El cementerio de las vivas: el turbio negocio del Cefereso 16 de Morelos
“Creí que iba a haber muertes”. Así describe Salvador Leyva, exsecretario técnico de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), aquel jueves 29 de septiembre de 2022, en el que más de 400 mujeres privadas de la libertad sufrieron una fuerte intoxicación dentro del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 16, mejor conocido entre las reclusas como “el cementerio de las vivas”.
“Esa cosa parecía de verdad, perdón, pero parecía película de zombies. Las chavas iban en grupos de dos, tres, cuatro, abrazándose unas a otras para ayudarse a caminar, con fiebre”, relata el ex funcionario, quien presenció aquella escena, en la que el 75% de la población penitenciaria del penal presentó también un fuerte cuadro de diarrea aguda, acompañada de dolor abdominal, escalofríos y vómito.
La intoxicación ocurrió apenas dos días después de que el gobierno federal decidió trasladar, sin previo aviso y de manera irregular, a un grupo de mujeres que estaban en diversos centros penitenciarios estatales de Sonora para llevarlas al “CPS Femenil de Morelos”, separándolas más de dos mil kilómetros de sus hermanas, madres, hijas e hijos, abuelas, familiares y abogados.
Pero este traslado no fue un caso aislado, forma parte de una estrategia de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador que, bajo el pretexto de seguir el principio de “austeridad republicana”, busca llenar las ocho cárceles privadas que hay en el país y que acumulan observaciones por violaciones graves a derechos humanos de las personas privadas de su libertad.
El turbio negocio de las prisiones privadas en México, creado en la administración del expresidente Felipe Calderón y el exsecretario de seguridad pública Genaro García Luna, y fuertemente criticado por el presidente López Obrador, sigue vigente hoy en día.
El día del traslado
La mañana del lunes 26 de septiembre de 2022, Karla, Jazmín, Flor, Carina, Diana, Fernanda y Ana —nombres ficticios para cuidar las identidades de las víctimas—, entre otras mujeres, se encontraban trabajando dentro del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Ciudad Obregón, Sonora, cuando unas custodias les informaron que las llevarían a una “revisión médica”.
La orden, según les dijeron, provino de Ramón Colorado, director del Cereso desde septiembre del 2015, quien ya las esperaba afuera del pabellón del penal rodeado de “personas uniformadas”.
En ese momento, las mujeres se dieron cuenta de que la “revisión médica” era una mentira, pues las empezaron a subir a un camión sin darles a conocer a dónde las trasladarían, ni mucho menos la oportunidad de hablarle a algún familiar o abogado para informar que serían cambiadas de centro penitenciario.
“No le dieron chanza ni de agarrar sus medicamentos que tiene que tomar a sus horas para tener controlado el diabetes”, relató meses después un familiar de Flor, una de las mujeres trasladadas arbitrariamente, quien a través de una carta dirigida al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, pidió ayuda del mandatario, sin recibir ninguna respuesta.
Otras familias que también mandaron sus testimonios al gobernador informaron que el primer traslado de sus familiares se realizó a la Ciudad de Hermosillo, Sonora, trayecto durante el cual las mujeres sufrieron maltratos por parte de los uniformados.
“Solo por pedir agua y comida las golpearon. En el transcurso del viaje las cincharon de sus manos, no les permitieron ir al baño por 24 horas: fue brutal el maltrato tanto físico como psicológico”, escribió un familiar de una mujer llamada Karla, otra de las trasladadas. Al menos en tres testimonios se relata que las esposas que les colocaron iban tan ajustadas que les provocaron “sangrado en las muñecas”.
Al llegar a Hermosillo, las mujeres privadas de la libertad fueron reunidas con más mujeres provenientes del Cereso 1 de la capital del estado y de Nogales, Sonora. A partir de ahí, elementos de la Guardia Nacional se encargaron de llevarlas al aeropuerto donde tomaron destino hacia Morelos.
“Pasaron días para saber dónde las habían trasladado porque las aislaron sin derecho alguno, solas, como si fueran presas de alto riesgo”, denunciaron familiares de Flor, la mujer con diabetes, quien incluso asegura que estuvo más de siete días sin atención médica, justo en medio de una de las peores crisis sanitarias por las que atravesó el penal: la intoxicación de tres cuartas partes de la población penitenciaria del penal femenil de Morelos.
Datos recabados por la organización CEA Justicia Social, que ha documentado graves violaciones a derechos humanos de las mujeres privadas de la libertad en el Cefereso 16, señalan que de enero a julio de este año la administración de López Obrador trasladó a más de dos mil 846 personas privadas de su libertad, mismas que se suman a las 8 mil 740 personas que fueron trasladas de 2019 a 2022, según datos del propio gobierno.
“A ese lugar tan lejos que se la llevaron nunca podré ir a verla”
A 70 kilómetros de distancia de Cuernavaca, Morelos, en el municipio de Coatlán del Río, se levanta en medio de un terreno inhóspito el gran complejo penitenciario del Centro Federal de Readaptación Social Número 16, mejor conocido como “CPS Femenil Morelos”.
De no ser por los cuatro guardias de seguridad que resguardan la entrada y por trabajadores del estado que hacen reparaciones en la carretera, el lugar parecería sólo un cúmulo de edificios grises rodeados por una malla ciclónica con alambre de púas. Un lugar totalmente deshabitado.
Afuera, un camión de la Guardia Nacional y militares vestidos de verde detrás de una barricada resguardan la zona. A unos metros de distancia, un funcionario de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos duerme dentro de una camioneta blanca que tiene el logo de la institución. El reloj marca la una de la tarde de un viernes de agosto.
Habitantes de Michapa, una localidad cercana al penal, aseguran que llegar a este lugar no es difícil. Desde Cuernavaca, un camión puede llevarlos por 80 pesos, pero el único hotel que tiene la zona ofrece habitaciones cuyo costo más económico varía entre 500 y 600 pesos la noche, mismos que no siempre son costeables por las familias de las reclusas, menos si se trasladan desde otro estado, pues el costo aproximado, según familiares, es de 9 mil a 15 mil pesos por viaje.
Testimonios de las familias de las mujeres trasladadas al Cefereso 16, a los que tuvo acceso Animal Político, así lo demuestran: “No es justo para todos nosotros no poderla ver porque tendríamos que vender lo poco que tenemos para recabar el dinero para un viaje”.
“No es lo mismo hablar con ella (por teléfono) 10 minutos a la semana que verla 3 horas 2 veces a la semana”. “Le pido por favor que me regresen a mi hermana […] la situación económica no me permite visitarla”.
De acuerdo con el exsecretario técnico contra la tortura, Salvador Leyva, una situación similar ocurre en el caso de los penales federales para hombres, pero en el caso del Cefereso 16 de Morelos, el único penal federal construido solo para mujeres, se ha implementado “un sistema de opresión que lo que busca es despersonalizar a estas mujeres”.
“A las mujeres las tienen aisladas, sin visitas, un abandono de más del 95% de familiares y de círculos sociales o círculos de apoyo por la distancia, por el costo que implica trasladarse hasta el penal, porque las familias tienen que decidir entre darles de comer a sus hijos o hijas o visitarlas, entonces las tienen sin actividad, las tienen sin contacto con el exterior, las tienen en confinamiento, la mayoría de ellas pasan 23 horas en la celda, más o menos, entre 22 y 23 sin hacer ninguna actividad. Eso te destruye como persona”, asegura.
En este caso, las implicaciones de separar a las personas privadas de la libertad de sus círculos familiares y sociales se hizo evidente dos días después de que llegaran al penal, pues las mujeres no solo fueron maltratadas durante su traslado y por las guardias después de arribar a lugar por “ser las nuevas”, sino que además sufrieron en carne propia lo que implica que un penal de tal magnitud no cuente siquiera con la capacidad para atenderlas ante una emergencia médica colectiva.
El día de la intoxicación
El 29 de septiembre de 2022, varias mujeres dentro del Cefereso 16 se acercaron al personal del penal para señalarles que se encontraban enfermas del estómago, con dolor en todo el cuerpo y fiebre. Acusaron que la comida había sido la causa de sus malestares, por lo que solicitaron atención médica urgente, pero las autoridades del penal les negaron el servicio. Ni siquiera había médicos en el lugar.
Entre las personas afectadas se encontraba una mujer trasladada desde el Cereso 1 de Hermosillo. Así lo señaló uno de sus familiares en una de las cartas enviadas al gobernador Durazo: “cuando mi hermana llegó al Cefereso 16 se enfermó, tenía mucho dolor de estómago y cabeza, y dice que no la miró ningún doctor hasta que pasó una semana y ella seguía igual. Después le hicieron un estudio y salió que tenía una bacteria en el estómago”.
Mientras esto ocurría adentro del penal, más de 20 defensoras y defensores públicos del IFDP se disponían a entrar al lugar cuando bajó el director jurídico del reclusorio para decirles a los funcionarios que no tenía sentido que entraran, pues aseguró que habían algunas mujeres que “se sentían mal” y por la misma razón “no iban a salir de sus estancias”.
La Secretaría Técnica estaba esa mañana ahí porque, mientras el gobierno ponía en marcha su estrategia para “depurar” los centros penitenciarios estatales del país, el IFDP presentó ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) un caso colectivo para defender a 22 mujeres privadas de libertad en el Cefereso 16 con problemas de salud graves o no atendidos y que llevaban entre 4 y 12 años encerradas bajo la figura de prisión preventiva.
El recurso fue admitido y de resultar positivo se convertirá en el primer caso contra México de mujeres privadas de libertad resuelto por la ONU.
Derivado de esa comunicación, defensoras y defensores federales acudieron, junto con integrantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México, a hacer una visita inicial a esas y otras mujeres que tenían peticiones, ya sea ante las Naciones Unidas o el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Tal fue el caso de Juana Hilda y Brenda Quevedo, mujeres implicadas en el caso Wallace, quienes fueron víctimas de tortura. Se realizaron unas brigadas para entrevistar a todas las mujeres privadas de la libertad, no tanto en relación con sus casos, sino a su condición de vida dentro del penal.
Para hacer esas brigadas, las y los defensores públicos, entre ellos una científica forense, acudieron durante semanas al Cefereso 16, de miércoles a viernes, donde pasaron entre seis y ocho horas levantando testimonios, porque la idea era entrevistar a todas las mujeres del penal, para después hacer una ‘estrategia de litigio estructural’ en cada uno de estos rubros para defenderlas a todas.
Ya dentro del penal, el día de la intoxicación, las y los defensores públicos preguntaron a las mujeres qué habían comido. Todas respondieron que habían ingerido diferentes alimentos, pero el elemento común fue la ingesta de chicharrón. Sin embargo, hasta el día de hoy no se tiene conocimiento sobre qué ocasionó la intoxicación. No existe una respuesta formal por parte de las autoridades.
“Durante las entrevistas, después de estar así parados haciendo las entrevistas afuera de las celdas, el personal de custodia del penal se enojó, dijo que no podíamos hacer eso, que ellas estaban fingiendo, que no tenían nada, que se estaban haciendo. Una cosa indignante”, agrega Leyva.
El pasado 31 de marzo de 2023, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) publicó la recomendación 59/2023 por violaciones al derecho a la alimentación, protección a la salud y al trato digno en agravio de 404 mujeres intoxicadas dentro del penal.
Si bien la Comisión acudió al lugar dos días después de la denuncia, pudo constatar que en el penal solo estaban adscritos un médico y cuatro enfermeras, aunque el día de la contingencia sanitaria “no había personal médico alguno”, sólo tres enfermeras. Además, documentó la falta de medicamentos para atender las necesidades médicas de las reclusas.
Sin embargo, hubo un elemento que hizo que las y los defensores públicos llegaran a la conclusión de que la intoxicación había sido algo intencionado: una semana atrás, los días que estaban ahí, el personal del penal le daba también comida a las defensoras y a los defensores, porque pasaban ahí toda su jornada de trabajo, sin poder salir, y siempre era la misma comida tanto para el personal del penal, las internas y la Defensoría Pública, pero el miércoles anterior a la intoxicación la comida que le dieron al personal de la Defensoría fue distinta a la del personal del penal y de las presas.
El primer día, al terminar de recabar todos los testimonios, un defensor público presentó una demanda de amparo por la intoxicación en contra de la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, y la directora del penal, María de los Ángeles García Martínez.
La demanda fue por omisiones en la atención médica, porque a pesar de la crisis no había personal suficiente para brindar la atención médica dentro del penal. De acuerdo con los litigantes, eso, a su vez, constituyó un trato inhumano respecto a la manera en la que las autoridades manejaron la crisis sanitaria.
Salvador recuerda que saliendo de un módulo pasó un camión con mujeres que estaban regresando del área médica. Entre ellas estaban Verónica Raso —mujer torturada y detenida desde hace más de 10 años sin recibir una sentencia firme—, Brenda Quevedo y María Higinia Estrosa —una señora de más 65 años que lleva en prisión preventiva desde hace más de 10 años—. Curiosamente eran solo mujeres que estaban dentro de la petición a la CEDAW o que tenían algún caso a nivel internacional.
Reportes oficiales refieren que solo cinco de las 404 mujeres fueron atendidas en el servicio hospitalario.
“(En el caso de Brenda), comentamos que les habían dado un Ibuprofeno y un suero. Esa había sido la solución del penal: otorgar sueros, Ibuprofenos, selectivamente a sólo algunas de las mujeres que estaban intoxicadas, muchas de ellas con diarrea”, dice.
Más tarde, la jueza Quinta de Distrito en Morelos mandó personal del juzgado para que revisaran la situación del penal, pero las autoridades de la cárcel les negaron el acceso, lo que constituye un delito conforme a la Ley General en Materia de Tortura que indica que es ilegal negar injustificadamente el acceso a cualquier área donde se pudieran estar cometiendo actos de tortura o tratos crueles e inhumanos.
Una vez que lograron ingresar al penal, más de 300 mujeres ratificaron la demanda e incluso algunas de ellas escribieron en los documentos qué es lo que tenían y el personal del juzgado anotó que fue lo que vio. Lo anterior fue crucial, porque en los días siguientes el personal penitenciario -de acuerdo con Leyva- se dedicó a “coaccionar” a las mujeres para que se desistieran de esta demanda, logrando que algunas de ellas lo hicieran e incluso que dijeran que todo había sido una mentira.
Dentro de la demanda de amparo, el IFDP también señaló a la empresa privada encargada del Cefereso 16, Grupo Inbursa, un caso que lleva ya medio año en juzgados sin ninguna sentencia.
“Esta privatización o semi-privatización de cárceles termina convirtiendo las cárceles en un negocio donde todos ganan excepto las internas o los internos porque los servicios son mínimos, se vuelven especies de centros de trabajo forzado”, dice.
Gasto de reclusorios privados, equivalente a “un hotel de cinco estrellas”
El 13 de enero de 2021, casi dos años antes de la intoxicación en el Cefereso 16 de Morelos, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, se presentó en Palacio Nacional para informar que, por instrucción presidencial, tanto la dependencia a su mando como la Consejería Jurídica de la Presidencia revisaron los ocho contratos de prestación de servicios celebrados con las ocho cárceles privadas que hay en el país, entre ellas el Cefereso 16.
“Decir que estos son datos al 11 de enero del 2021 y que esto corresponde a 12 mil 284 total (de personas privadas de la libertad) en estos ocho centros privados de todo el país, que forman parte o que están albergados en estos centros penitenciarios privados”, dijo.
Quien dio la orden de revisar esos contratos que calificó de “leoninos” fue el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que estos resultaron “muy favorables para las empresas y muy malos para la hacienda pública”, mismos que firmados en la administración de expresidente Felipe Calderón entre el exsecretario de Seguridad Pública, Genero García Luna, y particulares para la construcción y operación del mismo número de penales.
Ahí, por primera vez, la Secretaría de Seguridad tomó la palabra para hablar sobre el Cefereso 16 y ponerlo de ejemplo como uno de esos contratos con irregularidades, en el que estaban albergadas 899 personas privadas de su libertad, 32% de sus capacidad hasta ese día, y que según sus cálculos implicaban un costo de dos millones 308 mil pesos por persona al año; es decir, 192 mil pesos al mes, seis mil 411 pesos al día.
Tres meses y nueve días después, la funcionaria se presentó nuevamente en Palacio Nacional, pero esta vez para festejar que se habían conseguido diversas modificaciones a los ocho contratos celebrados con particulares que culminaron en ahorros por 41 mil 496 millones de pesos.
“El trato (antes de las modificaciones) representaba un gasto para el pueblo de México equivalente -nosotros decimos, esa es una percepción de la secretaría- este gasto representa un equivalente al hospedaje diario en un hotel de cinco estrellas o más por el alojamiento, alimentación y la atención de cada interno”, dijo.
Salvador Leyva considera que el dicho de la secretaria se trató de un comentario “muy reactivo” que lo único que buscaba era conseguir un discurso entre “buenos y malos”, pero que es falso.
Datos sobre el CPS 16 Femenil de Morelos obtenidos por la organización CEA Justicia señalan que hasta agosto de 2022 había un total de mil 138 mujeres, de las cuales 539 eran procesadas (109 del fuero común y 430 del fuero federal) y 599 eran sentenciadas (394 del fuero común y 205 del fuero federal).
Es decir, el 47% de las mujeres privadas de libertad en el Cefereso de Morelos no tienen una sentencia: 150 de 1 a 2 años; 98 de 3 a 5 años; 69 de 6 a 8 años y 222 entre 9 y 11 años.
El Cefereso 16 tiene una capacidad para 2,528 mujeres. En junio de 2018 el número de mujeres privadas de libertad fue 995, sin embargo, en marzo de 2023, el número de internas pasó a 1,217, es decir, 222 más.
La organización señala que hasta diciembre del año 2021 hubo una reducción considerable de mujeres, ese año se registraron 777 internas. El incremento en el número de mujeres en el Cefereso 16 ocurrió durante el 2022 y 2023, se trató de un aumento del 44% en 15 meses.
Datos del Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal 2023 refieren que el número de mujeres trasladadas al CPS Femenil Morelos en el año 2022 fue de 517 (449 por delitos del fuero común y 68 por delitos del fuero federal). Estos traslados, a su vez, representan el 11% del total de los 4,555 traslados que se llevaron a cabo a Centros Federales en el año 2022.
Cabe mencionar que, en términos generales, el 55% del total de los traslados fueron a Centros Federales de Reclusión Penitenciaria con administración privada y el restante 45% fueron trasladadas a Centros Federales con administración pública.
“Son cosas inhumanas”
Durante las brigadas que realizó el personal del IFDP dentro del penal, las y los defensores públicos incluyeron una batería de preguntas que tenían que ver, más allá de los casos particulares de las mujeres, sobre la calidad del agua, los alimentos, cuando fue la última atención médica general que habían recibido, cuando fue la última atención médica especializada, la última vez que lo hicieron un papanicolaou, si tenían también deficiencias o quejas respecto al servicio de asistencia legal de la propia Defensoría y si tenían alguna petición particular.
En esas visitas, la Defensoría Pública también identificó cuestiones “sistemáticas” de violaciones graves a derechos humanos dentro de este penal, pero una de las situaciones “más graves” fue la identificación de una práctica de tortura que el exsecretario técnico nombró como “el caso de Laura”.
En agosto pasado, Salvador Leyva publicó un artículo titulado “El Cementerio de las vivas: Mujeres privadas de la libertad en el CEFERESO No. 16”, en el que describió que durante una de estas visitas, el 24 de septiembre de 2022, mujeres comentaron al personal del IFDP que es común que las funcionarias penitenciarias sometan a las personas “revoltosas” o “indisciplinadas” a una práctica conocida como “cuatro puntos”, que consiste en colocar a la mujer en una cama del área médica esposada de manos y pies por días.
Además, según los testimonios que recabó el personal del IFDP durante estas brigadas, la única opción laboral que existe -y es limitada en el cupo- es la conocida como ‘industria’ -que hace referencia a la industria textil-, donde las mujeres trabajan aproximadamente de 8 de la mañana a 6 de la tarde por alrededor de 250 pesos. El dinero no lo pueden cobrar y se les “abonan” en una especie de puntos en un lugar al que llaman “tienda”.
“Una tienda donde además, un garrafón de agua te puede costar 80 pesos, donde si es que hay una pechuga de pollo te cuesta 120 pesos. Es decir, los precios están inflados a más del triple de lo que cuestan fuera”, explica.
Otro de los problemas dentro del penal es que algunas de las reclusas ni siquiera tienen acceso a luz solar, están encerradas 24 horas. Apenas tienen un patio pequeño por el que pasa un poco de luz, pero no la que el estándar internacional dice que es la saludable, lo que se suma al hecho de que existe un tema grave de falta de atención psiquiátrica, entre muchas otras problemáticas.
“El modelo de los Ceferesos y en particular los CPS no deberían existir, no han sido la respuesta, son violatorios en sí de Derechos Humanos, empezando por la distancia de donde están las personas, porque no hay criterios claros ni lógicos de por qué se manda a las personas ahí. Entonces lo que termina siendo es eso: un negocio turbio que viola los derechos humanos de las mujeres”, concluye Salvador Leyva.
Relacionado
El Vaticano anunció la muerte del argentino Jorge Bergoglio, el primer no europeo en convertirse en Papa desde el siglo VIII. Te contamos su historia.
Cuando fue elegido Papa en marzo de 2013, el argentino Jorge Bergoglio marcó importantes hitos en la historia de la Iglesia católica.
Fue el primer pontífice latinoamericano, del continente americano y de todo el hemisferio sur.
De hecho, el papa Francisco -cuya muerte acaba de ser anunciada por el Vaticano- fue el primer no europeo en convertirse en obispo de Roma desde la muerte de Gregorio III en el año 741.
También fue el primer pontífice jesuita, y como tal intentó desde el momento de su elección privilegiar la sencillez que se le atribuye a la histórica orden fundada por San Ignacio de Loyola en 1534 por sobre la pompa vaticana.
Al asumir su mandato, decidió recibir a sus cardenales de manera informal y de pie, en lugar de sentarse en el trono, rechazó la limusina papal e insistió en compartir el autobús que llevó a otros cardenales de regreso a casa.
“Me gustaría una Iglesia pobre y para los pobres”, remarcó.
Un año más tarde, Francisco, que con su nuevo nombre rindió homenaje a San Francisco de Asís, el predicador del siglo XIII famoso por su austeridad, era escogido por la revista Time como “la persona del año”.
El mundo tenía los ojos puestos en él.
No había sido el favorito para suceder a Benedicto XVI, el primer pontífice en retirarse voluntariamente en vida en 600 años.
La mayoría de los analistas había anticipado que el nuevo pontífice sería un hombre más joven.
Sin embargo, Bergoglio, de 76 años, fue escogido tras presentarse como un candidato conciliador, que apeló a los conservadores con puntos de vista tradicionales sobre asuntos sexuales y atrajo a los reformistas con su postura liberal sobre la justicia social.
El cónclave apostó a que pese a su edad su figura poco ortodoxa podría ayudar a rejuvenecer al Vaticano y revitalizar su misión.
Sus orígenes en Argentina
Jorge Mario Bergoglio nació en Buenos Aires el 17 de diciembre de 1936 y fue el mayor de cinco hermanos.
Sus padres habían huido de su Italia natal escapando del fascismo.
Le gustaba bailar tango y, como buen argentino, amaba el fútbol. Era hincha del club San Lorenzo, una pasión que mantuvo toda su vida.
“Tengo cartas de él describiendo la formación del equipo de San Lorenzo del año 46, recuerdos de su infancia”, le cuenta a BBC Mundo Gustavo Vera, un activista contra el trabajo esclavo y la trata de personas que era muy amigo de Bergoglio y mantuvo correspondencia asidua con el pontífice durante los 12 años que duró su papado.
A los 21 años Bergoglio estuvo cerca de la muerte. Tuvo una infección respiratoria grave por la que debieron extirparle parte del pulmón derecho. Esto lo dejó vulnerable por el resto de su vida a las infecciones respiratorias.
Se graduó como técnico químico en la escuela secundaria, y trabajó como portero de un club nocturno y barrendero.
Luego consiguió empleo en una fábrica local, donde trabajó bajo las órdenes de la bioquímica y activista social paraguaya Esther Ballestrino, con quien inició una amistad que duraría años.
“Francisco le tenía un afecto enorme. Me contó que ella le enseñó mucho de historia y sobre el mundo de la izquierda y el marxismo. Él no tenía ideología, pero siempre trató de entender poliédricamente el mundo, siempre tuvo esa apertura”, relata Vera.
Tras el golpe de Estado de 1976, la hija de Ballestrino fue secuestrada y desaparecida por militares. Al año siguiente, Esther se convirtió en una de las fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo.
Muy pronto ella misma fue secuestrada y torturada. Su cuerpo nunca fue hallado y se convirtió en una de los miles de desaparecidos que dejó el régimen militar.
“Lo que más aprendió de ella es que, más allá de que uno sea de palabra cristiano, lo importante es lo que hace. Y él veía a Esther como una persona totalmente volcada a servir al prójimo, inclusive arriesgando su propia vida”, agrega Vera.
Los años de plomo
En los años 60, Jorge Bergloglio había dejado su trabajo como técnico químico para entrar en el seminario en la Compañía de Jesús.
Tras ser ordenado sacerdote en 1969, estudió humanidades y filosofía en Argentina, vivió en Chile y un breve tiempo en Alemania. Enseñó literatura y psicología en colegios jesuitas.
Ascendió rápidamente y en 1973 se convirtió en superior provincial de la orden que había elegido.
Eran tiempos convulsos en Argentina, y tras el golpe militar fue señalado de no haber protegido a dos sacerdotes que fueron secuestrados por los militares mientras trabajaban en algunos de los barrios más pobres del país.
Fue una acusación que él negó rotundamente, insistiendo en que trabajó tras bastidores para liberarlos.
Los sacerdotes fueron torturados, pero finalmente se los encontró con vida.
Años más tarde, Bergoglio fue investigado por este caso y exonerado.
También hay quienes sintieron que no hizo lo suficiente para oponerse o denunciar al brutal régimen militar que dejó decenas de miles de víctimas.
“Hice lo que pude con la edad que tenía y las pocas relaciones con las que contaba, para abogar por personas secuestradas”, aseguró él mismo sobre esa controversia en la biografía “El Jesuita”, publicada en 2010.
Tras su elección como Papa en 2013, varias personas confirmaron que trató de ayudar a quienes buscaron huir del país. Incluso se publicó un libro con testimonios titulado “Salvados por Francisco”.
“Nos llevaste en tu auto (…). Me pediste que tratara de ocultarme y que no mirara el camino que íbamos a hacer. Pensé: ‘¿Se habrá dado cuenta este curita del riesgo al que se está exponiendo?’. Entonces no sabía que eras el Provincial de los jesuitas”, cuenta el uruguayo Gonzalo Mosca, quien fue perseguido por los militares de ambos países, en una carta que se recoge en el libro.
Defensor del diálogo
Bergoglio también mantuvo diferencias con jesuitas que lo criticaban por su falta de interés en la teología de la liberación, esa síntesis del pensamiento cristiano y la sociología marxista que buscaba derrocar la injusticia.
Él, por el contrario, prefería una forma más suave de apoyo pastoral. A veces, la relación incluso rayaba en el distanciamiento.
No obstante, siguió escalando en la jerarquía eclesiástica.
Fue nombrado obispo auxiliar de Buenos Aires en 1992 y seis años más tarde se convirtió en arzobispo.
El papa Juan Pablo II lo nombró cardenal en 2001 y asumió cargos en la Curia, el organismo que supervisa el funcionamiento de la Iglesia católica.
En todas esas instancias cultivó la reputación de hombre de gustos sencillos, que luego mostró como pontífice.
“Cuando lo conocí, me llamó la atención porque viajaba siempre en subte y colectivo (autobús), vivía en un cuartito en el segundo piso del arzobispado sin servicio doméstico, nada. Se hacía todas las cosas él”, recuerda Vera, quien se acercó por primera vez al entonces arzobispo para pedirle protección para su organización, la Fundación La Alameda, que estaba amenazada por su lucha contra la explotación y la trata de personas.
Bergoglio también solía volar en clase económica y siempre que podía prefería usar la túnica negra de sacerdote a otros trajes.
En sus sermones, llamaba a la inclusión social y criticaba a los gobiernos que no prestaban atención a los más pobres de la sociedad.
“Vivimos en la parte más desigual del mundo, que ha crecido más, pero que ha reducido menos la miseria”, denunció en más de una oportunidad.
A Francisco se le reconoce también por incentivar y privilegiar el diálogo.
Trabajó intensamente con miembros de otras iglesias, hizo grandes esfuerzos para sanar la brecha milenaria con la Iglesia Ortodoxa Oriental y convenció a los líderes israelíes y palestinos de que se unieran a él para orar por la paz.
Durante su papado, llamó la atención sobre los migrantes que llegaban en botes a Europa y comparó los centros de detención de inmigrantes en ese continente con campos de concentración.
De hecho, su primera visita oficial como Papa fue a la isla italiana de Lampedusa, donde cada año llegan miles de personas desde las costas africanas.
Y, como latinoamericano de habla hispana, brindó un servicio crucial como mediador cuando el gobierno de Estados Unidos avanzó hacia un acercamiento histórico con Cuba, bajo el gobierno de Barack Obama (2009-2017).
Tradiciones y abuso
Pero así como pontificado tuvo muchos elementos pioneros, su papado ha sido señalado por muchos como ambivalente.
Es que en muchos aspectos, el papa Francisco era un tradicionalista.
Fue “tan intransigente como el papa Juan Pablo II… sobre la eutanasia, la pena de muerte, el aborto, el derecho a la vida, los derechos humanos y el celibato de los sacerdotes”, afirma monseñor Osvaldo Musto, quien estaba con él en el seminario.
Bergoglio dijo que la Iglesia debería dar la bienvenida a las personas independientemente de su orientación sexual, pero insistió en que la adopción gay era una discriminación contra los niños.
Pronunció palabras cálidas a favor de las uniones de personas del mismo sexo, pero se negó a llamarlo matrimonio. Eso, para él, sería “un intento de destruir el plan de Dios”.
En 2013, ya siendo Papa, participó en una marcha pro vida en Roma, pidiendo por los derechos de los no nacidos “desde el momento de la concepción”.
Y aunque en enero de 2025 nombró, por primera vez en la historia, a una mujer (Simona Brambilla) como prefecta en el Vaticano, se resistió a la ordenación de mujeres, declarando que el papa Juan Pablo II había descartado de una vez por todas la posibilidad.
“Yo creo que es el Papa más importante en cuanto a reformas de la Iglesia desde Juan XXIII”, le dijo a BBC Mundo el periodista Vicens Lozano, autor de “Vaticangate”, quien lleva más de cuatro décadas cubriendo la Santa Sede.
“Es cierto que cuando asumió generó grandes esperanzas de reformas y decepcionó a mucha gente que pensaba que el proceso sería muy rápido, pero el tiempo de la Iglesia es muy distinto al que se vive fuera de los muros del Vaticano… siempre digo que cuando uno entra allí debe sacarse el reloj”, señala.
“En los últimos años de su papado Francisco aceleró el proceso de reformas, pero no quería ahondar las divisiones entre los reformistas y los tradicionalistas para evitar que se produzca un cisma”, afirmó Lozano.
El mayor desafío de su papado vino de dos frentes: de aquellos que lo acusaron de no abordar el tema del abuso clerical y de los críticos conservadores que sentían que estaba diluyendo la fe.
Estos últimos tenían en mente sus acciones para permitir que los católicos divorciados y vueltos a casar tomaran la comunión.
A veces, los dos ataques convergieron en uno: los conservadores adoptaron el tema del abuso infantil como un arma en su campaña de desprestigio.
Uno de los más famosos lo inició en agosto de 2018, el arzobispo Carlo Maria Viganò, exnuncio apostólico en EE.UU., que publicó una declaración de guerra de 11 páginas.
En su carta, describió una serie de advertencias hechas al Vaticano sobre el comportamiento del excardenal Thomas McCarrick, a quien describió como un abusador en serie que tenía víctimas adultas y menores.
El Papa, alegaba Viganò, lo había convertido en un “consejero de confianza” a pesar de saber que estaba profundamente corrompido.
La solución era clara, decía: Francisco debía dimitir.
“Estas redes homosexuales”, afirmaba Viganò, “actúan bajo el manto del secreto y de la mentira, con el poder de los tentáculos de un pulpo (…) y están estrangulando a toda la Iglesia”.
La disputa terminó con la destitución de McCarrick, luego de una investigación del Vaticano.
Durante su papado, Francisco tomó algunas medidas concretas para frenar los abusos dentro de la Iglesia.
“Una de las más fundamentales fue el cambio del código canónico, que no solo castiga hasta la expulsión a los sacerdotes criminales, sino que también castiga con el mismo rigor a los que encubren estos abusos”, dice Lozano.
En 2019 el Papa removió a toda la cúpula de la Iglesia en Chile por no haber actuado para frenar los abusos sexuales infantiles que cometieron durante décadas miembros del clero en ese país.
También pidió disculpas por haber cometido “graves equivocaciones de valoración” durante su visita a Chile, el año anterior, cuando defendió la inocencia de un obispo que encubrió abusos.
En enero de 2025 disolvió el Sodalicio de Vida Cristiana, la comunidad religiosa católica con sede en Perú investigada durante años por denuncias de presuntos abusos sexuales y psicológicos.
También luchó contra el abuso de poder: en 2022 le quitó privilegios al Opus Dei, una de las instituciones más conservadoras de la Iglesia, que quedó relegado a la categoría de asociación clerical pública.
Ocurrió meses después de que 43 exempleadas domésticas de Argentina, Paraguay y Bolivia denunciaran al Opus Dei ante el Vaticano por servidumbre y explotación laboral.
Para Lozano, las acusaciones de que no hizo suficiente son injustas.
“Francisco luchó contra lo que él mismo llamaba la ‘cultura de la impunidad en la Iglesia’ y creó varias comisiones en el Vaticano para investigar los casos de abusos sexuales”, cuenta.
“Hubo muchas expulsiones de sacerdotes de la Iglesia, lo que pasa es que eso aparece poco en los medios de comunicación”, asegura.
Legado
Jorge Mario Bergoglio subió al trono de San Pedro decidido a cambiarlo.
Para dar ejemplo, fue un Papa sin lujos que eligió no vivir en el Palacio Apostólico del Vaticano -que incluye a la Capilla Sixtina-, sino en la residencia de Santa Marta, al lado, donde vivía en un pequeño departamento de tres ambientes.
Creía que cualquier otra cosa sería vanidad.
“Mira el pavo real”, dijo, “es hermoso si lo miras de frente. Pero si lo miras desde atrás, descubres la verdad”.
“Él sabía que la base del poder era predicar con el ejemplo”, dice Vera.
“Pocos saben que los miércoles, cuando tenía la audiencia general, y los domingos, cuando rezaba el Ángelus, él almorzaba en el comedor de Santa Marta.
“Pero no iba a la misma hora que almorzaban todos los prelados, sino una hora antes, con los mozos y los cocineros, y él mismo se servía su comida, como si fueran una familia”, revela.
También esperaba poder reorganizar la institución desde adentro, mejorando su misión histórica al eliminar las luchas internas, centrándose en los pobres y devolviendo la Iglesia a la gente.
“Necesitamos evitar la enfermedad espiritual de una Iglesia que está envuelta en su propio mundo”, dijo poco después de su elección.
“Si tuviera que elegir entre una Iglesia herida que sale a la calle y una Iglesia enferma y retirada, elegiría la primera”.
Lo logró solo a medias.
Muchos de los que esperaban una gran reforma se sintieron decepcionados, sobre todo por cómo encaró el legado de abuso sexual clerical.
En su propio patio trasero, América Latina, no logró frenar el avance de la Iglesia evangélica, que durante sus 12 años de papado no dejó de sumar a fieles desencantados con el catolicismo.
Y en su natal Argentina causó decepción el hecho de que nunca visitó el país, que en los últimos años ha atravesado una de las crisis económicas más graves de su historia, con un fuerte aumento de la pobreza.
No obstante, Francisco será recordado por su trabajo incansable para difundir la palabra de Dios, con visitas a más de 60 países en todos los rincones del planeta.
Y, como un hombre humilde que practicaba lo que predicaba y que mantuvo la calidez y sencillez a pesar de ocupar lo que seguramente sea el cargo vitalicio más poderoso del planeta.
Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.
Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.
