Caso Athos y Tango: la sentencia que, en pleno Día de los Derechos de los Animales, pone en duda la justicia mexicana
El 13 de junio de 2021 murieron envenenados los perros rescatistas Athos y Tango, mientras que Balam, un Border Collie hijo de Athos, logró sobrevivir al ataque con graves secuelas. Athos, un Border Collie certificado por la Organización Internacional de Perros de Búsqueda y Rescate, participó en labores de rescate en el sismo en Ciudad de México del 19 de septiembre de 2017 y en búsquedas de personas extraviadas.
Tango, un Yorkshire Terrier, trabajaba como perro de asistencia emocional con personas vulnerables. Ambos eran parte de la Cruz Roja. Su entrenamiento, su experiencia y su vínculo con la comunidad los convertían en seres sintientes relevantes para la seguridad y la atención humanitaria.
Su caso generó una fuerte movilización social y en agosto de 2022. La jueza Alicia Basurto García dictó una sentencia que marcó un precedente histórico: 10 años y 6 meses de prisión para Vicente “N”, además de una reparación de daño por 2.4 millones de pesos. La cifra se sustentó en estudios periciales que consideraron la crianza, el entrenamiento especializado, los cuidados y el daño moral causado a su entrenador Édgar Martínez.
Se trató de una sentencia histórica, ya que fue la primera vez que el sistema judicial reconoció de forma integral el valor de la vida de los animales en un proceso penal.
“Es una pérdida para la humanidad”, dijo la activista y abogada Sofía Morín frente a la Suprema Corte. “No les estamos pagando con la misma moneda de lo que hicieron por la gente que llegaron a salvar”.
Hoy, 10 de diciembre, el mundo conmemora el Día Internacional de los Derechos de los Animales. La fecha coincide con el Día de los Derechos Humanos para subrayar que el respeto a la vida no debería limitarse a nuestra especie. En México, mientras el mundo discute de forma seria el reconocimiento de la sintiencia animal, en Querétaro un proceso judicial pone a prueba si ese principio se respeta en la práctica o sigue siendo letra muerta.
El caso de los perros rescatistas que llegó a la Suprema Corte
La abogada Mónica Huerta llevó el caso de Athos y Tango hasta la Suprema Corte. El 30 de octubre de 2024, la Primera Sala resolvió que no existía doble enjuiciamiento. Estableció que matar es un acto y que la crueldad del método es un elemento distinto que puede aumentar la pena. La Corte subrayó que la forma en que se causa la muerte puede agravar la conducta y ordenó al Vigésimo Segundo Tribunal Colegiado de Circuito emitir una nueva resolución conforme a estos criterios.
Pero el mandato se atascó. El Tribunal Colegiado tardó un año en pronunciarse, alegando cargas de trabajo derivadas de la reforma judicial. Aunque el equipo legal fue notificado hasta inicios de diciembre, la resolución está fechada el 30 de octubre de 2025.
Cuando Huerta revisó el documento, confirmó que los magistrados no acataron la instrucción de la Corte. “Copian y pegan la misma sentencia y ese argumento del doble enjuiciamiento… siguen con el mismo error”, dijo.
El Tribunal reiteró que aplicar agravantes por crueldad implicaba juzgar dos veces la misma conducta y volvió a negar el concurso de delitos por los asesinatos de Athos y Tango y las lesiones provocadas a Balam. Para justificar su postura, añadió una referencia jurídica adicional, pero sin incorporar el análisis que la Suprema Corte había ordenado. “Imagínate que un tribunal no está acatando lo que dice la Suprema Corte”, reclamó Sofía Morín frente a la sede del máximo tribunal.
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Las consecuencias de esta resolución son graves. Al eliminar las agravantes, la pena se redujo de 10 años y 6 meses a 4 años de prisión.
En México, las sentencias menores a 5 años pueden conmutarse mediante el pago de una multa; en este caso, sería de unos 10 mil pesos. La reparación de daño por 2.4 millones también fue descartada sin un análisis técnico que sustituyera los peritajes de 2022. Esa multa, además, no iría a Edgar Martínez, sino al Estado.
Para Sofía Morín, lo ocurrido en Querétaro no es solo un revés procesal, sino un aviso sobre el estado real de los derechos animales en México. Señala que si un caso con pruebas completas, peritajes sólidos y un precedente de la Suprema Corte termina reducido a una multa conmutable, el mensaje hacia fuera es claro: la crueldad puede salir barata.
Mónica Huerta coincide y afirma que el desafío ya no es únicamente obtener justicia para Athos y Tango, sino evitar que el precedente se convierta en una autorización tácita para minimizar estos delitos.
Ambas sostienen que el sistema judicial tiene en las manos una responsabilidad que trasciende este expediente: definir si la sintiencia animal se aplica con rigor jurídico o si seguirá siendo un principio invocado en el discurso y negado en la práctica.
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El perdón otorgado por el presidente de EU al exmandatario hondureño condenado por traficar toneladas de cocaína contrasta con su defensa de la mano dura al narco en la región.
Donald Trump, el presidente de Estados Unidos que asegura combatir los carteles de drogas en América Latina, liberó de la cárcel a alguien condenado por liderar todo un “narcoestado” en la región.
Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras que cumplía una pena de 45 años de prisión en EE.UU. por narcotráfico, recibió un perdón oficial de Trump el lunes por la noche y quedó en libertad, según varias fuentes.
La Oficina Federal de Prisiones de EE.UU. señala en su sitio web que Hernández dejó el mismo lunes la cárcel de Hazelton en West Virginia, donde cumplía su sentencia emitida el año pasado.
“Mi esposo Juan Orlando Hernández VOLVIÓ a ser un hombre libre, gracias al perdón presidencial otorgado por el Presidente Donald Trump”, escribió la esposa del exmandatario hondureño, Ana García, en su cuenta de la red social X el martes.
Trump había anticipado su decisión el viernes, mientras su controvertida ofensiva militar contra presuntos traficantes de drogas en América Latina suma al menos 83 muertos en ataques a barcos en aguas del Caribe y el Pacífico.
El presidente afirmó el martes que EE.UU. empezará además a realizar “ataques por tierra” que podrían dirigirse a Venezuela o a cualquier país que considere produce o vende drogas ilegales a EE.UU.
Su gobierno sostiene que esas acciones letales son legales, en defensa de estadounidenses que podrían ser envenenados por drogas ilícitas.
Pero algunos expertos advierten que los ataques a civiles pueden constituir ejecuciones extrajudiciales e ilegales, y otros sospechan que el propósito de EE.UU. es presionar al presidente venezolano Nicolás Maduro para que deje el poder.
Varios analistas, e incluso miembros del Partido Republicano de Trump, ven una paradoja entre esas acciones de mano dura y el indulto a alguien que ayudó a meter más de 400 toneladas de cocaína en EE.UU., según los propios fiscales de este país.
“Realmente crea una incoherencia: vemos usar la fuerza letal contra presuntos traficantes de nivel bajo y medio en el mar” y “a un jefe de Estado condenado por posibilitar las mismas rutas (de drogas) ser tratado de forma muy diferente”, señala Rebecca Bill Chavez, presidenta de Diálogo Interamericano, un centro de análisis regional en Washington.
“Esto hace que la misión antinarcóticos, o al menos su narrativa, parezca mucho más selectiva y motivada por razones políticas”, dice a BBC News Mundo quien fuera subsecretaria de Defensa de EE.UU. para el Hemisferio Occidental entre 2013 y 2016.
“En sus narices”
Las pruebas presentadas contra Hernández en una corte federal de Nueva York el año pasado alcanzaron para que el jurado lo declarara culpable por unanimidad.
De hecho, el juicio a JOH (como también se lo denomina por sus iniciales) fue una suerte de radiografía de lo que los fiscales definieron como un “narcoestado” latinoamericano en pleno siglo XXI.
Si bien siendo presidente hondureño entre 2014 y 2022 Hernández se mostraba como aliado de Washington, en privado hablaba de “meter la droga a los gringos en sus narices”, según uno de los testigos del caso.
El mismo testigo, un excontador hondureño que se presentó con nombre ficticio y protegido por el gobierno de EE.UU., relató que vio a Hernández recibir maletines de dinero del narco Geovanny Fuentes Ramírez.
Alexander Ardón, otro hondureño que estaba preso por narcotráfico, testificó que financió campañas de Hernández y que con la ayuda del poder hondureño movió toneladas de cocaína en sociedad con criminales como Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del cartel de Sinaloa condenado a cadena perpetua en EE.UU.
Según Ardón, “El Chapo” entregó US$1 millón a la campaña presidencial del exmandatario en 2013 a través de Tony Hernández, un exdiputado hermano de Juan Orlando que también cumple cadena perpetua en EE.UU. por narcotráfico.
La droga cruzaba Honduras por tierra, aire y mar rumbo a EE.UU., con carreteras pavimentadas por el gobierno en zonas remotas para facilitar su traslado, pistas de aterrizaje y puertos estratégicos controlados por narcos, y fuerzas de seguridad del Estado que en realidad protegían las cargas ilícitas.
En el juicio también hubo indicios de cómo la violencia se disparó en Honduras hasta tener la mayor tasa de homicidios del mundo en la década pasada, según datos de las Naciones Unidas.
Devis Leonel Rivera, un exlíder del grupo criminal hondureño Los Cachiros que también está preso en EE.UU., testificó haber sobornado a Hernández y cometido 78 asesinatos según su propia cuenta.
“Un mensaje horrible”
Hernández se ha declarado inocente desde que fue acusado por EE.UU. y extraditado a Nueva York en 2022 hasta ahora.
En una carta que envió a Trump en octubre, sostuvo que fue víctima de una “persecución política” por parte del anterior gobierno estadounidense de Joe Biden.
“Como usted, fui atacado imprudentemente por fuerzas radicales de izquierda que no podían tolerar el cambio, que conspiraron con narcotraficantes y recurrieron a acusaciones falsas”, señala la misiva del expresidente hondureño divulgada por medios estadounidenses.
Luego del indulto, Trump dijo sentirse “muy bien” por su decisión y se refirió al proceso contra Hernández como “una horrible caza de brujas” del gobierno de Biden.
Hernández “era el presidente, y había algunas drogas siendo vendidas en su país, y como él era el presidente fueron a por él”, afirmó Trump en declaraciones a la prensa el martes.
Sin embargo, exfuncionarios del gobierno de Biden como su consejero de seguridad nacional para América Latina, Juan González, han indicado que buena parte de la investigación fiscal de EE.UU. sobre Hernández ocurrió durante el primer mandato de Trump (2017-2021).
El anuncio del indulto a Hernández levantó cuestionamientos de la oposición demócrata y dentro del propio partido republicano.
“¿Por qué indultaríamos a este tipo y luego perseguimos a Maduro por traficar con drogas en Estados Unidos?”, preguntó el senador republicano Bill Cassidy en X el domingo.
Otro senador republicano, Thom Tillis, sostuvo que el indulto a Hernández “es un mensaje horrible”.
“Es confuso decir, por un lado, que deberíamos potencialmente incluso considerar invadir Venezuela por el tráfico de drogas y, por otro lado, dejar ir a alguien”, declaró Tillis a periodistas el martes.
Trump acusa a Maduro de liderar uno de los grupos latinoamericanos de narcotráfico que ha designado como “terroristas”, el Cartel de los Soles, algo que el mandatario socialista venezolano rechaza y considera un pretexto para intentar derrocarlo.
Washington considera a Maduro un presidente ilegítimo y, durante una reciente conversación telefónica que tuvo con él, Trump le dio a un ultimátum para dejar Venezuela antes del viernes pasado, según medios estadounidenses.
Desde el inicio de los ataques militares contra presuntos traficantes de drogas en el Caribe en septiembre, varios expertos advierten que la droga ilegal más peligrosa que llega a EE.UU. es el fentanilo que nunca se produjo masivamente en Sudamérica.
Christopher Sabatini, investigador principal para América Latina de Chatham House, un influyente centro de análisis británico, cree que para Trump esto “no se trata en realidad de una guerra contra las drogas”.
“Si así fuera, estaría dirigiendo sus fuerzas a otra parte y, obviamente, no estaría indultando a un expresidente condenado por facilitar la entrega de hasta 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos”, dice Sabatini a BBC Mundo.
“Se trata de partidismo. Se trata de aliados. Y lo que es más importante”, agrega, “se trata de forzar a otros gobiernos de la región para que le apoyen”.
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