Desaparecer dos veces: estos son 10 mil nombres que el censo borró de lista oficial de desaparecidos
Con el nuevo censo de personas desaparecidas, presentado en diciembre pasado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, al menos 10 mil 720 nombres fueron borrados del registro nacional de víctimas de este delito, según los resultados de un análisis comparativo realizado por Animal Político y la asociación civil Data Cívica.
Entre esos más de 10 mil nombres eliminados del registro oficial de desaparecidos se incluyen, efectivamente, casos de víctimas cuya localización ha sido confirmada, aunque también están los nombres de muchas personas que permanecen desaparecidas hasta la fecha y a las que, indebidamente, las autoridades ya no reconocen esta condición.
La lista de 10 mil nombres borrados del registro nacional de personas desaparecidas se pone hoy a disposición de la ciudadanía, para que las familias que buscan a sus seres queridos puedan verificar si la autoridad eliminó sus casos del registro oficial, aun sin que las víctimas hayan sido realmente encontradas.
Este listado de nombres eliminados se generó comparando la versión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas que fue publicada por la Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación en agosto de 2023, que incluía 111 mil nombres de víctimas, contra la nueva versión de esta misma base de datos, presentada por el presidente López Obrador el 14 de diciembre de 2023.
Tal como informó el presidente en esa ocasión, una “estrategia de búsqueda generalizada” emprendida por su gobierno durante el segundo semestre del año 2023, permitió resolver 16 mil casos de desaparición mediante la localización de las víctimas, aunque el reporte oficial en el que se detallan dichas estadísticas sólo refiere 12 mil supuestas localizaciones, sin específicar qué víctimas la autoridad ha dado por encontradas.
Para conocer los nombres de esas víctimas, y poder verificar su localización, fue necesario comparar el registro sobre personas desaparecidas publicado en agosto de 2023, contra la versión depurada presentada en diciembre siguiente, lo que permitió identificar los nombres de 10 mil 720 de víctimas, de los 12 mil que fueron eliminados del registro nacional de personas desaparecidas.
De esos 10 mil 720 nombres que ya no están incluidos en el registro de víctimas de desaparición, 66% corresponde a personas del sexo masculino y el restante 34% a personas del sexo femenino.
CDMX, la entidad con más registros de desaparecidos borrados
Los datos obtenidos indican también que la Ciudad de México es la entidad en donde más registros de personas desaparecidas fueron borrados, ya que los nombres de 42% de las personas reconocidas en agosto de 2023 como desaparecidas, fueron retirados de esta lista cuatro meses después.
En diciembre de 2023, de hecho, se informó que este modelo para borrar registros de personas desaparecidas fue propuesto, precisamente, por el gobierno de la Ciudad de México, encabezado en ese momento por Claudia Sheinbaum, actual candidata del partido Morena a la presidencia de la República, para el proceso electoral que se celebrará en junio próximo.
Otras entidades que desinflaron drásticamente las estadísticas de desaparición mediante la eliminación de víctimas del registro oficial fueron Oaxaca y Aguascalientes, que así disminuyeron su número de víctimas en 38%; Tlaxcala, con una reducción de 31%, Chiapas, 28%, Puebla, 26%, así como Morelos y Campeche, con 23%.
El resto de las entidades redujeron sus cifras de desaparecidos entre 6% y 20%, borrando nombres de víctimas.
Desapareciendo a desaparecidos
Desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su nuevo registro oficial de desaparecidos, colectivos de familias de víctimas denunciaron que las autoridades incurrieron en diversas irregularidades durante este ejercicio, con el objetivo de simular una reducción en las estadísticas sobre víctimas de desaparición.
Entre estas irregularidades denunciadas están que el nuevo conteo de víctimas realizado por las autoridades no se insertó en la operación de la Comisión Nacional de Búsqueda de personas desaparecidas y careció de metodología y de mecanismos para verificar la forma en que los datos fueron generados. Además, se ocultaron los nombres de las 16 mil personas que supuestamente fueron localizadas, impidiendo así la confirmar la veracidad de las supuestas localizaciones; categorizaron a otras 17 mil 843 personas como “ubicadas”, a pesar de que esas víctimas siguen desaparecidas; y catalogaron 62 mil denuncias más como inválidas, por estar incompletas.
Mediante estos procedimientos, el gobierno federal logró reducir la lista de 111 mil personas desaparecidas, a sólo 12 mil 377 “denuncias confirmadas”.
No obstante, entre la gente que las autoridades ya no consideran como víctimas confirmadas de desaparición o que, incluso, han calificado como ya localizadas, hay diversas personas que en realidad permanecen desaparecidas hasta la fecha y a las que, sin justificación, ya no reconocen como tales.
Ese es el caso, por ejemplo, de Luis Ángel León Rodríguez, un sargento de la Policía Federal que fue víctima de desaparición en el año 2009, junto con otros seis compañeros de corporación y un civil que les daba servicio de traslado, cuando se dirigían a Michoacán para cumplir una asignación de trabajo. El registro sobre la desaparición de este policía, que estaba incluido en la lista oficial de víctimas hasta agosto de 2023, fue uno de los eliminados por las autoridades.
“En agosto de 2023 –explicó su mamá, la abogada Araceli Rodríguez en entrevista–, a Luis Ángel lo fueron a buscar a la antigua casa en la que habitábamos, porque supuestamente había dado ‘prueba de vida’. Llegaron personas que se ostentaron como trabajadores de la Secretaría del Bienestar y dijeron que iban buscando a mi hijo, porque habían detectado que ya había aparecido y querían hacerle unas preguntas, para dar de baja su registro. Yo ya no vivo en esa casa, pero la gente que ahora vive ahí me contactó en ese mismo momento, porque tienen mi teléfono, y me pasaron a esas personas, y ellas me repitieron que para ellos mi hijo ya no estaba desaparecido. Eso me causó un coraje enorme y una impotencia terrible.”
Semanas después, añadió la abogada, durante un encuentro entre autoridades y familias de víctimas celebrado el 30 de agosto, por el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, “yo cuestioné sobre esta situación a Alejandro Encinas (quien hasta octubre de 2023 ocupó el cargo de subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación) y él me reiteró que si a mi hijo lo fueron a buscar personalmente era porque había presentado prueba de vida. Pero cuando yo les he exigido a las autoridades que me digan cuáles son esas pruebas de vida, me han dejado esperando respuesta. Hasta ahorita sigo esperando que me digan qué pruebas tienen sobre el paradero de mi hijo”.
Relacionado
Mientras las manifestaciones contra medidas migratorias de Donald Trump crecen, en Paramount, donde el 36% de los vecinos nació en otro país, reivindican el rol de estos en la comunidad.
“¿Van para la guerra, con todas esas armas?”, interpela un hombre a los miembros de la Guardia Nacional que lo observan impasibles, fusiles en mano, desde el otro lado de la verja.
Estamos en Paramount, una localidad del sur de los Ángeles en la que el sábado se registraron enfrentamientos entre agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y un grupo de manifestantes que habían llegado tras correrse la voz de que se estaban llevando a cabo redadas de deportación en la zona.
Disturbios como aquel llevaron al presidente Donald Trump a intervenir, tras dos días de protestas aisladas por las operaciones migratorias, ordenando el envío de 2.000 uniformados como los que tenemos enfrente para ayudar a “restaurar la ley y el orden” en la metrópolis californiana.
“Es una maniobra que solo escalará la tensión”, advirtió el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, adelantándose a lo que un día después se registraría en el centro de Los Ángeles, con cientos de manifestantes bloqueando accesos, agentes tratando de dispersarlos con gas lacrimógeno y granadas aturdidoras, y quema de vehículos.
“Ustedes están haciendo su trabajo, pero nosotros no somos el enemigo”, grita el hombre apostado en la valla ante los soldados a horas de que se den esas escenas de caos.
Puede que su voz destaque entre la decena de personas que se ha congregado este domingo para hacerle saber a la Guardia Nacional que su presencia no es bienvenida.
Pero su sentir es ampliamente compartido en este municipio de unos 51.000 habitantes en los que uno de cada ocho es de origen latino y el 36% nació en otro país, según datos del censo.
“Aquí solo hay gente trabajadora, porque este barrio lo levantaron los inmigrantes”, reivindica, mientras otro vecino ondea la bandera mexicana, dos jóvenes alzan unas pancartas en repudio a ICE y varios coches tocan la bocina al pasar.
“Hay miedo”
Como cada fin de semana, tres de esos inmigrantes que contribuyeron a que Paramount sea el municipio que es se reúnen al otro lado de la calle para charlar de las novedades familiares y de la actualidad.
Apostados en sus vehículos de trabajo, la conversación de Juan, Rogelio y Héctor se centra este domingo en cómo en ese mismo lugar, en el parqueo de la tienda Home Depot, fue donde la víspera se encendieron las tensiones entre manifestantes y agentes federales.
“Se ve que se habían surgido informaciones de que estaban haciendo redadas justo aquí”, explica Juan, mexicano de 63 años que llegó desde Jalisco a Estados Unidos cuando tenía 17.
“Y eso trajo a gente que, en la confusión, terminó armando disturbios”, explica.
En un mensaje enviado a la BBC, el Departamento de Seguridad Nacional negó que ICE hubiera realizado operaciones en la zona el sábado.
Aunque informó que en las llevadas a cabo en Los Ángeles en la última semana detuvieron a 118 indocumentados, el golpe migratorio más duro contra esta ciudad considerada “santuario” desde que Trump llegara al poder con la promesa de llevar a cabo “la mayor deportación de la historia del país”.
Sea como fuere, los tres amigos dicen estar tranquilos — “no tenemos ningún problema, tenemos todos los papeles en regla”–, aunque reconocen que son muchos los vecinos indocumentados que viven el contexto con miedo.
“Es por eso que hoy no ves a nadie aquí”, sigue Juan, quien aun así prefirió no dar su apellido. “Generalmente, aunque más entre semana, puedes ver aquí 20 o 30 camionetas de jornaleros a la espera de que los contraten”, explica.
Uno de los pocos que este domingo llegó a ofrecerse para trabajar es Pedro, quien pidió ser identificado con seudónimo.
“Techos, reparación, pintura”, se lee en el cartel que ha pegado en el parabrisas de su vieja pick-up azul, aparcada discretamente en una esquina.
“La vida aquí es muy cara y mi pensión no alcanza”, dice este salvadoreño que lleva cinco décadas en EE.UU. y que con sus 70 años bien cumplidos está en edad de jubilarse.
“Por eso tengo que venir a rebuscarme cada día”, cuenta.
Lo hace con la tranquilidad que le da el haber regularizado su situación migratoria en el año 2000, pero sin poder evitar la angustia que le genera ver a sus vecinos sufrir.
“Esto no va a acabar aquí. Las redadas van a seguir. Se está volviendo invivible con este presidente”, dice, y añade que está valorando volverse a El Salvador.
“Una comunidad vibrante”
Algunos de los vecinos buscaron consuelo y acompañamiento ante la adversidad en la iglesia cristiana a la que acuden cada domingo, Chapel of Change, situado a apenas unos metros del Home Depot y del escenario de los enfrentamientos.
Unas 200 personas, la mayoría familias de origen hispano, escuchan con atención el sermón en el que los llaman a abrazarse a la fe.
“Aquí buscamos unidad y rezamos por todos”, le dice a BBC Mundo Irene Ramírez, una de las pastoras de la iglesia, que describe a la comunidad como “vibrante, unida y orientada a la familia”.
El pastor principal de la iglesia, Bryan Worth, lo suscribe.
“Con los años Paramount se ha vuelto un municipio muy vibrante”, le explica a la BBC.
“En los 80 Paramount solía ser una de las peores ciudades pequeñas de la nación, pero los líderes cívicos, del sector educativo y los que estamos al frente de las iglesias se aliaron para transformar la comunidad, para que estuviera más unida, fuera más pacífica en general”, subraya.
“Nunca pensé que las escenas que echaban en la tele íbamos a tenerlas aquí”, se lamenta Dora Sanchez, quien ayuda en las labores de la iglesia.
“Todo es muy impactante”, añade, sin imaginarse lo que aún estaba por llegar.
A medida que las horas avanzan, la tensión este domingo sigue escalando, las escenas volviéndose más caóticas en las calles del centro de Los Ángeles y la fricción entre el gobierno federal y el estatal profundizándose.
Ante el llamado de Newsom para que retire a la Guardia Nacional de las calles y las duras críticas de gobernadores demócratas que subrayan que la medida es “un alarmante abuso de poder”, Trump se mantiene firme en su postura.
“Turbas violentas e insurrectas acosan y atacan a nuestros agentes federales para intentar detener nuestras operaciones de deportación. Pero estos disturbios ilegales solo refuerzan nuestra determinación”, la explicó en su red social TruthSocial.
“Se restablecerá el orden, los inmigrantes indocumentados serán expulsados y Los Ángeles será libre”.
Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.
Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.
- Por qué Trump envió la Guardia Nacional a Los Ángeles y otras 4 preguntas para entender las protestas por las redadas contra migrantes
- Trump ordena el envío de la Guardia Nacional a Los Ángeles tras los disturbios por las redadas contra migrantes
- En imágenes: las protestas por los operativos del ICE contra inmigrantes en Los Ángeles
Utilizamos cookies propias y de terceros para personalizar y mejorar el uso y la experiencia de nuestros usuarios en nuestro sitio web.
