*Esta investigación forma parte del especial “Miedo, castigo y estigma: el fracaso de la política de drogas de AMLO”, realizado en alianza con Elementa DDHH.

Sobre un pedazo de mantel rojo reposan revueltas 281 ampolletas vacías de naloxona inyectable –medicamento que se usa para contrarrestar sobredosis–. En el montón también hay algunas jeringas, una pipa y un par de envases de Narcan, nombre comercial del medicamento en spray nasal. 

De hecho, esa expresión artística nació este 2023 de la creatividad y percepción de personas usuarias de drogas. En ese lugar de muros fronterizos, contrastes y abandonos, así sintetizaron la atención del Gobierno de México al consumo: el castigo de unas botas que aplastan autoritariamente a sustancias y usuarios, pero no les cuidan. Las personas y sus derechos quedaron fuera de la escena, y de la narrativa. 

Mientras la Presidencia rechaza informar el presupuesto específico de algunas de sus campañas –en las que por lo menos se han invertido 74 millones de pesos– y sigue reproduciendo mensajes donde equipara a las personas usuarias de drogas con criminales, centrados en el miedo y la muerte, la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) fue paulatinamente desplazada de la estrategia nacional, y toda acción comunicativa quedó a cargo del área de comunicación social y vocería de la Presidencia.

Este viraje fue definitivo a partir del 17 de marzo de 2020, cuando se presentó la campaña “En el mundo de las drogas no hay final feliz”, la primera que se alejó por completo de los principios de la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones (ENPA). Se trataba de la segunda enmarcada en esa propuesta, ahora sin la Conadic, y a la que seguiría una tercera, también coordinada por Presidencia, pero con la participación de la Secretaría de Educación Pública.

Viraje de la estrategia contra las drogas y el recrudecimiento del mensaje

En respuesta a diversas solicitudes de información pública, Conadic reportó que, entre 2019 y 2022, destinó poco más de 67 millones de pesos a diferentes campañas sobre adicciones, para las que celebró contratos con al menos 11 plataformas que diseminaron los mensajes. 

Esos recursos, que constan en el contrato SG/CPS/44/2022, contemplaban la entrega de cinco spots de televisión de 60 segundos, cinco spots de televisión de 30 segundos, cinco spots de radio de 30 segundos, un gráfico maestro con archivo editable y 10 fotos fijas.   

Sin embargo, en el caso de la campaña “Si te drogas, te dañas”, la Dirección General de Comunicación Social del Gobierno de México asegura que no ejerció recursos específicos, sino que se utilizaron tiempos oficiales de radio y televisión. Además, respecto a la evidencia de sus acciones comunicativas, la dependencia solicitó un pago por la información en papel, pero nunca dio acceso a ella. 

De las tres campañas que ha emprendido el Gobierno de México, la primera, titulada “Juntos por la paz”, se desplegaría en cuatro etapas con la participación de Conadic y mensajes basados en la ENPA, de acuerdo con un análisis realizado por Elementa DDHH –organización de la sociedad civil que trabaja temas de derechos humanos y política de drogas en Colombia y México–. 

Sin embargo, pronto quedó obsoleta para dar paso a una segunda campaña que se llenó de mensajes directos y estigmatizantes sobre el uso de drogas. Finalmente, la de la SEP vino tras la crisis de drogas químicas y la preocupación específica por el consumo de fentanilo.

El primer esfuerzo, “Juntos por la paz”, no solo se ceñía a la ENPA, sino que impulsaba el despliegue de Clubes por la paz, donde se ofrecían herramientas y estrategias en territorio para prevenir adicciones; mayor especialización en salud mental e intoxicación, contenidos educativos de prevención y promoción de la salud, y recuperación de espacios públicos. 

“Juntos por la paz” nunca llegó a su segunda etapa. El coordinador general de Comunicación Social y vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, anunció el 17 de marzo de 2020 un viraje en el contenido de las campañas, supuestamente porque no se había logrado un impacto significativo. 

Ante lo que la Presidencia calificó como ambigüedad en los previos, el Gobierno de México se decantó por mensajes que destacan los efectos del consumo de drogas. Pese a que afirmó que con esa campaña se dejaba atrás la política criminalizadora, los spots usan adjetivos como “podridos”, “no tienen remedio”, “no hay solución” o “no hay final feliz”.

Los anuncios no solo dejan fuera las posibilidades de desintoxicación, rehabilitación o reducción de daños, sino que se concentran en el mensaje de “no usar” como única solución. La imagen de quienes usan drogas, de corte racista y clasista, siempre es representada por personas morenas en situaciones de pobreza, marginalidad, vivienda en calle o contextos de violencia. 

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Estos mensajes, explican activistas y organizaciones de la sociedad civil, se centran en un solo tipo de persona usuaria de drogas, rechazada y reprobada socialmente. No hay foco en la atención al consumo ni en la reducción de daños, sino en mostrar selectivamente las consecuencias del uso problemático de drogas como si fuera el único. Esto además de señalar a las personas usuarias como las responsables.

En contraste, algunas campañas internacionales que abandonan el discurso prohibicionista lo hacen con leyendas como “Empezar con ‘¡te engancharás!’ no genera una conversación” —Drug Free Kids, de Canadá—; “¿Batallando con la adicción? No estás solo” —oficina de servicios y apoyo en Nueva York, que ofrece gratis naloxona y tiras de análisis de sustancias—, o “John no murió por sobredosis de heroína. No estaba solo y sus amigos tenían naloxona” —asociación para políticas de drogas seguras de Noruega—.

Las campañas promovidas en México buscan, además, vincular la idea de que el consumo de sustancias se relaciona directamente con la delincuencia y la violencia. “Las drogas están manchadas de sangre, no te manches”, reza uno de los carteles. 

Lejos de resolver y alejar a la población del uso de sustancias lícitas e ilícitas, las campañas del gobierno federal la criminalizan, la estigmatizan y no están basadas en evidencia eficaz para la inhibición del consumo, además de que no diferencian entre el problemático y el que no lo es, considera Angela Guerrero, especialista en regulación y políticas de drogas, quien fue responsable del área de control de sustancias del Programa de Derecho a la Salud del CIDE.

Según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México, se calcula que solo un 13% de las personas usuarias de drogas presentan un uso problemático. 

Más estigmas ante la “preocupación” por el fentanilo

En noviembre de 2022, una tercera serie de spots, “No te arriesgues, no vale la pena”, surgió como respuesta a las presiones por la creciente problemática –sobre todo en Estados Unidos– del consumo de fentanilo y otras drogas sintéticas. Autoridades de ambos países determinaron impulsar un producto de comunicación como parte de sus acuerdos binacionales. Fue para esta que el Gobierno de México recurrió a la contratación de la productora Estudios Churubusco. 

El Observatorio Mexicano de Salud Mental y Consumo de Drogas, a partir de la estadística de atención en centros gubernamentales y privados, ha documentado un incremento creciente de casos de consumo de fentanilo –que antes de 2018 no rebasaban los 10–: 25 en 2019, 72 en 2020, 184 en 2021 y 333 en 2022, principalmente en hombres que viven en la frontera con Estados Unidos. En ese país es ya una crisis de salud pública: el consumo letal ha crecido 41 veces en la última década, según los registros de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. 

Para combatir ese consumo, un spot en la conferencia mañanera presentó una imagen de Adolfo Hitler, su apellido escrito y un símbolo nazi que se desdibujan entre una lluvia de pastillas. “Los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados. Bajo su efecto, el ejército nazi inicia la peor guerra de la historia y crea los campos de exterminio”, reza uno de los clips entre imágenes violentas de enfrentamientos.

La escena se presentó el 8 de noviembre de 2022, mientras Ramírez Cuevas insistía en que la política de drogas del Gobierno de México está basada en principios opuestos: “No se trata solamente de un tema de un prejuicio moral, de un asunto de un valor ético, sino sobre todo de la protección a la salud, y que frente a estas sustancias químicas no hay factores prácticamente de no riesgo en su consumo, y que ahora con el fentanilo es mucho más agresivo, mucho más fuerte”.

Una vez incorporada la SEP para “Si te drogas, te dañas”, los nuevos productos se dirigieron a docentes y estudiantes, pero de nuevo mediante spots alarmistas con estigmas sobre el uso de drogas; no contemplan la prevención, atención y reducción de daños, y privilegian imágenes con mensajes desproporcionados que equiparan a las drogas con monstruos, destaca Elementa DDHH.

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En el marco de la participación de la SEP, se han difundido 10 mil 843 carteles en 201 planteles, con las leyendas “Fentanilo ¡a la primera mata!”, “Metanfetamina ¡te engancha!”, “Cannabis ¡sí te daña!”, entre otros. Se han entregado 5 mil 576 guías, de acuerdo con el gobierno federal, en casi todos los estados, excepto Ciudad de México, Morelos, Puebla y Tabasco.

Además de confirmar que las campañas han sido centralizadas por la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería de la Presidencia, la Conadic afirmó en respuesta a solicitudes de información pública que no existen recursos específicos para la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones. Al frente de las reuniones de alto nivel de la ENPA, durante el tiempo que participó la comisión, estuvo el entonces subsecretario de Salud, Hugo López Gatell.  

Instituciones de salud, sin fondos y sin certezas; personas usuarias, también

De vuelta en Tijuana, Reina, una mujer de 54 años, pero con una expresión en el rostro que la hace parecer mucho mayor, está sentada a la orilla de una banqueta de la calle Baja California, a casi dos cuadras del muro que divide la frontera norte de México con la sur de Estados Unidos. 

Tiene un hablar pausado y una mochila sobre las piernas. De la bolsita lateral se asoman por lo menos cinco jeringas. Reina usa heroína desde los 21 años, que ahora, se sabe –dice–, viene mezclada con fentanilo. Frente a ella está la entrada de Prevencasa. Vino a intercambiar sus jeringas.   

—Todos los días vengo y agarro para “fletarme”, me quedo sentada aquí un ratito– dice.

Cuando empezó a inyectarse, cuenta, ella solita la agarró. Su novio vendía, pero no consumía. Tenía la droga a mano: un día Reina entró, la miró, no había nadie, fue al baño y consumió “poquita”. El relato es confuso, pero recuerda la sensación de relajamiento y olvido. Su mamá era ama de casa, su papá la abandonó y a ella le dolía verla llorar.

Reina nació en Michoacán. Cuando tenía casi un año, su mamá cruzó la frontera a Estados Unidos junto con ella y sus tres hermanos. Más tarde, la deportaron. Así terminó en Tijuana, donde además se cayó de un puente. Hace por lo menos dos años tiene la pierna y las rodillas chuecas. Ahora consume a diario.   

“Ya la quiero dejar, ya me enfadó, la vida que se da uno con las drogas”, dice. Su esposo está internado en un centro de adicciones en Tijuana, donde le dieron un tratamiento de sustitución, y ahora es cristiano. Reina dice que a ella le rogaron que fuera, pero no le gustan esos centros; ha estado en cinco. Quizá pronto, porque ya tiene sus papeles y quiere trabajar. 

— ¿Cómo sabes si la heroína no está mezclada con fentanilo?

— Sí está.

— ¿Cómo supiste que sí está?

— Porque cuando la agarramos y la vimos, tenía unos puntitos blanquitos y cuando la estás haciendo, se le ve ahí. 

— ¿Y tiene un efecto diferente?

— (Asiente) Más fuerte… Pero el fentanilo es malo, me dijeron ahí, se come todos los órganos, que nomás me dan unos cinco años. Lo dijeron en el radio. 

Las campañas del gobierno federal no están ni cerca de cambiar la realidad de Reina. Las instituciones de salud tampoco. En cambio, Prevencasa hace lo posible para que su consumo sea seguro. Como en su caso, en Tijuana –y en otros lugares– el uso de sustancias y sus riesgos se entreveran con otras condiciones: la migración, la precariedad, la marginalidad, la vida y el trabajo en calle, o todas juntas. 

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Hoy deambula en una ciudad que le da la espalda a sus poblaciones más vulneradas. Solo que este pedazo de tierra encontró la manera de aislarlas con límites más claros: un punto específico divide a la Tijuana transitable, agringada y turística de la Tijuana donde prevalece la criminalidad en la misma medida que el abandono. Cruzar esos límites, solo para llegar a los servicios de salud, para alguien que vive en calle o ejerce el trabajo sexual sería un reto a la autoridad. 

Es esa zona que cualquier visitante habitual preferiría, o le recomendarían, no ver. La que esconde callejones donde hay laboratorios custodiados por gente armada, o donde la municipalidad deja libres a las personas que detiene arbitrariamente con tal síndrome de abstinencia que los hace caer de inmediato en un enganche más fuerte. La notoria presencia del Ejército, de la Guardia Nacional y de la policía municipal no cambia en nada ese panorama.  

Ahí, son las organizaciones de la sociedad civil las que atienden a esas poblaciones. Prevencasa ofrece intercambio de jeringas, consultas médicas y psicológicas, y un espacio de prevención de sobredosis con el conocimiento pleno de que quizá no dejarán de consumir –aunque Reina diga que la próxima semana alcanzará a su esposo–, pero que por lo pronto, pueden hacerlo de la manera más segura posible. 

Lilia Pacheco, directora de la asociación, explica que la zona es de un alto uso y venta de sustancias, además de la influencia de consumo de Estados Unidos. Las poblaciones que regularmente atienden usan drogas tanto inhalables como inyectadas, realizan trabajo sexual –pues se trata también de una ciudad donde abunda el turismo sexual–, o son migrantes deportados a diario y varados ahí. 

“En muchos de los casos es población que usa drogas y tiene que acceder a servicios de reducción de daños, pero también de atención médica. Las poblaciones si no tienen documentos legales para la estancia en México, no pueden acceder a servicios de salud, así que somos un espacio donde les podemos proveer de estos servicios: aparte de las pruebas de detección, la atención primaria y la salud mental”, explica. 

Durante un recorrido por las calles céntricas de Tijuana, Lilia recuerda que a principios de este año la Cruz Roja de Tijuana admitió que en 2022 atendió 653 casos de sobredosis, sin especificar en cuántos tuvo que usar otras medidas por falta de naloxona. No todas las ambulancias la tienen siempre disponible, e incluso llegan a pedírsela a Prevencasa, que también atiende las de usuarios conocidos o recién contactados, aun con los riesgos que en ocasiones puede conllevar.

El enfoque de salud, al margen del presupuesto

El trabajo de las instituciones públicas raramente parte del principio de la reducción de daños. Al inicio de esta administración, la Conadic intentó privilegiar un discurso opuesto al prohibicionismo, que pusiera los derechos de las personas usuarias al centro, pero con recursos –humanos y económicos– limitados terminó desapareciendo para darle paso a la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama), creada el 29 de mayo de 2023.

Esta dependencia tiene en su fundación el pretendido objetivo de atender el consumo problemático desde un enfoque de salud mental. Sin embargo, aunque la Conasama tendrá para 2024 un presupuesto mayor al que tenía Conadic, el incremento de tareas es aún más y no existe garantía de que no quede en la marginalidad de las decisiones como le ocurrió a la primera.

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Mientras que para 2023, la Conadic todavía recibió un presupuesto de poco más de 768 millones de pesos –que no tuvo variaciones significativas desde el inicio de esta administración más que un decremento en 2020, año de la pandemia–, para 2024 desaparece del presupuesto y se destinan a Conasama, que absorberá el tema de adicciones, 2 mil 365 millones de pesos. 

En términos reales, la diferencia representa prácticamente el doble de los recursos con los que contaba Conadic, pero el organismo tendrá una triple misión, pues de acuerdo con el decreto que le da vida absorberá al Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental, a los Servicios de Atención Psiquiátrica y a la Comisión Nacional contra las Adicciones.

La nueva dependencia tendrá a su cargo el cuidado de la salud mental, la prevención de las adicciones, la prevención del suicidio, el Observatorio Mexicano de Consumo de Drogas, la Línea de la Vida, cursos y talleres, la ENPA y cuatro servicios de atención: hospitales psiquiátricos, centros especializados, centros comunitarios de salud mental y adicciones, y residenciales.  

Aunado a ello, el porcentaje de presupuesto destinado a la atención del consumo de sustancias con respecto al total de recursos de la Secretaría de Salud pasó de ser el 0.52% en 2018 al 0.36% en 2022. El presupuesto de los Centros de Integración Juvenil y del Instituto Nacional de Psiquiatría se mantuvo sin modificaciones significativas en los últimos cinco años. En el caso del segundo, se redujo tanto en 2020 como en 2021.

En distintas solicitudes de información, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa y la Fiscalía General de la República, que participan en las tareas de control de la demanda y oferta de sustancias ilícitas, descartaron informar cuánto presupuesto destinan de manera específica a ese rubro.

“¿Por qué esta gran deuda? Me parece que el tema central es el Ejército y la posición que tiene. No solamente estamos hablando de todo el tema de militarización, sino que sí hay un cambio en términos de lo que se venía haciendo: se estaba combatiendo con las fuerzas de seguridad pública desde el prohibicionismo, y ahora se combate desde las fuerzas militares. Entonces no solamente no cambió el paradigma, sino que se profundizó el tema de la prohibición”, alerta Ángela Guerrero.

Sin presupuestos claros por parte de la Presidencia, con una presencia creciente de las Fuerzas Armadas, con mensajes de miedo y muerte, sin claridad sobre el papel de las instituciones de salud mental y sin privilegiar la reducción de daños, la atención al consumo –que las autoridades siguen llamando desintoxicación o rehabilitación– permanece, además, en manos de particulares, sin una supervisión adecuada y con constantes quejas por violaciones a derechos humanos.