Anuncian “caravana de caravanas” para conmemorar los 30 años del levantamiento del EZLN
El Congreso Nacional Indígena anunció este jueves la realización de una caravana nacional e internacional hacia territorio zapatista en Chiapas para conmemorar los 30 años del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
En conferencia de prensa, integrantes del Congreso Indígena y de organizaciones de la sociedad civil, como la Red TDT o el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, señalaron que hasta el momento llevan registro de unas 600 personas provenientes de 19 estados de la República y de 20 países que participarán en la marcha hacia el sur de México, en la que será , dijeron, “la caravana de caravanas”.
La marcha iniciará el próximo 25 de diciembre y pasará por Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, y finalmente Chiapas, donde en San Cristóbal de las Casas se conmemorará el levantamiento zapatista el 1 de enero; una rebelión armada que duró 12 días y que exigía demandas de justicia y reivindicación de los pueblos indígenas de México.
El EZLN se levantó el día que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), exigiendo la reivindicación de propiedad sobre las tierras de las comunidades indígenas y un reparto más equitativo de las riquezas, entre otras demandas.
Carlos González, representante del Congreso Nacional Indígena, pidió a las autoridades mexicanas que ni el Ejército mexicano, ni las policías estatales o federal tengan alguna injerencia en la caravana, para evitar ponerla en riesgo, aunque sí exigió que el Gobierno Federal, así como los gobiernos de las seis entidades por donde pasará la caravana, garanticen la seguridad de los participantes ante la presencia del crimen organizado en las entidades por las que transcurrirá la marcha, especialmente en Chiapas.
El activista subrayó que México está viviendo una situación de violencia “grave”, en particular en el estado de Chiapas, donde en meses pasados se han visto imágenes de presuntos sicarios del Cártel de Sinaloa desfilando por poblaciones fronterizas con Guatemala ante los aplausos de algunos vecinos.
Por ello, apuntó González, es importante que la ciudadanía esté atenta “al cerco creciente militar, paramilitar y criminal que se centra alrededor de quienes respaldan las acciones de los zapatistas” y por ello pidió acompañamiento en la caravana para que los derechos de quienes la integran no sean vulnerados.
Por otra parte, Carlos González criticó que en estos 30 años de alzamiento zapatista los gobiernos de México, independientemente del partido en el poder, “no han hecho nada o han hecho muy poco por eliminar la condición de pobreza y de discriminación” de los pueblos indígenas.
“Los pueblos originarios de México están profundamente olvidados”, dijo el activista.
“Y el actual gobierno no es muy diferente a los anteriores, pues sigue aplicando políticas muy agresivas de despojo hacia nuestros pueblos. El Tren Maya, que se acaba de inaugurar entre comillas, el tren interoceánico, son una muestra de las políticas del actual gobierno, que se complementa con la situación de violencia tan grave que hay en el país, donde los cárteles dominan la vida cotidiana”.
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Tras el fallo de la Corte el gobierno podrá ahora enviar a los migrantes a una base militar estadounidense en Yibuti o Sudán del Sur.
La Corte Suprema de Estados Unidos permitió a la administración del presidente Donald Trump reanudar las deportaciones de migrantes a naciones distintas de su país de origen.
Con seis votos a favor y tres en contra, los jueces revocaron una orden de un tribunal inferior que exigía al gobierno brindar a los migrantes una “oportunidad significativa” para informar a las autoridades sobre los riesgos que podrían enfrentar al ser deportados a un tercer país.
Las tres juezas liberales de la corte emitieron una larga disensión argumentando que el fallo mayoritario “premiaba la ilegalidad”.
El gobierno podrá ahora enviar a los migrantes a una base militar estadounidense en Yibuti o Sudán del Sur.
El caso surgió a raíz de una orden emitida en abril por el juez de distrito Brian Murphy, con sede en Boston, para suspender las deportaciones de migrantes a terceros países.
El juez afirmó que esos migrantes tenían derecho al debido proceso, es decir, a ser notificados de su destino y a la oportunidad de argumentar que corrían peligro de ser torturados o asesinados si eran enviados a dichos países.
Posteriormente, el juez declaró que un vuelo de deportación a Sudán del Sur había violado su orden.
La deportación incluía a ocho migrantes de Myanmar, Sudán del Sur, Cuba, México, Laos y Vietnam, enviados en un avión que supuestamente se dirigía a ese país africano, un país plagado de violencia y en el que la mayoría de ellos nunca habían puesto un pie.
El vuelo, sin embargo, aterrizó en Yibuti, donde hay una base militar estadounidense. Los hombres han permanecido retenidos allí desde entonces.
Aunque la orden del juez Murphy se aplicaba a muchos migrantes, la atención pública desde entonces ha estado centrada en esos ocho hombres, que habían sido calificados por la administración Trump de “lo peor de lo peor”.
La decisión de la Corte Suprema bloquea temporalmente la orden del juez Murphy.
En su disensión, las juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson criticaron el fallo de la mayoría, calificándola de “grave abuso”.
“Aparentemente, la corte considera más aceptable la idea de que miles de personas sufran violencia en lugares lejanos que la remota posibilidad de que un tribunal de distrito se exceda en sus facultades correctivas cuando ordenó al gobierno que proporcionara la notificación y el proceso al que los demandantes tienen derecho constitucional y estatutariamente”, escribió Sotomayor.
“Ese uso de discreción es tan incomprensible como inexcusable”, agregó.
La declaración de un solo párrafo, sin firmar, de la mayoría conservadora de la Corte Suprema no explica sus razones para poner en pausa la decisión de Murphy.
El fallo de la Corte de este lunes representa otra victoria para el presidente Trump en su búsqueda de deportaciones masivas.
El Departamento de Seguridad Nacional afirmó que el fallo era “una victoria para la seguridad del pueblo estadounidense”.
“¡Que se enciendan los aviones de deportación!”, dijo la portavoz de la agencia, Tricia McLaughlin.
El gobierno de Trump afirmó que los ocho migrantes vinculados al caso habían cometido “crímenes atroces” en Estados Unidos, incluyendo asesinato, incendio provocado y robo a mano armada.
Sin embargo, los abogados de los migrantes declararon ante la Corte Suprema que muchos de los detenidos no tenían antecedentes penales.
La Alianza Nacional de Litigios de Inmigración, que representa a los demandantes, calificó el fallo de la corte de “horrendo”.
Su directora ejecutiva, Trina Realmuto, afirmó que la decisión expone a sus clientes a “tortura y muerte”.
Poco después del fallo, los abogados de los migrantes presentaron una moción de emergencia ante el juez Murphy solicitando que continuara bloqueando las deportaciones.
En una breve orden emitida el lunes por la noche, el juez indicó que los migrantes en Yibuti por ahora están protegidos de una remoción inmediata debido a un fallo distinto emitido previamente por él.
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