
Programas especiales, herramientas lúdicas, cuentos con fines de prevención, materiales audiovisuales, manuales, libros de actividades, insumos digitales, tips y guías en redes sociales son parte de un catálogo de recursos que diversas organizaciones de la sociedad civil reunieron rumbo a la primera jornada de concientización sobre la violencia sexual infantil, establecido por la Secretaría de Educación Pública para el próximo 8 de septiembre.
Con los esfuerzos de al menos 14 agrupaciones, la recopilación cubre cinco áreas distintas, dirigidas a preescolar, primaria, secundaria, un apartado para madres, padres y cuidadores, así como recursos para docentes. Además, incluye algunas opciones de plataformas digitales donde pueden reportarse casos de abuso sexual infantil.
Las organizaciones reunieron estos materiales ante la dura realidad nacional en materia de abuso infantil, según informaron, pues además se trata de un fenómeno que no se reporta de manera inmediata la mayoría de las veces. Se calcula que en nuestro país alrededor de un 95 % de los delitos de abuso sexual no se denuncia, mientras que datos del INEGI señalan que 12 de cada 100 mujeres –más de 6 millones– reportaron haber vivido violencia sexual antes de los 15 años.
En tanto, los datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares –a los que faltaría agregar los datos de varones— indican que 7 de cada 10 agresores de niñas y adolescentes están en su familia. Por otro lado, se estima que un 20 % de la violencia sexual contra infancias se dirige a quienes tienen entre 5 y 9 años de edad, lo que incrementa la dificultad para identificar lo que les ocurre.

De acuerdo con análisis de las organizaciones basadas en estadísticas del sector salud, cerca de 27 niñas, niños y adolescentes llegan a unidades de atención médica por haber sufrido algún tipo de violencia sexual, mientras que tan solo en 2023 se registraron 268 de estos casos relacionados con el entorno educativo.
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Entre la diversidad de recursos que se reunieron en el catálogo se encuentra el cuento Secretos incómodos, que ha alcanzado a 57 mil niñas, niños y adolescentes, y ha sido traducido a 11 idiomas, así como los informes y herramientas desarrolladas por la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI), sumadas a las diversas versiones de su informe Es un secreto, que documentan en total casos en 27 escuelas de 12 estados de la República donde se han detectado formas organizadas para perpetrar abusos.
La organización destacó, durante la presentación del catálogo, como acciones indispensables para la prevención de la violencia sexual infantil en el contexto escolar siempre nombrar lo que sucede, usar las herramientas del catálogo, así como poner a las infancias y sus necesidades en el centro de la problemática. Además, pidió que la jornada no solo quede en papel, sino que genere un efecto útil.

Del mismo modo, las diferentes agrupaciones participantes recordaron que diariamente se abren casi 100 carpetas de investigación en las fiscalías de todo el país por violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, y que de 46 iniciativas federales que se han promovido en los últimos cinco años por temas de ciberacoso y abuso sexual infantil, solo se ha aprobado una.
La organización Alumbra, además, hizo énfasis en poner sobre la mesa la necesidad de que las procuradurías de protección de las infancias cuenten con los recursos humanos y materiales suficientes para atender el tema, pues muchas veces carecen de ellos, incluso para proveer el acompañamiento adecuado. Por otro lado, el personal del sector educativo y de salud tiende a desconocer qué acciones específicas pueden considerarse violencia sexual, o cómo conducirse ante su detección.

La medida de paralización de los procesos migratorios afecta a las personas provenientes de 19 países no europeos.
El gobierno de Donald Trump anunció este martes la suspensión de las solicitudes de inmigración presentadas por ciudadanos de Venezuela, Cuba, Haití y otros 16 países no europeos, a los que les había restringido la posibilidad de viajar a Estados Unidos a principios de este año.
La decisión paraliza las solicitudes de residencia y ciudadanía pendientes de las personas procedentes de ese grupo de países y exige que todos los inmigrantes procedentes de esos estados “se sometan a un proceso de revisión exhaustiva”.
Además de los países latinoamericanos mencionados, la lista afecta a los ciudadanos de Afganistán, Burundi, Chad, Eritrea, Guinea Ecuatorial, Irán, Laos, Libia, Myanmar, República del Congo, Somalia, Sudán, Yemen, Sierra Leona, Togo y Turkmenistán.
La medida fue formalizada a través de un memorando del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos en el que se anuncia un proceso exhaustivo de reevaluación, para analizar a fondo “las amenazas a la seguridad nacional y pública, así como cualquier otro motivo de inadmisibilidad o inelegibilidad”.
El texto oficial que detalla la nueva política hace referencia al ataque armado ocurrido la semana pasada en Washington D.C. contra dos miembros de la Guardia Nacional, uno de los cuales falleció.
Por ese ataque fue detenido como sospechoso Rahmanullah Lakanwal, un hombre afgano que había colaborado con las fuerzas estadounidenses en Kabul y que entró a EE.UU. en 2021, beneficiado por un programa que otorgó protección especial a los migrantes de ese país, tras la retirada de los militares de EE.UU. de ese país.
La oleada de restricciones ocurridas tras el ataque a los miembros de la Guardia Nacional sugiere un enfoque creciente del gobierno de Trump sobre la inmigración legal, enmarcado en la protección de la seguridad nacional.
Desde que volvió a la presidencia en enero, Trump firmó una orden ejecutiva en la que busca “proteger a los ciudadanos estadounidenses de extranjeros que puedan intentar cometer actos terroristas, representar amenazas a la seguridad nacional, promover ideologías de odio o explotar las leyes de inmigración con fines maliciosos”.
En ese contexto, Trump ha ordenado enviar a decenas de agentes federales a las principales ciudades de Estados Unidos para detener migrantes indocumentados y concretar deportaciones.
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