Para entender mejor
La Universidad Iberoamericana, en colaboración con la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC por sus siglas en inglés), abrió el primer espacio en México que, de manera gratuita, brindará consultorías, asesorías y dará seguimiento a casos de personas que hayan sido desalojadas de su vivienda, o que no cuenten con seguridad jurídica sobre el espacio en el que habitan.
“El proyecto surge ante la preocupación de tener un espacio de acompañamiento jurídico de defensa de derechos ante las problemáticas del tema de vivienda que existen en la ciudad desde hace años, como los desalojos, desplazamiento de personas, aumento de los precios del alquiler, gentrificación y turistificación en distintas zonas del país”, explica Daniela Sánchez Carro, profesora de la Universidad Iberoamericana y coordinadora de la clínica.
La maestra Sánchez explicó que el equipo de personas que se dedicará a asesorar y acompañar los casos estará conformado por académicos universitarios, así como activistas de HIC, quienes trabajarán con estudiantes de la Ibero que se interesen en especializarse en la defensa del derecho a la vivienda.
El proyecto fue nombrado como María Luisa Marín, activista del movimiento inquilinario del puerto de Veracruz en 1922, quien luchó para mejorar las condiciones de miles de personas que arrendaban viviendas en condiciones precarias, con pagos injustos a los propietarios.
De acuerdo con Daniela Sánchez, en décadas recientes “se ha suscitado un proceso de mercantilización y financiarización de la vivienda, lo que la ha convertido en un bien para especular y obtener ganancias que le deslinda de su esencia y función vital, que es dotar a las personas o familias con un techo, seguridad y privacidad”.
Silvia Emanuelli, directora de HIC-AL, señala que el panorama del derecho a la vivienda “se está complejizando, porque desde hace algunos años se ha transformado en una mercancía que se cotiza en la bolsa de valores, con capitales internacionales que invierten en bienes raíces”.
Según datos oficiales, mencionados en el Proyecto del Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, cada año 20 mil personas son expulsadas cada año de la capital del país, por imposibilidad de pago de la vivienda, situación que lleva a que algunas de ellas se vean en la necesidad de ubicarse en lugares peligrosos o asentamientos precarios.
Además, tan solo en la capital, los inquilinos destinan entre 48% y 51% de sus ingresos mensuales para pagar alquiler, lo que, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas se encuentra por arriba del límite máximo de pago de una vivienda, provocando afectaciones en la capacidad de satisfacción de otras necesidades básicas de las personas, como la alimentación, el vestido o el transporte.
En este contexto —que se presenta a nivel local, nacional e internacional—, la especialista afirma que es necesario desvincular a la vivienda de este concepto para “reivindicarla como un derecho y no dejarla en manos del mercado”.
Por ahora la clínica centrará sus actividades a fomentar el conocimiento de los estudiantes durante un semestre para especializarse en temáticas relacionadas con el derecho a la vivienda adecuada, en términos jurídicos y de investigación con enfoque social para documentar los casos y el contexto en el que ocurren.
“Pero sin duda, nuestro objetivo es que se convierta en una clínica que pueda responder a necesidades más específicas, y que pueda no solo respaldar a los afectados en la Ciudad de México, sino en todo el país”, detalla Emanuelli.
En los próximos días, los integrantes de la clínica se reunirán con grupos de personas integrantes de movimientos urbanos contra los desalojos, cuyos casos serán evaluados por un consejo asesor que estará conformado por abogadas y abogados especialistas en el tema, entre ellos Carla Escoffié, Antonio Azuela de la Cueva, así como Lucino Rangel.
Con el objetivo de incrementar los recursos de para la defensa legal del derecho a la vivienda, HIC-AL lanzó la campaña de recaudación de fondos “Apoya a personas desalojadas en México”, cuyas donaciones serán destinadas al pago de abogados que emprendan litigios y la ayuda emergente de quienes lo requieran.
A través de la plataforma Globalgiving, HIC-AL espera recabar 8 mil dólares, con los que, además, financiarán capacitaciones e investigaciones que permitan contar con más datos para visibilizar los problemas y casos con los que trabajan, como parte de una estrategia que logre incidir para que se logren políticas públicas progresistas que aseguren a todas las personas el derecho a la vivienda.
Los colectivos y vecinos que quieran ponerse en contacto con la clínica jurídica o con HIC-AL para pedir asesoría pueden escribirles a través de las redes sociales de la organización, o al correo electrónico clinicajuridica.dv@ibero.mx.
El presidente Trump ha firmado una proclamación que prohíbe los viajes a EU desde 12 países y limita los de otros 7, entre ellos Cuba y Venezuela.
Donald Trump prohibió este miércoles viajar a Estados Unidos desde 12 países, aduciendo supuestos riesgos para la seguridad nacional, según informó la Casa Blanca.
También hay otros siete países, entre los que se encuentran Venezuela y Cuba, cuyos nacionales se enfrentarán a restricciones parciales de viaje.
El presidente estadounidense señaló que la lista podría revisarse si se introducen “mejoras materiales”, y que podrían añadirse países adicionales a medida que “surjan amenazas en todo el mundo”.
Esta es la segunda vez que Trump decreta una medida de este tipo, ya que en 2017, durante su primer mandato, firmó una orden similar.
Trump firmó una proclamación que prohíbe la entrada a Estados Unidos desde estos 12 países:
Otros siete países adicionales se enfrentan a restricciones parciales de viaje:
Según el documento, Cuba es “un Estado patrocinador del terrorismo, que no coopera ni comparte suficiente información policial con Estados Unidos y se ha negado históricamente a aceptar el regreso de sus nacionales deportados”.
También se indica el porcentaje de beneficiarios de visados que exceden el tiempo de la estancia autorizada en EE.UU.
Es por ello que “se suspende la entrada a Estados Unidos de nacionales de Cuba como inmigrantes y como no inmigrantes con visas B-1, B 2, B-1/B-2, F, M y J”.
En cuanto a Venezuela, la proclamación indica que el país “carece de una autoridad central competente o cooperativa para la emisión de pasaportes o documentos civiles, y no cuenta con medidas adecuadas de selección e investigación (de solicitantes de visados)”, además de que “se ha negado históricamente a aceptar el regreso de sus nacionales sujetos a deportación”.
Es por eso que “se suspende la entrada a Estados Unidos de nacionales de Venezuela como inmigrantes y como no inmigrantes con visas B-1, B-2, B-1/B-2, F, M y J”.
La prohibición entra en vigor el lunes 9 de junio a las 04:01 GMT (00:01 EST), un margen que intenta evitar el caos que se desató en los aeropuertos de todo el país cuando una medida similar entró en vigor prácticamente sin previo aviso hace ocho años.
No se ha fijado una fecha final; la orden prevé revisiones periódicas.
La Casa Blanca afirmó que estas “restricciones de sentido común” servirán para “proteger a los estadounidenses de peligrosos actores extranjeros”.
En un video publicado en su red social Truth Social, Trump aseguró que el reciente ataque terrorista en Boulder, en el estado de Colorado, “subraya los peligros extremos” que plantean los extranjeros que no han sido “debidamente investigados”.
Doce personas resultaron heridas este domingo en Colorado cuando un hombre atacó a un grupo que se reunía en apoyo de los rehenes israelíes, a los que lanzó dos artefactos incendiarios y utilizó un lanzallamas improvisado.
El hombre acusado de llevar a cabo el ataque ha sido identificado como ciudadano egipcio, pero Egipto no está incluido en la lista de países prohibidos.
Trump mantiene estrechas relaciones con el presidente egipcio, Abdelfatah el Sisi, a quien el mandatario estadounidense ha descrito en el pasado como su “dictador favorito”.
Para la mayoría de los países incluidos en la lista, la Casa Blanca aduce una mezcla de índices de permanencia en el país cuando el visado ha expirado e inestabilidad política.
La única razón mencionada para las prohibiciones que afectan a Congo-Brazzaville, Chad, Guinea Ecuatorial, Burundi, Laos, Sierra Leona, Togo y Turkmenistán, por ejemplo, es el porcentaje de personas que superan el plazo de validez de su visado estadounidense.
Otras razones que se citan con frecuencia son no haber aceptado antes a “nacionales expulsados”, críticas a las autoridades que expiden los pasaportes en el país o la imposibilidad de acceder a los antecedentes penales de los inmigrantes.
En la proclamación también se citan motivos de seguridad. La Casa Blanca acusa a Irán y Cuba de ser estados “patrocinadores del terrorismo”, afirma que en Libia hay una “presencia terrorista histórica” y califica a Somalia de “refugio seguro de terroristas”.
En cuanto a Haití, la proclamación afirma que “cientos de miles de extranjeros haitianos ilegales inundaron Estados Unidos durante el gobierno de Biden”, lo que, en su opinión, “perjudica a las comunidades estadounidenses”.
Después del caos que generó la primera prohibición de 2017, la Casa Blanca ha dejado claro esta vez quiénes podrán seguir viajando a Estados Unidos.
Hay varias personas de los países afectados que aún podrán entrar al país gracias a las siguientes exenciones:
Además, el Secretario de Estado podrá conceder exenciones a particulares “caso por caso”, si “la persona sirve a un interés nacional de Estados Unidos”.
La última orden de Trump, que se espera que se enfrente a desafíos legales, suscitó una rápida respuesta, dentro y fuera del país.
Somalia prometió colaborar con Estados Unidos para abordar cualquier problema de seguridad.
En un comunicado, el embajador somalí en Estados Unidos, Dahir Hassan Abdi, dijo que su país “valora su larga relación” con Estados Unidos.
El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, advirtió de que “estar en Estados Unidos es un gran riesgo para cualquiera, no sólo para los venezolanos”.
Los demócratas se apresuraron a condenar la medida.
“Esta prohibición, ampliada con respecto a la prohibición musulmana de Trump en su primer mandato, solo nos aislará aún más en el escenario mundial”, afirma Pramila Jayapal, congresista demócrata por Washington, en un mensaje en redes sociales.
Otro demócrata, el congresista Don Beyer, afirmó que Trump “traicionó” los ideales de los fundadores de Estados Unidos.
Grupos de derechos humanos también han criticado la prohibición.
Amnistía Internacional EE.UU. la describió como “discriminatoria, racista y francamente cruel”, mientras que Human Rights First, con sede en EE.UU., la calificó de “otra medida antiinmigrante y punitiva más” del presidente.
Durante su primer mandato en la Casa Blanca, en 2017, Trump ordenó su primera prohibición de viajar.
Su primer intento se centró en siete países de mayoría musulmana. En ella figuraban algunos de los mismos países que en su última orden, como Irán, Libia y Somalia.
Inmediatamente fue impugnada en los tribunales de todo Estados Unidos. Sus oponentes argumentaron que la prohibición era inconstitucional e ilegal porque discriminaba a los viajeros por su religión, y la calificaron como “la prohibición musulmana”.
La Casa Blanca enmendó la prohibición de viajar dos veces para disipar el aire de discriminación religiosa, añadiendo finalmente dos países de mayoría no musulmana, Venezuela y Corea del Norte, lo que finalmente le valió la aprobación del Tribunal Supremo en 2018.
El presidente Joe Biden, que sucedió a Trump, derogó la prohibición en 2021, calificándola de “mancha en nuestra conciencia nacional”.
Esta vez, asegura Jake Kwon, corresponsal de la BBC en Estados Unidos, “Trump ha aprendido la lección”.
Su administración restableció una versión de la orden similar a la que fue ratificada por el Tribunal Supremo. Esta versión no tiene como objetivo países musulmanes, sino que justifica la selección de países con otros argumentos, como la tasa de rebasamiento de visados o la inestabilidad política del país en cuestión.
*Con información de Victoria Bourne.
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