“Con los hijos, no”: familiares y colectivos de búsqueda anuncian unificación y advierten que no son botín político
Con las mismas palabras que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha usado para defender a sus hijos en la conferencia mañanera, le respondieron quienes buscan a sus desaparecidos:
“Una vez lo dijo en conferencia de prensa, ‘con los hijos, no’; esa misma frase se la decimos los familiares y las madres de desaparecidos: ‘Con los hijos, no’, no se meta, y sin embargo a él no se lo desaparecieron”, señaló Miguel Ángel Trujillo Herrera, de Armadillos Rastreadores de México, que busca a cuatro de sus hermanos.
Lo hizo durante una conferencia de prensa en la Glorieta de los Desaparecidos en la que familias y colectivos anunciaron que, desde hace tres meses, más de 300 personas buscadoras que representan a 250 colectivos de familiares de personas desaparecidas, están trabajando en un proceso de unificación nacional de familiares de personas desaparecidas.
Como parte de este, se están preparando –e hicieron un llamado a la sociedad civil organizada y no organizada a sumarse– para una Jornada Nacional de Búsqueda el 19 y 20 de abril, que se llevaría a cabo con actividades simultáneas, que aún están en proceso de definición, en varios estados, así como para la Marcha Nacional de las madres buscadoras que cada año se lleva a cabo el 10 de mayo en la Ciudad de México.
Buscadores de personas desaparecidas hacen un llamado a “abrazarse sin colores ni banderas y sin el Estado”
Trujillo Herrera, quien también admitió que muchas veces han tenido que recurrir a pedirle el recurso humanitario a la delincuencia organizada, señaló: “Es desconocer al gobierno, porque en lugar de buscarlos, los está desapareciendo”.
“Si de por sí el gobierno no los está buscando, está dejando que nos maten, que se apiaden, que ya no nos maten, que nos dejen el trabajo que estamos haciendo para seguirlos encontrando”, añadió.
En voz de varias madres y familiares de personas desaparecidas, los colectivos precisaron que su proceso de organización se había dado en silencio, pero este jueves se hizo público para hacer un llamado a las familias que aún no se han sumado.
“Queremos construir acuerdos por encima de nuestras diferencias, queremos abrazarnos sin colores ni banderas y sin el Estado”, se escuchó durante la lectura de su comunicado.
Jorge Verástegui, de las Fuerzas Unidas por nuestros Desaparecidos en Coahuila, indicó que ante los dichos del presidente en torno a las acciones de una madre buscadora –Ceci Flores–, las familias se representan a sí mismas, y nadie más puede hacerlo.
“La mayoría coincidimos en que es ya muy tarde para que el presidente de la República nos reciba, va a terminar su sexenio y nos recibiría solo para tomarse la foto; lo que nos importa es que no siga desmantelando las instituciones, ese ha sido el llamado en los últimos meses”, señaló.
Colectivos acusan al gobierno de borrar registros
El hermano de Antonio Verástegui González y tío de Antonio de Jesús Verástegui Escobedo, desaparecidos en 2009, añadió: “Al presidente el mensaje sigue siendo el mismo desde el inicio de su sexenio: que cumpla lo que prometió, creemos que está desmantelando las instituciones, están borrando los registros, tenemos pruebas de eso, entonces simplemente que hagan lo que les toca hacer como instituciones”.
Las familias subrayaron que el registro de personas desaparecidas correcto y exacto va a ser el que llevan ellas mismas. El gobierno solo puede seguir ocultando la información, dijeron, a una parte de la sociedad y a las familias que no están involucradas, a las que no tienen ningún familiar desaparecido.
“Por eso es que nosotros como colectivos, como brigadas, como familiares en búsqueda de nuestros familiares desaparecidos, siempre pedimos la empatía y la solidaridad de todas las familias que no están en este proceso”, dijo Blanca Estela Ramírez Hernández, que busca a su sobrina Isabel López Álvarez, y buscó durante un año a su hermano que fue localizado sin vida.
Ramírez Hernández calificó como un “juego sucio” el seguir escuchando todos los días un registro que engaña, por parte de cada uno de los gobiernos, tanto el federal como los estatales. Pidió que los diversos sectores de la sociedad abran bien los oídos para escuchar y dar cuenta de lo que está sucediendo en el país para negar las mentiras que el gobierno reproduce día a día.
“A pesar de nuestros esfuerzos, México se ha convertido en sinónimo de desaparición de personas”, señalaron los colectivos en su comunicado. “En los últimos 15 años se han incrementado alarmantemente los casos de personas desaparecidas, la tolerancia y complicidad de los gobiernos han mandado el mensaje de que este crimen atroz se puede cometer sin mayores consecuencias”, agregaron.
Exigen búsqueda de más de 112 personas desaparecidas
Además, a los gobiernos en México de todos los partidos políticos, a los partidos y a sus personas candidatas, les advirtieron que no les utilicen como botín político. “No permitiremos que nos utilicen, no permitiremos que intenten deslegitimar nuestra lucha diciendo que somos manipuladas por personas que quieren ‘golpear al gobierno”, señalaron.
Entre otras cosas, al final de su comunicado exigieron la búsqueda de más de 112 mil personas desaparecidas, investigaciones eficaces y eficientes, justicia, la identificación de todos los cuerpos y fragmentos óseos, un mejor poder judicial y legislativo, fiscalías que procuren justicia y no impunidad, protección a las personas buscadoras y alto a las desapariciones.
“Es calmar el dolor. Cómo le hacemos para calmar el dolor de todas las madres, de todos los padres, de todos los hermanos buscadores”, cuestionó Trujillo Herrera.
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Cientos de habitantes de Chiapas fueron orillados a cruzar la frontera de Guatemala por la creciente violencia en el lado mexicano.
“Están llegando, vienen todos de Chiapas, refugiándose acá”, dice en un video Juan Francisco Méndez, un concejal de la localidad de Cuilco, en la frontera de Guatemala con México.
En las imágenes, el funcionario muestra a hombres, mujeres y niños llegando a esa población que ha comenzado a dar refugio a los desplazados en el país vecino, una situación inédita que refleja el nivel de violencia en la zona en esa zona de México.
“Les vamos a dar alojamiento. Esperamos que nos ayuden con alimentación. O alguna institución que pueda proporcionar víveres, por favor”, pide Médez.
Lo que mostraba el concejal era parte de un desplazamiento forzado que está ocurriendo en el sureste de México ante la violencia producida por las luchas entre carteles del narcotráfico en el estado de Chiapas.
Una de las mexicanas desplazada, Belinda Bravo, les dijo a las autoridades guatemaltecas que huyeron por los últimos enfrentamientos en el municipio de Amatenango de la Frontera: “Nos metimos debajo de la cama, tirados al piso. Y empezaron a disparar y se escuchaba que las balas pasaban arriba de nosotros”.
“Ya que se tranquilizó tantito, nos salimos. No trajimos ni ropa ni chanclas ni nada”, explicó la mujer, que huyó con su esposo y una hija pequeña.
“Es muy insólito. El flujo migratorio siempre había sido al revés”, explica a BBC Mundo el académico y analista en temas de seguridad Víctor Sánchez.
Pero la violencia que ha escalado en los últimos tres años ha llevado a más de 10.000 personas a sufrir un desplazamiento forzado interno en el estado de Chiapas que ahora está desbordándose por la frontera con Guatemala.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, informó el miércoles que fuerzas de seguridad de su país están llegando a la zona para apoyar en tareas humanitarias y de resguardo.
“Ya estamos presentes desde el primer momento y ya se está colaborando para darles atención a esos refugiados”, le dijo Arévalo a la prensa.
En México, este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que “son familias que viven en la zona fronteriza, en el municipio de Frontera Comalapa. Ha habido enfrentamientos últimamente en esa región, entre dos grupos, y para refugiarse cruzaron a Guatemala. Están en albergues y agradecemos mucho al gobierno de Guatemala”.
La Cancillería mexicana dijo este viernes que está “brindando protección inmediata a mujeres, niños y personas adultas mayores”, además de que “se mantiene atenta a la situación que afronta la comunidad mexicana que cruzó la frontera”.
El número de desplazados varía según los reportes de las autoridades. El Ministerio de Defensa guatemalteco inicialmente reportó 180. Luego la gobernación de Huehuetenango señaló que eran 300. Méndez asegura que a Cuilco han llegado al menos 35 familias que suman unas 800 personas. El presidente mexicano dijo tener conocimiento de que son entre 300 y 500.
BBC Mundo no ha podido verificar las cifras de forma independiente.
“Las personas vienen enfermas, falleció una persona y se le dio sepultura en Guatemala. No habíamos vivido este éxodo“, le dijo Méndez a la emisora Telefórmula este jueves.
La disputa por Chiapas
Con la frontera más larga del sureste de México, el estado de Chiapas ha sido históricamente un territorio clave para las bandas criminales.
Con una densa selva en el área fronteriza, de difícil acceso para las fuerzas de seguridad gubernamentales, el estado ha sido un punto clave para el traslado de droga desde Centro y Sudamérica. En el mismo Chiapas, de hecho, se encontró hace unos años el único cultivo de coca fuera de Sudamérica.
El cartel de Sinaloa tuvo el control casi total en las últimas dos décadas, a excepción de una disputa que tuvo con la banda de Los Zetas.
“Desde hace tres años, pero más en el último, se ha dado una irrupción del Cartel Jalisco Nueva Generación“, explica Sánchez.
La disputa no solo se ha limitado al trasiego de droga, sino también a la extorsión y tráfico cada vez más numeroso de migrantes que van a EE.UU., lo cual es un negocio muy lucrativo para estas bandas.
Los enfrentamientos de los últimos años se han dado en las poblaciones cercanas a la frontera de los municipios rurales.
Sánchez explica que la disputa va más allá de los carteles mexicanos, pues éstos tienen alianzas con bandas guatemaltecas como Los Pochos, que trabajan para el cartel de Sinaloa, y Los Huistas, que están con el CJNG.
Es este último el que ha incrementado la violencia con el reclutamiento de desertores del cartel rival, antiguos operadores del narco de la zona, remanentes de Los Zetas del pasado, e incluso los mercenarios guatemaltecos conocidos como Los Kaibiles. Todos han formado un subcartel, explica el experto.
“Esto ha nutrido lo que se hace llamar como el cartel Chiapas-Guatemala, pero este tiene una alianza con el CJNG. Lo cual nos hace pensar que el CJNG habría fabricado esta organización para el trabajo sucio o la disputa territorial directa”, expone Sánchez.
En toda esta disputa, la población civil ha quedado atrapada en medio del fuego de estas bandas.
El desplazamiento forzado
La violencia ha ido escalando desde 2021 en las regiones rurales fronterizas hasta la situación actual. La población había pedido el apoyo de autoridades en diversos momentos.
Desde entonces comenzó a haber desplazamiento forzado de pobladores que, además de la violencia, estaban siendo objeto de extorsiones y reclutamiento obligado.
También ha habido reportes de muertes en distintos momentos. Uno de los últimos fue un enfrentamiento en junio que dejó 19 muertos.
Sánchez cita reportes de hasta 10.000 civiles desplazados en el interior del estado para huir de la violencia.
En las últimas confrontaciones, el viernes 19 de julio hubo enfrentamientos con armas de grueso calibre y detonación de granadas lanzadas por drones en Amatenango de la Frontera, según reportes de la prensa estatal. Esto llevó a la huida de pobladores hacia la frontera de Guatemala.
“Optaron por irse a Guatemala porque los bloqueos carreteros de las organizaciones criminales les impidieron huir a otra parte de Chiapas. Su única opción fue cruzar el río e internarse en Guatemala”, explica Sánchez.
El presidente López Obrador había sostenido que desde que tomó el gobierno, en 2018, Chiapas era uno de los estados con más bajo índice de homicidios. Pero en mayo de este año por primera vez reconoció que hay dos grupos criminales generando violencia.
“Ahí están enfrentados dos grupos y las comunidades están siendo forzadas a apoyar a un grupo u otro. Aquí yo he hecho un llamado para que no participen, que no sean base social de estos grupos de la delincuencia”, dijo este viernes.
Sin embargo, consideró que este tipo de violencia se debe a “circunstancias” del momento: “México es un país muy grande. Hay, como en todas partes, conflictos”.
La Cancillería se limitó a informar que “hace seguimiento al desarrollo de la situación para atender las necesidades de los connacionales”.
La situación, sin embargo, sí está generado preocupación para las autoridades de Guatemala.
“Lamentablemente, las autoridades mexicanas no están protegiendo a sus ciudadanos”, afirmó la gobernadora de Huehuetenango, Elsa Hernández.
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