Ayotzinapa, 11 años y tres presidentes después, la desaparición de los 43 normalistas sigue impune
A 11 años de la noche de Iguala, la búsqueda de justicia sigue atrapada entre promesas incumplidas y líneas de investigación congeladas, y para las madres y los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el caso ha transitado de “las mentiras del gobierno de Enrique Peña Nieto” a avances parciales con Andrés Manuel López Obrador, que se detuvieron al “toparse con los militares”, para llegar al actual sexenio de Claudia Sheinbaum Pardo, con quien consideran que el proceso sigue estancado.
En entrevista con Animal Político, Isidoro Vicario Aguilar, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y representante del colectivo “Nos Faltan 43”, advirtió que el voto de confianza que le otorgaron los padres y madres de los 43 normalistas a la presidenta “se va diluyendo poco a poco al no tener los resultados”.
La percepción de Vicario es clara: “A la presidenta se le dio un voto de confianza, muchos padres y muchas madres decían, sobre todo las madres, ‘ella es mujer, nos va a entender, probablemente sea mamá y tenga un hijo, va a entender nuestro dolor’. Pero con estas reuniones que se han tenido, han visto que la disposición y la voluntad que ha referido tener en el caso de Ayotzinapa no se refleja en los hechos”.
Señaló que, tras la próxima reunión programada con la presidenta para principios de noviembre, los padres evaluarán los resultados y decidirán si continúan con las mesas de diálogo o buscan otros mecanismos de presión y exigencia de justicia. Según explicó, durante el sexenio de López Obrador los padres tomaron decisiones similares, suspendiendo reuniones hasta recibir información novedosa que justificara retomarlas.
Expectativas sobre la investigación de telefonía celular
Desde el inicio de la administración de Sheinbaum, las familias han sostenido cinco encuentros con ella. En la última reunión, el 4 de septiembre, esperaban recibir información concreta sobre una de las líneas clave del caso: el análisis de la telefonía celular, que apunta a que algunos dispositivos de los estudiantes desaparecidos permanecieron activos después de los hechos del 26 de septiembre.
Esta expectativa se generó luego de que la presidenta anunció a los padres y madres, en una de las reuniones previas, la formación de un nuevo equipo técnico, integrado por personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que, en coordinación con la fiscalía del caso, “iba a realizar un trabajo más científico en el tema de la telefonía celular, que iba a reanalizarlo porque no se había profundizado”.
La investigación sobre la telefonía celular no es un tema nuevo, sino una recomendación previa del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Como señaló Vicario, “no es que sea una nueva línea, un nuevo tema, en el caso de Ayotzinapa, no es así. Esas recomendaciones han sido de parte del grupo de expertos”.
Obstáculos en el acceso a información militar
Otro obstáculo que persiste en el caso es el acceso a los 800 folios del Ejército, un conjunto de documentos que los padres y madres consideran fundamentales para avanzar en la investigación.
Vicario subraya que “tampoco se ha querido avanzar” en este tema y recordó que, en una de las últimas reuniones con López Obrador, el entonces presidente afirmó: “Nosotros ya pedimos información al Ejército, y lo que nos responde es que ya no tiene ningún archivo para entregar, ya todo fue entregado”. El abogado señala que “esa también ha sido la misma postura de la presidenta, es decir, que ‘el Ejército nos dijo a nosotros que ya entregó toda la información’”.
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Los padres y madres han manifestado que esta postura limita severamente el avance del caso. Vicario explica que “precisamente este tema que estamos comentando fue lo que orilló al GIEI a dejar el caso y abandonar el país, porque no se podía avanzar más sin la información de estos 800 folios que tiene el Ejército mexicano”.
Línea pendiente de la barandilla de Iguala
Una línea más de investigación, que sigue pendiente y que los padres y madres de los 43 estudiantes exigen que se profundice, es la relacionada con el grupo de siete jóvenes que fueron llevados a la barandilla municipal de Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014. Vicario señaló que “ahora se puede afirmar que sí fueron detenidos los estudiantes, sí fueron llevados a barandilla, y que de barandilla fue sacado este grupo de jóvenes, pero de ahí ya no sabemos más y las investigaciones no han avanzado”.
En esta línea está implicado José Ulises Bernabé García, quien en ese momento fungía como juez de Barandilla en la comandancia municipal de Iguala. Actualmente, Bernabé se encuentra en Estados Unidos, donde realizó los trámites para obtener asilo, lo que ha impedido que las autoridades mexicanas puedan detenerlo y procesarlo de manera inmediata.
Pendientes de extradición y procesamientos
Entre los pendientes importantes en el caso Ayotzinapa está la situación de Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal de la entonces Procuraduría General de la República, señalado por participar en la tortura de detenidos vinculados con la desaparición de los 43 estudiantes. Vicario explicó que “en esta última reunión a los padres se les informó, respecto de la extradición de Tomás Zerón de Lucio, que está en trámite”.
Vicario recordó que, hasta ahora, ninguna persona involucrada en la desaparición de los 43 ha recibido sentencia condenatoria específica por el caso; solo algunos responsables han sido procesados por otros delitos, como José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, quien fue condenado por delincuencia organizada.
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Tras renunciar en agosto pasado a la defensa de los padres de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales se integró al equipo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar. Al preguntarle sobre si esto pudiera influir en el avance del caso, Vicario señaló que “no hemos abordado el tema porque es reciente, pero creo que en algún momento tendríamos que valorarlo, porque varios de los expedientes de las personas detenidas por el caso Ayotzinapa se encuentran en proceso, no hay ninguna sentencia condenatoria, todas están en proceso”.
El abogado agregó que la presencia de Rosales en la Corte podría abrir oportunidades de acercamiento con el Poder Judicial para garantizar que los procesos avancen y se logren sentencias contra los responsables.
Frustración y desgaste de las familias
Para los padres y madres de los 43 estudiantes, la frustración por la falta de avances en la investigación persiste a 11 años de la noche de Iguala.
Sobre esto, apuntó que “en la primera acusación de Enrique Peña Nieto, solamente nos mintieron; con López Obrador pudimos avanzar ahí en algunas cosas, hasta toparse con los militares y ya se quedaron estancadas las investigaciones. Y hoy, con la actual presidenta, con ese estancamiento de las investigaciones, no hemos podido dar un paso firme hacia adelante”.
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Vicario señaló que el desgaste de los padres y madres de los estudiantes es evidente. Como ejemplo indicó que durante la última reunión con la presidenta, uno de los padres llegó en muletas debido a complicaciones derivadas de la diabetes, mientras otra madre enfrenta la amputación de un pie por la misma enfermedad.
Además, recordó que seis padres han fallecido en estos años, entre ellos Minerva, Saúl Bruno, Miguel Mora Venancio y Bernardo Campos. Vicario subrayó que “ha sido muy complicado para los padres y madres de los 43” mantener la resistencia frente al Estado y la descalificación pública de su lucha.
La “verdad histórica” y la desaparición forzada
La versión oficial del gobierno de Enrique Peña Nieto afirmaba que los estudiantes fueron entregados por policías municipales a Guerreros Unidos y luego asesinados e incinerados, hipótesis desestimada por el GIEI y organismos internacionales. El informe de la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa (CVAJ) de 2022 concluyó que en el crimen participaron tanto integrantes del grupo delictivo como agentes del Estado, y que la creación de la “verdad histórica” fue un mecanismo de ocultamiento desde el más alto nivel del gobierno.
El GIEI documentó tortura sistemática, negligencia de las autoridades y la omisión del Ejército en la entrega de información crucial.
De acuerdo con Vicario, el caso de Ayotzinapa se inscribe en un patrón más amplio de desapariciones forzadas que ya ocurrían en Guerrero antes de 2014, pero que el caso de los 43 estudiantes visibilizó a nivel nacional e internacional. Según Vicario, “ha sido una forma que tiene el crimen organizado de causar un dolor interminable a las familias, porque no se sabe el paradero de los familiares”.
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Indicó que, durante los primeros meses posteriores a la desaparición, el gobierno de Guerrero informó a los padres que habían localizado 28 cuerpos en fosas clandestinas y que estos corresponderían a sus hijos, aunque finalmente los estudios forenses demostraron que ninguno era de los estudiantes. Este hecho reflejó un patrón sistemático de ocultamiento y manipulación de información, propio de la desaparición forzada, y evidenció la estrategia del crimen organizado de desaparecer a personas para sembrar confusión y dolor.
Vicario explica que este método no solo tiene un impacto físico, sino también psicológico y social: las familias quedan atrapadas en la incertidumbre y en el sufrimiento continuo, sin poder tener certeza sobre la vida o muerte de sus hijos. Esta práctica ha marcado la manera en que los padres y las madres de Ayotzinapa han enfrentado la lucha por la verdad y la justicia.
Para el abogado, el caso de Ayotzinapa se ha convertido en un referente para otros colectivos de familiares de personas desaparecidas en todo el país: surgieron colectivos en Guerrero y otras regiones, visibilizando la problemática y creando un movimiento social que sigue vigente.
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Las incautaciones de cocaína con destino a Bélgica procedente de Sudamérica se multiplican. Mientras, la sociedad belga sufre las consecuencias del narcotráfico.
A finales de octubre, una magistrada de instrucción belga causó revuelo al publicar una carta abierta para pedirle ayuda “urgente” al gobierno de su país.
La funcionaria aseguraba que el narcotráfico estaba convirtiendo a Bélgica en un narcoestado y advirtió que el Estado de derecho estaba amenazado en este país ubicado en el corazón de Europa y cuya capital es también la capital de la Unión Europea (UE).
“¿Nos estamos convirtiendo en un narcoestado? ¿Exagerado? Según nuestro comisionado antidrogas, esta evolución ya ha comenzado”, acusó la jueza de Amberes, una ciudad cuyo puerto se ha convertido en una de las principales entradas de cocaína en Europa.
La magistrada de instrucción describió al narcotráfico como una “amenaza organizada que mina las instituciones”.
“Se han consolidado grande estructuras mafiosas, que se han convertido en una fuerza paralela que desafía no sólo a la policía, sino también al poder judicial”, añadió.
Aunque los expertos consideran que la denuncia de que Bélgica ya es un narcoestado es una exageración, alertan que el tráfico de drogas se ha convertido en un gran problema en el país europeo.
Debido a una creciente demanda de drogas en toda Europa, los narcotraficantes aprovechan la ubicación estratégica de Bélgica y del puerto de Amberes, como punto de distribución de la mercancía ilícita.
Pero quizá el factor más importante que ha hecho de Amberes un hub de la cocaína en Europa es el hecho de que su puerto es uno de los más grandes del continente: el flujo constante de contenedores ofrece oportunidades para ocultar productos ilícitos en cargamentos.
“La acusación es exagerada”
“Amberes tiene el segundo puerto más grande de Europa y tradicionalmente recibe mercancías de América Latina. Por eso, se ha convertido en un punto de entrada natural, junto con el puerto de Róterdam, para la cocaína”, le dice a BBC Mundo Letizia Paoli, criminóloga y profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lovaina, en Bélgica.
“Y las autoridades neerlandesas comenzaron a intensificar los controles en Róterdam antes que las belgas”, prosigue.
“Pienso que la acusación de ‘narcoestado’ es exagerada, pero hay tendencias preocupantes, sin duda”, añade.
El año pasado, los funcionarios de aduanas belgas interceptaron 44 toneladas de cocaína en el puerto de Amberes, una caída significativa respecto a las 121 toneladas incautadas en 2023.
Pero las autoridades belgas afirman que estas cifras no son necesariamente una señal de progreso.
Durante el primer semestre de este año, 51 toneladas de cocaína con destino a Bélgica fueron interceptadas en Sudamérica, un aumento del 155% en comparación con las 20 toneladas del mismo período del año anterior.
Pero el problema no sólo se limita al sur del continente americano, si no que va más allá.
En diciembre de 2024, las autoridades de República Dominicana informaron la incautación de más de nueve toneladas de cocaína, la mayor en la historia del país.
La droga se encontró en dos contenedores de banano procedentes de Guatemala y que tenían como destino el puerto de Amberes.
1.977 casos de tráfico de drogas
Este relativamente nuevo problema belga no se limita a Amberes.
En Bruselas, la capital del país y de la UE, el narcotráfico también está dejando huellas.
Según cifras de la policía de Bruselas, en 2023 se registraron 1.977 casos de tráfico de drogas, un aumento del 26% respecto a 2022 y del 76% desde 2015.
También en el año 2023 se registraron en la capital belga 6.595 incidentes de posesión de drogas.
Y la violencia, que algunos vinculan al uso y tráfico de drogas, parece estar saliéndose del control de las autoridades.
En 2024 se registraron 89 tiroteos en la capital belga y los reportes apuntan que este año la cifra será aún mayor.
De igual forma, desde el año pasado, Bruselas tiene catalogadas 16 zonas que se consideran especialmente peligrosas llamadas hotspots, principalmente relacionadas con bandas criminales y el narcotráfico.
Muertes relacionadas con las drogas
También se han registrado varias muertes relacionadas con las drogas, algo rarísimo hace tan sólo una década.
“Mientras que en 2013 no encontramos ningún asesinato relacionado con el comercio de cocaína en Bélgica, entre 2014 y 2025 encontramos que en Amberes, que es el centro del tráfico de cocaína, hubo seis asesinatos relacionados con la droga”, explica la criminóloga Letizia Paoli.
“Pero si consideramos que en un solo año ocurren alrededor de 160 homicidios en Bélgica, los asesinatos relacionados con las drogas no son muchos. No representan ni siquiera el 10% de los asesinatos asociados con el tráfico de cocaína de alto nivel en Amberes, fueron solo seis en diez años”, matiza.
La carta abierta señala que las organizaciones criminales se han infiltrado en los puertos, las aduanas, la policía e incluso en los sistema penitenciario y judicial.
También afirma que jueces, incluida la autora, han sido amenazados y pide acción gubernamental.
La criminóloga Letizia Paoli asegura que apoya el llamado a que las autoridades destinen más recursos y ofrezcan una mayor protección a los magistrados: “Son peticiones realmente razonables y necesarias”.
Pero insiste en que no hay razón para hablar de Bélgica como un narcoestado.
En su opinión, un narcoestado tiene tres características: un nivel muy alto de violencia que afecte la vida comunitaria, una corrupción relacionada con las drogas tan extendida que alcance las más altas esferas del gobierno y una economía de la droga que aporte mucho al PIB.
“Ninguno de estos tres criterios se aplica a Bélgica”, apunta.
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