Cinco pobladores tzeltales de San Juan Cancuc, entre ellos, el defensor del territorio Manuel Santiz Cruz, fueron declarados culpables del homicidio de un policía municipal y condenados a 25 años de prisión.

De acuerdo con la jueza, en la madrugada del 29 de mayo de 2022, los cinco retuvieron al agente Antonio Aguilar Pérez en el barrio C’ani’ de la cabecera municipal de San Juan Cancuc. Luego, concluyó, frente a sus colegas que llegaron para rescatarlo, lo patearon hasta romperle siete costillas, que perforaron el pulmón derecho y causaron su muerte.

Rechazo a megaproyectos

El CIP Palenque-Cascadas de Agua Azul era una de las infraestructuras contempladas por el Plan Puebla Panamá —en 2008, rebautizado como Proyecto Mesoamérica—, que impulsaba la interconexión entre México, Colombia, República Dominicana y los países centroamericanos. De acuerdo con sus promotores, su finalidad era favorecer el desarrollo económico y el bienestar en la región, mientras que sus detractores lo señalaban como un proyecto al servicio de las empresas transnacionales y encaminado al despojo de los territorios.

La actual administración retomó este sueño que fue de Fox y Calderón, a través de la construcción del Tren Maya en la península yucateca y del Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec. Ambas obras están conectadas por una serie de infraestructuras que, de la misma forma que el Plan Puebla Panamá, las enlazan también con Centroamérica. La Carretera de las Culturas es una de estas. 

En octubre de 2019, representantes del gobierno de Chiapas llegaron a San Juan Cancuc para promover la construcción de la Carretera de las Culturas y condicionaron la entrega de los programas sociales a la cesión del derecho de vía. Los pobladores se opusieron y tras una segunda visita del gobierno, en diciembre de 2020, en la plaza central del pueblo 45 comunidades ratificaron a mano alzada su rechazo a la autopista.

Manuel Santiz Cruz es uno de los opositores a la Carretera de las Culturas, que no es solo una autopista, sino una infraestructura funcional al plan de interconexión mesoamericana que López Obrador heredó de las administraciones anteriores. Al mismo proyecto se oponen también César Hernández Feliciano y José Luis Gutiérrez Hernández, defensores del territorio tzeltales que la semana pasada fueron encontrados culpables del delito de motín por haber participado en una acción contra la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional en Chilón, municipio colindante con San Juan Cancuc.

El caso de los cinco pobladores de San Juan Cancuc es ejemplar de las anomalías del sistema de justicia mexicano. El proceso ha sido lento y con continuas suspensiones —en una ocasión, se aplazó la audiencia porque el juzgado envió a una traductora de lengua tzotzil en lugar que de lengua tzeltal—, y una vez se prohibió de forma arbitraria la entrada a Animal Político, a un representante de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas y a una observadora del Movimiento Sueco por la Reconciliación (Swefor). 

La investigación también tuvo irregularidades: el Registro Civil modificó con corrector el acta de defunción de Antonio Aguilar Pérez, el juez de control emitió la orden de aprehensión antes de que la Fiscalía de Justicia Indígena la solicitara y la carpeta de investigación afirma que tres de los cinco detenidos fueron arrestados por posesión de mariguana el 30 de mayo de 2022 en San Cristóbal de Las Casas, cuando una foto tomada por una cámara de seguridad muestra que la detención se realizó el día anterior en San Juan Cancuc. 

Con esta foto impresa en una lona, los familiares y compañeros de los cinco se manifestaron frente al Palacio de Justicia de Los Altos, en San Cristóbal de Las Casas, en ocasión de cada audiencia del juicio. Allí contaron la historia: en la madrugada del 29 de mayo de 2022, los habitantes del barrio C’ani’ de San Juan Cancuc —entre ellos, Manuel Santiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez y Juan Velasco Aguilar— encontraron al policía Antonio Aguilar Pérez borracho y avisaron a sus colegas, que llegaron por él. Lo entregaron vivo. Unas horas después, los tres pobladores fueron detenidos por las fuerzas de seguridad sin que se les explicara el motivo, y fue hasta el día siguiente que sus defensores del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) se enteraron de que estaban acusados de posesión de mariguana. Los abogados decidieron entonces llevar a otros pobladores a la fiscalía para declarar a favor de los detenidos. 

Dos días después, los acusados fueron liberados e inmediatamente les fue ejecutada una orden de aprehensión por el homicidio del policía municipal. Luego tocó a dos de los testigos que habían declarado a su favor: Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez se encontraban frente al Juzgado de Control de San Cristóbal de Las Casas cuando llegaron unos vehículos de la Policía Estatal y de la Policía Especializada de la Fiscalía de Justicia Indígena, de donde bajaron unos 30 hombres armados que se los llevaron presos, acusándolos del asesinato de Antonio Aguilar Pérez.

“El policía municipal se murió cuando estaba bajo custodia de sus colegas”, aseguró el padre José Luis Vargas, párroco de San Juan Cancuc, durante una de las ruedas de prensa que se llevaron a cabo frente al Palacio de Justicia de Los Altos antes del comienzo de las audiencias. “Exigimos el enjuiciamiento de estos policías por omisión de auxilio, omisión de custodia, falsedad de declaración y detención ilegal, porque detuvieron a nuestros compañeros sin orden de aprehensión, y nunca han sido investigados”.

El sacerdote señala además que la Fiscalía de Justicia Indígena presentó al juzgado pruebas contradictorias: los policías municipales aseguraron que a las 5:00 AM los pobladores les entregaron a su colega, y después de averiguar su deceso decidieron llevarlo a la casa de su esposa. Sin embargo, un criminalista y un policía de investigación declararon que el cadáver fue hallado a las 10:00 AM en una banqueta de la cabecera municipal de San Juan Cancuc. 

Durante el juicio, tras escuchar los alegatos de clausura, los cinco imputados tomaron la palabra ante la jueza. “Quiero mi libertad inmediata, soy inocente y ya llevo 11 meses detenido. Sufro y también sufren mi esposa y mis hijos”, dijo Agustín Pérez Domínguez. 

Su mujer se llama Petrona Hernández Pérez. “Agustín se enfermó en la cárcel y me cuesta encontrar dinero para su medicamento. Ni siquiera tenemos para comprar su colchón, en la cárcel no lo entregan y le toca dormir en el piso”, afirmó mientras mostraba una pancarta. “Desde que no está en la casa, mis seis hijos y yo no tenemos comida”. También las demás esposas están preocupadas por sus hijos, pues en sus casas falta quien proveía a la familia. Una de ellas incluso ya tuvo que migrar a Cancún.