Organizaciones comunitarias, ambientales y de derechos humanos de México y Guatemala exigieron información pública, participación efectiva y procesos de consulta para la elaboración del Plan de Acción y del plan de inversiones del “Corredor Biocultural Gran Selva Maya”, al advertir que el acuerdo trinacional firmado el pasado 15 de agosto se realizó sin incluir a las comunidades que habitan la región.

Las organizaciones advirtieron en un posicionamiento difundido este miércoles que “la protección, conservación y restauración de la gran Selva Maya debe ser liderada y controlada por quienes habitan y transitan esos territorios”, al insistir en que las estrategias e inversiones no deben responder al “capitalismo desarrollista, neoliberal como el modelo responsable de la depredación de los elementos de la naturaleza en beneficio privado”.

Añadieron que esta omisión contradice la propia declaración, que reconoce los derechos de más de dos millones de habitantes de la selva.

El posicionamiento reconoce que en la región “hay distintas perspectivas” sobre el corredor, pero que “la falta de información (…) es el común denominador”. Algunas comunidades lo consideran “una falsa solución que nuevamente instrumentaliza y mercantiliza la naturaleza”, mientras otras ven potencial si se incluyen actividades ya existentes como el turismo comunitario, la agroecología y el aprovechamiento sustentable.

Las organizaciones enfatizaron que los tres países deben asegurar información pública para que los dos millones de habitantes de la región “puedan formarse una opinión”. Además, exigieron garantizar libertad de expresión, seguridad y ausencia de represalias para todas las voces, así como una postura explícita de los gobiernos para prevenir estigmatización y criminalización.

El documento subraya que el diseño del Plan de Acción y del plan de inversiones debe hacerse “con la participación efectiva y deliberativa –desde etapas iniciales y con plazos razonables– de las personas, grupos, pueblos y comunidades que viven en esa selva tropical del bosque mesoamericano”. Para ello, señalaron, se requiere una metodología que cumpla con principios y estándares de derechos humanos.

También demandaron que los gobiernos pongan a disposición del público “la información territorializada y georeferenciada de la conformación del Corredor Biocultural y la identificación de comunidades susceptibles de ser afectadas”, a fin de dialogar y obtener su consentimiento.

El pronunciamiento afirma que “la naturaleza… no es una mercancía para brindar bienes y servicios a los humanos, ni puede seguir siendo objeto de explotación y despojo para los negocios ‘verdes’”. Por ello, Cohesión Comunitaria e Innovación Social A.C. y Plataforma Contra la Impunidad iniciaron un proceso de análisis y diálogo con habitantes de los territorios para aportar perspectivas comunitarias.

Las organizaciones llamaron a los tres países a actuar con coherencia respecto del mandato de protección de la naturaleza y de los derechos humanos. Señalaron instrumentos como el Acuerdo de Escazú, el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, subrayando la necesidad de respetar derechos y garantizar participación.

Exigieron que el “Comité de Autoridades de Áreas Protegidas” incorpore las aportaciones de quienes podrían ser afectados por el corredor. Aclararon que la participación no puede limitarse al “Grupo Trinacional de Apoyo al Corredor Biocultural Gran Selva Maya”, el cual “excluye a los pueblos y comunidades (…) y a las organizaciones sociales y ambientales que no ‘compartan la visión del Corredor’”.

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Prevención de violaciones y análisis del modelo militarizado

También demandaron que los tres Estados prevengan violaciones a derechos humanos y a la naturaleza “como las ocurridas con los megaproyectos del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y el mal llamado Tren Maya en México”. Insistieron en que cualquier intervención debe incluir “una evaluación independiente sobre el modelo de corporativización militar (…) y las afectaciones a los derechos humanos cometidos”.

Pidieron, además, que las obras derivadas de la Declaración de Calakmul consideren las obligaciones de prevenir afectaciones mediante “una debida diligencia reforzada”, y que las empresas que operen en el corredor demuestren que cumplen con estándares de derechos humanos.

El documento demanda a bancos, intermediarios e instituciones financieras establecer medidas estrictas para evitar impactos negativos en la región y para no repetir “errores cometidos en otros corredores regionales como Amazonía Siempre, Conexión Sur”.

El pronunciamiento advierte que los gobiernos no deben “generar o agravar divisiones, tensiones y conflictos” entre comunidades, ni afectar formas de vida ancestrales. Afirmaron que se declaran observantes del proceso y exigieron “transparencia activa, controles democráticos y rendición de cuentas”.

También señalaron que “se violaron derechos humanos y de la naturaleza al crear las áreas naturales protegidas y ahora con el ‘Corredor Biocultural de la Gran Selva Maya’”. Por ello, pidieron evaluaciones independientes, reconocimiento de los daños, reparación integral y garantías de no repetición, además de que las decisiones subsecuentes se codiseñen con quienes ya protegen la selva.

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Pronunciamiento de septiembre: alerta por megaproyectos

En septiembre pasado, diversas comunidades y organizaciones lanzaron un pronunciamiento conjunto en el que cuestionaron el anuncio del corredor. Advirtieron entonces que el acuerdo trinacional, presentado como una política de conservación, “enciende las alarmas detrás de un discurso de conservación y desarrollo”.

Los colectivos advirtieron entonces que el anuncio era “una estrategia política para promover y legitimar megaproyectos ya en marcha”, como el Tren Maya, el Tren Interoceánico y la expansión de Sembrando Vida. Recordaron que el memorándum se firmó en el Hotel Mundo Maya, construido ilegalmente por Sedena dentro de la Reserva de la Biosfera de Calakmul.

En septiembre también denunciaron la creciente militarización asociada a megaproyectos como el Tren Maya y al suministro de gas del proyecto Puerta del Sureste, así como los impactos de la ampliación del gasoducto Mayakán. Subrayaron que estos proyectos reconfiguran los territorios “en función del capital transnacional, la militarización y la infraestructura energética y turística”.

Las organizaciones firmantes advertían que el corredor no representaba una política real de conservación, sino “un mecanismo para legitimar la expansión de megaproyectos”, que ya han generado “despojo de tierras, criminalización de la defensa del territorio, violaciones a los derechos humanos y daños irreversibles a ecosistemas”.