de los hombres que incumplen el pago de pensión alimentaria, con el objetivo de restringirles la posibilidad de salir del país, tramitar documentos oficiales como licencias de conducir y pasaportes, comprar propiedades, ocupar cargos públicos o contraer matrimonio, caso en el cual debe activarse una alerta en el registro civil.
Esta ley generó controversia, pues varios hombres afectados denunciaron que se estaba vulnerando su derecho a la dignidad. No obstante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que, al no tratarse de una sanción absoluta ni permanente, su aplicación es proporcional al objetivo de desincentivar el incumplimiento de la obligación alimentaria.
En otras palabras, las sanciones establecidas por la ley se suspenden una vez que el deudor cumple con sus responsabilidades.
Aunque la ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en 2023, aún hay entidades que no han legislado para aplicarla. En otras, pese a su aprobación, todavía no existe un registro activo de deudores.
En el marco del Día del Padre, las cifras permiten observar que detrás de los 4.18 millones de padres ausentes hay millones de madres trabajadoras que sostienen sus hogares y asumen, en solitario, las responsabilidades derivadas de paternidades eludidas.
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Miles de inversores apostaron a colocar sus ahorros en lo que creían que era engorde de ganado en Uruguay. Pero la realidad era muy distinta.
Un prominente empresario que se suicida, cientos de millones de dólares que se desvanecen, miles y miles de supuestas vacas de las que no existen ni los huesos y una de las mayores estafas que Uruguay jamás haya conocido.
“Engordamos tus ahorros. Invertí en el negocio más seguro de la historia”, proclamaba Conexión Ganadera, empresa pionera en fondos de inversión ganaderos en el pequeño país sudamericano en el que por cada tres personas hay 10 vacas.
Pero lo que prometía ser un negocio sin fisuras acabó siendo un esquema Ponzi, una estafa piramidal a la que se investiga por presunto lavado de activos a gran escala.
El escándalo le explotó en la cara al país más vacuno del mundo y desnudó las carencias de un sistema de identificación de cada animal del que Uruguay se jactaba como único en el planeta.
¿Cómo se llegó a eso? Esto es lo que ocurrió.
La génesis del engaño
Conexión Ganadera nació en 1999.
Captaba fondos de inversores –principalmente locales y argentinos– con la promesa de ser el nexo con productores rurales.
El inversor ponía el dinero, Conexión Ganadera compraba el equivalente a ese dinero en vacas y se las cedía temporalmente a un productor para que las engordara.
A cambio, el inversor –que no necesitaba tener ningún conocimiento agropecuario– recibiría un porcentaje fijo de rentabilidad.
En sus inicios ofrecía más del 20% anual en dólares. Últimamente las tasas oscilaban entre el 7% y el 11% anual en divisa estadounidense, dependiendo del monto de la inversión y el plazo.
Al cabo de determinado tiempo, el animal crecía lo suficiente como para ser vendido –por un precio muy superior al que se había pagado– por lo que el productor agropecuario obtenía una suculenta diferencia con la que pagar el arriendo del campo más insumos, costos laborales y demás, y quedarse con su ganancia.
O al menos eso era lo que decían.
“La vaca siempre tuvo la nobleza de producir lo suficiente para que el inversor no perdiera con este sistema”, afirmaba en 2023 Pablo Carrasco, uno de los dueños de la empresa, en una presentación ante clientes.
“Esto es ganar-ganar, y 24 años alcanzan para que uno esté seguro de que eso es así”.
Hasta ese momento la firma siempre había cumplido con sus pagos.
Pero no faltaba mucho tiempo para que el desfalco quedara expuesto y se supiera que la cantidad de ganado que debían tener no estaba.
¿Se compró alguna vez? Si así fue, ¿adónde fue a parar? La justicia uruguaya lo está investigando.
Un esquema Ponzi
A comienzos de 2025, Conexión Ganadera anunció que no podría cumplir con los pagos a sus 4.300 clientes con inversiones por US$400 millones, ya que solo tenía US$150 millones en activos.
Un contador contratado por la empresa para estudiar su situación financiera dijo públicamente que “sin haber empezado con un esquema Ponzi, terminó como un esquema Ponzi”.
Es decir, en su visión, comenzó siendo un negocio legítimo que después sostuvo sus pérdidas con la captación de nuevos fondos para pagar a los inversores más antiguos.
“La única forma de mantener esto era que nueva gente diera plata para pagar los intereses y así no se caía el esquema”, le dice a BBC Mundo el abogado Leonardo Costa, uno de los litigantes.
Eso sucedía pocos meses después de que otras dos compañías del mismo rubro comunicaran la cesación de pagos y dejaran sin su dinero a miles de pequeños inversores que sumaban unos US$100 millones.
Tras la caída de esas empresas, uno de los dueños de Conexión Ganadera, Gustavo Basso, decidió acelerar hasta 211 kilómetros por hora cuando manejaba su Tesla por una carretera uruguaya y estrellarse contra maquinaria vial al costado de la ruta.
Murió en el acto. Las computadoras y cámaras del Tesla fueron investigadas y un fiscal determinó que se trató de una “acción voluntaria”.
Cuando su socio, Pablo Carrasco, debió dar explicaciones a los inversores por no devolverles su dinero, dijo que desconocía lo que sucedía en la compañía, que él solamente se ocupaba de la parte ganadera y que el hombre detrás de la estafa era Basso.
Basso ya no podía defenderse.
“Un encantador de serpientes”
Martín Fablet (62 años) comenzó a invertir parte de sus ahorros en Conexión Ganadera en 2011.
Además de empresario, Fablet es una personalidad de la radio y televisión uruguaya. Un periodista agropecuario compañero en la AM Sarandí le hizo conocer el producto de inversión y lo acercó a Basso.
“Era un encantador de serpientes”, piensa ahora, sin demasiadas esperanzas de recuperar los US$270.000 que puso en lo que creía que eran vacas.
En todos estos años, a Fablet le surgieron dudas del negocio. No le cerraban los números de rentabilidad que le pagaban.
“No puede ser que dé esa guita (plata), porque tengo amigos que tienen campo y no les da ese número”, le decía al cofundador de Conexión Ganadera.
Los conocedores del negocio decían que no llegaban ni a la mitad de rentabilidad que la ofrecida por la sociedad Basso-Carrasco.
Fablet tuvo varios encuentros con Basso y le planteó su desconfianza, incluso se reunió con él y con contadores que llevó para que les explicaran cómo hacían para tener semejantes márgenes de ganancia, pero el empresario ganadero siempre se las ingeniaba para convencerlo de que, con su modelo de negocios, era posible.
El sistema de trazabilidad
Uno de los pilares sobre los que se erigió la estafa fue el sistema de trazabilidad del ganado uruguayo.
El país sudamericano se jacta desde hace años de haber implementado un método que permite saber dónde está cada una de sus vacas desde que nace hasta, inclusive, el plato donde se sirve en forma de bife.
En una de las orejas de la vaca se le pone una etiqueta analógica y en la otra una digital, ambas codificadas para saber de qué vaca se trata.
Esto complementa la identificación con la marca a fuego y los documentos de propiedad.
Para los inversores de estos fondos ganaderos, ese código era la certeza de que había una vaca registrada a su nombre ante el Ministerio de Ganadería.
Sin embargo, la investigación judicial constató que en muchos casos esas vacas no estaban.
“Era ganado virtual, no existía”, dice Felipe Caorsi, un asesor en finanzas uruguayo que investigó el accionar de estos fondos.
Tal vez nunca se habían comprado, tal vez alguna vez existieron pero ya habían pasado a faena, o tal vez terminaron en alguno de los tantos embarques de ganado en pie que Basso envió a Turquía, le cuentan a BBC Mundo fuentes del caso.
La investigación judicial halló identificadores -que debían estar en las orejas del ganado- guardados en cajas.
Y el sistema de rastreo vacuno al milímetro resultó basarse en declaraciones juradas que podían ser falseadas para hacer creer que había vacas donde no las había.
“Cuando ibas al Ministerio de Ganadería a ver dónde estaba tu ganado, de los 500 bichos que tenías figuraba que tenías 200. ‘Che, Gustavo, tengo 200 bichos, ¿y los 500? Ah no, lo que pasa es que hubo un movimiento, dejame ver’. Y al otro día entrabas a la página del Ministerio de Ganadería y estaban los 500 bichos. Yo no sé qué manejos hacía”, le dice Fablet a BBC Mundo.
El método Conexión Ganadera
Conexión Ganadera había logrado una alta reputación en el mercado uruguayo.
Pablo Carrasco era la cara más visible. Participó durante años en un prestigioso programa periodístico radial en el que debatía de política y sociedad, al tiempo que se mostraba como un empresario exitoso con proyectos ambiciosos.
“Los roles estaban bien separados. Carrasco era la imagen, el personaje que hacía vendible el producto. Gustavo Basso captaba dinero”, indica Caorsi.
Reconocidos políticos, profesionales y hasta sacerdotes les creyeron e invirtieron sus ahorros en su esquema.
“La gente confiaba como si le estuviera dando su dinero a un banco. Te decían ‘deposité mi dinero'”, explica Nicolás Ghizzo, abogado de un grupo de víctimas.
Y el negocio se fue agrandando tanto que otros emularon el modelo, aunque no fuera posible pagar lo que se prometía.
Esto a pesar de que la ganadería tradicional en ese país se ha financiado con capital propio, con el sistema bancario y con proveedores, y no con fondos ganaderos, explica a BBC Mundo el presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Rafael Ferber.
Tanto Conexión Ganadera como los otros fondos de inversión del sector no eran controlados por el Banco Central de Uruguay porque, ante una advertencia del organismo regulador, modificaron los contratos para que no pareciera una inversión financiera, sino productiva.
¿Dónde está la plata?
De las inversiones que recibían, un alto porcentaje no era destinado a la compra de ganado como se estipulaba en los contratos, sino que fueron derivadas hacia otros fines, según se desprende de la investigación del fiscal.
“La mayoría de los inversores, el 70%-75%, no tienen un solo animal”, señala Juan Pablo Decia, otro de los abogados de un grupo de víctimas.
Según Caorsi, Basso desvió fondos de Conexión Ganadera a inversiones personales como un frigorífico, préstamos a otro frigorífico, compra de tierras, autos de alta gama, inversiones inmobiliarias y cuentas bancarias en el exterior.
“Hay dinero aparentemente en el exterior que también sería de los inversores y que no habría sido contemplado en el número inicial (de activos)”, señala el abogado denunciante Ignacio Durán.
“Cuando hicimos una ampliación de denuncia dimos información de una cuenta en un paraíso fiscal, en Andorra”, agrega.
“Son unas 30 empresas satélite. Eso fue lo que la Fiscalía les informó a los abogados de los damnificados”, apunta Santiago Alonso, otro de los letrados que denunció a los empresarios.
Caorsi denuncia que existieron contratos de inversión apócrifos. “Fuimos a buscar a las personas y nos encontramos que algunos sabían y habían prestado su nombre para el contrato, en otros casos era gente que no sabía que estaba su nombre ahí”, relata.
Agrega, entonces, que la cantidad de damnificados no sería de 4.300, como había comunicado Conexión Ganadera inicialmente, sino la mitad, por US$220 millones.
En la primera de las causas que se inició en este sector, la de Grupo Larrarte, la justicia uruguaya imputó a su titular, Jairo Larrarte, por los delitos de estafa, apropiación indebida y liberación de cheques sin fondos.
¿Podrán recuperar las víctimas algo de su dinero? De momento es incierto.
“Hablando con otras personas, las veo demolidas. Y sé que hablando con los abogados les dicen ‘si no me conseguís la plata, me voy a tener que suicidar’. Me da miedo”, expresa Fablet.
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